Derechos humanos
y transformación política
en contextos de violencia

Ariadna Estévez

Daniel Vázquez

(coordinadores)

Índice

Portada

Introducción. Los derechos humanos: ¿una herramienta útil para la transformación política?

Ariadna Estévez y Daniel Vázquez

Teoría crítica y propuesta metodológica para el estudio de los derechos humanos: ¿hacia dónde?

Contribución a una teoría crítica de los derechos humanos

Alán Arias Marín

Derechos humanos y movilización social: un marco analítico para su estudio

Jorge Peláez Padilla

Los claroscuros: tensiones y posibilidades de transformación social de los derechos humanos en contextos de violencia

Los derechos humanos como repertorio de contienda en Colombia

Jairo Antonio López Pacheco

Violaciones a los derechos humanos por parte de actores no estatales y presión transnacional

Alejandro Anaya Muñoz

La respuesta a la violencia. El caso de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México

Karina Ansolabehere

Sentencias de la coidh, cumplimientos estatales y derecho a la verdad

Silvia Dutrénit Bielous

Construcción de defensores y estrategias de seguridad en contextos violentos: la experiencia de Ciudad Juárez

Daniel Vázquez, Nacori López

Los límites de los derechos humanos para la transformación social en contextos de violencia

Violencia, necropolítica y biopolítica: los exiliados mexicanos en Estados Unidos

Ariadna Estévez

Caravana de Madres Centroamericanas, un ejemplo de las nuevas luchas migrantes

Amarela Varela Huerta

Ambivalencia de los derechos humanos: movilización y desmovilización social

Mariana Celorio

Notas

Créditos

Contraportada

Introducción. Los derechos humanos: ¿una herramienta útil para la transformación política?

Los derechos humanos (dh) son múltiples expresiones de distintos fenómenos político-sociales. Sin duda alguna son normas y, como tales, han sido esencialmente abordados desde el derecho a partir del desarrollo del derecho internacional de los dh. Sin embargo, no sólo son normas, son también relaciones de poder que se construyen de diferentes maneras y en distintos ámbitos que involucran a actores como gobiernos, movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales y personas específicas. Los dh también son discursos; de hecho, no hay sólo un tipo, sino varios y muy diversos, con diferentes modalidades y objetivos. Más aún, cuando éstos son performativos, los dh construyen identidades.

Sin embargo, no basta con el derecho para explicarlos, se requiere de otras ramas —las ciencias exactas, la sociología y la antropología política— para entenderlos como relaciones de poder y como discursos. Asimismo, se necesita de la sociología jurídica para observar algún matiz especializado de este tipo de relaciones; o del estudio de las relaciones internacionales para comprender las interacciones de poder entre Estados y/o con organismos internacionales. El punto que hay que destacar es que los dh son claramente un fenómeno multidimensional que requiere de diversas aproximaciones.[1]

En este libro se da prioridad a la perspectiva de los dh desde las ciencias sociales. Por ende, se trata de una mirada situada en contextos específicos, en particular en contextos de violencia. Reflexionamos en torno a la capacidad y límites de los dh para generar procesos de transformación política en el marco de lo que sucede especialmente en México (aunque hay un texto que aborda el caso de Colombia y tres más que ofrecen una mirada de corte teórico) a partir de lo que sucede al inicio del siglo xxi. Es importante situar y contextualizar el tiempo y espacio de nuestra reflexión para que el lector pueda comprender en su totalidad las posibilidades y límites que encontramos.

Luego de la caída del muro de Berlín en 1989 —y con él, de todo el bloque socialista—, se conformó un triunvirato integrado por el libre mercado, la democracia y los dh; es decir, a partir de ese momento, la construcción política, el sentido político común en la construcción de legitimidad estatal se configuró —al menos— por estos tres elementos. Por supuesto, no se trataba de cualquier idea de democracia, sino de una muy específica: la liberal-representativa (Gargarella, 1995; 1996; 2006; 2010). Tampoco se trataba de cualquier discurso de dh (hay varios), sino de uno liberal-juridicista que pronto se convirtió en el hegemónico (Soriano, 2003; Menke y Pollman, 2010; Hunt, 2009).

No se está dando por hecho que no existen tensiones entre estos tres conceptos; por supuesto que las hay, como se hizo evidente en los conflictos entre la conformación del libre mercado mediante las reformas estructurales (especialmente las de primera generación) en las décadas de los años ochenta y noventa en América Latina y los derechos económicos, sociales y culturales (Caliari, 2009; Estévez 2006; 2008). También las hubo en el funcionamiento de la democracia liberal-representativa, con un matiz cada vez más conservador, después del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York en 2001, bajo una mirada específica a la política de seguridad que era contraria a una seguridad humana o ciudadana (Gómez, 2007; cidh, 2009; onu, 1999; 2001; Gutiérrez et al., 2011). Lo que queremos hacer evidente es que esos tres elementos crearon el sentido político común que construyó la idea de época dominante durante una parte de la década de los ochenta, toda la década de los noventa y —con algunos problemas que pueden identificarse en procesos como la vuelta a la izquierda en América Latina y la serie de crisis económicas de las cuales la principal es la iniciada en el 2008 a nivel mundial, y cuyas repercusiones aún están entre nosotros— durante la primera década del siglo xxi (Vázquez y Aibar, 2013; 2009; 2008; Aibar, 2007).

En la medida en que se configuró el sentido político común, ocurrió un aspecto central en el discurso de los dh. Por un lado, éste fue recuperado por los propios Estados como parte de su quehacer político. Esto se puede considerar una victoria del movimiento de dh, como ha sucedido con otros discursos —probablemente el de género es el más evidente, aunque también el de la democracia—. Así, se convirtió en un discurso victorioso. Los dh ya no son sólo el discurso de protesta para limitar la acción estatal; el discurso entró a la esfera gubernamental para ser institucionalizado y administrado desde el gobierno mismo. No es casualidad que en la II Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993 —en medio del auge de la conformación de este triunvirato triunfante— se hayan establecido dos figuras relevantes para los dh: las políticas públicas con perspectiva de dh y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (oacnudh), que nace entonces y tiene como una de sus principales misiones el desarrollo de estrategias para hacer de los dh indicadores, políticas y presupuestos públicos (Vázquez y Delaplace, 2011). De esta forma, el discurso se tensa entre erigirse como una oposición a los excesos del Estado y, al mismo tiempo, un quehacer gubernamental.

Por otro lado, la izquierda se quedó sin discurso desde el marxismo, desde el socialismo (Przeworski, 1998; González Casanova, 1990; 1995; Roitman, 1995), y encontró en los dh un nuevo refugio. Así, parte de la izquierda social más identificada con el pensamiento marxista comenzó a trabajar en México en torno a la protección y garantía de los dh, ya sea desde organizaciones no gubernamentales (ong) —especialmente dedicadas a trabajar en contra de las violaciones sistemáticas de dh por megaproyectos (mineros, hidroélectricas o de energía eólica); aquéllas relacionadas con derechos laborales, y las que desarrollan la defensa de los derechos de los migrantes (lo cual no es casualidad: estas aristas son las que permiten ver las pautas del modelo de reproducción del capital, que incluyen tanto el neoextractivismo como la acumulación por despojo)—, o las que trabajan con especial énfasis en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Se comenzó a buscar que el discurso de dh sirviera como herramienta para generar procesos que se consideraba tenían cierto potencial anticapitalista.

La tensión relevante en torno al discurso de dh a partir de este triunvirato postsocialista es que, por un lado, lo matiza, pues éste, que al mismo tiempo se veía como una limitación estatal y se convertía en un quehacer gubernamental, se radicaliza con la pretensión de conformar un nuevo espacio con potencial anticapitalista. Ésta es la tensión que en el Seminario de Análisis Multidisciplinario de Derechos Humanos desarrollamos y discutimos durante los últimos tres años: ¿tiene el discurso de dh potencial transformador?, ¿los dh son una herramienta útil para el cambio político-social? Donde esta transformación supone la capacidad del discurso de relevar una situación asimétrica de poder en la cual perduran procesos estructurales de dominación y, en su caso, de generar (o al menos de echar a andar con cierta posibilidad de éxito) mecanismos de modificación de esa situación asimétrica y ese proceso estructural de dominación. Esto no supone necesariamente acciones disruptivas violentas (como sería una revuelta o una revolución) ni completamente externas a las lógicas institucionales-legales. Como se afirma en el texto de Jairo Antonio López (incluido en este volumen): “que una acción no sea violenta no quiere decir que no tenga un carácter contencioso, de oposición y presión al statu quo institucional y político, y que no represente demandas de envergadura, que de ser aceptadas, afectarían los intereses centrales del gobierno y los actores políticos y económicos de la coalición de gobierno”. De hecho, varios de los textos que conforman este libro apelan a la posibilidad de movilización sociolegal como se observa en los de Jorge Peláez, Jairo Antonio López, Alejandro Anaya, Silvia Dutrénit y Karina Ansolabehere.

Esta reflexión se dio en un contexto muy específico: esencialmente México en los momentos más duros de la guerra contra el narcotráfico y, en menor medida —tanto por la comparación obligada como por la pertenencia nacional de los miembros del seminario— en Colombia en estos mismos años. En ambos casos, se trata de dos países alineados a la política de seguridad de Estados Unidos ante el rompimiento del pensamiento único neoliberal en América Latina a partir del vuelco a la izquierda en —al menos, y de forma muy artificial— dos Américas: una que parte de Estados Unidos, pasa por México, el grueso de Centroamérica, Colombia y aterriza en Chile; la otra, que parte de Cuba y va por Venezuela, Bolivia y Ecuador y llega a Argentina (con casos intermedios aunque más cercanos a este segundo bloque, como Brasil y Uruguay) (Vázquez y Aibar, 2013; Aibar y Vázquez, 2009; 2008; Aibar, 2007).

Así, uno de los aspectos centrales que conforman el contexto del análisis que realizamos se puede sintetizar en una palabra: la violencia o, mejor aún, los distintos tipos de violencia.[2] Ya sea la violencia más inmediata y abierta que supuso la guerra contra el narcotráfico en México y contra la “narcoguerrilla” en Colombia, cuyas repercusiones se hacen sentir en violaciones al derecho a la vida, a la integridad y a la libertad personales. U otras formas de violencia como la que proviene de lógicas estructurales inherentes al modelo de reproducción del capital, donde el conflicto proviene de la tensión relatada líneas arriba entre el libre mercado y los dh: la violencia neoliberal. Este tipo de violencia supone la serie de privaciones y violaciones a los derechos económicos y sociales debido a las pautas de concentración de la riqueza del modelo económico provenientes de la crisis económica y el desmantelamiento del Estado populista desarrollado en América Latina, aspecto que se encuentra en varios artículos de este libro, especialmente en los desarrollados por Amarela Varela, Ariadna Estévez, Mariana Celorio y, en menor medida, por Jorge Peláez y Jairo Antonio López.

Sin embargo, un punto central es que no se trata de dos procesos políticos desconectados (la violencia proveniente de la política de seguridad y la violencia neoliberal), sino que conforman un mismo proceso político de la exclusión que supone un cada vez mayor cierre del sistema político (lo cual se hace evidente al momento de escribir estas líneas, con el actual debate en torno a la criminalización de la protesta) y económico con un desplazamiento, exclusión y marginación del grueso de la población. Esto nos lo recuerdan los textos de Ariadna Estévez, Mariana Celorio y Alán Arias.

El análisis del contexto en medio del cual se piensa la capacidad transformativa de los dh supuso hacer algunas otras reflexiones en las diversas discusiones que realizamos durante los tres años que trabajamos este volumen. Una reflexión pasó por la dispersión de la violencia: el hecho de que el actor que ejerce violencia (política y económica) en el siglo xxi ya no es esencialmente el Estado. Por el contrario, ahora se trata de múltiples actores que difícilmente podrían considerarse gubernamentales (aunque en ciertas teorías en donde el Estado es mucho más que los gobiernos, por supuesto que estos actores son parte del orden estatal, como en la hegemonía de Gramsci, la idea de élite de Mills o la idea de Estado de Lechner). Sin duda, los ejemplos más claros son las grandes empresas transnacionales —en particular las que se dedican a los megaproyectos que violentan sistemáticamente derechos—, y el crimen organizado; a éste dedicamos mucho más espacio en el libro.

El haber discutido en torno a la dispersión de la violencia y la multiplicación de actores y violaciones a los dh automáticamente nos llevó a otros dos puntos: los límites del discurso de dh pensado como un registro Estadocéntrico y el problema de la artificial distinción entre lo público y lo privado cuando la violencia transgrede ambas esferas. Si el discurso de dh pretende ser una herramienta útil para comprender la violencia del siglo xxi, va a tener que modificar su matriz Estadocéntrica para lograr captar las actuales transgresiones en materia de dh. Sin duda, hay ya toda una discusión en torno a esto a partir de la relación horizontal en materia de dh, en donde las relaciones profundamente asimétricas de poder que constituyen contextos sistemáticos de opresión o de subordinación son las que permiten evidenciar con más facilidad estas relaciones horizontales en materia de dh. De la mano del desarrollo de las teorías de género, probablemente la perspectiva del derecho a la no discriminación es la que más ha andado este camino. En el libro, en la medida en que el contexto de violencia del crimen organizado cruza todos los textos, la discusión en relación con los límites de la matriz Estadocéntrica se encuentra tras bambalinas.

Por otro lado, las relaciones horizontales y las transgresiones que involucran al cuerpo mismo nos hablan de los límites para pensar en la distinción entre lo público y lo privado. Aquí tampoco hay algo necesariamente nuevo; ya las teorías de género (con el clásico “lo íntimo también es político” lo han hecho evidente) se han encargado de desmitificar esta distinción propia del liberalismo. En el libro, esta desmitificación de la división público/privado queda manifiesta en los textos de Ariadna Estévez, en donde el capitalismo gore y la necropolítica no dejan lugar a dudas de que las formas actuales de violación a los dh hacen inoperable la relación público/privado. Esta reflexión también se encuentra en las tesis que Alán Arias nos propone, al inicio de este volumen.

Finalmente, el último punto que conformó el contexto de las discusiones en la formulación del libro, y que deviene de los anteriores, es si hoy estamos frente a la erosión y/o crisis del Estado y, en su caso, de qué tipo de crisis estamos hablando. Las discusiones sobre si estamos efectivamente en una crisis estatal, en un Estado inexistente, fallido, corrupto, con amplias zonas marrones o simplemente en una conformación estatal distinta a la europea con particularidades que lo distinguen son demasiado amplias como para abordarlas en este espacio.[3] En cambio, lo que nos interesa que esté en mente de nuestros lectores es que la idea de “crisis” proveniente de todos los malestares mencionados fue otro de los elementos que conformó el contexto de nuestras reflexiones, sin pretender señalar las características y causas específicas de dicha crisis, o poner en duda si se trata de una crisis o en realidad ésta es la forma institucional que tomaron los Estados latinoamericanos.

La pregunta que nos hacemos —reiteramos— es ¿los dh son una herramienta útil para la transformación política?, y reflexionamos en torno a las posibles respuestas a esta pregunta a partir de las distintas tensiones y límites del discurso de dh. Un primer punto de acuerdo es que la respuesta nunca es total, ni un sí ni un no rotundos; por el contrario, todos los autores nos encontramos en los claroscuros. Tal vez, la principal diferencia es que mientras algunos consideramos que tienen algún potencial transformador, otros creen que ese potencial está cada vez más disminuido frente al despliegue actual de la violencia propia de los sistemas político y económico. Ésa es la principal división del libro que se observa en el índice.

Una idea que se mantiene en todos los artículos del libro es esta tensión entre una posible función emancipadora y una función de dominación; nada nuevo en la conformación para pensar la política (Oakeshott, 1998; O’Donnell, 2004). Es vieja la idea de que el Estado se encuentra sumido en una tensión estructural. Por un lado, el aparato estatal es, sin duda, un instrumento de dominación (y en el peor de los casos, de opresión) con grados diversos, dependiendo del fenómeno específico que se observe (fuerza, influencia, dominación, hegemonía). Esta faz de represión, dominación y/o hegemonía se hace evidente en el libro en figuras como el Estado nacional de competencia, la desmovilización social, el capitalismo gore o la necropolítica. Se trata de conceptos que funcionan como sintomatología de que el espacio para los dh es cada vez más reducido.

Sin embargo, el Estado es al mismo tiempo una promesa no inocua de bienestar que fundamenta su legitimidad política. Esta promesa se observa en aspectos como los marcos de oportunidad abiertos y utilizados exitosamente por el movimiento de dh que interesan a Jorge Peláez y que Jairo Antonio López analiza en el caso colombiano y Silvia Dutrénit en los procesos seguidos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se observa también en las tendencias de la acción política de organismos internacionales como las representaciones locales de la oacnudh que trabaja Karina Ansolabehere. O en la pretensión de crear un discurso práctico de dh que genere influencia en las decisiones políticas vinculantes, como lo analizan tanto Alejandro Anaya como Daniel Vázquez y Nacori López.

Ésta es la tensión estructural en la que se encuentra el Estado: relación de dominación y promesa de bienestar (Oakeshott, 1998; O’Donnell, 2004). Tensiones como éstas podemos observarlas en procesos gubernamentales; tal vez uno de los más evidentes fue la reforma constitucional en materia penal del 2008 en México que, por un lado, generó un marco de excepción penal al amparo de la organización delictuosa, con el arraigo como una de las principales figuras violatorias de los dh y, al mismo tiempo, estableció un nuevo andamiaje en materia penal para mejorar los derechos de acceso a la justicia y el debido proceso. Decimos líneas arriba que la identificación de esta tensión estructural no es novedosa en el estudio político; lo novedoso es la discusión en torno al papel y posibilidad de los dh en medio de esas tensiones. De aquí que la pregunta que nos formulamos tenga sentido: ¿los dh son una herramienta útil para la transformación política?

Hay dos puntos más que es relevante destacar. Dos aspectos que consideramos que han quedado claros y que unifican el libro son: todos los autores analizamos la capacidad transformadora de los dh en contextos de violencia, y todos también consideramos que es un tema de claroscuros y no de un sí o un no rotundos (aunque con diferencias en torno a la potencialidad del discurso de dh para realizar estas transformaciones en el actual contexto de violencia). Además, todos los autores consideramos que los dh son un discurso y que hay más de un discurso de dh. Por eso pueden entenderse las tensiones analizadas líneas arriba. Por ejemplo, uno es el discurso de dh que usó George Bush para invadir países como Afganistán e Irán; otro es el que utilizan gobiernos como el de Evo Morales y Rafael Correas para pensar la libertad de expresión (Serrano y Vázquez, 2013); otro distinto será el discurso de dh que se construye desde el movimiento de dh para defender el derecho a la protesta. Así, hay más de un discurso de dh: hay discursos provenientes del movimiento de dh que analizan Jorge Peláez, Jairo Antonio López y Daniel Vázquez con Nacori López. Muy cerca de esta idea movimientista pero pensando en un auditorio específico es el discurso que propone Alejandro Anaya para generar empatía con la defensa de derechos frente a la guerra contra el narcotráfico (Rorty, 1993). Distinto es el discurso de dh que, desde una lógica institucional, Karina Ansolabehere reconstruye por medio del análisis de comunicados de la oacnudh o Silvia Dutrénit a través de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y, finalmente, otro es el registro discursivo que se encuentra presente en los artículos de Ariadna Estévez, Amarela Varela y Mariana Celorio, quienes miran los límites de la expresión institucional-gubernamental-hegemónica de los dh.

Además de la aceptación de la existencia y funcionamiento de diversos registros discursivos en materia de dh, el otro aspecto que unificó nuestra reflexión deriva de las consecuencias de la institucionalización (en donde la institución está mucho más relacionada en términos de gubernamentalización y legalización) (Avaro y Vázquez, 2008) de los dh. En particular, reflexionamos en torno a si este proceso de institucionalización de los dh ¿es una ayuda o es un problema en la transformación social? Ya líneas arriba explicamos cómo —debido al triunvirato triunfante— los dh se convirtieron también en un discurso del cual se apropió el Estado. ¿Esto es un marco de oportunidad para el movimiento de dh, o han dejado al movimiento sin discurso? La respuesta a esta pregunta no es unívoca. Mientras que en los textos de Jorge Peláez, Jairo Antonio López, Karina Ansolabehere, Silvia Dutrénit y Alejandro Anaya se mira un mayor marco de oportunidad, en los de Ariadna Estévez, Amarela Varela y Mariana Celorio destaca una cada vez menor posibilidad de acción del movimiento de dh dentro de su institucionalización.

En buena parte, esta discusión pasa por el proceso de tecnificación del discurso de dh, tanto por medio de la juridificación como a través de la perspectiva de dh en la construcción de políticas y presupuestos públicos. Una tercera forma de tecnificación es la formulación de indicadores en materia de dh que nos permitan generar índices para conocer cuál es la condición en la que se encuentran estos derechos; el objetivo: tomar decisiones políticas basadas en la evidencia (aspecto básico de la nueva gestión pública). En la medida en que los dh se convirtieron en quehacer gubernamental, las instituciones propias de este quehacer también han sido (o están intentando ser) colonizadas por los dh. De ello nos hablan la reforma constitucional en materia de dh del 2011, pero desde tiempo atrás elementos como los diversos programas nacionales de dh de 1998, 2004, 2008 y 2014; y los múltiples intentos de diagnósticos y programas locales de dh (probablemente el más conocido, el del 2008 en el Distrito Federal). Sin embargo, también forman parte de esta profesionalización-tecnificación del discurso de dh aspectos como el acompañamiento que diversas ong —como los centros de dh Tlachinollan, Miguel Agustín Pro o la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos— hacen de causas jurídicas a nivel nacional e internacional, tanto de personas como de comunidades.

En suma, los elementos transversales que dieron unidad a nuestras reflexiones y que dan unidad al texto son:

1.La conformación de un contexto común, integrado por diversos tipos de violencia que se encuentran interconectados; la dispersión de la violencia que ahora es ejecutada por actores no estatales; la puesta en duda (o al menos los límites) de la matriz Estadocéntrica del discurso de dh, y, con ella, de la división entre lo público y lo privado. Finalmente, la impresión de que todos estos elementos nos hablan de una crisis, sin que se pretenda especificar sus causas y características, sino como una sintomatología generalizada proveniente de la relación violencia-dh.

2.Pensar los dh no como derecho positivo, sino como un discurso. Más aún, aceptar que hay más de un registro discursivo de dh.

3.En la medida en que los dh son discursos, nos alejamos de los estudios hegemónicos y juridificantes de los derechos. Para nosotros, los dh son una práctica social.

4.La delimitación del análisis a partir de dos aspectos: las tensiones entre las cuales se encuentra el discurso de dh, en especial la tensión estructural del Estado entre mecanismo de dominación y promesa de bienestar. A partir de estas tensiones, las limitaciones propias de los discursos de dh.

5.La identificación de procesos de tecnificación-profesionalización del discurso de dh que forma parte de su institucionalización (gubernamental). En particular, pensar las consecuencias de esta institucionalización y, en su caso, en las oportunidades y límites que se abren en este proceso para hacer de los dh una herramienta útil en la transformación político-social.

Probablemente, el último elemento que nos unifica de forma transversal es que en ninguno de los artículos que integra el libro hay una mirada ingenua de los dh. Partimos de saber que los derechos se presentan como demandas en medio de relaciones asimétricas de poder, por lo que tienen posibilidades limitadas. De ahí que ninguno de nosotros conteste automática y directamente que el discurso de dh tiene —en sí mismo— capacidades transformativas. Por el contrario, lo que interesa comenzar a analizar es cuándo esta potencialidad se hace realidad. Por eso, no es casualidad que el primer texto son las tesis que nos propone Alán Arias para contribuir a la formación de una teoría crítica de los dh. Como explica el propio autor: “La víctima, cuya visibilidad es posible a través del sufrimiento, se constituye primordialmente en esa imagen inicial de injusticia; no debiera permanecer en la queja sino levantarse para la proclama (¿son los dh el revulsivo de esa metamorfosis?)”.

* * *

El libro inicia con las ocho tesis que Alán Arias nos propone para pensar y construir hoy una teoría crítica de los dh. Alán identifica cuatro escuelas de análisis de los dh: naturalista (ortodoxia tradicional); deliberativa (nueva ortodoxia); protesta (de resistencia) y discursiva-contestataria (disidente, nihilista). Frente a estas escuelas, el autor observa que la determinación característica del discurso crítico es su negatividad, su renuencia deliberada a toda aspiración positivizante. En la conformación de la teoría crítica de los dh, éstos son considerados como movimiento social, político e intelectual, así como (su) teoría propiamente dicha. Su determinación básica, a lo largo de la historia, consiste en su carácter emancipatorio. Bajo estos criterios, los dh son simultáneamente proyecto práctico y discurso teórico (lejos de ser sólo derechos).

En su artículo, Jorge Peláez nos propone un marco analítico para pensar los movimientos sociolegales. No es casualidad; el autor está interesado en mirar las posibilidades y límites de la capacidad transformativa del discurso de dh en su práctica más común: como derechos frente a los tribunales. Sin embargo, se trata de la presentación disruptiva de una demanda política en un marco que rebasa al campo jurídico. Incluso dentro del sistema legal, el autor piensa los derechos como campos en disputa a partir de dos fuerzas en la construcción del marco jurídico: las nuevas pautas de explotación neoliberal y el discurso de derechos impulsado desde abajo. Así, con un uso especialmente centrado en la teoría de los marcos de oportunidad desarrollado por Charles Tilly y Sidney Tarrow —aunque sin dejar de lado la relevancia de la conformación identitaria en la movilización—, Peláez nos propone ciertas pautas para pensar el análisis del uso del derecho por medio del repertorio de los movimientos sociales y el repertorio legal, lo que supone poner en acción los derechos para generar tanto mecanismos de accountability societales como horizontales.

En esta misma línea, Jairo Antonio López analiza la forma en que los dh se posicionaron como un importante repertorio de contienda política en Colombia, específicamente durante los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010). En particular, López desarrolla dos distintas contiendas que se dieron en el ámbito de los derechos en ese periodo: la oposición a la guerra, la cual se materializó en una confrontación con la “política de seguridad democrática” del presidente Uribe y el cuestionado proceso de desmovilización paramilitar; y la oposición a los procesos de apertura y profundización neoliberal, la cual se materializó en una campaña transnacional contra la violencia antisindical y de denuncia del poco compromiso del gobierno con los derechos civiles y laborales de los trabajadores colombianos. La contienda se enmarca en la relación nacional/internacional y jurídica/política, relación en la que las ong lograron encontrar escenarios adecuados de presión y reclamación basados en los diversos repertorios históricamente instituidos. Dos son los hallazgos relevantes de este texto: por un lado, la paradoja de la institucionalización y la estructura interna de movilización dado que, en medio de una confrontación intensa en la que la movilización social fue perseguida en todo el país y la reivindicación por los dh por medio de plantones y protestas colectivas tuvo altos costos en medio de la guerra, la profesionalización generó los principales efectos. Por otro, el mayor éxito del discurso de dh en torno a la oposición a la guerra que contra los procesos de apertura y profundización neoliberal.

En el cuarto artículo, Alejandro Anaya nos propone varias estrategias que el movimiento de dh puede utilizar para presentar los procesos que se dan en el marco de la guerra contra el narcotráfico. El objetivo: convencer a audiencias más amplias de que estamos ante un problema grave de violación a los dh que merece la solidaridad de diversos actores a nivel internacional. Explica Anaya que, siguiendo la idea de “obligaciones en diagonal”, se podría enfatizar que el Estado mexicano no ha logrado implementar una política de seguridad que proteja a las personas de las agresiones masivas y sistemáticas perpetradas por terceros y que, por lo tanto, ha fallado en su obligación de garantizar el ejercicio de los derechos a la integridad física en el país. Este argumento se podría complementar subrayando el papel de la impunidad: el Estado mexicano también ha fallado en su obligación de proporcionar acceso al derecho a la justicia a las víctimas de la violencia, incumpliendo en sus obligaciones internacionales en la materia. De esta manera, se podría argumentar que tanto desde una perspectiva de “obligaciones en diagonal” como una de obligaciones directas, la situación se caracteriza por la violación masiva y sistemática de los dh.

Por su parte, Karina Ansolabehere se pregunta: ¿cómo incidió un contexto de violencia y de aumento de la presión internacional en la actuación de la representación en México de la oacnudh durante el gobierno de Felipe Calderón, entre 2007 y 2012? En particular, Ansolabehere observa dos posibilidades: optar por un comportamiento autorrestrictivo que asegure su relación tersa con el Estado, en el marco del cual está trabajando; o tener una posición más antagónica a partir de los cambios en el contexto internacional e interno, donde la mayor pérdida de reputación del Estado y de la resistencia de éste a ajustar su comportamiento según estándares de dh estarían asociados con un aumento de los señalamientos de la Oficina. Ansolabehere encuentra que la actuación del representante en México de la oacnudh se modifica a partir de cambios en el contexto político internacional conformados por tres elementos: el aumento de la violencia, de las violaciones a los dh y de la presión internacional en contra del Estado mexicano. Cuando aumenta el registro de violaciones de los dh, así como la presión internacional relativa al tema, la oacnudh hace más claros sus señalamientos a los problemas de actuación del Estado. Dentro del repertorio que este organismo internacional utiliza encontramos mucha similitud con el de las ong de dh: nombrar, culpar y avergonzar, reclamar verdad, justicia y reparación de los daños a las víctimas e incidir en políticas públicas, a partir de la información presentada por las mismas víctimas, de las visitas de los relatores o de los informes sombra realizados por las organizaciones de la sociedad civil.

En su texto, Silvia Dutrénit analiza la forma en que México y Uruguay dieron seguimiento a las sentencias Radilla (2009) y Gelman (2011) dictadas en contra de cada uno de esos países. Si bien Dutrénit tiene como punto de partida que, en general, en América Latina no se ha cumplido cabalmente con los compromisos internacionales asumidos en el ámbito de los dh, hay peculiaridades locales que permiten entender los distintos devenires de dichas resoluciones. Como menciona la autora en el texto, la peculiaridad de la historia política y de los actores involucrados en cada una de las realidades, mexicana y uruguaya, imponen formas de acatamiento y repercusión públicas muy contrastantes. Asimismo y pese a ello, se sostiene que en los dos prevalece la ausencia del derecho a la verdad individualizada aun cuando pudiera promoverse la verdad analizada como el contexto represivo en el que se habrían producido algunas desapariciones y otros delitos.

En su artículo, Daniel Vázquez y Nacori López se preguntan: ¿cómo se construye la identidad y el ejercicio de las y los defensores de dh en Ciudad Juárez desde los propios actores? Para ello, generan una tipología donde analizan la forma en que los defensores de dh se inician como defensores (por convicción y emergentes); la apropiación de los mecanismos de defensa (formales e informales), y la forma en que se miran a sí mismos como víctimas.

En su texto, Ariadna Estévez analiza cómo las expresiones de la necropolítica quedan excluidas de los discursos hegemónicos de verdad de los dh (en especial de la división público/privado). La consecuencia de esta exclusión es que los nuevos fenómenos constitutivos de violaciones a los derechos (dislocaciones) no son considerados como tales por los dispositivos gubernamentales. En palabras de la autora: “la dislocación del discurso de dh permite que éste […] sostenga prácticas de dominación biopolítica en países primermundistas que han hecho del asilo parte del dispositivo de regulación migratoria, como Estados Unidos”. Una clara muestra de esto —observa la autora— es la forma como operó el asilo en Estados Unidos en el contexto de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón.

Amarela Varela aborda el movimiento social de la Caravana de Madres Centroamericanas en búsqueda de sus hijos migrantes desaparecidos en su tránsito por México hacia Estados Unidos. En particular, además de una descripción densa de la caravana, el aspecto central del artículo se encuentra en el análisis sobre cómo usan el discurso y las prácticas de los dh para lograr que sus demandas sean escuchadas. Se trata de un trabajo que, en palabras de la autora: “piensa los límites y potencialidades de los dh cuando se usan por actores que tienen una subjetividad jurídica acorazada por las leyes de extranjería internas”.

En su artículo, Mariana Celorio desarrolla un primer acercamiento a la teoría de la desmovilización social. En palabras de la propia autora: “la desmovilización social no implica la cancelación completa de la movilización en tanto acción social concreta y aspiración colectiva; significa debilitarla, hacerla inestable, acotarla y neutralizarla”. Así, Mariana nos propone una revisión sobre las pautas actuales por medio de las cuales se generan los procesos de desmovilización social, en donde la institucionalización-administración del discurso de los dh es una de las pautas.

* * *

El Seminario de Análisis Multidisciplinario de Derechos Humanos (de aquí en adelante el Seminario) nació en 2008 por medio de un acuerdo entre la Flacso México con el Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la unam (Flacso México, 2013-2015). El Seminario tuvo desde su origen el objetivo principal de traspasar el estudio de los dh a partir de su matriz jurídica, y pensarlos como un fenómeno social y político.

Por lo anterior, no es casualidad que los primeros tres años del Seminario (2008-2010) se dedicaran a observar el estado que guardan los estudios no jurídicos de los dh. En esa primera etapa, se analizó a los dh desde la teoría política, la sociología jurídica, la sociología política, la historia (en especial la del tiempo presente), la antropología jurídica, las políticas públicas, las relaciones internacionales y la teoría de la democracia. De estos tres años de trabajo se desprende la primera publicación: Los derechos humanos en las ciencias sociales. Una perspectiva multidisciplinaria.

Terminado este mapeo multidisciplinario inicial, el Seminario comenzó a trabajar su segunda entrega entre el 2011 y el 2013: se trata del texto que usted ahora tiene en sus manos. La mirada de los dh desde las ciencias sociales había quedado lista, pero ¿para qué sirven hoy los dh? De aquí que nuestra segunda pregunta de investigación pasa por analizar la capacidad transformadora que desde el campo político y social pueden tener estos derechos.

Vale la pena anunciar que al finalizar esta segunda entrega, los integrantes del Seminario nos comenzamos a cuestionar un nuevo aspecto. Sabemos que los dh tienen algún potencial transformador —algunos consideramos que tienen uno mayor, otro menor, siempre dependiendo del contexto en el que se enmarquen—, pero ¿se puede caracterizar a ese potencial transformador como anticapitalista? Ésta es la nueva pregunta que ocupa al Seminario. Esperamos tenerle algunas coordenadas de esta reflexión en breve.

Ariadna Estévez y Daniel Vázquez

Invierno de 2014

Fuentes

Aibar, Julio

2007 Vox populi. Populismo y democracia en América Latina. México: Flacso México.

Aibar, Julio y Daniel Vázquez, coords.

2009 ¿Autoritarismo o democracia? Hugo Chávez y Evo Morales. México: Flacso México.

2008 Política y sociedad en México. Entre el desencuentro y la ruptura. México: Flacso México.

Avaro, Dante y Daniel Vázquez, coords.

2010 Derrumbando un mito. Instituciones exitosas en Latinoamérica contemporánea. México: Distribuendum / Flacso Uruguay. Buenos Aires: Teseo.

Caliari, Aldo

2009 “Comercio, inversiones, finanzas y dh: tendencias, desafíos y oportunidades”, Sur. Revista internacional de derechos humanos 6, no. 11 (diciembre): 155-176.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh)

2009 Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos. San José, Costa Rica: cidh.

Estévez, Ariadna

2008 Human Rights and Free Trade in Mexico. Nueva York: Palgrave Macmillan.

2006 “Libre comercio y acción colectiva internacional: un enfoque desde los derechos humanos”, en Alicia Yamin, ed., Los derechos económicos, sociales y culturales en América Latina. Del invento a la herramienta. México: Plaza y Valdés, 383-402.

Estévez, Ariadna y Daniel Vázquez

2010 Los derechos humanos en las ciencias sociales: una perspectiva multidisciplinaria. México: Flacso México / cisan, unam.

Flacso México

2013-2015 “Seminario de análisis multidisciplinario de los derechos humanos, cisan, unam /Flacso México”, en <http://dydh.flacso.edu.mx/index.php/seminario-de-analisis-multidisciplinario-de-los-derechos-humanos-cisan-unam-flacso-mexico>.

Gargarella, Roberto

2010 “Una maquinaria exhausta. Constitucionalismo y alienación legal en América”, Isonomía. Revista de teoría y filosofía del derecho, no. 33 (octubre): 7-34.

2006 “La concepción colectivista de la democracia y sus enemigos”, Isonomía. Revista de teoría y filosofía del derecho, no. 25 (octubre): 195-204.

1996 La justicia frente al gobierno. Sobre el carácter contramayoritario del poder judicial. Barcelona: Ariel.

1995 “Crisis de representación y constituciones contramayoritarias”, Isonomía. Revista de teoría y filosofía del derecho, no. 2 (abril): 89-108.

Gómez, José María

2007 “Los derechos humanos y la política mundial post-11 de septiembre de 2001. Paradojas, dilemas y desafíos”, Studia Politicae, no. 10 (primavera-verano): 7-22.

González Casanova, Pablo

1995 “La crisis del Estado y la lucha por la democracia en América Latina (problemas y perspectivas)”, en Pablo González Casanova y Marcos Roitman Rosenmann, coords., La democracia en América Latina: actualidad y perspectivas. México: La Jornada Ediciones/ceiich, unam, 17-38.

1990 “El Estado y la política”, en Pablo González Casanova, coord., América Latina hoy. México: Siglo xxi, 64-122.

Gutiérrez, Rodrigo, Catalina Pérez-Correa, Pedro Salazar, Sandra Serrano y Daniel Vázquez

2011 Reflexiones sobre seguridad, democracia y derechos humanos, colección Documentos de Trabajo no. 161. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam.

Hincapié, Sandra

En prensa “Órdenes yuxtapuestos. Reformas estatales y crimen organizado: México y Colombia 1982-2012”, en Daniel Vázquez, Karina Ansolabehere y Sandra Serrano, coords., Los derechos humanos y la violencia: Estado, instituciones y sociedad civil. México: Flacso México.

Hunt, Lynn

2009 La invención de los derechos humanos. Barcelona: Tusquets.

Llobet, Valeria

2011 “Los derechos humanos en las ciencias sociales: una perspectiva multidisciplinaria”, Norteamérica 6, no. 1, en <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193722595010>.

Menke, Christoph y Arnd Pollmann

2010 Filosofía de los derechos humanos. Barcelona: Herder.

Oakeshott, Michael

1998 La política de la fe y la política del escepticismo. México: Fondo de Cultura Económica.

O’Donnell, Guillermo

2004 La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos. El debate conceptual sobre democracia. Nueva York: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud).

Organización de las Naciones Unidas (onu)

2001 “Terrorismo y derechos humanos. Informe sobre la marcha de los trabajos preparado por la Sra. Kalliopi K. Kuofa, E/CN.4/Sub.2/2001/31.

1999 “Terrorismo y derechos humanos. Informe preliminar preparado por la Sra. Kalliopi K. Kuofa”, E/CN.4/Sub.2/1999/27.

Przeworski, Adam

1998 Capitalismo y socialdemocracia. Madrid: Alianza Editorial.

Roitman Rosenmann, Marcos

1995 “Teoría y práctica de la democracia en América Latina”, en Pablo González Casanova y Marcos Roitman Rosenmann, coords., La democracia en América Latina: actualidad y perspectivas. México: La Jornada Ediciones/ceiich, unam, 59-97.

Rorty, Richard

1993 “Human Rights, Rationality and Sentimentality”, en Stephen Shute y Susan Hurley, coords., On Human Rights, col. The Oxford Amnesty Lectures. Nueva York: Basic Books, 111-134.

Serrano, Sandra y Daniel Vázquez

2013 “La postura del Ecuador frente al proceso de fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La disputa por los conceptos… y sus consecuencias”, Pensamiento propio 18, no. 37 (julio-diciembre): 185-234.

Soriano, Ramón

2003 Historia temática de los derechos humanos. Sevilla: mad.

Vázquez, Daniel y Domitille Delaplace

2011 “Public Policies from a Human Rights Perspective. A Developing Field”, Sur. International Journal on Human Rigths, no. 14 (enero-junio): 35-65.

Vázquez, Daniel y Julio Aibar, coords.

2013 Procesos políticos de América Latina. Una lectura crítica del neoliberalismo. México: Flacso México.

Fuentes complementarias

Cortez, Édgar

2011 “Los dh en las ciencias sociales: una perspectiva multidisciplinaria”, Norteamérica 6, no. 1, en <http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1870-35502011000100011&script=sci_arttext>.

Teoría crítica y propuesta metodológica para el estudio de los derechos humanos: ¿hacia dónde?

Contribución a una teoría crítica de los derechos humanos

Alán Arias Marín[*]

Introducción. Premisas conceptuales

Los derechos humanos (dh) son controversiales y para nada autoevidentes. Todo lo contrario a la afirmación que el discurso dominante juridicista (naturalista y/o liberal) ha planteado. Sus pretensiones universalizantes y la generalidad relativamente sin límites de sus contenidos posibles convierten cualquier indagación o conversación acerca de los dh en un conjunto práctico y discursivo prácticamente inabarcable. En la experiencia práctica y teórica del universo actual de los dh se constata lo evidente: hay una ausencia de acuerdo respecto a lo que éstos son en realidad.

Depurando de manera abstracta la discusión acerca de las diversas conceptualizaciones, desde una perspectiva ceñida a la producción teórica y académica contemporánea, se pueden discernir cuatro modelos teóricos principales, siguiendo la sugerencia, entre otros autores, de Marie-Bénédicte Dembour (Dembour, 2006; Dembour et al., 2001). Tales “escuelas” serían: naturalista (ortodoxia tradicional), deliberativa (nueva ortodoxia), protesta (de resistencia) y discursiva-contestataria (disidente, nihilista).

En términos escuetos y básicos el modelo y/o tipo ideal de la escuela o tendencia naturalista concibe los dh como dados o inherentes; la deliberativa como acordados o socialmente consensuados; la disidente como resultado de las luchas sociales y políticas; en tanto, la contestataria como un hecho de lenguaje, meros discursos referidos a los dh.

Obviamente, tales afirmaciones se contraponen a la idea común respecto de que los dh son universales y obvios, que existen en los individuos por el solo hecho de que son personas humanas. De algún modo, los derechos son autoevidentes, en el sentido de que se derivan de la razón; son racionales en sentido estricto y, por tanto, no son ambiguos ni objeto de controversia. Tal discurso, basado en esa supuesta autoevidencia, suele ser la modalidad de legitimación dominante y la más socorrida por el establishment de los dh.

Con este marco esquemático general, las tesis que aquí se presentan buscan inscribirse en el horizonte de una contribución a una teoría crítica de los dh. Tal discurso crítico, en las condiciones contemporáneas, ha de entenderse como un proceso en construcción (work in progress), una pretensión que habría de combinar elementos teóricos propiamente críticos y orientaciones políticas de emancipación, en correspondencia con las condiciones socioeconómicas, políticas y culturales del momento histórico.

Son discernibles elementos críticos en las diversas perspectivas teóricas (filosóficas, políticas y jurídicas) que componen el escenario del debate contemporáneo de los dh. Será en el proceso de construcción de una teoría que revise de manera crítica las tendencias típico ideales en curso (representadas genéricamente en las “escuelas” referidas), analice las interconexiones singularizadas que, de hecho, configuran las aportaciones individualizadas de los autores, las que han de constituir la masa crítica de un discurso de los dh en clave deconstructiva.

Conviene, aunque sea sólo de forma indicativa, señalar algunos de los autores más representativos en el mapa de las diferentes tendencias que integran el universo del debate contemporáneo acerca de los dh. Para la escuela naturalista y su concepción de que los dh se basan en la naturaleza misma o, en términos de un ser sobrenatural, se les considera definitivamente como universales en tanto que son parte de la estructura del universo, si bien se les puede traducir de diversas formas. Entre los autores contemporáneos más representativos de la escuela naturalista están Jack Donnelly, si bien con una marcada tendencia consensualista y deliberativa (1994); Alan Gewirth (1996) y, en nuestro medio, destaca la obra de Mauricio Beuchot (2005; 2008).

Por lo que toca a la escuela deliberativa, el basamento de los dh consiste en la construcción de consensos sobre cómo se debe orientar la política de la sociedad; en consecuencia, la universalidad de los dh es potencial y depende de la capacidad que se tenga para ampliar el consenso acerca de ellos. La figura más destacada de esta corriente deliberativa es, sin duda, Jürgen Habermas (1998); en la misma línea destacan Michael Ignattieff (2001), Sally Engle Merry (2009) y, en el ámbito interno, Fernando Salmerón (1998) y León Olivé (1993).

La escuela de protesta o de resistencia en el debate actual de los dh encuentra en Jacques Derrida (2001), Éttienne Balibar (1991), Costas Douzinas (2000), Upendra Baxi (2008) y Neil Stammers (2009) sus mejores representantes; en el medio local destacan los trabajos de Luis Villoro (2007). Para esta escuela, los dh están arraigados a la tradición histórica de las luchas sociales, si bien mantienen un sentido de apertura hacia valores de carácter trascendental (en contraposición al estricto laicismo de la perspectiva deliberativa liberal). Es por ello que consideran universales a los dh en cuanto a su fuente, toda vez que la condición de sufrimiento y la potencial victimización de los sujetos tiene carácter universal.

Por último, la escuela discursiva o disidente sostiene que el fundamento mismo de los dh no es otro que un hecho de lenguaje, la cuestión irrebatible de que en los tiempos contemporáneos se habla mucho acerca de ellos y que tienen un carácter referencial; por supuesto, no atribuyen a los dh ningún carácter de universalidad, de modo que son un elemento táctico sumamente aprovechable puesto que sus contenidos se pueden establecer en forma discrecional. De esa escuela discursiva destacan Alasdair MacIntyre (2001), Makau Mutua (2002), Wendy Brown (2004) y Shannon Speed (2008); en el ámbito local ha reflexionado en términos análogos, entre otros, Cesáreo Morales (2008; 2010).

Un (o el) discurso crítico de los dh como tal no existe, pero importa todavía más precisar que no se trata de producir un discurso alternativo respecto del discurso dominante —y hasta hegemónico— en el mundo institucional y extrainstitucional del movimiento de los dh. El modo de la teoría crítica no consiste en ser alternativo —opcional— a la teoría dominante. La especificidad del discurso crítico radica en la operación y el trabajo negativos respecto a los discursos hegemónicos y/o dominantes.[1]

Por lo anterior es que resulta ineludible y perentorio que la pretensión de conformar un discurso de los dh con perspectiva crítica y aliento emancipatorio ajuste cuentas de modo sistemático con las versiones juridicistas, de corte naturalista y raigambre liberal y/o cristiana, que son las que conforman la perspectiva dominante (bajo diversas modalidades y composiciones) del discurso contemporáneo de los dh. Las exigencias multidisciplinaria, multicultural y de género (que habremos de proponer más adelante) inherentes a la perspectiva crítica no están llamadas a producir un discurso positivo, alternativo al discurso hegemónico. La determinación característica del discurso crítico es su negatividad, su renuencia deliberada a toda aspiración positivizante.

En ese sentido, es pertinente la reivindicación de lo que es un postulado irrenunciable del discurso crítico: el riguroso cuestionamiento de las propias posiciones filosóficas, sociológicas y políticas, así como de las relaciones entre ellas; aquí se sostiene que el proyecto y el discurso de los dh han de someterse sistemáticamente a tales prácticas autocorrectivas (autocríticas).

Además, y en consonancia con otro de los principios operativos básicos del discurso crítico, los dh son entendidos en forma radical como un fenómeno histórico. En tanto que conjunto multidimensional de prácticas humanas y sus correspondientes saberes e ideologías, el movimiento de los dh se encuentra especificado históricamente; los factores históricos y las condiciones sociales, políticas y culturales conforman variables indispensables para comprender y explicar su desarrollo previo y su caracterización actual.

La adopción de una perspectiva modulada por la tradición de la teoría crítica supone asumir dos premisas metodológicas fundamentales respecto del concepto dh. Por un lado, los dh son considerados como movimiento social, político e intelectual así como (su) teoría propiamente dicha. Su determinación básica, a lo largo de la historia, consiste en su carácter emancipatorio (resistencia al abuso de poder, reivindicación de libertades y derechos, regulaciones garantistas por parte del Estado); su sustrato político indeleble y más profundo —condición de toda libertad— es la exigencia de reconocimiento y, por tanto, la afirmación de la igualdad.

Cabría el entendimiento de los dh como movimiento, si bien no como uno social clásico, y ni siquiera uno social de nuevo tipo. Convendría pensar el movimiento de los dh a la manera metafórica de lo que Maffesoli (2004) reivindica como una comunidad imaginada (Anderson, 1993), en el que se incluiría el conjunto de tradiciones, prácticas, principios, herramientas jurídicas, valores y simbología que conforman la tradición histórica, filosófica, ética, jurídica y cultural de los individuos y los colectivos identificados con su reivindicación y defensa.

Los dh son simultáneamente proyecto práctico y discurso teórico (lejos de ser sólo derechos). En ellos se integra una multiplicidad de prácticas sociales que se despliegan en diversas dimensiones y se configuran en variados repertorios estratégicos y tácticos.[2] Su intencionaldad o sentido buscan teórica y prácticamente la instauración de acontecimientos. Acontecimientos en sentido político fuerte, es decir, irrupción de exigencias de reconocimiento, resistencias o impulsos emancipadores que modifican las correlaciones de fuerza y dominio prevalecientes (Badiou, 1999); por tanto, acontecimientos instituyentes de nuevas relaciones o modificadas correlaciones de poder. Esta determinación de su carácter político, en sentido estricto, fundacional (diferenciado de la política instituida), les imprime su sentido instituyente y, en la dimensión propiamente jurídica, los conforma como práctica seminal; los dh como la afirmación del derecho a tener derechos, en la formulación de Hannah Arendt (1982: 379-382).

El presente artículo, construido mediante la formulación de tesis, busca, amén de acentuar con esa modalidad su intencionalidad heurística, comulgar con las formas precursoras e iniciales —fragmentos y no sistemas— de montaje o collage típicas del discurso de la teoría crítica.[3] Con estos modos se pretende una reverberación del hecho de que, si bien ha habido importantes intervenciones críticas en el trayecto histórico de los dh, no se ha propuesto una reconsideración de ese proyecto humanístico bajo explícitas premisas críticas y, mucho menos, articulada con los presupuestos teóricos de una concepción radicalmente diferente a las tradiciones cristiano-liberales de los dh (al menos de 1948 a la fecha).

Se trata, en estas tesis —teoremas poco argumentados— de un ejercicio de integración de perspectivas y aspectos críticos presentes en las discusiones actuales respecto de los dh, de ensayar una articulación de la fragmentación discursiva de elementos teóricos (y prácticos) con potencial negativo o deconstructivo. Es un esfuerzo de reordenar el discurso en virtud del nuevo y agudizado desorden contemporáneo de las cosas; ordenamiento de fragmentos relativamente dispersos como dispositivos, líneas de salida o de fuga para un desarrollo crítico del discurso y el movimiento de los dh.

El presente texto se inscribe y, al mismo tiempo, quiere ser expresión de las tensiones a las que el movimiento contemporáneo de los dh se enfrenta. Una formulación común al esfuerzo colectivo de este libro consiste en la cuestión de si los dh son instrumentos aptos para las transformaciones político-sociales. La pregunta es pertinente puesto que los dh ya no se pueden considerar unilateralmente como movimiento de protesta (resistencia y emancipación); no sólo como límite normativo de la acción estatal, sino que se han transformado como un discurso y proyecto práctico susceptible de conformarse como parte y momento del ámbito estatal y, por tanto, de materializarase en políticas públicas gubernamentales.

Esta tensión básica puede entenderse como matriz de muchas de las paradojas contemporáneas que enfrenta el discurso de los dh. Lo anterior, en consecuencia, requiere de una serie de esfuerzos para desarrollar críticamente un discurso capaz de responder a las exigencias contemporáneas de la globalización y sus antinomias.

Proponer un orden de articulación sobre la base de esos aspectos fragmentarios mediante un cambio de lugar, una mudanza de punto de vista, a saber: ya no la idea unitaria y positiva del curso práctico y teórico de los dh, sino desde sus paradojas, su crisis y aporías (Douzinas, 2000; 2007); ya no desde las versiones ortodoxas y tradicionales, dominantes en el quehacer y el pensamiento de los dh —institucionalizados o no— y sus defensores y/o promotores: tal quisiera ser la contribución de este texto —estas tesis— a una teoría y una práctica de pretensiones críticas de los dh.

Tesis 1. Inadecuación entre teoría y práctica

La exigencia contemporánea de una aproximación crítica a los dh se justifica, en primera instancia, por la no correspondencia entre el desarrollo discursivo y normativo del proyecto de los dh y su situación práctica de vulneración, irrespeto y manipulación crecientes. Más a fondo, la pregunta inquietante acerca de si los dh —ese movimiento-comunidad imaginado— son efectivamente una barrera contra el abuso de poder y la dominación, un aliento a la resistencia y la emancipación o, por el contrario, se han convertido en un instrumento de dominación, en una herramienta desmovilizadora, incluso, mediante una justificación ideológica de nuevas formas y lógicas de intervención, en legitimantes de la configuración de un nuevo poder político, económico y militar en el plano global; si los dh, de ser auspiciadores de inéditos espacios e identidades libres, no se han convertido en medios de regulación de los seres humanos.

Crisis, pues, en virtud de una no correspondencia entre el programa humanista y sus concreciones efectivas, dada la percepción y el diagnóstico respecto a su situación de crisis teórica; crisis conceptual y cultural presente en sus dimensiones tanto externa como interna. En lo exterior, expresada en la paradoja de ser —hoy por hoy— un discurso referencial dominante, en términos valorativos y normativos y, al mismo tiempo, ser objeto de instrumentalizaciones políticas, manipulaciones legitimatorias, prácticas desmovilizadoras, predominantemente regulatorias e inhibidoras de pretensiones y de prácticas emancipatorias; crisis también (en virtud de su referencialidad valorativa y política dominante) por el uso banal y el abuso expansivo y vulgarizador del lenguaje de los dh.

Por otro lado, en lo que se refiere a su dimensión interna, propiamente discursiva, los dh viven su crisis a causa de una radical inadecuación de su composición conceptual y sus proposiciones teóricas respecto de las efectivas condiciones sociales, políticas y culturales del momento histórico contemporáneo. En suma, se puede afirmar que la consecuencia indeseada y/o perversa de la historia reciente del movimiento de los dh es la pérdida, en múltiples y diferenciados planos, de sus potencialidades emancipatorias.

El discurso actual dominante de los dh —sus formulaciones juridicistas hegemónicas (naturalista y/o liberales)— no constituye una expresión teórica suficiente respecto de las necesidades prácticas del proyecto-movimiento de los dh en las condiciones actuales, tanto en sus medios e instrumentos como en sus objetivos. Existe, históricamente, ese defecto de construcción, la imposibilidad —desde hace décadas— de vincular directa y adecuadamente la práctica y la teoría de los dh con su forma original renovada, la correspondiente a su refundación contemporánea en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la onu (1948). La figura histórica de los dh, en su fase de reformulación y desarrollo contemporáneos, surgió reactivamente luego del final de la segunda guerra mundial. Ese discurso, matriz normativa y teórica de toda la evolución posterior —su forma “clásica”— no fue expresión adecuada de las nuevas condiciones emergentes del mundo de la posguerra, ni contó con un diagnóstico, acorde a sus propias finalidades, respecto de las tensiones de la llamada guerra fría, mismas que caracterizaron la segunda mitad del siglo xx, prácticamente hasta los años noventa. Después, la comunidad-movimiento de los derechos fue mucho menos capaz de captar y representar, de modo teóricamente pertinente y prácticamente viable, el desarrollo posterior al colapso del socialismo real, así como comprender las determinaciones del proceso de globalización con una interpretación de la matriz teórico-conceptual derivada de ella. Resultado de esos déficit conceptuales y culturales, el discurso y el movimiento de los dh vive una crisis práctica y teórica que reclama un replanteamiento crítico y, en consecuencia, la construcción de una narrativa dotada de argumentos de relegitimación.

En rigor, los dh, en sus formulaciones actuales dominantes, no son sino un resultado sintético de la situación dramática precedente, caracterizada por la emergencia de la barbarie absoluta en los campos de exterminio, a la que se alude con el concepto-paradigma de Auschwitz. Se trató de una reacción ilustrada y de rescate de valores y principios éticos, de matriz liberal-cristiana. Sin embargo, el optimismo respecto de un posible regreso a valores de convivencia civilizada, normados por el derecho, sobre la base de la dignidad humana, no apreciaba en toda su radicalidad el golpe devastador infligido a toda pretensión teórica y política del proyecto mismo de la Ilustración del que abrevaba (Adorno y Horkheimer, 1998).

Lo anterior ayuda a entender, si bien parcialmente, por qué es que las propuestas teóricas de los dh y sus traducciones jurídicas positivas, pese a su vulnerabilidad teórica y sus paradojas, resultan asequibles y útiles (aún en un plano de mera denuncia) en condiciones particulares de crisis humanitarias y durante periodos delimitados, en ambientes represivos nugatorios de los derechos civiles y políticos, propios de dictaduras y/o Estados autoritarios; pero que, a contrapelo, resultan inaplicables e inviables, en términos generales, en las condiciones mayoritariamente predominantes en Estados con regímenes razonablemente democráticos o, al menos, dotados de sistemas formalmente legales de democracia.

Las potencialidades de un desarrollo vivo, creativo, del proyecto y el discurso de los dh han resultado obstaculizadas por las modificadas condiciones históricas de las sociedades y los Estados durante la segunda mitad del siglo xx y lo que va del presente. Es por ello pertinente y adecuado un replanteamiento crítico, que tome en consideración los factores históricos y asuma con radicalidad las condiciones sociales, políticas y culturales actuales para ensayar, así, una reformulación (una relegitimación) contemporánea de los dh.

Tesis 2. De la globalización y su matriz teórica básica

La complejidad inherente al debate contemporáneo de los dh encuentra ciertas claves de comprensión si se le relaciona con las condiciones de su especificación histórica. Los grandes cambios sociales, políticos, económicos y tecnológicos de finales del siglo xx a la fecha están determinados por el proceso de globalización; por eso, podemos afirmar que la especificidad contemporánea de los dh encuentra su configuración principal en la globalización. No obstante, la conexión entre el discurso de los dh y el proceso globalizador sólo puede parecer comprensible si es mediada por una matriz teórica básica, dotada de principios constructivos y operacionales práctico-materiales y también conceptual-culturales generados por las condiciones inherentes de la globalización, sus tendencias determinantes y sus tensiones polarizantes.

Las condiciones actuales de la sociedad globalizada muestran, por un lado, una fuerte tendencia hacia la homogeneización, posibilitada por pautas económicas, culturales y técnicas —estándares, hábitos y modas a partir del consumo y la producción— extendidas por todo el mundo; y, no obstante, por el otro lado, el reforzamiento de una heterogeneidad cultural a partir de la reivindicación de las diferencias inscritas en las identidades étnicas, religiosas, culturales y hasta de modos de vida de diversos tipos, que determinan que —en dichas condiciones sociales y culturales— unas y otras cohabiten en el seno de una tensa paradoja bipolar.

Un discurso renovado de los dh podría afirmarse como un territorio discursivo de mediación —y no sólo referencial normativo— entre la afirmación de los universales, con su cuota correspondiente de violencia, condición de su afirmación y realización como tales (universales impuros), de matriz occidental; y el cuestionamiento radical ejercido por los relativismos culturales y los particularismos nacionales, étnicos, religiosos y lingüísticos: el desafío multicultural a Occidente (Marramao, 2006). Paradoja de bipolaridad persistente, que no tiende a resolverse a favor de uno de los polos en tensión —homogeneización o heterogeneidad— sino que, más bien, genera un campo de fuerzas de complejas tensiones, pues a medida que las relaciones sociales se amplían, se produce también una intensificación de las diferencias, lo que indica que los procesos globalizadores carecen de esa unidad de efectos que generalmente se da por sentada al hablar de globalización.

Así, el término globalización se suele relacionar con la aprehensión de su carácter irresuelto, sus tensiones contradictorias y sus efectos indeseados: de la “sociedad de riesgo” (Beck, 2008) o “sociedad líquida” (Bauman, 2007), con espacios que fluyen (Castells, 2002), (en) un “mundo turbulento” (Rousenau, 2002) y “desbocado” (Giddens, 1999), susceptible al “choque de civilizaciones” (Huntington, 1996) fundamentado a partir del surgimiento de un “sistema mundial capitalista” (Wallerstein, 1998) y que produce, como efecto de su carácter paradojal, procesos de “individualización” (Beck y Gernsheim, 2003), “retribalización” (Maffesoli, 2004), “transculturalización” y “reterritorialización” (García Canclini, 1999).

Así, de modo escueto, podemos señalar que la globalización es un fenómeno social emergente, un proceso en curso, una dialéctica dotada con sentidos contrapuestos, opciones de valor ineludibles, con carga ideológico-política y de matriz económico-tecnológica. La globalización, bajo la determinación de su fuerte variable económica, forma parte del viejo proceso —siempre creciente— de mundialización del sistema capitalista (teorizado de modo canónico por Marx, vol. 1, 1977: 179-214).

Se trata de una fase de peculiar intensidad del sentido expansivo de la valorización del capital, donde se han desdibujado las distinciones clásicas entre mercado local y mundial, ciudad y campo y entre trabajo manual e intelectual (trabajo productivo e improductivo). Esta fase está cargada de implicaciones sociales y culturales condicionadas desde una novedosa y revolucionaria base informática y cibernética, características de la época contemporánea, que problematizan los códigos de la producción de verdades y que realizan rotundamente la tendencia de que las fuerzas productivas principales, las que más y mejor valorizan valor, sean la ciencia y la técnica.

Podemos adelantar que la matriz teórico-conceptual de la globalización en lo que se refiere a los dh, en particular, y a las ciencias y los movimientos sociales, en general, implican la postulación de un conjunto de imperativos articulados en torno a la corrosión de la idea de los universales: uno multidisciplinario, de carácter epistemológico, respecto de la vieja división del trabajo intelectual; un imperativo multiculturalista, de carácter político, ético y cultural frente a las formas pretendidamente universales de la cultura occidental, como la democracia y los dh; y, por último, la afirmación ineludible de la perspectiva de género como forma esencial de reivindicación de la diferencia frente a pretendidos universalismos justificadores, a final de cuentas, de multiplicidad de desigualdades.

Tesis 3. Imperativo multicultural

La globalización también ha alterado el significado contemporáneo de la soberanía política y jurídica y, con ello, se ha agudizado un debilitamiento de las estructuras estatales frente a las dinámicas que rigen el escenario global. El desplazamiento de la centralidad del Estado (y su soberanía) se contraponen y colisionan, determinando espacios y tiempos de incertidumbre, agravados por nuevos tipos de violencia (algunos extremos como la violencia del terrorismo y del narcotráfico en algunos países, hasta prácticas de genocidio y limpieza étnica) donde, con la participación del Estado, los dh quedan situados en una tensa ambigüedad crítica (legal, política y moral).

Con el fin del bipolarismo global, un conjunto de fuerzas, reacciones, viejas reivindicaciones y aspiraciones encontraron en la afirmación de la heterogeneidad un punto focal; la diferencia se constituyó, así, en el motor del principio de autonomía y en el potencial criterio para el constructo de las identidades individuales y colectivas. El poderoso imperativo multicultural —especie de gran envite teórico y cultural de las diferencias— se convierte en un desafío e impele a un diálogo con las culturas periféricas, pero también en el seno mismo de las sociedades democráticas de Occidente, respecto a las reivindicaciones valorativas de diferencia y reconocimiento culturales.

Esta irrupción del pluralismo y la heterogeneidad, en disputa con el universalismo y la homogeneidad todavía dominantes —aunque erosionados—, se encuentra asociada de manera indisoluble a la figura del Estado. La tensión entre dh (cuyo horizonte intelectual y derechos positivizados se ubican por tradición en un plano de adscripción universal y bajo un principio de igualdad general) y el multiculturalismo (como reconocimiento a las diferencias de pertenencia cultural e identidad particulares) surge cuando las demandas de grupos diferenciados por su cultura, reticentes a la aceptación del significado universalmente válido de los valores y las finalidades de la cultura occidental dominante, paradigmáticamente expresados en la forma democrática y en los dh, resultan imposibles de reivindicar sin desprenderse de su interrelación con el Estado (que las asume como inasimilables); ese espacio político —de supuesta igualdad universal—, integrado a partir de conceptos universales y presuntas condiciones de homogeneidad, queda puesto en cuestión. No obstante, lo que prevalece es la confrontación práctica e intelectual, toda vez que el carácter inescapable del conflicto de valores está implícito en el impulso históricamente dominante de la perspectiva occidental y sus formas político-culturales (dh incluidos). Así, las contradicciones se precipitan al territorio dirimente de la política y la lucha por el reconocimiento como condición básica de la construcción y entendimiento de los dh.

En esa discusión —derivada del desafío teórico, político e institucional del multiculturalismo—, la temática de los dh ha ocupado un lugar central, tanto como objeto de crítica valorativa (toda vez que su construcción y fundamentación se han realizado en clave monocultural —occidental—) como por el desarrollo de un debate de revaloración, redefinición y relegitimación del discurso y la teoría de los dh de cara a las modificadas condiciones de nuestras sociedades globales.

Tesis 4. Imperativo multidisciplinario

Derivada de la matriz teórica básica generada por la globalización, sus consecuencias y determinaciones, en particular una de éstas, la del debilitamiento crítico del Estado nacional y de la noción dura de soberanía, es que las tendencias contrapuestas de la globalización condicionan al movimiento y a la teoría de los dh. Es, en virtud de ello, que se ha inducido y desarrollado recientemente una mutación en el discurso juiridicista dominante. Se trata de un desajuste crítico que tiende a desplazar al derecho del centro hegemónico en el discurso de los dh, y que propicia la irrupción del conjunto de las ciencias sociales y la filosofía en su conformación y desarrollo internos.

El impacto de este desarrollo crítico de la teoría de los dh no ha sido referencia exclusiva del ámbito jurídico, sino que se ha extendido al de las ciencias sociales en su conjunto; ha inducido una relativización de sus respectivos campos de conocimiento y una interrelación más intensa entre las distintas disciplinas (Estévez y Vázquez, 2010); asimismo, en ciertos territorios, como la filosofía del derecho y la filosofía política, a un radical y complementario intercambio conceptual. De lo indicado aquí es que se desprende un imperativo multidisciplinario al discurso de los dh, exigencia que interpela toda pretensión crítica y de adecuación a las circunstancias reales de una teoría actualizada de los dh. La complejización, extensión y debilitamiento del derecho como la modalidad hegemónica en la descripción, constitución y legitimación teorética de los dh ha llevado a la necesidad de una aproximación multidisciplinaria.

El movimiento y el discurso de los dh son tema relevante y esencial, referente obligado tanto política como jurídica y socialmente en el debate contemporáneo. La complejidad y riqueza que engloba el concepto dh nos impele a trasladar su estudio —una migración cultural— hacia una perspectiva más amplia que la generada por la especialización actual de las disciplinas del conocimiento humano. Si bien es cierto que el estudio del tema de los dh por tradición nos ha remitido al terreno jurídico, también es cierto que el debate y la investigación están (y han estado) lejos de agotarse en ese ámbito. El otrora discurso dominante del derecho se ha visto impelido a un replanteamiento radical respecto de los dh y a enfrentar inéditos problemas conceptuales, así como numerosos desafíos teóricos y metodológicos en ese ámbito.

En una perspectiva multidisciplinar no es plausible un solo enfoque, un solo método, una sola perspectiva para entender y hacer frente a sistemas complejos determinantes en la vida social (Kline, 1995: 10), como es el caso de los dh y de otros discursos y conocimientos ligados a la acción. Es necesario fragmentar y estudiar analíticamente las piezas de los sistemas complejos para poder entender el sistema en su conjunto, ya que, de no hacerlo, sólo conoceremos los elementos por separado y no su estructura y totalidad.

La posibilidad de un discurso multidisciplinario de los dh sólo se podrá construir en ausencia de enfoques universales, mediante la búsqueda de sistemas de definición y por la necesidad de incorporar —como método de control— diversos puntos de vista o dictámenes referenciales basados en otras disciplinas.

Para el estudio crítico de los dh, como conocimiento de la conexión del saber teórico con una práctica vivida, como el estudio de un objeto práctico y su correspondiente “dominio objetual” (Habermas, 1987: 76-ss.) tenemos que asumir la crítica de la comunicación hegemonizada por el discurso jurídico, que contiene una legitimidad limitada a lo legal[4] (una legitimidad incompleta y, por ende, sólo en y de apariencia). Por ello, hemos de evitar a toda costa arribar a una consideración derivada sólo del tipo de experiencia y acción determinados con criterios unilateralmente jurídicos (positividad, legalidad y formalismo).

El trabajo interdisciplinario representa un intento de colaboración entre disciplinas; en ese sentido, el discurso de los dh no sólo habla de jurisprudencia, leyes y normas sociales, sino también de economía, psicoanálisis, sociología, religión y antropología. El trabajo entre disciplinas nos permite no únicamente analizar (en sentido fuerte: “descomponer”) temas que en apariencia refieren sólo a un área del conocimiento, sino observar el hecho de que también interpela a otras ramas separadas del conocimiento humano y de la naturaleza.

En el plano subsiguiente a la interdisciplina, corresponde a la multidisciplinariedad, es decir, al conjunto de las ciencias sociales y a la filosofía (social, política, del derecho) lidiar con ese objeto poliédrico, complejo y múltiple que es el movimiento-comunidad imaginada de los dh. Práctica valorativa, de intervenciones múltiples, generadora de normas e instituciones diseñadas con la finalidad de la protección y el respeto de la dignidad de las personas; discurso social multidisciplinar que es discurso de los movimientos y las instituciones y de la relación —feliz o infeliz— con las instituciones mismas. Asumir la multidisciplinariedad de los dh presupone y produce una distancia (insuperable e insoportable) con las instituciones que los administran, gestionan y (autocríticamente) para quien piensa esa relación. Ya no es posible un pensamiento ingenuo, se quebranta la inocencia con respecto a permitir el cumplimiento feliz de las expectativas de las instituciones. Ésa es una de las paradojas de tensión irresoluble de los dh.

La paradoja posee, al menos, la virtud de recordar una de las características fundamentales de las ciencias de la sociedad: todas las aseveraciones que se enuncian pueden y deben predicarse por el sujeto que realiza la reflexión. Si la teoría de los dh no introduce esa distancia objetivadora (crítica), entonces, el discurso de los dh sucumbe a la pendiente resbaladiza del maniqueísmo: la parábola del inquisidor radical que desde las organizaciones de la sociedad civil abdica en favor de una representación populista del pueblo, o el inquisidor institucional que desde el poder de las instituciones públicas de defensa de los dh abdica en favor de las autoridades estatales.

El problema no consiste en hacer lo interdisciplinario o lo multidisciplinar per se, sino qué es lo multidisciplinar que hay que hacer. No se trata de un imperativo de moda intelectual, ni siquiera de la aplicación de un correctivo teórico que pondere la hegemonía del discurso jurídico, dados sus efectos debilitadores de la teoría y la práctica de los dh. Resulta pertinente asumir el imperativo multidisciplinario, producto obligado de la complejidad de la globalización, toda vez su inherente correspondencia con el sentido emancipatorio que anima o debería animar la teoría y la práctica de los dh.

Tesis 5. Imperativo de género

El feminismo y los estudios de género tuvieron un desenvolvimiento intelectual y un arraigo material inusitado y exitoso a lo largo del siglo pasado. Si alguna revolución cultural contemporánea se mantiene invicta ésa es la del feminismo contemporáneo (con todo y sus contradicciones, divisiones y diásporas). Al igual que otros movimientos sociales radicales que reivindican reconocimiento, el feminismo inserta la cuestión propia de las diferencias dentro del ámbito y el lenguaje de pretensión universalista propio de los dh. En sí, el discurso feminista emplaza el debate sobre los dh a partir de la subversión de la distinción entre universalidad y diferencia.

La coincidencia de época en el surgimiento tanto del pensamiento político liberal de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano como del pensamiento feminista emergente, ambos a finales del siglo xviii, ha producido al menos dos principios definitorios de la disociación entre feminismo y dh; por un lado, respecto del universalismo de las declaraciones canónicas y, por otro, la afirmación de presupuestos implícitos en la perspectiva del concepto de género, la noción de diferencia, así como de los recursos conceptuales y políticos presentes en la tradición del discurso y la práctica feministas.

Género es un (relativamente) nuevo concepto que, además de su inherente ánimo crítico, contiene pretensiones políticas reivindicativas radicales. Con esto, no se trata sólo de situar la noción de género en relación con la perspectiva interpretativa que lo tiene como matriz, esto es, con los movimientos feministas, sino la de enfatizar su carácter esencialmente político.

El concepto de género es simbolización de la diferencia sexual; aquí lo propiamente simbólico consiste en la institución de códigos culturales que, mediante prescripciones fundamentales —como es el caso de las de género— reglamentan el conjunto de la existencia humana en sociedades y periodos históricos específicos (Lamas, 1996). Esta simbolización cultural de la diferencia anatómica sexual toma forma en un conglomerado de prácticas, ideas, discursos, símbolos y representaciones sociales que influyen y condicionan la conducta objetiva y subjetiva de las personas en función de su sexo.

La noción de género ofrece la posibilidad de pensar el carácter de constructo cultural que tienen las diferencias sexuales; el género es una producción social y cultural históricamente especificada, más allá de la propia estructuración biológica de los sexos (incluso, de la orientación de las preferencias), de las identidades de género, de su función y relevancia en las organizaciones sociales. Desde luego, es relevante el papel innegable y paradigmático que opera en la estructuración de la igualdad y la desigualdad en las sociedades.

Asimismo, detrás de los movimientos reivindicatorios y en particular del movimiento feminista, existe una “semiotización de lo social” (Gutiérrez, 1997: 59); esto es, que la fuerza inventiva del movimiento feminista, sus contribuciones, no sólo pasan por las posibilidades heurísticas del concepto y la perspectiva de género sino también por todo lo que deriva de su potencial crítico y deconstructor de ciertos paradigmas teóricos, pero también prácticos (Gutiérrez, 1997: 60-ss.). Con ello, tal semiotización de lo social debe entenderse como el sello del horizonte epistemológico contemporáneo, resultado de las estrategias teóricas más diversas, desde la recuperación de la dimensión del sentido de historicistas y hermeneutas, hasta el giro lingüístico de estructuralistas, postestructuralistas y filósofos del lenguaje; y al arribo conclusivo a tesis sólidamente establecidas y ya teóricamente referenciales, como la de que “toda relación social se estructura simbólicamente y todo orden simbólico se estructura discursivamente” (Gutiérrez, 1997: 59).

Los afanes teóricos del feminismo no son fáciles de deslindar de la política feminista. Con su práctica política, las feministas contribuyeron a cimbrar ciertos paradigmas políticos de la derecha y de la izquierda acerca de cómo pensar y hacer política. La posición teórica feminista ha emplazado, a través de la idea de género, la desarticulación de ciertos paradigmas de la modernidad y de la lógica esencialista en que se sustentan.

Dos de los principales dispositivos teóricos criticados, en su momento, por la teoría feminista: el cuestionamiento del paradigma liberal y sus ejes fundamentales, el racionalismo y el humanismo, han incidido directamente en el corpus conceptual de las configuraciones clásicas dominantes del discurso de los dh. La hostilidad histórico-emblemática del feminismo respecto de las teorías embrionarias de dh (plasmada en la condena a la guillotina de la “girondina” Olympe de Gougés, opuesta a la ejecución del rey y autora de la malhadada Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana…), encontró respaldo teórico y conceptual fuerte (aunque tardío), mediante la problematización con perspectiva de género de la desigualdad y la discriminación de las mujeres en las concepciones, textos y prácticas originarios del movimiento y el discurso de los dh.

El arraigo de las teorías feministas en los modos culturales y de pensamiento contemporáneos, su distancia crítica respecto al proyecto y discurso de los dh, ha mostrado deconstructivamente las inconsistencias de su matriz universalista; asimismo, ha cuestionado el prejuicio radical de la izquierda, en especial la de corte marxista, que no permitía incorporar y reconocer en sus organizaciones y en su discurso la especificidad de la problemática de género, el carácter propiamente cultural de su origen y que, con ello, negaba e invisibilizaba la marginación, el menosprecio y la subordinación de las mujeres en el universo político cultural de las izquierdas.

Tesis 6. Del sufrimiento y la noción de víctima

Una de las cuestiones trascendentes que el discurso crítico de los dh no puede soslayar es la pregunta acerca de si la teoría social y filosófica del siglo xxi será capaz de encontrar significado al sufrimiento humano socialmente generado. La validez y autenticidad del empeño crítico del discurso de los dh ante el sufrimiento de las víctimas solo podrán ser reivindicadas y sustentadas si mantienen la conciencia alerta respecto del reconocimiento de la fragilidad de las pretensiones de la teoría crítica, así como de la condición malamente existente de los dh en la actualidad.

El discurso crítico de los dh, en tanto que saber alimentado de prácticas de resistencia, tiene que ser parte activa en esta deconstrucción de los relatos socioestatales de integración y consuelo del sufrimiento. La militancia de los dh al lado de las víctimas y el compromiso de su teoría con el desentrañamiento crítico de lo que provoca el sufrimiento, la violencia y la vulneración de la dignidad de las personas imponen nuevas tareas a la agenda teórica y práctica del movimiento de los dh.

La meditación acerca del sufrimiento resulta inexcusable en la actualidad, puesto que aparece como la vía material que comunica tanto con la noción de víctima así como con el concepto de dignidad. Para la teoría contemporánea de los dh, la relación entre violencia y dignidad vulnerada no es directa. Está mediada por la (noción de) víctima. Tanto la violencia como la dignidad humana (vulnerada) son perceptibles a partir de la vida dañada en las víctimas, cuyo registro radica en las narrativas del sufrimiento.

Una perspectiva crítica de la idea de víctima propicia la apertura a una doble dimensión epistemológica, tanto propiamente cognoscitiva como en su función heurística: a) la víctima es punto de partida metodológico, plausible para una investigación crítica del núcleo básico ético de una teoría de los dh, a partir del estudio de la violencia; b) la víctima es la mediación necesaria con la dignidad dañada o vulnerada que se implica en ella, toda vez que la aproximación o el asedio conceptual a la idea de dignidad humana sólo ocurre idóneamente por vía negativa, esto es, a través de las múltiples formas de daño y de vulneración de la dignidad de las personas.

La revisión crítica de la noción de víctima, de alta complejidad y riqueza de determinaciones, supone asumirla como la mediación plausible entre las nuevas determinaciones y modalidades de la violencia estatal y societal contemporánea respecto de la dimensión de la dignidad humana.

El apelar a las violaciones de la dignidad humana en el siglo xx, con el involucramiento del discurso de los dh en ello, posibilitó el descubrimiento de la función heurística de la noción de víctima y, con ello, el concepto de dignidad humana pudo cumplimentar con su tarea como fuente de ampliación de nuevos derechos.

No obstante, resulta pertinente deconstruir críticamente la noción de la dignidad humana, asumirla como una noción vacía de contenidos conceptuales y no como derivada de alguna fundamentación axiomática particular (de imposibles consensos); recurrir, en cambio, a un uso del concepto de dignidad como postulado de la razón práctica contemporánea, como referente de potencialidad normativa para la convivencia social.[5] La dignidad humana vulnerada por la violencia tiende a convertirse, entonces, en la vía que constata y confirma, en clave de dh, la condición de víctimas, en el criterio que pondera y reconoce su sufrimiento y el horizonte proyectivo de su emancipación.

La revisión crítica de la noción de víctima, con la mira en la pretensión de contribuir a una fundamentación ética de los dh, supone asumirla como la mediación plausible entre las nuevas determinaciones y modalidades de la violencia estatal y societal contemporánea con la dimensión de la dignidad humana (Arias, 2012a). Su estudio resulta un asunto crucial para el discurso social, filosófico y jurídico de los dh; análisis y reinterpretación de la ecuación discursiva señera de los dh, el clásico nudo fundamental —históricamente siempre repensado— de la relación violencia-víctima-dignidad. Como se sabe, la relación entre violencia y dignidad vulnerada no es directa, se encuentra mediada por la noción de víctima; de ahí su importancia teórica y metodológica. Así, la problemática generada por el tratamiento crítico (Arias, 2012a: 16-ss.) de esos temas constituye actualmente —como desde su origen— la columna vertebral de los dh.

Tesis 7. De la construcción de una noción crítica de víctima y sus dificultades

La noción de víctima, en la evolución y en las cristalizaciones diversas de sus significados, es una noción vaga, cargada de polivalencia semántica y de polisemia cultural donde, sin embargo, los significados sacrificiales persisten a lo largo del tiempo, y las diferencias culturales prevalecen y siguen siendo dominantes. Esta noción, de entrada, estimula aproximaciones intuitivas y favorece una batería de prejuicios, fundamento de muchos de los obstáculos epistemológicos (Bachelard, 2000) para la producción de un concepto crítico de víctima.

El modo de trabajo o procesamiento racional sobre el concepto de víctima ha tenido tradicionalmente la deriva dominante del derecho, de manera que la noción de víctima con mayor y mejor carga intelectual resulta ser predominante y unidimensionalmente juridicial (en la perspectiva legal, ser víctima se reduce a ser víctima de un delito). En el plano del derecho internacional de los dh, la Resolución 60/147 (onu, 2005) es el instrumento legal más avanzado respecto de las víctimas y sus correspondientes derechos.[6] No obstante que esta definición contiene elementos novedosos, no deja de ser insuficiente para una construcción crítica de la noción de víctima. La definición (amén del proverbial autorreferencialismo del derecho internacional) resulta limitada, simplificadora y restrictiva.

Lo anterior refuerza la pertinencia de un trabajo teórico-político-jurídico para la construcción de un concepto —complejo, suficiente y funcional— de víctima. Teóricamente, se hace evidente la necesidad de construir una noción metodológicamente comprensiva y explicativa a la vez. Comprensiva, en el sentido de ser construida de acuerdo con sus finalidades prácticas (lógica medios-fines), y explicativa en tanto que dotada de elementos aptos para la producción de conocimiento de base empírica: observación, descripción, ordenamiento, clasificación, cuantificación, proyección, de modo que sirva para el establecimiento de relaciones causa-efecto (lógica de antecedentes y consecuentes).

La parafernalia técnico-administrativa relativa al interés pragmático, propio del saber jurídico, ha resultado ser velo y complemento de los significados de sacrificio y resignación inherentes a la idea de víctima, contenidos arcaizantes y con resonancias teológicas; tales traslapes y reverberaciones son parte de un proceso de revictimización o de una sistematización formalista y formalizadora de la victimización.

La crítica reflexiva y la práctica respecto del concepto de víctima llevan a un replanteamiento respecto de ideas y prácticas asociadas con ella; tal sería el caso de la crítica hacia el uso de la vulnerabilidad ligada a sus connotaciones como debilidad: la noción convencional de víctima se limita al umbral de la queja victimante, dificultando todavía más la proclama de la protesta y, como consecuencia, no logra acceder a la conformación de un discurso teórico y práctico crítico y transformador de la víctima en su condición yaciente, adolorida y subordinada.[7]

Amén de todos esos elementos, que son intrínsecos, inmanentes, al concepto convencional de víctima, hay que considerar los factores extrínsecos, trascendentes, entre los que destacan las referencias a la etnicidad, las circunstancias socioeconómicas, la edad y el tipo de áreas donde se desenvuelven las víctimas. En términos genéricos, todos estos elementos exógenos remiten al exceso de violencia y su correlativo plus de sufrimiento socialmente producido, e indican una multiplicación de potenciales víctimas en las actuales circunstancias de las sociedades de riesgo contemporáneas.

Estos factores extrínsecos, que configuran el entorno o contexto que induce (potencia o estimula) un exceso de sufrimiento social inasimilable, generan también perentoriamente la necesidad de procurar un concepto de víctima complejo, amplio, dinámico y funcional para lidiar mejor (procesar adecuadamente) esa sobrecarga de violencia sobre la sociedad.

Es más fácil hablar de la injusticia que de la justicia. La justicia es oscura; la injusticia, clara. Sabemos mejor qué es la injusticia, pero es mucho más difícil hablar de lo que es la justicia. ¿Por qué? Porque hay un testigo de la injusticia que es la víctima. La víctima puede decir: “aquí hay una injusticia”. Pero no hay testimonio posible de la justicia, nadie puede decir: “yo soy el justo”. Así establece Alain Badiou (1999: 49) las premisas para ensayar una fundamentación de la ética en clave victimal.

Estar del lado de las víctimas (Foucault) es el compromiso moral por excelencia del movimiento de los dh (defensores, estudiosos, activistas, agentes jurídicos, políticos…). Esa toma de postura no supera, pero sí resalta la asimetría entre la víctima de la injusticia y la idea de justicia, disonancia entre derecho (procedimental) y justicia (valorativo). Derrida sentencia que el derecho, por el hecho mismo de ser deconstruible, posibilita la deconstrucción; en tanto que la justicia, al no ser de suyo deconstruible, resulta ser —per se— la deconstrucción misma; el revulsivo crítico (teórico y práctico) permanente.

La producción de una definición crítica de víctima, que atienda con rigor las exigencias teóricas y prácticas que el tiempo presente reclama, requiere, en primera instancia, de una deconstrucción de la noción dominante de víctima, caracterizada como de índole sacrificial y juridicista. No obstante, las dificultades epistemológicas no se agotan en ello. ¿Quién define a la víctima? La necesidad de designar a la víctima, de ser mostrada, verificada, creída en tanto que tal, resulta inherente y consustancial al carácter de la noción de víctima, resultado de una interacción de poder (mando-obediencia o dominante-dominado o victimante-victimado); la noción de víctima es relacional.

El primer criterio definitorio de la víctima —y un primer obstáculo a su conocimiento crítico— es el de la discriminación política. La calificación de quién es víctima se realiza desde el interior de una política. Las víctimas de los actos de terrorismo del 11 de septiembre son calificadas, sin asomo de duda, como víctimas; en tanto que civiles muertos por la acción de un avión no tripulado en Afganistán resultan ser daños colaterales.

Un segundo obstáculo epistemológico, matriz de sucesivos problemas, es el hecho de la autodesignación de la víctima. Ésta se presenta como tal; si la aceptamos en esa condición, entonces, la noción de víctima deja de ser una cuestión de conocimiento y se convierte en una de creencias. Para ganar legitimidad (recordar que sólo es legítimo lo que se cree legítimo —vieja enseñanza del viejo Weber—), la víctima tiene que probar que es víctima.

La consecuencia genera una nueva dificultad. La víctima que se nos revela lo hace por vía de mostrar (ofrecerse) como el espectáculo del sufrimiento. Aquí la injusticia es un cuerpo sufriente visible; la injusticia es el espectáculo de las personas sometidas a suplicios, hambrientas, heridas, torturadas (en la gran fuerza del espectáculo hay un sentimiento de piedad que genera un impulso a la acción, a la solidaridad… aunque —como advertía Adorno— hay que tener mucho cuidado con la piedad o con la compasión.

Pero si la víctima es el espectáculo del sufrimiento, se puede equívocamente concluir que la justicia atañe solamente a la cuestión del cuerpo, el cuerpo sufriente, las heridas de la vida que parecen dejar sin aliento a la idea, a lo enhiesto, más allá de la víctima que yace sufriente.

La injusticia se revela a partir de una queja. La injusticia está ligada a la protesta de la víctima.

Tesis 8. La víctima del menosprecio y la lucha por el reconocimiento

Uno de los caminos a explorar para la conformación de un concepto crítico de víctima consiste en la reconfiguración de la tensión fundamental inherente a las relaciones de poder, cuyo resultado es una interacción intersubjetiva en la que uno o unos mandan y dominan y otro u otros obedecen y son dominados. Honneth reconstruye una tipología (a partir de la tradición crítica, dialéctica: Hegel-Marx-Adorno-Habermas-Honneth) de tres modalidades de menosprecio, condición básica de la victimización de los sujetos. El menosprecio (su contraposición dialéctica será la exigencia de reconocimiento) se propone como un “comportamiento que no sólo representa una injusticia porque perjudica a los sujetos en su libertad de acción o les causa daño, sino también en la designación de los aspectos constitutivos de un comportamiento por el que las personas son lesionadas en el entendimiento positivo de sí mismas y que deben ganar intersubjetivamente”. Las formas o figuras del menosprecio son, principal y paradigmáticamente: la humillación física, la privación de derechos, y la desvalorización social.

La primera esfera o forma de menosprecio la constituye la humillación física, misma que comprende el maltrato, la tortura y la violación, que pueden considerarse, amén de violaciones a los dh o delitos, como las formas más básicas de victimización del ser humano (Honneth, 2010: 37); asimismo, son formas de ataque a la integridad física y psíquica. Se trata del intento de apoderarse del cuerpo de otro individuo contra su voluntad, como en la tortura o en la violación. La humillación física, en tanto forma de menosprecio, se identifica de manera estrecha su relación con la de víctima. Sin embargo, se puede ser víctima también a partir de la privación de derechos y de la explotación social.

La segunda esfera o incluye la desposesión, la privación de derechos y la exclusión social. Esa forma de menosprecio se da cuando el hombre es humillado al no concederle la imputabilidad moral de una persona jurídica de pleno valor, en la privación de determinadas prerrogativas y libertades legítimas (Honneth, 2010: 97). Se considera que el individuo no tiene el estatus de un sujeto de interacción moralmente igual y plenamente valioso.

En la historia del derecho, en particular, en el desarrollo del derecho penal, la figura de víctima y su apartamiento del proceso judicial fue premisa indispensable para la realización de un proceso objetivo, significativo paso civilizatorio que contribuyó a la superación del ojo por ojo; empero, históricamente se ha producido un efecto indeseado: no sólo se ha distanciado a la víctima sino que se la ha excluido, y con ello se ha negado la idea de que las víctimas sean también sujetos de derecho.

Por último, la tercera esfera o forma de menosprecio es la deshonra o desvalorización social. Aquí se menosprecia el modo de vida de un individuo singular o de un grupo, esto es, la degradación del valor social de formas de autorrealización (Honneth, 2010: 97). El individuo sufre la consecuencia de que no puede recurrir, a través del fenómeno positivo de la apreciación social, a su propia autovaloración y, en el mismo sentido, se ve inducido y presionado a devaluar su forma de vida propia y a sufrir una pérdida de autoestima. La imagen de víctima resulta aquí sintomática, toda vez que esa condición es una figura inferiorizada y fuertemente cargada de un sentido propicio a la compasión.

Cada una de estas formas de menosprecio, circunstancias que son vividas como injustas y/o que provocan sensaciones de desprecio, son las que configuran también exigencias de reconocimiento. La clave de la conexión entre daño moral y negación de reconocimiento es la experiencia concreta de la víctima, violaciones a la dignidad y ausencia de respeto hacia los individuos: la humillación y maltrato físico, la privación de derechos o la desvalorización social. Del lado de la víctima, lo que la define es que no puede ver garantizada su dignidad o su integridad, en términos de Honneth, “sin la suposición de un cierto grado de autoconfianza, de autonomía garantizada por la ley y de seguridad sobre el valor de las propias capacidades, de modo que no le resulta imaginable el alcance de su autorrealización” (Honneth, 2010: 31).

Tesis 9. De los derechos humanos y la lucha por el reconocimiento

Es cierto que se hace y se puede hacer política con los dh, se les puede instrumentalizar y utilizar para objetivos ajenos, políticamente correctos o impresentables, al servicio de los de arriba o los de abajo, por el mantenimiento del statu quo o su modificación, igualitarios o para agudizar las desigualdades. No obstante, esas instrumentalizaciones políticas no eliminan el sentido político inmanente propio de los dh.

Ese sustrato, lo intrísecamente político del proyecto y el discurso de los dh, radica en que lo específico y común de esas múltiples prácticas de resistencia, reclamo, imposición y emplazamiento de actos, hechos o acontecimientos de tensión de la correlación de fuerzas conlleva e implica exigencias de reconocimiento. Ese carácter consiste en emplazar relaciones de poder en términos de reconocimiento, de lucha por el reconocimiento; en otras palabras, instaurar acontecimientos políticos. Tal es lo que define lo esencialmente político de los dh.[8]

Al resistir (decir: “¡no!, ¡basta!, ¡así no!, ¡no más!”), los individuos y grupos se oponen al abuso de poder, pero también reivindican, emplazan, estatuyen una exigencia de reconocimiento respecto del otro, del que violenta, abusa, explota… ¿Reconocimiento de qué? De la dignidad…, responde el discurso de los dh; de la alteridad —en pie de igualdad—, en virtud de ser sujetos libres. Los sujetos enhiestos (víctimas puestas de pie) reivindican emancipación, libertades —derechos—, regulaciones, garantías (de cara al Estado); se plantan libremente, con valor, desafiantes… con dignidad, se dice. Dignidad que es discernible, constatable y afirmable sólo por vía negativa. Ante su denegación, el abuso y las violencias que la vulneran; ante la negación de libertades y la desigualación de los iguales, esas promesas incumplidas de la Ilustración moderna,[9] de las que se nutre el imaginario conceptual y político del movimiento (comunidad imaginada) de los dh.

Desde esa radicalidad, relativa al carácter político intrínseco de los dh, es que resulta adecuado suponer que las víctimas estarían en posibilidad de sobreponerse al politicismo inherente en cómo las califican y en su autodesignación; asimismo, podrían coadyuvar al diseño e instrumentación de una política, entendida como disciplina ante las consecuencias del acontecimiento, una política victimológica en clave de dh.

La noción crítica de víctima, en tanto que elemento apto para coadyuvar a una fundamentación ética de los dh, asume un papel trascendente en la lucha de sujetos que reivindican aspectos no reconocidos de su identidad —por la vía de la conciencia de haber sufrido una injusticia. Es a partir de ese momento que la víctima, al igual que los maltratados, excluidos o despreciados (diversos grupos victimizados que han experimentado formas de negación del reconocimiento), no sólo sufren el menosprecio de su condición, sino que pueden descubrir que este menosprecio en sí mismo puede generar sentimientos, emociones y el impulso moral que motivan e impelen comportamientos y acciones (prácticas) para devenir en sujetos activos de luchas por el reconocimiento.

Situar el concepto de reconocimiento, con su potencial carácter crítico, deconstructivo, en la construcción de un concepto crítico de víctima (complejo, abierto, dinámico, funcional), significa asumir la centralidad del conflicto bajo un entendimiento de su función positiva (creativa) de integración social, a condición de que se le deje de ver de un modo limitado y negativo, como ha sido el caso desde la perspectiva teórica dominante. Las luchas de reconocimiento, históricamente, han generado la institucionalización de ciertas prácticas sociales que evidencian el pasaje de un estadio moral a otro más avanzado —un aumento de la sensibilidad moral, señala Honneth (2010: 37).

La lucha de los grupos sociales por alcanzar formas cada vez más amplias de reconocimiento social se convierte, muta en una fuerza estructurante del desarrollo moral de la sociedad. Ése ha sido el sentido humanista del movimiento y la teoría de los dh; toca a su reformulación crítica insistir en la articulación de la noción —yaciente— de víctima con un proyecto —enhiesto— de resistencia y emancipación.

Así, en dicha perspectiva, la lucha social no puede explicarse sólo como resultado de un conflicto entre intereses materiales en oposición sino también como consecuencia de los sentimientos morales de injusticia; una gramática moral de los conflictos sociales (Honneth, 1995). La víctima, cuya visibilidad es posible a través del sufrimiento, se constituye primordialmente en esa imagen inicial de injusticia; no debiera permanecer en la queja sino levantarse para la proclama. (¿Son los dh el revulsivo de esa metamorfosis?).

Fuentes

Adorno, Theodor W. y Max Horkheimer

1998 Dialéctica de la Ilustración. Fragmentos filosóficos. Madrid: Trotta

Anderson, Benedict

1993 Comunidades imaginadas. Buenos Aires: fce.

Arendt, Hannah

1982 Sobre los orígenes del totalitarismo. Madrid: Alianza Editorial.

Arias Marín, Alán

2012a “Derechos humanos: entre la violencia y la dignidad”, Derechos Humanos México. Revista del Centro Nacional de Derechos Humanos (cndh) 7, no. 19: 13-36.

2012b “Aproximación a un concepto crítico de víctima en derechos humanos”, Derechos Humanos México. Revista del Centro Nacional de Derechos Humanos (cndh) 7, no. 20: 11-40.

2008 “Globalización y debate multicultural. Un nuevo imperativo contemporáneo”, Derechos Humanos México. Revista del Centro Nacional de Derechos Humanos (cndh) 3, no. 12: 7-44.

Bachelard, Gastón

2000 La formación del espíritu científico. México: Siglo xxi.

Badiou, Alain

1999 El ser y el acontecimiento. Buenos Aires: Manantial.

Balibar, Ettienne, e Immanuel Wallerstein

1991 Race, Nation, Class: Ambiguous Identities. Londres: Verso.

Bauman, Zygmunt

2007 Tiempos líquidos. Barcelona: Tusquets.

Baxi, Upendra

2008 The Future of Human Rights. Oxford: Oxford University Press.

Beck, Ülrich

2008 La sociedad del riesgo mundial: en busca de la seguridad perdida. Barcelona: Paidós.

Beck, Ülrich y Elisabeth Gernsheim

2003 La individualización: el individualismo institucionalizado y sus consecuencias sociales y políticas. Barcelona: Paidós.

Beuchot, Mauricio

2008 Derechos Humanos. Historia y filosofía. Biblioteca de Ética, Filosofía del Derecho y Política. México: Fontamara.

2005 Interculturalidad y derechos humanos. México: Facultad de Filosofía y Letras (ffyl), unam/Siglo xxi.

Brown, Wendy

2004 “‘The Most We Can Hope for…’: Human Rights and the Politics of Fatalism”, The South Atlantic Quarterly 103, nos. 2-3 (primavera-verano).

Castells, Manuel

2002 La era de la información, tomo I. México: Siglo xxi.

Dembour, Marie-Bénédicte

2006 Who Believes in Human Rights? Reflections on the European Convention. Londres: Cambridge University Press.

Dembour, Marie-Bénédicte, Jane Cowan y Richard Wilson, eds.

2001 Culture and Rights: Antropological Perspectives. Londres: Cambridge University Press.

Derrida, Jacques

2001 On Cosmopolitanism and Forgiveness. Nueva York: Routledge.

Donnelly, Jack

1994 Derechos humanos universales: teoría y práctica. México: Gernika.

Douzinas, Costas

2007 Human Rights and Empire, the Political Philosophy of Cosmopolitism. Abingdon, R.U.: Routledge-Cavendish.

2000 The End of Human Rights: Critical Legal Thought at the Turn of the Century. Oxford: Hart Publishing.

Engle Merry, Sally

2009 Human Rights and Gender Violence: Translating International Law into Local Justice. Chicago: University of Chicago Press.

Estévez, Ariadna y Daniel Vázquez, coords.

2010 Los derechos humanos en las ciencias sociales: una perspectiva multidisciplinaria. México: cisan, unam/Flacso México.

García Canclini, Néstor

1999 La globalización imaginada. Barcelona: Paidós.

Gewirth, Alan

1996 The Community of Rights. Chicago: University of Chicago Press.

Giddens, Anthony

1999 Un mundo desbocado. México: Taurus.

Gutiérrez, Griselda

1997 “El concepto de género: una perspectiva para repensar la política”, La Ventana, no. 5 (julio): 55-71.

Habermas, Jürgen

1998 Facticidad y validez: sobre el derecho y el estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso. Madrid: Trotta.

1987 Teoría de la acción comunicativa, vol. 1. Madrid: Taurus.

1976 La reconstrucción del materialismo histórico. Madrid: Taurus.

Honneth, Axel

2010 Reconocimiento y menosprecio. Sobre la fundamentación normativa de una teoría social. Buenos Aires: Katz.

1995 The Struggle for Recognition. The Moral Grammar of Social Conflicts. Cambridge, Mass.: The mit Press.

Huntington, Samuel

1996 The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. Nueva York: Simon and Schuster.

Kline, Stephen Jay

1995 Conceptual Foundations of Multidisciplinary Thinking. Palo Alto, Calif.: Stanford University Press.

Korsch, Karl

1981 Karl Marx. Madrid: Ariel.

Lamas, Martha, comp.

1996 El género. La construcción cultural de la diferencia sexual. México: Programa Universitario de Estudios de Género (pueg), unam /Miguel Ángel Porrúa.

Lefort, Claude

2004 La incertidumbre democrática. Ensayos sobre lo político. Barcelona: Anthropos.

MacIntyre, Alasdair

2001 Tras la virtud. Barcelona: Crítica.

Maffesoli, Michel

2004 El tiempo de las tribus. México: Siglo xxi.

Marramao, Giacomo

2006 Pasaje a Occidente. Buenos Aires: Katz.

Marx, Karl

1977 El capital, volumen 1. México: Siglo xxi.

Morales, Cesáreo

2010 ¿Hacia dónde vamos? Silencios de la vida amenazada. México: Siglo xxi.

2008 “¿Qué es el hombre como tal?”, Derechos Humanos México. Revista del Centro Nacional de Derechos Humanos, año 3, no. 7: 83-99.

Mouffe, Chantal

1999 El retorno de lo político. Barcelona: Paidós.

Mutua, Makau

2002 Human Rights: A Political and Cultural Critique. Filadelfia, Penn.: University of Pennsylvania Press.

Olivé, León

1993 Ética y diversidad cultural. México: Instituto de Investigaciones Filosóficas (iifs), unam/fce.

Organización de las Naciones Unidas (onu)

2005 Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución 60/147, 16 de diciembre, <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/496/45/PDF/N0549645.pdf?OpenElement>.

Rousenau, James

2002 Distant Proximities: Dynamics Beyond Globalization. Princeton, N.J.: Princeton University Press.

Salmerón, Fernando

1998 Diversidad cultural y tolerancia. México: ffyl, unam/Paidós.

Speed, Shannon

2008 Rights in Rebellion: Indigenous Struggle and Human Rights in Chiapas. Stanford: Stanford University Press.

Stammers, Neil

2009 Human Rights and Social Movements. Londres: Pluto Press.

Villoro, Luis

2007 Los retos de la sociedad por venir. Ensayos sobre justicia, democracia y multiculturalismo. México: fce.

Wallerstein, Immanuel

1998 El moderno sistema mundial II. El mercantilismo y la consolidación de la economía mundo-europea, 1600-1750. México: Siglo xxi.

Fuentes complementarias

Bachelard, Gastón

1985 El nuevo espíritu científico. México: Nueva Imagen.

Brown, Wendy

2005 Interculturalidad y derechos humanos. México: Siglo xxi.

Ignatieff, Michael

2001 Human Rights as Politics and Idolatry. Princeton, N.J.: Princeton University Press.

Speed, Shannon

2010 ¿Hacia dónde vamos?: silencios de la vida amenazada. México: Siglo xxi.

Derechos humanos y movilización social: un marco analítico para su estudio

Jorge Peláez Padilla[*]

Introducción

Los derechos humanos (dh) se han instalado como un referente necesario para entender la democratización de las sociedades, las formas en que se plantean muchas demandas de movimientos sociales y los modos en que los procesos de movilización social se llevan adelante. Se trata de un discurso que todos manejan, desde los representantes del Estado, pasando por los activistas de ong, hasta los integrantes de movimientos sociales de base. Les guste o no tener que lidiar con todo lo que implican los dh, tienen que hacerse cargo de dotar de sentido su contenido y de buscar formas de implementación e interpretación acordes a sus intereses y aspiraciones. Con esta afirmación no decimos que necesariamente todas las formas de hacer, de participar y de movilizarse en el escenario político tengan que pasar por un uso de los dh, sino que es un espacio que no se puede ignorar.

Debido a ello, en los últimos años ha aumentado el interés de las ciencias sociales por estudiarlos (Estévez, 2010: 11) desde sus respectivos campos disciplinares, arrebatando la exclusividad a los estudios jurídicos. Esto ha contribuido a minar las lógicas del paradigma positivista que se habían instalado en la comprensión de los dh a partir de una entendible traslación de las formas de comprender el derecho en general, al campo de los dh. Lo anterior explica que, durante mucho tiempo, se pensara que bastaba que fueran positivos para que fueran una realidad.

Poner en cuestión la utilidad o valía de los dh como discurso y como praxis es una consecuencia necesaria de este cuestionamiento. Al día de hoy, no se puede asumir ya de manera plana que los dh son una herramienta que contribuye necesariamente a mejorar la vida de los seres humanos, a asegurar la paz, a reducir las brechas sociales, a limitar el poder del Estado y de los grupos económicamente dominantes y que, por lo tanto, constituye el vehículo por excelencia en que deben expresarse las inconformidades sociales de los individuos y de los grupos sociales. No obstante, los individuos, pueblos y movimientos sociales cada vez enmarcan más sus particulares luchas en el discurso de los dh, ya sea mediante la lucha por la obtención de derechos o por la justicia de los mismos. Incluso, muchas reivindicaciones autonómicas o de derecho propio pasan por utilizar el discurso de los derechos para legitimar acciones o formas de organización paralelas o incluso contrarias al Estado y sus instituciones. Sin embargo, los estudios jurídicos —especialmente en México— siguen sin prestar especial atención a estos acontecimientos.

Por otro lado, la utilización de los dh para la movilización social se da en un nuevo contexto. México ha vivido durante los últimos veinte años un prolongado proceso de cambios institucionales que, sin lugar a dudas, ha abierto la puerta a la defensa de demandas sociales por la vía institucional. El colofón de este proceso lo constituyen las reformas constitucionales de 2011 en materia de dh, y las constitucionales y de la respectiva ley reglamentaria en materia de juicio de amparo. Por lo tanto, la movilización social que se desenvolvía tradicionalmente por vía de la acción política o la presión social ha comenzado a trasladarse lentamente también al campo del derecho. Este proceso de creación de numerosas estructuras de oportunidad para la movilización social a través del derecho ha venido también aparejado a otros cambios en el marco constitucional y jurídico que han permitido la expansión del neoliberalismo, lo cual ha provocado un nuevo proceso de despojo territorial contra el campo mexicano y los pueblos indígenas.[1]

Los cambios estructurales de corte neoliberal —un fenómeno no sólo mexicano sino que se dio en todo el tercer mundo, y últimamente a lo largo de todo el orbe— han implicado también la entrada del discurso de la gobernanza, que ha servido para la construcción hegemónica del proceso para el paulatino desmontaje del Estado benefactor social. En otras palabras, junto a la retirada del Estado, la desregulación y precarización del trabajo (Hernández, 2012) y la apertura a la inversión extranjera con la consecuente proliferación de megaproyectos de inversión, ha avanzado también la agenda de los derechos y de su justicia.

Ahora bien, el robustecimiento de la agenda de los derechos no puede explicarse sólo a partir de una reconstrucción hegemónica del capitalismo, cuyo objetivo es dar cobertura a la expansión del mercado. También ha venido de la mano de la presión de muchos sectores sociales, que han luchado por maximizar lo que ofrecía el campo de los dh. No podemos perder de vista entonces que, contradictoriamente, en la expansión de las estructuras de oportunidad para la movilización sociolegal (msl) en México confluyen estas dos fuerzas. Ante esta realidad, los diversos actores sociales han optado por utilizar el derecho y defender la agenda de los dh, tratando de ampliar y radicalizar los marcos de su interpretación, mientras la agenda de la gobernanza neoliberal intenta limitar el alcance de los mismos y hacerlos funcionales a la expansión de las inversiones y del mercado.

Por otra parte, la violencia que vive el país también complica y matiza la situación de expansión de derechos y de las estructuras de oportunidad, profundizando las contradicciones de este hecho. Esto se explica debido a que la referida expansión ocurre justo en el momento en que acontecen más violaciones de dh, que ya no son perpetradas sólo por el Estado sino también por otros actores como los grupos del crimen organizado y las empresas que llevan adelante megaproyectos de inversión. La situación de la expansión de la violencia por la combinación compleja Estado-crimen organizado, la multiplicación en el país de megaproyectos de inversión, unidas a los tradicionales conflictos caciquiles locales que se mezclan con las bandas del narcotráfico en regiones localizadas, ha llevado a configurar conflictos que se desenvuelven en lo que César Rodríguez ha denominado —para el caso colombiano— “campos sociales minados” (2012: 13-14).

Todo este contexto se constituye en el telón de fondo para la expansión de las estructuras de oportunidad donde tiene lugar el ejercicio de los derechos. Esto último está siendo aprovechado por comunidades, movimientos y sectores de la sociedad civil organizada como una herramienta de resistencia. En resumen, la situación no puede ser más compleja y contradictoria, y sólo desde esta complejidad y contradicción puede ser estudiada por las ciencias sociales.

A partir de una concepción que defina al derecho y a los derechos como campos en disputa (Bourdieu, 2003), y de su localización en un contexto como el descrito en los párrafos anteriores, podemos acercarnos al estudio del uso de los derechos para la movilización social. El derecho no puede verse nunca como un espacio neutral, pues constituye un campo de lucha donde se expresan las propias contradicciones sociales. Así las cosas, el derecho no puede ser por sí mismo un espacio de transformación si no se transmutan otros aspectos estructurales, pero sí constituye un ámbito donde es posible obtener victorias parciales y dar la batalla por el cambio social y la emancipación (Santos y Rodríguez, 2007). Esto último adquiere todavía más sentido si trasladamos nuestro foco de comprensión de las grandes relaciones estructurales a los actores y a la acción social colectiva.

Desde esta última perspectiva, creemos que deben ser enfocados los análisis en torno a la utilidad de los dh para los procesos de movilización social. Si vemos el derecho como un espacio de lucha social, y no como un espacio a priori de control o de “neutralidad”; si lo vemos como un espacio con reglas y formas de control y dominio establecidas, pero donde es posible disputarlas, entonces adquiere relevancia la pregunta en torno al papel que el uso del derecho desempeña en procesos de movilización social, sobre todo en sociedades tan “juridificadas” como las actuales. Precisamente ése es el llamado del presente artículo y uno de los objetivos del libro.

Más allá de los argumentos que se puedan esgrimir en torno a las posibilidades y límites de los dh desde las perspectivas histórica, teórica y filosófica, creemos que resulta imprescindible avanzar hacia la posibilidad de dar cuenta de ello a través de su utilidad para la movilización social. Se trata, entonces, de desplazar el foco de observación hacia la movilización de los actores. Enfocar la evaluación del papel de los dh a partir de los resultados que tiene la movilización social es dar la palabra a los actores, es ver cómo desde lugares y sujetos concretos se utilizan y valoran las estrategias de los derechos; es llenar la tinta de los libros no sólo con agudos análisis globales, sino también con experiencia.

Para colaborar con este fin, lo que pretendemos en el presente artículo es ofrecer un marco analítico sugerente para encarar investigaciones de corte empírico en torno al uso de los dh como estrategia de movilización, especialmente en la coyuntura mexicana actual. En este tenor, defenderemos la idea de que ésta es una forma a través de la cual la academia puede contribuir al mismo proceso de trasformación y a la labor que cotidianamente realizan individuos, pueblos, comunidades y organizaciones de la sociedad civil que luchan por sus dh.

Para ello, en primer lugar, daremos cuenta de diversas investigaciones que han abordado el tema de la utilidad del derecho y los derechos para la movilización social, trazando con ello un breve estado del arte en la materia. Posteriormente, ubicaremos cómo ha sido visto el derecho por algunos modelos teóricos dentro de sociología de la acción colectiva. En tercer lugar, definiremos qué entendemos por movilización sociolegal y caracterizaremos los estudios que se encargan de este tipo particular de movilización. Por último, trazaremos un modelo analítico que creemos pertinente para los estudios de los procesos de acción colectiva que involucren la movilización del derecho y de los derechos, tomando en cuenta la perspectiva de los actores.

Este esfuerzo va encaminado a brindar un marco analítico que permita mirar hacia la vida de los dh y las tensiones que están involucradas en ellos. Ésta es una ingente necesidad de las ciencias sociales en México. Justo de ello se encarga el presente libro en contextos de violencia y crisis del Estado. Este artículo abre una reflexión que los artículos posteriores se encargarán de profundizar desde discusiones temáticas concretas, desde perspectivas epistemológicas y metodológicas diversas, y desde el análisis de procesos políticos y sociales específicos que han utilizado los dh como herramienta de lucha social.

Algunas discusiones en torno a la utilidad de la movilización sociolegal

Los estudios de movilización sociolegal (msl) surgen en la década de los años noventa en Estados Unidos. Nacen con el objetivo de enriquecer la discusión en torno al papel de los derechos en los procesos de movilización y cambio social mediante investigaciones empíricas. Partiendo de categorías y marcos analíticos de la sociología, de la ciencia política y otros propios de la sociología jurídica, la msl se ha convertido en un campo fecundo para investigaciones que exploran el ámbito del derecho y los derechos en acción en diversos contextos y regiones. Ahora bien, no ha existido unanimidad a la hora de valorar el potencial de la msl para lograr la realización de los derechos, para provocar cambio social o para que se cumplan las expectativas fijadas —desde abajo— por los actores sociales. Los estudios se han dividido entre quienes han planteado que la msl es una pérdida de tiempo, los que creen que se puede avanzar mucho a través de ella y los que la califican como una herramienta útil en ciertas circunstancias, pero en la cual no se puede confiar del todo.

La escasa relevancia de la msl es defendida mayormente por Gerald Rosenberg en su ya clásico texto The Hollow Hope (2008). El argumento central de Rosemberg se basa en que realmente las demandas jurídicas no producen ningún cambio de fondo, y que éste, si se logra, es más por la presión social y por el despliegue de otras estrategias que por los procesos de movilización en torno al derecho (Nielsen, 2004: 70-71). Otra perspectiva de la crítica, citada por McCann (1994: 3), plantea —al referirse a los textos de Kelman (1987) y Kairys (1982) — que los sesgos ideológicos en el derecho, debido al carácter elitista de sus hacedores, terminan por imponerse e impiden lograr por vía judicial cambios significativos. En resumen, el derecho es un constructo de élite que cuanto más, puede generar logros coyunturales que sólo permiten crear la ilusión de un cambio real, pero en la práctica, no puede transformar nada de fondo, ni empoderar a los sectores excluidos (McCann, 1994: 3). En forma similar, David Kennedy afirma que el movimiento por los dh puede ser parte del problema que vive el mundo de hoy en vez de una solución, al “juridificar” los problemas sociales y humanos y convertirlos sólo en un asunto de “derechos humanos”, entre muchos otros inconvenientes que enlista y que plantea deben ser debatidos sin miedo (Kennedy, 2001). Una postura también escéptica ante las posibilidades del derecho está en el texto de Dezalay y Garth (2002).

Por otro lado, está la confianza en el gran potencial que tiene la msl para producir cambios sociales significativos. Dentro de la literatura ya clásica en la materia, esta perspectiva es sostenida por Charles Epp (1998), Michael McCann (1994), Keck y Sikkink (2000), entre otros, con base en sus respectivos trabajos empíricos. Para estos autores, la msl no produce de manera necesaria resultados positivos; ello sólo es posible si se conjugan una serie de factores en el marco de los procesos de movilización.

Para McCann, que estudió el proceso de movilización en Estados Unidos en torno a las reformas para la equiparación del salario de las mujeres con respecto al de los hombres (desde una perspectiva de género y de clase), este proceso produjo el empoderamiento de las mujeres que participaron. El impacto de la movilización no sólo llegó a la consecución de los fines jurídicos perseguidos, sino que generó nuevas formas de interpretación del derecho y condujo, además, a cambiar los términos principales de las relaciones establecidas dentro de los sindicatos, en las técnicas de dirección y al interior de los grupos de mujeres (McCann, 1994: 284). Ahora bien, claro que el proceso no fue el mismo en sus distintas etapas, que tuvo periodos de mayor éxito y otros donde se avanzó poco.

Por su parte, Epp basa su análisis en las condiciones necesarias para una “revolución de los derechos” a través de procesos de msl. Para él, la clave del éxito de estos procesos no estaría en la independencia de los tribunales, ni en una extensa carta de derechos, ni en el activismo judicial, ni en la cultura o conciencia de los derechos que tenga una determinada población; el ingrediente esencial para que pueda prosperar una “revolución de los derechos” estaría en lo que denomina estructuras de soporte, que define como aquellos mecanismos que permiten soportar largos procesos de msl, sustentados por el apoyo brindado por abogados solidarios comprometidos con los derechos, por las organizaciones de dh y, sobre todo, por los recursos financieros que se puedan obtener (Epp, 1998: 18). Aunque confía en las potencialidades que tiene la msl para el cambio social —si existe una buena estructura de soporte—, no plantea tampoco que la misma conduzca necesariamente a la transformación social o al empoderamiento. Más que referirse a las potencialidades y límites, trata de explicar cuáles serían los elementos clave para una msl exitosa.

Acerca de estos criterios en torno a la eficacia de la msl, no hay que perder de vista que se dan mayormente en el contexto del sistema de justicia de Estados Unidos, y en el espectro más amplio del sistema jurídico de common law. En esos países la importancia del precedente judicial incentiva la labor de los abogados, ya que la acumulación de precedentes resulta fundamental para poder generar los cambios jurídicos en pos de la extensión de los derechos (Epp, 1998: 202). En los sistemas de derecho romano-francés o de derecho civil, la labor de los abogados y tribunales parece no ser tan importante y, por lo tanto, la movilización no puede basarse sólo en la judicialización, sino que normalmente tiene que estar acompañada de campañas para promover cambios legislativos. Sin cambios legislativos, la judicialización tiene muy pocas posibilidades de ser una estrategia eficaz, sobre todo en nuestros países, donde el formalismo sigue siendo la perspectiva predominante a la hora de aplicar e interpretar el derecho. Debido a ello, no podemos sobrestimar los resultados de trabajos como los de McCann y los de Epp, pero tampoco pensar que —debido a la razón esgrimida en este párrafo—, la movilización en torno al derecho resulta, entonces, ociosa. De lo que se trata es de conocer muy bien el campo jurídico donde se va a realizar —para los procesos de movilización—, y elegir las variables, conceptos o categorías a partir de los cuales estudiar los procesos —para el caso de la investigación empírica en torno a la msl.

Por su parte, Keck y Sikkink (2000) estudian las redes de defensas transnacionales (rdt), definidas como formas de organización caracterizadas por modelos de comunicación e intercambio voluntario, recíproco y horizontal, basadas en relaciones francas y fluidas entre los actores comprometidos y enterados que trabajan en áreas temáticas especializadas, y que generalmente, para obtener éxitos en estrategias de defensa nacionales, operan transnacionalmente. Se organizan para promover causas e ideas basadas en principios y normas, y con frecuencia involucran a individuos que defienden cambios de política que no pueden vincularse fácilmente con una comprensión racionalista de sus intereses (Keck y Sikkink, 2000: 26-27). Para las autoras, que estudian diversos casos de movilización social, estas redes constituyen elementos valiosos a la hora de explicar el éxito de determinados procesos de movilización social en torno al derecho y, para ello, pueden desplegarse cuatro tipos de políticas: de información, simbólica, de apoyo o presión y de responsabilización. En su texto —que parte de un enfoque que intenta conciliar perspectivas tanto desde la agencia como desde la estructura—, estudian las características de estas redes, su surgimiento, composición, funcionamiento y las condiciones bajo las cuales pueden lograrse los cometidos propuestos. Detrás de este intento por estudiar las rdt, se advierte un marcado optimismo en torno a la utilidad para los grupos movilizados de dichas redes, siempre que se cumplan los elementos necesarios para su conformación y funcionamiento. Las rdt se analizan como un instrumento fundamental para la expansión de los dh.

Ahora bien, en este mismo tenor de evaluar los procesos de msl a partir de investigaciones empíricas que analicen críticamente la eficacia del discurso de dh para la movilización social, han aparecido en los últimos años trabajos desde el sur global. A continuación, referiremos de manera breve algunos de ellos, sin pretender que ésta sea una lista cerrada. Se trata de investigaciones que, con diferente profundidad y abordajes metodológicos, se insertan epistemológicamente dentro de la perspectiva de investigación-acción.

En primer lugar, un estudio que utiliza el marco teórico de las rdt es el que realizaron César Rodríguez y Luis Carlos Arenas (Rodríguez y Arenas, 2007). Este artículo estudia los resultados del proceso de movilización llevado adelante por el pueblo indígena u’wa contra la instalación de una compañía petrolera en su territorio. El proceso llevó a la formación de una verdadera rdt entre pueblos, organizaciones de la sociedad civil colombiana, ong transnacionales, académicos, etc. La movilización, que implicó una campaña donde la lucha por los derechos desempeñó un papel relevante —junto a otras estrategias sociales y políticas— se llevó a cabo primero a nivel nacional con pocos resultados, pasó luego al escenario internacional con buenos dividendos, y regresó al ámbito nacional con lo que se provocó el efecto bumerang (Keck y Sikkink, 2000: 31). Al final, los resultados fueron contradictorios ya que, si bien se logró introducir en el debate público colombiano el problema de los derechos de los pueblos indígenas, así como ciertas modificaciones a normativas internacionales y que la empresa transnacional Oxy retirara las concesiones para explotar el recurso, la victoria no fue absoluta, ya que la empresa estatal colombiana Ecopetrol continuó con las labores de exploración y la intención de explotar el yacimiento, lo cual no satisfizo del todo a los iniciadores del ciclo de protesta: el pueblo u’wa. El proceso mostró, además, las ventajas y limitaciones de las coaliciones para la defensa jurídica, y que los resultados casi siempre son mixtos, ya que dependen de los intereses de cada una de las partes en la coalición y también de cómo los actores los evalúan.

Otra investigación en torno a los procesos de msl fue realizada por Mauricio Albarracín (2011) y la organización Colombia Diversa. Se trata de una campaña para el reconocimiento en Colombia de los matrimonios del mismo sexo, la cual inició un ciclo de protesta que se ha consolidado en un movimiento social vigoroso. La investigación se planteó desde una perspectiva interdisciplinar, colocando al derecho y sus actores dentro del terreno más amplio de lo político y lo social, en el entendido de que sólo así se puede comprender los verdaderos alcances de los cambios jurídicos. El estudio se desarrolló a partir de un análisis de la forma en que se dio la lucha desde un encuadre ideológico moderado (traduciendo demandas sociales en clave de derechos); del modo en que utilizaron los recursos disponibles y crearon otros; y del uso de las estructuras de oportunidades políticas. Finalmente, Albarracín concluye que el proceso de movilización, donde se combinó la acción de movimientos sociales y la apuesta por el derecho, llevó a que: a) se consolidara un movimiento que ha mantenido la acción colectiva; b) se iniciara un ciclo de protesta por los derechos de la población y por la igualdad real en todos los derechos; c) se crearan nuevas oportunidades políticas (Albarracín, 2011: 27).

Otra investigación de gran interés fue la que desarrolló Balakrishnan Rajagopal, al analizar el proceso de movilización contra la construcción de una serie de represas en el valle del Narmada, en la India (Rajagopal, 2007). Como en el caso u’wa, la lucha se llevó adelante en diversos ámbitos (local, nacional e internacional) y a través de la creación de coaliciones entre diversas organizaciones de distinta naturaleza y calado. El proceso de lucha, según se describe, duró casi treinta años y tuvo su mayor énfasis jurídico entre 1994 y el año 2000. Teniendo en cuenta el resultado final, se lograron cambios relevantes: a) en la esfera internacional, con la retirada del Banco Mundial del proyecto y el establecimiento de la Comisión Mundial de Represas; b) en la nacional, al lograrse una mejor política pública para el reasentamiento, el restablecimiento de los medios de subsistencia para los desplazados, y la orden de paralización temporal de las obras por parte de la Corte Suprema en 1995. No obstante, la construcción de la presa continuó en el largo plazo, lo cual puede ser leído como un fracaso en última instancia. Tomando en cuenta el proceso de adopción de decisiones, se lograron resultados moderados, ya que se democratizaron algunas a nivel internacional (se creó un panel de quejas dentro del Banco Mundial), y se establecieron instancias decisorias a nivel nacional, sobre todo en lo relativo al restablecimiento de los medios de vida y protección al medio ambiente. Por último, respecto al cambio de valores fue donde, según Rajagopal, se logró un mayor éxito que se mostró en el cambio de algunas normas relacionadas con el desarrollo sostenible, en la consideración de dh anexos a la situación del desplazamiento forzado y en cierta reticencia de grandes inversores a participar en megaproyectos que impliquen importantes costes sociales. Como parte de estos impactos en la esfera de los valores, estuvo la revaloración de la pertinencia de estas grandes inversiones, las cuales ya fueron vistas absolutamente como hechos positivos que implicaban desarrollo y que deben llevarse adelante sin las mínimas garantías y bajo cualquier costo social y ambiental (Rajagopal, 2007: 193-194). Al final, las lecciones que deja el caso para el derecho son las siguientes: a) que éste resulta muy relevante para la lucha de los movimientos sociales, tanto para establecer las estructuras de oportunidad política como para consagrar y legitimar las identidades y estrategias que despliegan; b) que el derecho ya no puede verse sólo a nivel local, sino que se trata de un orden normativo global dentro del cual intervienen varias escalas (local, nacional e internacional); c) que el papel de las instituciones nacionales y, especialmente de los jueces, no puede darse por hecho; d) que su rol dependerá del caso y las circunstancias; por lo tanto, las posiciones binarias en estos temas no sirven de mucho (Rajagopal, 2007: 192-193).

Por último, César Rodríguez, en su trabajo Etnicidad.gov (2012), reflexiona en torno al rol del derecho en campos a los que denomina “minados”; es decir, espacios sociales donde confluyen grandes compañías transnacionales, el poder del Estado, grupos guerrilleros y paramilitares, todos luchando por el control de un territorio ancestral perteneciente al pueblo indígena embera-katío. En este contexto, el estudio evalúa el impacto de la consulta previa, libre e informada (cpli) en las regulaciones y las disputas sobre los derechos de los pueblos indígenas que, “en lugar de limitarse a una sencilla figura jurídica, ha supuesto un nuevo enfoque de los derechos étnicos y del multiculturalismo, con su propio lenguaje y reglas” (Rodríguez, 2012: 15). El uso de la cpli se ha convertido en un campo de disputa entre la gobernanza neoliberal y los pueblos indígenas, tanto en su marco regulatorio como en su puesta en práctica. En este último aspecto —que es el que nos interesa a efectos del presente artículo—, el autor llega a concluir, con base en un prolongado trabajo de campo, que la cpli tiene efectos inesperados y ambiguos, debido a que “diluye las reivindicaciones políticas indígenas en discusiones procesales dominadas por las empresas […] generándose confusiones de fondo y forma que se traducen en constantes equívocos en las negociaciones”, debido a que cada parte trata, estratégicamente, de implicar a la consulta los contenidos y consecuencias que quieren y esperan. Al final, los resultados de la movilización en torno a la consulta previa resultan contradictorios. Por un lado, y debido a las desigualdades de poder y recursos entre las partes implicadas, la cpli tiende a reforzar frecuentemente las relaciones de dominación; por otro, la consulta ha sido también una herramienta para resistirse a esas relaciones, debido a que los detalles procesales abren espacios para la movilización política y sirven como el único valladar posible ante la aniquilación colectiva del pueblo embera-katío (Rodríguez, 2012: 79).

Los casos analizados muestran, en sentido general:

–el uso instrumental del derecho, no como un fin en sí mismo, sino para obtener demandas sociales;

–la presencia de metodologías de investigación-acción que buscan comprender e incidir sobre los procesos al mismo tiempo;

–la idea de que el derecho tiene que ser comprendido desde el universo de lo social y también desde la perspectiva de los actores;

–que los procesos de msl siempre arrojan resultados contradictorios, implican avances en ciertos aspectos, pero estos avances nunca son completos y además son evaluados y tienen un significado diferente para cada uno de los actores y en cada una de las etapas;

–que los dh por sí solos no llevan a ningún lugar y que, por tanto, la única forma de hacerlos efectivos es a partir de su empleo dentro de procesos de lucha social más amplios;

–que el derecho y los dh son campos en disputa que no pueden ser abandonados a los distintos poderes política y socialmente hegemónicos.

Más que confiar en las potencialidades de la msl, se le ve como una herramienta más en los procesos de lucha social, y puede rendir buenos frutos pero no se puede depositar en ella toda la confianza.

Son precisamente estudios como éstos los que urge realizar para poder determinar el rol que están desempeñando los dh como estrategia de lucha para los sectores tradicionalmente excluidos en nuestras sociedades. En las investigaciones referidas y analizadas en el presente apartado, existe un conjunto de elementos que se pueden tener en cuenta a la hora de construir un marco interpretativo para estudiar los procesos de msl con encuadre en dh. En los próximos apartados me encargaré de proponer un marco interpretativo sugerente. Pero, para ello, tenemos que comenzar refiriéndonos a cómo se ha visto el derecho por parte de algunas de las teorías de la acción colectiva más relevantes.

El lugar del derecho en las teorías de la acción colectiva

Comprender lo que se esconde detrás de la acción colectiva ha sido siempre una de las grandes preguntas de la sociología. ¿Por qué los seres humanos son capaces de aguantar por años o siglos regímenes opresivos sin luchar contra ellos?, ¿qué hechos, razones o circunstancias llevan a que decidan un día organizarse y levantarse?, ¿cómo se generan los lazos identitarios entre estas personas?, ¿qué recursos deciden utilizar para movilizarse?, ¿por qué eligen unos y no otros?, ¿son los actores quienes deciden el proceso de movilización, o es empujado por las circunstancias estructurales? Todos éstos son cuestionamientos que han preocupado y preocupan a un número no pequeño de investigadores sociales quienes, al poner el acento en la estructura o en la acción, han dado sus razones para explicar las causas del conflicto y de la movilización social.

Ahora bien, estos procesos de acción colectiva o movilización social se manifiestan de distintas maneras. Pueden desarrollarse como resistencia camuflada a partir de una obediencia aparente o simulada. Aquí, las formas de resistencia ocurren bajo el ropaje de una obediencia absoluta, y se pueden decodificar observando el discurso oculto, el cual tiene muchas formas de manifestarse (Scott, 2000). También explotan mediante brotes populares espontáneos, cuando circunstancias imprevisibles provocan que esa resistencia y ese enojo acumulado durante años o siglos salgan en forma de un torrente incontenible. Estos movimientos, en forma de “estado naciente” (Alberonin, 1981: 42), pueden agotarse rápidamente o transformarse en acciones colectivas organizadas o movimientos sociales.

En tercer lugar, tenemos las acciones colectivas organizadas, en las cuales encontramos estructura organizativa, repertorios de acción, coordinación entre grupos y actores, y solidaridad, todo esto con un grado mayor o menor de presencia. No obstante, en estos casos el conflicto y la acción se agotan al obtenerse algunas reformas, pues el objetivo de la movilización nunca fue romper el orden dentro del que se sitúan (Melucci, 1991: 360). Por último, cuando nos encontramos con un proceso de acción colectiva donde confluyen campañas sostenidas, repertorios de acción y manifestaciones públicas y concertadas de valor, unidad, número y compromiso (Tilly y Wood, 2010: 22); redes sociales densas, símbolos culturales e interacción sostenida con sus oponentes (Tarrow, 2004: 22); lazos de solidaridad entre los actores y la presencia de un conflicto (Melucci, 1991: 362); y todo ello se encamina a romper el sistema de relaciones sociales donde tiene lugar la acción, estamos frente a un movimiento social, ya sea en su forma tradicional o como “nuevo movimiento social” (Touraine, 2000).

En el presente artículo nos referiremos a estas últimas dos modalidades de la acción colectiva, por ser las que pueden implicar con más frecuencia el uso de las estrategias jurídicas, debido a que el uso del derecho para la movilización implica una serie de pasos que tienen que ser dados, organizados, concertados, con independencia de si lo que se busque sea alguna meta coyuntural y moderada o una transformación total.

En cuanto a estos dos tipos de acción colectiva, son muchos los enfoques a través de los cuales pueden estudiarse desde las ciencias sociales. En otras palabras, son diversas las preguntas que podemos hacer respecto a los procesos de movilización desde diferentes modelos analíticos y miradas hacia el fenómeno de la acción colectiva. A continuación, haremos referencia a tres de los modelos más extendidos.[2]

El primero de ellos, creado a partir de la Escuela de Chicago, aborda la acción colectiva como una respuesta no institucionalizada a tensiones del sistema social, provocadas por crisis o procesos de modernización (Tarrés, 1992: 739). Los procesos de movilización son respuestas hasta cierto punto inevitables y forman parte del normal funcionamiento de la sociedad. Se desarrollan cuando una sensación de insatisfacción se extiende y las instituciones no son lo suficientemente flexibles como para responder a este hecho (Della Porta y Diani, 1999: 12-13). Como la movilización se da por necesaria y además ineludible, los autores de esta corriente prestan mayor atención, entonces, a la descripción detallada de conductas sociales de los grupos que se movilizan, y al proceso de producción simbólica y de construcción de identidades (Della Porta y Diani, 1999: 13).

Por otro lado, la perspectiva de los “nuevos movimientos sociales” se lanza a complejizar el análisis de los procesos de movilización social. Como crítica a la forma más monolítica de la representación del conflicto social en la modernidad y en la sociedad industrial (como un conflicto de clases donde la capacidad de agencia queda limitada a los condicionamientos estructurales), los teóricos de los “nuevos movimientos sociales” plantean renovadas maneras de abordar los conflictos sociales (Della Porta y Diani, 1999: 8-9). En la sociedad postindustrial son muchas las razones que llevan a que la gente se organice y se movilice, más allá de las grandes utopías sociales o políticas. Las luchas se dirigen ahora contra el mercado, pero también contra la imposición de modelos culturales (Touraine, 2000: 103). En este contexto, aunque existen elementos estructurales y de reproducción social que influyen en la acción colectiva (Tarrés, 1992: 750), el sujeto produce la acción al percibir y codificar los elementos (tanto de los medios existentes para la movilización, como del ambiente en el que ésta se produce), al mismo tiempo que los integra a un sistema de acción multipolar (Melucci, 1991: 358-359). De esta forma, se traslada el foco del análisis de la movilización como hecho necesario, como elemento ya dado, como objeto, al propio proceso de producción de la acción, al papel del sujeto y sus intereses dentro de este proceso, a cómo se generan los lazos identitarios entre sujetos con diversas posiciones e intereses. El sujeto, inmerso en una lucha social pero también siendo portador de un proyecto cultural (Touraine, 2000: 104), a la vez que produce el movimiento social se produce a sí mismo como sujeto. El gran mérito de esta perspectiva se encuentra en trasladar el foco de atención, de la movilización como objeto, a la comprensión del sujeto que la produce y sus motivaciones.

En tercer lugar, tenemos la perspectiva que centra su estudio en la movilización de recursos y en la movilización social como proceso político.[3] Los autores que analizan la acción colectiva desde este ángulo parten de la idea del conflicto como consustancial a la vida social, y fijan su interés en el proceso que envuelve a la acción colectiva, más que en la movilización como objeto o en el sujeto que interviene en ella. Lo que intentan es comprender cómo se produce la movilización, qué recursos son movilizados, cuáles tácticas se ponen en juego y qué garantiza su éxito. El descontento por sí mismo no produce movilización (Moore, 1989: 59). Ésta emerge cuando se generan oportunidades políticas que permiten que los recursos materiales y no materiales disponibles sean utilizados para contender políticamente (Della Porta y Diani, 1999: 15-16). En este último punto desempeña un papel fundamental el ambiente político e institucional donde el movimiento social opera. Una vez iniciada una contienda, esta perspectiva pone énfasis en las estrategias involucradas, cómo se ponen en función los recursos (repertorios, formas de encuadre, organización), cuáles son escogidos y cuáles no, qué redes se organizan y cómo se constituyen, cómo se generan repertorios de acción que son legados a futuros procesos (Tarrow, 2004). A pesar de que esta perspectiva (en su versión más ortodoxa) confía demasiado en la capacidad racional del actor —para elegir entre recursos para la movilización y alianzas para la acción— y no presta atención a los elementos estructurales que constriñen o favorecen la movilización, ni a los elementos identitarios y culturales, tiene el gran mérito de que facilita, tanto estudiar empíricamente los resultados producidos por las estrategias empleadas, como ubicar elementos dentro del espacio institucional que pueden convertirse en generadores o catalizadores de la acción colectiva. Lo anterior tiene una gran relevancia para nuestro objetivo de comprender el papel del derecho como repertorio y de los dh como marco para la movilización social, tal y como veremos más adelante.

Tomando en cuenta estas tres perspectivas, sostengo que las dos últimas pueden arrojar luces al reto que lanzamos en el presente artículo, en torno a la necesidad de estudiar el papel que desempeñan y pueden llegar a desempeñar los dh dentro de los procesos de movilización social en México.

La perspectiva centrada en la movilización de recursos y en los procesos políticos ofrece varias vías que son de utilidad para evaluar el papel del derecho en los procesos de movilización. En primer lugar, nos conmina a prestar atención al ambiente institucional donde ocurre la movilización para determinar si existen elementos que la potencien. Cambios de gobiernos, alianzas políticas, reformas constitucionales o legislativas, la adopción de políticas públicas, sentencias, jurisprudencias o lineamientos para la actuación de los tribunales pueden convertirse en incentivos institucionales que activen los procesos de movilización.

En segundo lugar, centrar la atención en torno a los procesos de organización y movilización de recursos conlleva a que fijemos la mirada en las diversas estrategias de movilización a través del derecho, ya sea a partir de una campaña para un cambio legislativo, de la implementación de un estándar internacional por medio de políticas públicas, del litigio defensivo de un determinado caso o mediante un proceso de judicialización de una demanda o para la obtención de la “justiciabilidad” de un derecho. Fijar la atención en ello nos permite conocer las estrategias eficaces dentro de determinados contextos, dar cuenta de repertorios de acción jurídica exitosos, de fisuras o aspectos vulnerables dentro del sistema jurídico.

Ahora bien, cualquier investigación que emprendamos no puede cometer el error de lanzarse a estudiar el derecho como recurso, sin ubicarlo dentro del contexto estructural en donde está siendo utilizado y sin hacer referencia a la motivación de los actores. Debemos evitar construir modelos analíticos que se centren sólo en las razones estructurales y causales o en los propósitos de los actores. El devenir de los procesos de movilización social depende tanto de causas estructurales como de la capacidad de agencia de los sujetos. Un buen equilibrio de ambos aspectos, logrado a partir de la observación empírica, sería el mejor escenario para investigaciones que den cuenta del papel del derecho y de los dh en los procesos de movilización social.

Cualquier estudio que se pretenda realizar en torno a la acción colectiva —aunque sólo sea el estudio del papel que desempeña el derecho como recurso de movilización— debe comenzar por la ubicación del proceso organizativo y de lucha dentro del contexto general de la sociedad, determinando sus propios rasgos dentro de la diversidad de formas que puede adquirir un proceso de acción colectiva. Además, no podemos perder de vista que incluso dentro de un mismo proceso se ponen en juego numerosas dimensiones de la movilización, por lo cual hay que dejar muy claro cuál va a ser la que vamos a observar y qué relación puede tener con las demás que no se van a tratar de manera directa.

Es en este punto donde consideramos que puede ser de mucha utilidad el marco analítico que propone Charles Tilly, para quien existen cuatro componentes de la acción colectiva que tienen que ser tomados en cuenta a la hora de estudiarla:

Interés: tiene que ver con las ganancias y pérdidas que pueden resultar de la interacción de un grupo con otro grupo.

Organización: el aspecto de la estructura del grupo que afecta más directamente su capacidad de actuar en favor de sus intereses.

Movilización: es el proceso a través del cual el grupo adquiere el control colectivo sobre los recursos que necesita para la acción; éstos pueden ser el poder laboral, mercancías, armas, votos, influencia en medios y muchos otros. El análisis de la movilización se relaciona con los medios gracias a los cuales los grupos adquieren recursos y los hacen viables para la acción colectiva.

Oportunidades: son las relaciones entre el grupo y el mundo que lo circunda, con cambios en este último que generan oportunidad para el grupo. Lo difícil es reconstruir las oportunidades realmente posibles y viables para un grupo en un momento determinado (Tilly, 1978: 7).

La acción colectiva, con independencia de si se trata de un movimiento o no, es resultado de una combinación cambiante de intereses, organización, movilización y oportunidades (Tilly, 1978: 7) que se dan en un marco estructural determinado y que los actores viven de manera diferenciada. Para estudiar estos procesos es necesario ubicarlos muy bien en toda su complejidad; pero se debe escoger específicamente lo que se va a observar dentro de cada uno de estos componentes, e incluso determinar cuál de ellos será el foco de atención.

A modo de ejemplo, pensemos en el caso de los procesos de movilización contra la gran minería que van creciendo hoy en México. En lo relativo al interés, pueden ser varios los intereses que persiguen los diversos actores: la cancelación de concesiones mineras por parte de una comunidad o pueblo; el reforzamiento de la identidad y la organización de un pueblo indígena; la obtención de una victoria política que refuerce la posición con vistas a una elección; la justificación de la labor de una ong para poder negociar mejor presupuesto con su financiadora, entre otros.

En lo referente a la organización, se pueden estudiar procesos con distintos niveles de agregación y de densidad de redes, por ejemplo, la resistencia concreta de un pueblo o comunidad con fuertes lazos identitarios pero escaso nivel organizativo; una coalición de organizaciones que implique la presencia de académicos, organizaciones de la sociedad civil y comunidades afectadas para defender un territorio amenazado por la minería; o se puede poner el foco en un movimiento nacional que implique una red de redes que también tenga vínculos con instituciones políticas y nexos con movimientos del mismo tipo en otros países del continente. Dependiendo de las características organizativas, se estará o no frente a un movimiento social. Creemos importante aquí dejar en claro que el estudio de las estrategias jurídicas como recursos de movilización aplica tanto para procesos considerados como “movimientos sociales”, como para simples manifestaciones de acción colectiva. Claro que no perdemos de vista que el nivel de organización incide de alguna manera tanto en la forma de movilización social como en los resultados de cualquier proceso de acción colectiva.

En el contexto de investigaciones en torno al papel del derecho como herramienta de movilización, es ésta el componente al que más atención se habrá de prestar, debido a que dentro de ella se incluye al derecho como recurso.[4] Es precisamente la utilización del derecho como recurso de movilización —por parte de grupos con diverso nivel de organización que persiguen determinados intereses— el foco central de las investigaciones que aquí nos interesan y para las cuales estamos proponiendo un modelo analítico. No obstante, somos conscientes de que los recursos no se utilizan en el vacío ni desconectados de otros posibles (marchas, lobby político, campaña en medios, etc.), por lo cual el derecho tendrá que estudiarse siempre en conexión con esos otros. Dentro de este componente, también considero importante tomar en cuenta tanto el proceso mediante el cual el grupo decide valerse del derecho como recurso (si fue a partir de la necesidad del grupo, de un abogado que se les presentó, de un proceso de apropiación autonómico del discurso de los derechos, a partir de un cambio en la esfera de las oportunidades), como la forma en que lo hacen viable (a través de una campaña para la modificación de una ley, a partir de la “judicialización” de la demanda, o mediante una consulta comunitaria a espaldas del sistema jurídico del Estado).

Por último, en lo relativo a las oportunidades, se podrá prestar atención a aquéllas generadas por reformas políticas, coyunturas electorales, cambios de índole jurídica (tanto legislativa como judicial), catástrofes o calamidades relacionadas con la minería como un derrame de productos tóxicos, un brote epidémico o un grave accidente de trabajo.

Como puede apreciarse, a partir de estos componentes pueden ver la luz investigaciones muy disímiles que analizan un mismo proceso de movilización; todo depende de cómo especifiquemos qué elemento vamos a tomar más en cuenta y dentro de cada elemento, el aspecto puntual que vamos a observar.

Algo que también es importante tratar a partir de las categorías ofrecidas por Tilly, poniéndolas en función de la pesquisa que nos aboquemos a realizar, es lo relativo al tema de interés perseguido en la investigación sobre procesos de acción colectiva. El interés puede recaer en los grupos como unidad básica, en los eventos como punto de partida o en movimientos sociales, en la medida en que éstos se refieran a la intersección de dos o más áreas de investigación: una población en específico, un grupo de creencias o un tipo de acción (Tilly, 1978: 8-10).

Ahora bien, todos estos elementos que hemos definido aquí podrían ser investigados de manera “limitada” si no se tomara en cuenta el papel de la subjetividad a lo largo de cualquier proceso de movilización. Aquí es donde la perspectiva de los nuevos movimientos sociales viene a constituir una especie de “guardián epistemológico” que nos recuerda constantemente que tenemos que incluir, a cada paso, la perspectiva del actor. Aunque nuestro objetivo no sea comprender las razones de la movilización, o cómo surgen las identidades y se generan redes de solidaridad, o cómo el sujeto se va construyendo a medida que avanza el proceso movilización, es muy importante tener en cuenta la perspectiva del sujeto en torno al uso de las estrategias jurídicas. En caso contrario, corremos el riesgo de evaluar un recurso de espaldas a todo el arsenal de significados que pueden estar construyendo al respecto los actores, que en muchos casos puede no coincidir con el que una simple observación nos sugiere, o un hecho contundente, como una sentencia favorable, nos muestra.

Finalmente, es importante agregar que lo hasta aquí delineado no se trata de un marco analítico rígido, sino de una propuesta de punto de partida; es un modelo teórico a través del cual se va a acceder al campo y organizar metodológicamente la pesquisa, pero que necesariamente se verá influido y transformado por los resultados que vayan emergiendo del propio campo durante cualquier proceso de investigación.

Ahora bien, a partir de estos elementos generales para estudiar procesos de acción colectiva y con base en modelos emanados de investigaciones empíricas, se ha ido desarrollando una literatura específica relativa a los procesos de msl. En el próximo apartado daremos cuenta de ello, complementando lo ofrecido hasta aquí y poniéndolo en función de investigaciones más específicas, decantando la teoría para estudiar procesos de movilización donde el derecho y los dh se constituyen como un factor fundamental, ubicándose, por tanto, dentro del campo de la sociología del derecho.

Los estudios de movilización sociolegal

La movilización sociolegal (msl) constituye una de las formas específicas que pueden tomar tanto las acciones colectivas coordinadas como los movimientos sociales. La pertinencia de estudiar empíricamente estos procesos en el contexto mexicano, como hemos dicho, constituye el objetivo del presente artículo.

Cuando hablamos de msl,[5] hacemos referencia a los procesos a través de los cuales los actores sociales se movilizan para hacer valer determinadas demandas, y el derecho es un eje fundamental en dicha movilización. De este concepto se pueden desprender varios elementos a ser analizados.

En primer lugar, destacamos el carácter procesual de la msl. Se trata de un conjunto de acciones y estrategias que abarcan distintas etapas e intensidades.

En segundo lugar, tenemos a los actores sociales movilizados. Dentro de esta categoría, podemos incluir a los individuos organizados, a sujetos colectivos como comunidades y pueblos, y a movimientos sociales. El tipo de sujeto de la movilización definirá muchos de los caracteres y envergadura que la misma adquiera, y también las estrategias desplegadas.

En tercer lugar, tenemos las demandas. Éstas pueden variar significativamente según el tipo de actor pero, en términos generales, se trata de los deseos y anhelos (McCann, 1994: 6) de los actores sociales movilizados, basados en sus necesidades ingentes.

Hasta este punto, los elementos analizados podrían estar presentes en cualquier tipo de movilización social. Lo que tipifica a un proceso de movilización como “sociolegal” es que estén involucradas las estrategias jurídicas como un eje fundamental de la misma. Dentro de este tipo de movilización podríamos destacar dos modalidades:

a)la primera de ellas es la msl donde la demanda fundamental está asociada o traducida en una demanda por el reconocimiento de derechos no regulados o reconocidos (Sieder et al., 2005: 21), por una exigencia de cumplimiento cabal de derechos existentes, o porque desaparezca una situación de violación flagrante a los mismos. En este particular, también pueden darse todos los tipos posibles de vinculación entre estas tres probables demandas, pero lo que define a esta modalidad es que la demanda fundamental esté específicamente enfocada hacia la “lucha por los derechos o por el derecho”. Que el objetivo fundamental sea jurídico no obsta para que en estos procesos se desplieguen otras estrategias movilizativas.

b)La segunda modalidad posible es aquella donde la demanda fundamental no esté necesariamente puesta en clave de derechos, pero donde la lucha por los derechos o las estrategias jurídicas constituyan un aspecto importante del proceso de movilización social. Dentro de esta modalidad, es posible que en algunas de las etapas de la movilización el derecho esté ausente, y puede constituir, en cambio, un elemento medular en otras.

Ahora bien, en el caso concreto que ocupa a este artículo, estamos hablando específicamente de los procesos de msl donde, dentro de los recursos a ser movilizados, los dh constituyen parte fundamental del repertorio, del encuadre (Tarrow, 2004: 130, 160-161; Tilly, 1978: 7) de los procesos de movilización o de ambos. Creemos importante resaltar esto porque, a pesar de que puedan existir procesos de msl que involucren el uso del derecho, para poder conocer las potencialidades y límites de los dh resultan relevantes los casos que lo involucren como un recurso.

Somos conscientes de que los conceptos nunca tienen la capacidad para recoger toda la riqueza en que puede darse la interacción social. Cualquier proceso de msl puede involucrar varios tipos de actores, o incluso un tipo de actor que vaya variando a lo largo del proceso. Por ejemplo, la movilización puede comenzar con un grupo de individuos de manera aislada y concluir en un organizado movimiento social con demandas que se vuelvan colectivas y un plan de acción definido y coordinado. De igual manera, la movilización puede comenzar sin que las demandas jurídicas tengan una clara centralidad, pero ésta se puede ir adquiriendo a lo largo de las etapas por las que transcurra el proceso. Incluso, puede comenzar por una demanda concreta de reconocimiento de un derecho, y culminar en un proceso más grande de reivindicación política y social donde las estrategias jurídicas sean importantes pero pierdan su centralidad. Toda esta gama de posibilidades y opciones estarían incluidas dentro de los procesos de msl, a los cuales hemos sostenido que se tiene que mirar si queremos conocer, desde la práctica, las potencialidades y límites de los dh.

Ahora bien, decir que hay que mirar hacia estos procesos no aclara del todo el sentido de la observación, debido a que se pueden analizar y evaluar desde muy diversos ángulos.

En primer lugar, está la perspectiva epistemológica que elijamos para observar los procesos de msl. Desde una perspectiva positivista o pospositivista, podríamos hacer una evaluación y medición de los resultados con base en instrumentos creados a partir de la aplicación de una metodología específica que nos lleve a demostrar alguna hipótesis formulada. Por otro lado, y desde una perspectiva constructivista, podría enfocarse el análisis en la subjetividad de los actores, en lo que los propios involucrados en la msl creen y opinan. Ello podría hacerse por medio de métodos más etnográficos y descriptivos de las percepciones de los sujetos, o a través de la utilización de métodos que posibiliten interpretar la propia perspectiva de los actores. También, la mirada podría estar enfocada en comprender los procesos de msl, mientras se actúa para incidir en el cambio social desde el compromiso expreso del investigador con la realidad que se investiga.[6] Desde cada uno de estos ángulos podríamos llegar a conclusiones diversas en torno a las potencialidades y límites del uso de los dh.

En segundo lugar, estaría el sentido de la observación de la msl. Cuando se observan sus procesos, podemos enfocarnos en mirar y evaluar (ya sea desde nuestra perspectiva, desde la de los sujetos o desde el activismo conjunto sujeto-investigador) hacia tres resultados distintos:

a)La consecución de las demandas jurídicas formuladas expresamente y de otros resultados jurídicos no esperados. Se trata del impacto específico en el campo jurídico. Si impactó positivamente o no tanto en las peticiones formalmente asumidas (revocación de una concesión minera, cambio del marco normativo), como en otros aspectos no esperados (modificación de normativas internacionales; una jurisprudencia del máximo tribunal). Claro que los resultados jurídicos esperados y los contingentes dependerán de lo que cada proceso en concreto se haya planteado.

b)Los impactos sociales y políticos, previstos o no en la proyección del proceso de acción colectiva con su entorno externo. Aquí, lo que se busca es observar si el uso del derecho llevó a legitimar hacia afuera la o las demandas principales del movimiento, si generó solidaridad de otros actores sociales, si aumentó la capacidad de negociación con el Estado; tanto si estos aspectos fueron o no previstos inicialmente por el movimiento.

c)Los impactos en términos organizativos para los propios procesos de movilización social. Se trata de los efectos del uso del derecho al interior de los movimientos sociales o de los procesos de lucha social, si coadyuvó a generar cohesión, organización y fortalecimiento de los mismos o no.

La observación de los procesos de msl en materia de dh desde los diversos ángulos que acabamos de referir nos daría muchos más elementos en el afán por dilucidar el problema de las potencialidades y límites del uso de los dh en el contexto mexicano. El enfoque en alguna de estas dimensiones o en todas dependerá siempre del objetivo trazado por el investigador.

En este punto vale la pena aclarar, como insiste McCann (1994: 5), que los estudios de msl no se tratan de modelos teóricos y analíticos acabados, sino de una serie de modelos interpretativos de la acción social que han sido creados por teóricos que se han dado a la tarea de intentar comprender cómo interactúan los sujetos con el derecho y cómo lo utilizan estratégicamente para sus fines. Debido a ello, todos los conceptos ofrecidos, etapas descritas, sentidos de observación definidos, en fin, todos los elementos analíticos y conceptuales que estamos abordando tienen, necesariamente, que pasar el “test de la experiencia”. En este tipo de estudios es imprescindible una flexibilidad epistemológica mínima (o máxima) que permita la retroalimentación de la teoría con los datos observados y construidos durante el campo, la comprensión de los procesos sociales de msl a partir de aproximaciones sucesivas. Este modelo, tímidamente esbozado aquí, tiene necesariamente que adaptarse a cada tipo de movilización y a cada escenario donde ésta ocurra.

Un marco analítico para los estudios de movilización sociolegal

Si tomamos en cuenta todo lo dicho hasta aquí, para encarar una investigación empírica en torno a la msl son muchas las opciones que podemos tomar. Primero, tendríamos que decidir en torno a la perspectiva epistemológica a utilizar: postpositivista, constructivista, de advocacy (investigación-acción), pragmática (Creswell, 2009: 5-11). Posteriormente, resulta necesario dejar en claro qué métodos vamos a utilizar: si cualitativos, cuantitativos o mixtos. De ahí sería necesario pasar a escoger cuáles de las perspectivas descritas en el tercer apartado para el estudio en concreto de la acción colectiva sería más conveniente para estudiar la msl. Al respecto, hemos dicho que la perspectiva del proceso político y la movilización de recursos, teniendo como telón de fondo la relativa a los nuevos movimientos sociales que destaca la importancia del sujeto, los imaginarios y la intención del actor, serían el marco que consideramos más pertinente para estudiar los procesos de movilización en torno al derecho.

Colocados ya aquí, y habiendo tomado las decisiones necesarias en torno al interés, organización, movilización y oportunidades relativos al proceso de acción colectiva a estudiar, conviene especificar a partir de la literatura de msl lo relacionado con la movilización y las oportunidades, elementos básicos en este tipo de investigaciones.

En primer lugar, para poder comprender la incorporación de los recursos que proporciona el derecho a los procesos de movilización social, y el surgimiento y extensión del propio proceso de acción colectiva, resulta importante hacer referencia a las estructuras de oportunidad (McAdam, McCarthy y Zald, 1999: 24-25; Tarrow, 2004: 43). Los cambios en el ámbito institucional, político y social detonan o catalizan procesos de movilización social. En particular, unas cartas de derechos garantistas, la existencia de procedimientos ante instancias jurisdiccionales y semijurisdiccionales accesibles, la independencia del Poder Judicial, la existencia de jueces activistas, los procesos de reformas constitucionales o legislativas, los cambios de gobierno o los pactos políticos, las fracturas dentro de las élites, entre otras muchas razones, constituyen estructuras de oportunidad que permiten que una determinada demanda pueda ser encauzada a través del recurso a la msl que utilice el repertorio o el encuadre de dh, con independencia de que adopte alguna de las dos modalidades antes descritas (presentación de demandas en clave —o no— de derechos).

Ahora bien, en lo relativo al propio proceso de movilización, los estudios de msl tendrán que hacer énfasis en la utilización del derecho como recurso, ya sea a través de emplear los dh como repertorio y/o como encuadre. Claro está que el estudio de estos procesos no puede dejar de tomar en cuenta otros repertorios o encuadres que también se utilicen; tampoco lo relativo a las estructuras de movilización (Tarrow, 2004: 177-178), sobre las cuales se construye el proceso de acción colectiva.

En este tenor, para comprender el proceso de movilización, y al derecho, y los derechos como recursos, resulta importante tomar en cuenta varios aspectos. En primer lugar, están las acciones jurídicas emprendidas, que se pueden agrupar en: a) jurisdiccionales (administrativas, penales, civiles, amparo, tribunales internacionales) y b) no jurisdiccionales (comisiones de dh, iniciativas legislativas, mecanismos de los pactos internacionales de dh, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etc.). En segundo término, será importante también dar cuenta de los ámbitos de despliegue de estas estrategias, los cuales podrán ser locales, regionales, nacionales e internacionales, haciendo referencia a si para ese despliegue fueron utilizadas las rdt con todo lo que implican. En tercer lugar, resulta pertinente fijar la atención en las formas de despliegue; con ello, hacemos referencia a la manera en que estas acciones jurídicas se llevan a cabo y se sostienen durante todas las etapas de los procesos de movilización: a) si de manera central a lo largo de todo el proceso de lucha, b) de manera central sólo en algunas etapas, c) o de manera secundaria a lo largo de todo el proceso.

Ahora bien, para que estos recursos puedan ser desplegados y las estructuras de oportunidad aprovechadas, además del agravio social, tienen que existir lo que denominamos condiciones de posibilidad. Al respecto, consideramos que la cultura jurídica de la población (Sieder et al., eds., 2005: 29), junto con la tradición organizativa y movilizativa[7] y las tácticas y estrategias legales existentes (McCann, 1994: 10) podrían considerarse como “condiciones de posibilidad” para que la msl pueda ser viable.

A estas dos categorías habría que agregar la de estructuras de soporte, sugerida por Epp (1998). Según este autor, las estructuras de soporte permiten sostener largos procesos de msl. Ello implicaría poder contar con abogados preparados y comprometidos, organizaciones que acompañen el proceso y los recursos necesarios para afrontar los gastos que movilizaciones de este tipo normalmente acarrean.

Por su parte, McCann (1994: 11) propone que estos análisis se enfoquen a partir de cuatro etapas, las cuales hemos reconstruido a efectos de presentar un marco que permita la inclusión de diferentes tipos de msl. No se trata de etapas estrictamente cronológicas, ya que algunas pueden repetirse a lo largo de un proceso de acción colectiva prolongado y complejo.

La primera de ellas debe enfocarse en el proceso de construcción del movimiento. Durante ésta, las expectativas de los ciudadanos alrededor del cambio político activan las alianzas, los recursos organizativos y las acciones tácticas. Aquí resulta muy importante tener en cuenta el tipo de movimiento del que estamos hablando. Podemos sugerir al menos tres casos: a) un movimiento que se proponga un cambio concreto en una política pública o en el marco normativo; b) uno cuya articulación se derive de la lucha para liberar a un preso político; c) uno que surja a partir de la oposición a un acto de autoridad, como la construcción de una presa o un parque eólico, o el otorgamiento de una concesión minera o asignación petrolera. Claro está que en un proceso de msl pueden estar implicados movimientos que recojan todas las posibles combinaciones entre estas demandas.

La segunda refiere al momento concreto donde se activa la lucha jurídica por lograr cambios formales en la política pública, por revertir una sentencia, por tirar abajo un megaproyecto de inversión o por provocar un cambio en el marco normativo. Esta lucha orienta la demanda del movimiento social. Éste quizá sería el más jurídico de todos los periodos. Ahora bien, durante el mismo, la contienda jurídica no puede dejar de ir acompañada de otras formas de movilización social, en las cuales también el que investiga tiene que fijar su atención. Como en cualquier evento de msl, existen ciclos de acción jurídica concreta; por lo tanto, esta etapa puede aparecer en varios momentos a lo largo de todo el proceso.

La tercera es fundamental, y se aboca a la lucha por el control sobre el desarrollo y la implementación de la reforma de la política, de la sentencia impugnada, del cambio normativo o de los resultados jurídicos derivados de la lucha contra un megaproyecto. Esta lucha se despliega entre las diversas partes interesadas. Aquí, se trata de tener control en torno al desarrollo del proceso de msl, para que los resultados que se van obteniendo puedan ser capitalizados por el movimiento. Resulta, por lo tanto, una buena advertencia para el que investiga, con vistas a que su mirada y acción no se extravíen sólo en los logros de resultados concretos relativos a las demandas, y vaya también a observar y accionar sobre cómo se capitalizan esos resultados por parte de los involucrados en el proceso de msl.

Por último, la cuarta etapa implica tener control sobre el legado transformador de la acción jurídica. Esto sirve al desarrollo posterior del movimiento, a la articulación de nuevos reclamos y demandas, a las alianzas con otros grupos, al logro de reformas políticas y a la lucha social en general. Se trata de tener no sólo el control de los resultados concretos en cada momento, sino del proceso de msl como un todo. Este proceso de acción colectiva tiene que ser aprovechado tanto para la organización interna del movimiento, como para que pueda detonar todo un ciclo de protestas que lleven a articular los resultados concretos en nuevos reclamos y demandas. Se trata de asumir el legado del movimiento y capitalizarlo para los fines de la acción colectiva. Muchas veces éste resulta el momento más difícil debido a que muchas organizaciones con fines concretos abandonan el proceso una vez que se han logrado resultados puntuales que sirven a sus propios intereses. Un ejemplo de ello lo vimos con las ong internacionales en el caso de la lucha del pueblo u’wa.

El investigador/a de los proceso de msl tiene que tener en cuenta todas estas etapas si quiere comprender todos sus alcances. Ahora bien, claro está que las mismas —al igual que las categorías aquí referidas—, tienen que adaptarse a las características de cada movimiento y que, más que una camisa de fuerza, se trata de una sugerencia metodológica inicial para enfrentar el estudio de la msl, en el entendido de que es, sobre todo a partir de estudios de este tipo, que se podrán establecer con más claridad las potencialidades y límites de los dh, que no se deben enfocar exclusivamente desde el punto de vista del académico (que siempre está ubicado dentro del sector privilegiado en cualquier sociedad) sino que, además, deben tener en cuenta la experiencia de los propios actores, las formas en las que ellos conciben y evalúan el proceso de msl, la manera en que ellos inciden y a la vez son transformados por el propio evento.

Conclusiones

En el contexto mexicano actual, los estudios sobre msl que indaguen acerca de la relevancia del uso del derecho y de los dh en los procesos de movilización social resultan fundamentales y necesarios, si queremos saber qué papel están desempeñando los dh en un contexto de violencia y de expansión de derechos. En el presente texto, hemos ofrecido un marco teórico, analítico y metodológico que puede ser de utilidad para comprender estos procesos. Para ello, hicimos un breve recuento en torno al estado del arte en la materia. Además, analizamos los elementos teóricos básicos para el estudio del derecho y los derechos desde la teoría de la acción colectiva y los estudios de msl.

Este tipo de estudio resulta de una innegable pertinencia y actualidad en el campo de los estudios sociojurídicos en México. Cuando cualquiera de los elementos que facilitan los procesos de msl sufre un cambio de envergadura, ello provoca un impacto sobre los demás. Las estructuras de oportunidad han cambiado en México a partir de las diversas reformas en materia de dh ocurridas en 2011, pero todavía estos cambios no se reflejan en las condiciones de posibilidad ni en las estructuras de soporte. Es de esperar que, en un mediano plazo, estas circunstancias comiencen a cambiar. Esta situación configura un escenario de cambio jurídico que impactará en los espacios de acción colectiva organizada y, por consiguiente, los dh podrán comenzar a tener un papel más activo y decisivo en los procesos de movilización social.

La academia estudiosa del derecho debe estar preparada para los retos de orden epistemológico que, sin duda, vendrán de la mano con estos cambios. Además, está llamada a desempeñar un papel fundamental en este proceso al abrirse al diálogo con otras disciplinas; al fomentar una educación jurídica crítica, abierta, de calidad, que sea capaz de contribuir a un cambio cualitativo y cuantitativo en las estructuras de soporte; al ampliar la investigación al campo de lo social, de la “vida del derecho”. Así, vinculando la investigación con la acción, podemos también contribuir a que avance la agenda de los derechos, no porque éstos tengan valor en sí mismos, sino porque ello implica que las demandas sociales que durante años han sido traducidas en clave de derechos, alcancen un mayor grado de satisfacción.

Creemos que la investigación empírica tiene mucho que aportar al necesario proceso problematizador de las tensiones y límites del discurso de los dh. Responder a esta pregunta, situados en contextos de violencia y crisis de Estado como los que vive México hoy, es el objetivo del presente libro. Modelos como el que revisamos a lo largo de estas páginas pueden servir a esta tarea.

Fuentes

Albarracín Caballero, Mauricio

2011 “Corte constitucional y movimientos sociales: el reconocimiento judicial de los derechos de las parejas del mismo sexo en Colombia”, Sur (Revista Internacional de Derechos Humanos) 8, no. 14: 6-33.

Alberoni, Francesco

l984 Movimiento e institución: teoría general. Madrid: Editora Nacional.

Bourdieu, Pierre

2003 El oficio de científico. Ciencia de la ciencia y reflexividad, Curso del Collège de France 2000-2001, trad. de Joaquín Jordá. Barcelona: Anagrama.

1999 La miseria del mundo. Buenos Aires: fce.

Creswell, John W.

2009 Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 3a.ed. Thousand Oaks, Calif.: Sage.

Della Porta, Donatella y Mario Diani

1999 Social Movements, an Introduction. Oxford, R.U.: Blackwell.

Dezalay, Yves y Brian Garth

2002 La internacionalización de las luchas por el poder. La competencia entre abogados y economistas por trasformar los estados latinoamericanos. Bogotá: ilsa/Universidad Nacional.

Epp, C.R.

1998 The Rights Revolution: Lawyers, Activists, and Supreme Courts in Comparative Perspective. Chicago: University of Chicago Press.

Estévez, Ariadna

2010 “Los dh en la sociología política contemporánea”, en Ariadna Estévez y Daniel Vázquez, coords., Los derechos humanosen las ciencias sociales: una perspectiva interdisciplinaria. México: cisan, unam/Flacso México.

Hernández Cervantes, Aleida

2012 “Diagnóstico del trabajo en el contexto de la globalización económica: el caso de México”, Economía Informa, no. 375 (julio-agosto): 27-54.

Kairys, David (ed.)

1982 The Politics of Law: A Progressive Critique. Nueva York: Pantheon.

Keck, M.E. y K. Sikkink

2000 Activistas sin fronteras. Redes de defensa en política internacional. Madrid: Siglo xxi.

Kelman, Mark

1987 A Guide to Critical Legal Studies. Cambridge, Mass.: Harvard University Press

Kennedy, David

2001 “The International Human Rights Movement: Part of the Problem?”, Harvard Human Rights Journal, no. 99.

McAdam, D., J.D. McCarthy y M.N. Zald

1999 Comparative Perspectives on Social Movements. Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings. Cambridge: Cambridge University Press.

McCann, Michael

2004 “Law and Social Movements”, en Austin Sarat, ed., The Blackwell Companion to Law and Society. Oxford, R.U.: Blackwell.

1994 Rights at Work. Chicago: University of Chicago Press.

Melucci, Alberto

1991 “La acción colectiva como construcción social”, Estudios sociológicos IX, no. 26: 357-364.

Moore, Barrington

1989 La injusticia: bases sociales de la obediencia y la rebelión. México: unam.

Nielsen, Laura

2004 “The Work of Rights and the Work that Rights Do”, en Austin Sarat, ed., The Blackwell Companion to Law and Society. Oxford, R.U.: Blackwell Publishing.

Rajagopal, Balakrishnan

2007 “Los límites del derecho en la globalización contrahegemónica: la Corte Suprema de la India y la lucha en el valle de Narmada”, en Boaventura de Sousa Santos, coord., El derecho y la globalización desde abajo. México: Anthropos/uam.

Rodríguez Garavito, César

2012 Etnicidad.gov. Los recursos naturales, los pueblos indígenas y el derecho a la consulta previa en los campos sociales minados. Bogotá: Dejusticia.

Rosemberg, G.

2008 The Hollow Hope: Can Courts Bring About Social Change? Chicago: University of Chicago Press.

Santos, Boaventura de Sousa y César Rodríguez Garavito

2007 “El derecho la política y lo subalterno en la globalización contrahegemónica” en Boaventura de Sousa Santos, coord., El derecho y la globalización desde abajo. México: Anthropos.

Scott, J.C.

2000 Los dominados y el arte de la resistencia. México: Era.

Sieder, Rachel, Line Schjolden y Allan Angell, eds.

2005 The Judicialization of Politics in Latin America. Nueva York: Palgrave Macmillan.

Tarrés, María Luisa

1992 “Perspectivas analíticas en la sociología de la Acción Colectiva”, Estudios sociológicos X, no. 30: 735-757.

Tarrow, Sidney

2004 El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política. Madrid: Alianza Editorial.

Tilly, Charles

1978 From Mobilization to Revolution. Nueva York: The University of Michigan/Random House.

Tilly, Charles y Lesley Wood

2010 Los movimientos sociales 1768-2008. Desde sus orígenes a Facebook. Barcelona: Crítica.

Touraine, Alain

2000 Podremos vivir juntos?: iguales y diferentes, México: fce.

Los claroscuros: tensiones y posibilidades de transformación social de los derechos humanos en contextos de violencia

Los derechos humanos como repertorio de contienda en Colombia

Jairo Antonio López Pacheco[*]

Introducción

A pesar de que existe una tradición de firma y ratificación de convenios y tratados internacionales de derechos humanos (dh) por parte de los gobiernos nacionales en Colombia, perdura una grave situación de violación de derechos y abuso de la autoridad estatal (Escola de Cultura de Pau, 2011). Según el Índice Mundial de Paz del 2011, Colombia está ubicada en el puesto ciento treinta y nueve de un total de ciento cincuenta y nueve países (Institute for Economics and Peace, 2011), y para Freedom House se encuentra calificada en la categoría de país “parcialmente libre” (2012: 14), es decir, experimenta uno de los niveles de violación a los derechos civiles y políticos más graves en el mundo. De la misma manera, Colombia presenta el índice de desigualdad más alto de América Latina, en un proceso de concentración de la riqueza y los recursos que va en detrimento de los derechos sociales y económicos de la población (cepal, 2010: 187). La persistencia de un contexto de guerra, de profundización de políticas neoliberales, de violación de los derechos de la población, y el alto índice de asesinatos y agresiones a los líderes sociales se combinó entre 2002 y 2010 con la persecución y estigmatización por parte del gobierno de Álvaro Uribe Vélez frente a los defensores de dh (psd, 2012: 19; cidh, 2011: 12).

En la defensa de los dh en Colombia confluyen diversos actores sociales: desde el movimiento indígena, el movimiento sindical, redes de acción de base social y eclesiástica, actores colectivos movilizados por la búsqueda de una salida pacífica del conflicto, líderes sociales y políticos, hasta organizaciones no gubernamentales (ong) especializadas en el activismo por los dh a lo ancho del país. Todos estos actores colectivos tienen una trayectoria histórica de movilización, construcción de redes, plataformas, mesas de solidaridad y cooperación; conforman un espacio de defensa de dh nacional con grado de coordinación y capacidad para la presión política, la realización de campañas y demostraciones de valor, unidad, número y compromiso (López, 2012; Romero, 2002). Al consolidarse actores colectivos con capacidad de movilización de recursos, se generó en Colombia un escenario de contienda política por los dh en el que se regularizaron ciertos repertorios de acción con el fin de oponerse y cuestionar al gobierno nacional.

El presente artículo analiza la forma en que los dh se posicionaron como un importante repertorio de contienda política en Colombia, específicamente durante los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), donde se presentó un conflicto constante e intenso con las redes nacionales de defensa. Si bien los dh se convirtieron en un mecanismo de confrontación política sostenido, nuestra tesis principal plantea que su movilización se inscribe dentro de la paradoja de la institucionalización, lo que explica que, dentro de la amplia red de movilización social, fueran cierto tipo de ong los actores con mayor capacidad de movilización de recursos e incidencia dentro de la contienda. La capacidad específica de las ong para ubicarse como profesionales intermediadoras de la movilización a nivel nacional ayuda a explicar el potencial de los dh como repertorios de contienda política dentro de oportunidades institucionales delimitadas.

El análisis tiene un doble objetivo. Primero, aportar a la discusión teórica sobre la idea de los dh como repertorios de contienda, los factores que entran en juego y el tipo de relaciones sociales que se estructuran. Segundo, explicar el papel que cumplieron los dh en la movilización social entre el 2002 y 2010 en Colombia, las dimensiones de la política que estaban en juego y los efectos de dicha presión política. Para lograr estos objetivos, estudiaremos dos grandes casos en los que se manifiestan con claridad las posibilidades y los límites de los dh como repertorios de contienda: por un lado, el caso de la oposición a la guerra, la cual se materializó en una confrontación a la “política de seguridad democrática” del presidente Uribe Vélez y el cuestionado proceso de desmovilización paramilitar; por el otro, la oposición a los procesos de apertura y profundización neoliberal, la cual se materializó en una campaña transnacional contra la violencia antisindical y de denuncia del poco compromiso del gobierno con los derechos civiles y laborales de los trabajadores colombianos. Ambos casos muestran que la movilización que se valió de los dh como un repertorio de contienda está directamente relacionada con el tipo de marcos de oportunidad y la capacidad de elaboración de coordinación y conexión con otros actores (institucionales y no institucionales). Si bien, los dos casos muestran procesos de demanda diferenciados, en ambos la movilización estratégica se concentró en la resistencia contra la violencia física y el respeto de los derechos civiles (posibilidades), lo cual redujo la movilización contra la aplicación de la política económica de libre mercado indiscriminado (límites) a una demanda por la vida.

¿Tienen los derechos humanos un carácter contencioso? Entre los canales institucionales y los repertorios colectivos

Las ciencias sociales han tratado de responder de diversas formas a la pregunta de si los dh tienen un carácter emancipador y, si se quiere, contencioso. Desde las teorías jurídicas críticas se propone que los dh pueden ser una herramienta de movilización emancipadora y textos de construcción de discursos y prácticas de resistencia (Douzinas, 2008; Baxi, 2006; Santos, 2002; Gordon et al., 2000). Plantear que los dh pueden ser apropiados y formar parte de las luchas políticas y sociales de los países, además de que van en contra del universalismo propio de los discursos centrales, abre un campo de reflexión en torno a su potencial crítico y movilizador, bien sea en contextos de su violación, ausencia o promesa.[1] No obstante, los defensores de una dimensión emancipatoria reconocen que las reivindicaciones hacia el marco normativo de los dh tienden a canalizar la movilización y protesta por vías institucionales y en el propio lenguaje del Estado (Dezalay y Garth, 2008; Garth, 2008), lo cual los aleja de una capacidad disruptiva real (Wallerstein, 2007). Esto representa una tensión en la cual, la doble relación como marco normativo institucionalizado y como mecanismo de defensa individual y colectivo muestra las complejas y paradójicas relaciones de poder en las que los dh se inscriben (Stammers, 2009; Douzinas, 2008), pues los movimientos sociales realizan sus demandas en formas que requieren la institucionalización de instancias de garantía, lo que ha generado, al tiempo, una tendencia hacia la institucionalización del activismo en su defensa.[2] Dada la formalización del marco jurídico de los dh, que lleva a la paradoja de la institucionalización, las ong se convierten en “profesionales intermediarias” (Tilly y Wood, 2010: 224-291) que tramitan muchas de las demandas y centralizan muchas de las actividades de la movilización social, y llegan a ser parte de ésta bajo principios especiales de acción y coordinación.[3] Un elemento particular de la movilización por los dh es la centralidad que tiene el activismo transnacional (Tarrow, 2005; Sikkink, 2005; Keck y Sikkink, 2000) y las interacciones que se han vuelto rutina entre los actores colectivos con el Estado.

Si entendemos como repertorio el uso combinado y sostenido de acciones políticas como la “creación de coaliciones y asociaciones con un fin específico, reuniones públicas, procesiones solemnes, vigilias, mítines, manifestaciones, peticiones, declaraciones a y en los medios públicos, y propaganda” (Tilly y Wood, 2010: 22), entenderemos como repertorio de derechos humanos (Hagan, 2010) el tipo de acción política que se concentra principalmente —por medio de diferentes tácticas— en las demandas jurídicas, la reivindicación política de la dignidad humana o la agitación de la opinión pública con fines políticos que pueden, incluso, sobrepasar la búsqueda del respeto o la garantía de ciertos principios jurídicos.[4] Es necesario diferenciar, entonces, entre las acciones de movilización que se han vuelto rutinarias de las acciones contenciosas, ya que los repertorios de acción colectiva logran un carácter de contienda política

por cuanto plantean una serie de reivindicaciones colectivas que, de ser aceptadas, chocarían con los intereses de otras personas, política por cuanto, de un modo u otro, los gobiernos, con independencia de su signo político, figuran en tales reivindicaciones, bien como autores, bien como objeto de la reivindicación, bien como aliados del objeto, bien como árbitros de la disputa (Tilly y Wood, 2010: 21).

¿Además de su enunciación y legitimación en el campo político institucional, los dh pueden ser usados como repertorios de choque con las condiciones estructurales, económicas y políticas de marginalización, exclusión y violencia? La forma de evaluar si la movilización y el repertorio de los dh logran una dimensión contenciosa política se encuentra en el tipo de impacto que sus reclamos tienen en los objetivos, principalmente frente a los gobiernos, las estructuras de oportunidad política —institucionales y no institucionales— y los marcos de motivación. Si bien, los dh pueden acoplarse a una “geometría variable” (Castells, 2000) según la forma en que son “localizados” (Merry y Goodale, eds., 2007), su carácter contencioso depende del tipo de actor/gobierno al que se opongan y la manera de coordinación colectiva. En tanto que discurso institucionalmente reconocido, supondría que elevaría los costos de su represión, pero en contextos de su violación, ausencia o promesa (como el caso colombiano), la defensa y exigencia del respeto de los dh se convierte, al parecer, en una bandera radical de demanda.

El marco de la contienda en Colombia: contra quién y cómo se movilizaron los derechos humanos

Para analizar el carácter contencioso del repertorio de los dh es importante enmarcar el conflicto que su defensa desató en Colombia. Las disputas entre el movimiento de dh y Álvaro Uribe Vélez empezaron desde la misma campaña presidencial en 2002, donde el movimiento hizo un constante llamado de alerta ante la propuesta guerrerista que el entonces candidato presidencial representaba, pues se señalaron tanto los riesgos que tenía su discurso de confrontación en el que la población civil sería fácilmente víctima de una arremetida militar, como los vínculos de Uribe Vélez, cuando fue gobernador de Antioquia (1995-1997), en la formación de las “Convivir”. Estas cooperativas de seguridad privada fueron uno de los orígenes de la formación de grupos paramilitares que, a finales de los años noventa y durante la primera mitad de la década del 2000 consolidaron su poder en Colombia, pues controlaron económica y políticamente localidades, municipios y departamentos (Romero y Valencia, eds., 2007). De la misma manera, desde el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) se había presentado una reorientación militar estratégica con el Plan Colombia firmado con Estados Unidos, principalmente en términos de modernización militar y de lucha contra el narcotráfico (Vargas, 2010); dicha reorientación estratégica fue impuesta como el centro de la política nacional de Álvaro Uribe Vélez y la implementación de la “política de seguridad democrática”, en la que el combate antisubversivo y la búsqueda de una victoria militar de la guerra se convirtieron en el objetivo central.

Recién posesionado Álvaro Uribe Vélez, el gobierno nacional presentó un plan de trabajo de política internacional en el que incluía como sexto frente “acabar con el protagonismo de las ong de dh ante las embajadas”.[5] Esta estrategia diplomática fue el inicio de lo que sería una continua ofensiva nacional e internacional del gobierno para desacreditar la presión en materia de dh, y un quiebre en el discurso oficial del reconocimiento de la situación de vulneración de derechos en el país. El cambio del discurso proveniente del gobierno tenía sus orígenes en el fracaso del proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc), a partir del cual los organismos estatales señalaron que las violaciones eran consecuencia “exclusiva” del conflicto armado que existía en el país, y cuya solución se encontraba no solamente en la derrota de los actores armados como el Ejército de Liberación Nacional (eln), las farc o el Ejército Popular de Liberación (epl), sino también en la derrota del narcotráfico como fuente de financiación y motor del conflicto (Borda, 2012; Gallón, 2004: 257).

Este argumento se correspondía con la estrategia de cooperación llevada adelante por el gobierno colombiano y Estados Unidos en lo referido al Plan Colombia; a dicha lectura de la situación nacional de dh se aunaba el giro que había dado la política exterior estadunidense en la lucha contra el terrorismo después del 11 de septiembre de 2001, por lo cual, lejos de reconocer el conflicto armado y las violaciones a los dh, el gobierno estableció su política como una de corte antiterrorista donde el Estado y la población civil se situaban como víctimas de dicha “amenaza” (Leal, 2006).

Las violaciones de dh fueron sistemáticas y dirigidas a poblaciones específicas: grupos indígenas, campesinos y comunidades especiales de zonas de interés económico y estratégico (Rodríguez et al., 2009); homicidios y amenazas a trabajadores sindicalizados (ens, 2010); amenazas sociopolíticas contra la vida y la libertad de líderes sociales y comunitarios, entre otras. Esta dinámica de violación de derechos fundamentales continuó con la ola de desplazamiento forzado más crítica del planeta, con un promedio de 301 604 desplazados al año entre 2002 y 2009 según datos de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (codhes, 2010). El aumento del conflicto armado interno y su degradación ubicaron una diversidad de victimarios de la población civil, principalmente los grupos paramilitares, los grupos guerrilleros —farc y eln—, las redes del crimen organizado —narcotráfico— y agentes de las fuerzas militares estatales.

En este complejo escenario de infracciones a la vida y la libertad, de intensificación de la guerra y de una política militarista dirigida desde el gobierno nacional, se ubicaron los dh en el centro de los reclamos sociales y las reivindicaciones públicas. Además de la defensa de los derechos a la vida y la libertad, en este periodo se dio continuidad en la concentración histórica de la riqueza y la tierra, que ubicó a Colombia como el país más desigual de América Latina, un escenario de profundización de políticas neoliberales que generaron, entre otras características socioeconómicas que, si bien el pib nacional crecía de manera sostenida, la capacidad de generar bienestar a la población era reducida, razón por la cual las demandas de derechos sociales y económicos también se hicieron visibles.

De acuerdo con la información del Banco de Datos de Luchas Sociales y Datapaz del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), entre el 2002 y 2009 el 49 por ciento de las protestas colectivas que se presentaron en todo Colombia fue por la reivindicación y exigencia de respeto a los dh, tanto de la vida y la libertad, como económicos y sociales (Delgado, Restrepo y García, 2010: 27). Teniendo en cuenta que la movilización social por los dh fue en aumento en la década de los noventa, tras la apertura de derechos de la Constitución de 1991, es importante resaltar que entre el 2002 y 2010 se consolidó como el principal objetivo de las demandas sociopolíticas en el país. Lo importante en este punto es observar que las protestas y reivindicaciones se realizaron “enmarcadas en un lenguaje de derechos” frente al gobierno, ya fuera nacional, departamental o municipal (Sarmiento y Delgado, 2008).

Como plantea García (2006), las movilizaciones por la paz en Colombia se han concentrado históricamente en la educación y formación de bases, por un lado, y en las marchas y plantones por el otro, lo cual representó aproximadamente el 60 por ciento de las acciones colectivas registradas entre 1970 y 2007. Cierto es que el nivel de confrontación violenta por parte de los actores que se movilizan es bajo, pues fue sólo el 5 por ciento de las acciones; ahora bien, el que una acción no sea violenta no quiere decir que no tenga un carácter contencioso, de oposición y presión al statu quo institucional y político, y que no represente demandas de envergadura que, de ser aceptadas, afectarían los intereses centrales del gobierno y los actores políticos y económicos de la coalición de gobierno.

Los altos costos de la acción colectiva

La polarización política fue profunda durante los dos periodos de gobierno de Álvaro Uribe Vélez, dado que el proyecto uribista apelaba a un discurso patriótico en el que se definía, dentro de parámetros delimitados, a los amigos y los enemigos —terroristas o subversivos— del Estado y la nación (Uribe de Hincapié, 2004). En medio de la polarización, la situación de violencia directa contra los defensores de dh fue una constante: se convirtió en una persecución armada y política.

Las agresiones a defensores de dh se presentaron en un promedio de ciento cincuenta al año, de las cuales el 74 por ciento fueron amenazas o intimidaciones, mientras que el 26 por ciento restante fueron asesinatos, desaparición, violencia sexual, tortura o heridas físicas. Según los informes del psd (2012), en ese periodo el 23 por ciento de las agresiones fueron por parte de agentes del Estado, el 59 por ciento por parte de grupos paramilitares, el 3 por ciento de grupos guerrilleros y el 15 por ciento restante por autores desconocidos. La violencia contra los defensores se vio concentrada en las regiones de mayor conflicto armado, principalmente el Magdalena Medio, Antioquia y Arauca, además de Bogotá, centros donde se ubican muchas sedes de organizaciones de dh (Peña y Zarama, 2008). La violencia contra los defensores de dh llevó a que, además de la victimización de muchos como miembros de poblaciones y organizaciones que resistían a la avanzada de la guerra y la degradación de las condiciones de vida en todo el país, sufrieran un proceso de doble victimización en tanto eran objetivo militar declarado de los paramilitares y no declarado de los agentes estatales.[6]

De esta manera, la movilización social en defensa de los dh entre el 2002 y 2010 fue tanto un importante motor de presión y reclamación política, como una de las actividades sociopolíticas más riesgosas y perseguidas en todo el país. El contexto nacional de violación de dh y la sistemática violencia contra sus defensores aumentaban los costos de la acción colectiva, lo que haría pensar que a mayor capacidad del gobierno para manejar la agenda, los recursos políticos y reprimir la movilización, menor capacidad de la movilización social. La persecución, estigmatización y los saldos de muertes directas elevaron los costos de la acción colectiva; sin embargo, aquí aparece un potencial contencioso de los dh: fueron las ong mejor posicionadas en el marco de oportunidad nacional e internacional las que pudieron movilizar recursos y canalizar este tipo de demandas en una contienda directa frente a Álvaro Uribe Vélez y su gobierno. En sí misma, la defensa de los dh no logra potenciar un escenario de confrontación sostenido; es el lugar que se ocupa dentro de la paradoja de la institucionalización, y la estructura de movilización interna lo que permite potenciar su capacidad de presión frente a los gobiernos. Al presentarse un gobierno que quiebra el reconocimiento de la institucionalización de los dh, y dentro de ésta el papel de quienes se apropian en su defensa, se hace más difícil para el gobierno a nivel internacional respaldar su política de seguridad, y obliga a los actores a aprovechar dichas oportunidades.

Las estructuras de oportunidad nacional e internacional

En esta sección seguimos los replanteamientos de Sikkink (2005) basados en la teoría de Tarrow, a partir de los cuales analizamos las estructuras de oportunidad para la acción colectiva según su escala —global/local— y según el acceso a las instituciones, es decir, cuán abiertas o cuán cerradas son éstas a las demandas de la acción colectiva.

En el 2009, Colombia había firmado o ratificado cuarenta y dos pactos, convenios o tratados interamericanos e internacionales de dh, que de manera inmediata tenían un carácter vinculante, dada la estructura constitucional de derechos.[7] Por lo anterior, Colombia se encuentra bajo la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Organización Internacional del Trabajo (oit), además de que tiene presencia permanente de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (acnur), entre otras organizaciones que tienen carácter consultivo ante el Estado y generan, periódicamente, informes sobre la situación de protección y violaciones de los derechos al interior del país.[8]

De lo anterior podemos afirmar que en el momento de contienda política con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez existía una estructura de oportunidad jurídica internacional favorable, en cuanto las normas del régimen internacional de los dh se encontraban presentes en la jurisdicción colombiana, además de que había varios procesos ya adelantados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte de actores colectivos, basados en la argumentación de los tratados internacionales de los dh y que, al tiempo que existía una presencia de redes transnacionales y actores interesados en apoyar los procesos de demanda, el Estado era frágil frente a los fallos internacionales que eran inminentes.

De la misma forma, en el plano de las estructuras de oportunidad política a nivel internacional, dentro de la estrategia de cooperación del Plan Colombia se establecía como condición necesaria para el desembolso económico una evaluación anual por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la “situación de dh en Colombia”, informes que, si bien fueron siempre elaborados por la Secretaría de Estado, tuvieron una gran influencia de las evaluaciones presentadas en sesiones especiales por organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Washington Office on Latin America (wola). Por otro lado, la Unión Europea se había consolidado como una de las principales fuentes de financiamiento y cooperación estratégica para la paz y el desarrollo, donde las ong en sus plataformas de coordinación lograron aumentar sus conexiones y circular, de manera fluida, sus informes y denuncias. De allí que para el gobierno fuera fundamental frenar estos mecanismos de presión internacional, y además, que saliera a cuestionar directamente la actividad de las ong de observación nacional e internacional. Existía una estructura de oportunidades políticas internacional favorable, en tanto las relaciones de política y cooperación internacional colocaban al gobierno colombiano en una situación de observación por parte de gobiernos externos y de agencias multilaterales.

En el marco nacional, las estructuras de oportunidad política y jurídica tenían accesos diferenciados. Por un lado, las oportunidades jurídicas nacionales se referían a la existencia de un diseño de pesos y contrapesos basado en organismos de control de balance y asignados. Dentro de las principales instancias institucionales que permitían el acceso a la demanda y exigencia del respeto a los derechos fundamentales se encontraban la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y la Personería de la República. Además de lo anterior, existía una diversidad de instancias dentro del marco institucional de dh interno que, de una u otra forma, trabajaban para el fomento, protección, defensa o exigencia del cumplimiento de los dh. Si bien, muchas de estas instancias institucionales tuvieron serios problemas de funcionamiento, lo cierto es que el marco institucional cobijaba una variedad de alternativas para la exigencia del respeto de derechos, lo cual les daba legitimidad en el discurso.

En tanto el reconocimiento jurídico de los dh tenía centralidad normativa y constitucional, y se presentaba una tradición de activismo proderechos de instancias institucionales como la Corte de Justicia y la Corte Constitucional (Saffon y García Villegas, 2011; Rodríguez y Rodríguez, 2010), existía una estructura de oportunidad jurídica favorable, en la que estaba dado el acceso de las organizaciones de la sociedad civil e individuos, y se podía presentar un escenario de litigio —“estratégico”— y demanda del respeto y garantía de derechos.

En el plano de la estructura de oportunidad política institucional nacional se presentaba un fuerte alineamiento de las élites, expresado en el hecho de que Álvaro Uribe Vélez logró una coalición mayoritaria en el Congreso de la República y una amplia concertación de los partidos políticos alrededor de su proyecto. Dado que la política guerrerista era compartida por la totalidad de las élites políticas, y que se formó una fuerte polarización política en el discurso presidencial, el acceso a la discusión pública por parte de la movilización social era limitado. De la misma forma, la represión estatal era alta, lo cual aumentaba los costos de la acción de los defensores y, lo más importante, mostraba una estructura de oportunidad política nacional desfavorable en la que la interlocución entre defensores, ong y gobierno era prácticamente inexistente.

Tenemos, entonces, una convergencia de condiciones desiguales de oportunidad para la acción colectiva y la contienda. Como se observa en la gráfica 1, en el plano de las estructuras de oportunidad internacional se presentaba tanto un marco político como jurídico que tendía a ser abierto, que aumentaba los incentivos y daba mayores garantías de éxito en la presión. Por otra parte, en el plano de las estructuras de oportunidad nacional, se presentaba un marco jurídico de acceso favorable y uno político de acceso mucho más limitado, razón por la cual en la contienda política se dio un mayor activismo jurídico y de presión mediática, que de negociación y participación política —por ejemplo, actos legislativos, referendos, entre otros.

En este punto, los repertorios de defensa de dh cobran un valor fundamental en la dinámica política: la demanda en el campo judicial permitía que sus acciones y reclamos se enmarcaran adecuadamente en las oportunidades jurídicas nacionales e internacionales, y era éste el recurso legal a que más apelaban las ong expertas para generar cambios en los límites formales de la política de guerra. El activismo de producción de información y conocimiento permitía que, si bien los escenarios de interlocución o acción política estuvieran cerrados, se presentara la posibilidad de la conexión política internacional, la discusión externa de temas que en Colombia se encontraban vedados, y la generación de campañas de avergonzamiento estatal.

Gráfica 1. Tipos de acceso a las estructuras de oportunidad en la contienda.

La contienda política estuvo enmarcada en esta doble relación, nacional/internacional y jurídica/política, relación en la que las ong lograron encontrar escenarios adecuados de presión y reclamación basados en los diversos repertorios históricamente instituidos. De esta manera, las dimensiones endógenas y exógenas de la movilización social de los dh convergen en un proceso político complejo, en el que los reclamos por el respeto y garantía de los dh se combinaron, de manera permanente, con acciones enmarcadas tanto en los canales institucionales como no institucionales, y se reprodujo la paradoja de la institucionalización, pero se le dio valor de articulación por medio de la profesionalización de la movilización social a nivel nacional.

Reclamos frente al gobierno de la “seguridad democrática”: posibilidades y límites

La consolidación paramilitar no es sólo un fenómeno de control político institucional; tiene dimensiones más profundas en la consolidación de un tipo de orden social: el poder económico, la concentración de la tierra en las zonas más afectadas por el conflicto (Romero, 2011) y la construcción hegemónica de un discurso neoliberal y conservador, donde la violencia estructural se combina trágicamente con la violencia física. Este contexto, reforzado por la “política de seguridad democrática” de Álvaro Uribe Vélez, llevó a que las demandas de la movilización nacional por los dh se localizaran en la defensa de mínimos derechos democráticos y de justicia en medio de la guerra. El escenario de guerra permanente es el mismo que ha acompañado los orígenes y la consolidación de la defensa de los dh en Colombia, donde las ong con un perfil activista han desarrollado todo un trabajo de defensa desde las regiones al centro del país.[9]

La política de guerra

La política de gobierno de Uribe Vélez traía consigo dos lógicas estratégicas: por un lado, estaba dirigida a la “seguridad nacional” con base en una política de corte antiterrorista y, por otro, daba concentración al poder presidencial para que tuviera mayor capacidad de maniobra tanto para afrontar la guerra como para manejar el aparato burocrático-administrativo estatal. Estas políticas se trataron de implementar ya fuera por diversas reformas constitucionales (Uprimny, 2006), por actos legislativos o vía referendo que dieran “legitimidad popular” a las modificaciones. Por medio de la declaración del Estado de Conmoción Interior, el 11 de agosto de 2002, la propuesta de referendo popular en el 2003, y el posterior Acto Legislativo 223 de 2003, conocido como Estatuto Antiterrorista, el gobierno Uribe Vélez buscó institucionalizar la política de guerra y evitar restricciones constitucionales en materia de dh bajo el argumento de que el primer derecho que garantiza el respeto y reconocimiento de los demás es la seguridad.

Ante estas continuas propuestas de reformas constitucionales, en el X Foro Nacional de Derechos Humanos, se trazó como bandera del movimiento nacional la oposición a la política de seguridad democrática y al referendo presidencial, y se promovió una campaña de “visibilización” de lo contraproducente que para el Estado de derecho y el respeto de los tratados internacionales eran las propuestas del gobierno. Las posturas de las diferentes organizaciones desde el sur, norte, oriente y occidente del país se sintetizaron en el libro El embrujo autoritario, publicado en septiembre de 2003, donde las principales ong, por medio de la Plataforma Colombiana de Derechos humanos, Económicos, Sociales y Culturales (pcdhdd), socializaron un balance de la situación de dh —civiles, políticos, económicos, sociales y culturales— durante el primer año de gobierno de Uribe Vélez.

En lo que se refiere a las reformas constitucionales promovidas por el presidente, se afirmaba:

a partir de las reformas constitucionales, efectuadas o previstas, se propone modificar la estructura misma del Estado, incluida la administración de justicia, afectando los avances constitucionales de la Carta del 91, recortando elementos del Estado Social de Derecho, y buscando colocar todas las instituciones, incluso la Rama Judicial, bajo la dirección del Ejecutivo en función de profundizar el conflicto, de involucrar a la población y a todas las instituciones en la llamada guerra contra el terrorismo y guerra contra las drogas […] creando una simbiosis entre el Estado y el ciudadano, basándose en la tesis del deber ciudadano frente a la seguridad pública y subordinando la exigibilidad de los derechos a las necesidades militares en el marco de la doctrina de la seguridad democrática, la cual se nutre del nuevo paradigma del poder de Occidente: el que no está conmigo está contra mí; desplazando y diluyendo la responsabilidad del Estado en materia de seguridad y convirtiendo al ciudadano en vigilante e informante (cajar, 2003: 20).

Este informe tuvo un valor especial, pues ante su publicación y socialización como forma de denuncia pública y del trabajo de presión de las ong, tanto a nivel nacional como internacional, especialmente en la Unión Europea, Uribe Vélez reaccionó calificando a los activistas defensores de dh como “guerrilleros vestidos de civil”, “voceros y politiqueros del terrorismo”, además de “declararle la guerra a las ong traficantes de derechos humanos”. En un enérgico discurso en la Escuela de Cadetes del Ejército en Bogotá, se declaró en contra de las ong activistas que “mienten a la comunidad internacional”, rechazó las denuncias de abusos en las violaciones a los dh —al tiempo que se empezaron a dar cruces en la disputa por las cifras de violación—, y señaló que detrás de todo estaba el principio de lucha terrorista:

Estos profetas del desastre, que no ven luces sino cuando el terrorismo es campeón, hablan de las restricciones democráticas. ¿Cuáles? Colombia tiene la mejor libertad de prensa y de opinión del mundo entero. Volvamos al Estatuto Antiterrorista. Que no lo diga yo, lo han dicho bases respetables en el mundo: el Estatuto Antiterrorista nuestro es muy restringido en comparación con estatutos antiterroristas de democracias occidentales. Hablan de redadas de la Fuerza Pública. Por Dios. En otros países, para salir del terrorismo, entre la Fuerza Pública y escuadrones de la muerte eliminaron todos los auxiliares del terrorismo […] politiqueros al servicio del terrorismo, que cobardemente se agitan en la bandera de los derechos humanos, para tratar de devolverle en Colombia al terrorismo el espacio que la Fuerza Pública y que la ciudadanía le ha quitado. Cada vez que en Colombia aparece una política de seguridad para derrotar el terrorismo, cuando los terroristas empiezan a sentirse débiles, inmediatamente envían a sus voceros a que hablen de derechos humanos. Muchas de esas críticas las han tomado de la página de internet de las farc. No tienen vergüenza ni limitaciones. Sacan libros en Europa sobre rumores y calumnias. Ellos saben que su única arma es la calumnia que hipócritamente se esconde detrás de los derechos humanos [….] estos señores pueden saber que aquella determinación de derrotar al terrorismo y a sus secuaces, que una de nuestras decisiones políticas es aislar el terrorismo y que para aislarlo vamos a capturar a todos aquellos que delinquen por complicidad o por ocultamiento (Presidencia de la República, 2003a).

En el discurso del presidente Uribe Vélez se presentaba una asimilación entre “terrorismo” y la defensa de los dh, planteando que la defensa que las ong enarbolaban se hacía en “vocería” del crimen. Tales acusaciones se repitieron en varios escenarios donde el presidente atacó directamente a los activistas al calificarlos, junto a algunos miembros de la oposición y de medios de comunicación críticos, como “brazo intelectual de las farc”. Esta continua asimilación en el discurso presidencial muestra una tensión o disputa por la definición legítima de la defensa de los dh, pues mientras para el gobierno su política de guerra estaba “sustentada en principios internacionales de guerra contra el terrorismo” (Presidencia de la República, 2003a), donde los dh tenían un fundamento como “fin” y no como “medio”, para los activistas y las ong los dh eran los principios morales mínimos que sustentaban el Estado de derecho y su accionar. Esta disputa por la “bandera de los derechos humanos” se refería entonces al reconocimiento del gobierno de que los dh eran un punto central para la comunidad internacional, lo que se conjugó en una disputa por la legitimidad de quien hablaba de derechos.

Para las ong el gobierno había “declarado la guerra contra la gente desarmada, contra las organizaciones de dh, que realizan un trabajo legítimo protegido por la comunidad internacional” (Gallón, 2003). En palabras del entonces director del cajar, estos ataques se dirigían hacia los miembros de las ong que ejercían una presión en el campo judicial frente al Estado, ya que “llevamos muchos casos contra altos oficiales del Ejército, la Armada, del [Departamento Administrativo de Seguridad] das por graves violaciones de dh, por eso nos sentimos aludidos […] varios abogados del colectivo están en el exilio, y algunos hemos sido señalados en informes de inteligencia como presuntos auxiliadores de las farc” (Uribe Vélez, citado en El Tiempo, 2003).[10] La presión en el campo judicial fue continua y coordinada —cientos de tutelas, demandas masivas, demandas de constitucionalidad y exigibilidad de derechos—, y a partir de la expertise de ong como el cajar, la Comisión Colombiana de Juristas (ccj) y la Corporación Jurídica Libertad (cjl), demandaron tanto la declaratoria de Conmoción Interior como el Estatuto Antiterrorista (Auto 169/04) ante la Corte Constitucional; ésta declaró legal el primero con restricciones a la intención de dar funciones judiciales a las fuerzas armadas, e inexequible el segundo, pues argumentaron problemas de forma y advirtieron que se presentaba una extralimitación judicial y policial en los proyectos (Sentencia C-816-04).

En medio de estas redes de reclamo de la situación de dh, y luego de la Ley 782/02 que dio campo de maniobra y herramientas legales al presidente Uribe Vélez para empezar una “negociación de paz” con los grupos paramilitares, el proceso de desmovilización paramilitar se convirtió en un punto neurálgico de contienda. Como advertimos, el paramilitarismo logró su consolidación territorial y política entre finales de los años noventa e inicios de la década del año dos mil, y fueron estrechos los vínculos en su accionar con organismos estatales, razones por las cuales el movimiento nacional de dh, junto con diferentes movimientos sociales, rechazaron el hecho de que un gobierno que tenía posiciones cercanas con estos grupos ilegales fuera el que llevara adelante este proceso, lo que “legitima el discurso de actividad contrainsurgente ejercida por éstos” (pcdhdd, 2004).

Esta tensión por los procesos de negociación con los paramilitares que llevó adelante el gobierno nacional en el 2003 se materializó, tanto en una movilización masiva en las regiones del país más afectadas por la avanzada paramilitar y por el desplazamiento forzado —Antioquia, Córdoba, Bolívar y el Magdalena Medio—, como en una fuerte oposición al proyecto de alternatividad jurídica. Dado que el gobierno buscó generar un marco jurídico especial que garantizara condiciones a los desmovilizados para deponer las armas y estuviera dentro de los estándares de la justicia internacional, se llevó adelante la elaboración de un proyecto legal especial dentro del marco de la “justicia transicional” que desembocaría en la Ley de Justicia y Paz, lo que definió una situación de “posconflicto”, no obstante que el conflicto siguiera su curso (Orozco, 2005).

El proceso de elaboración del marco jurídico abrió una serie importante de discusiones sobre el papel que, entre otras, debían tener las víctimas del paramilitarismo y del propio Estado en dicho proceso. Las organizaciones de derechos emprendieron campañas activas por el derecho a “la reparación, la verdad y la justicia”, elementos sin los cuales un proceso de paz no sería integral e iría en contra de los estándares internacionales de dh. De la misma manera, por medio de las redes Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (cceeu), La Alianza y con el liderazgo de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), se generó una plataforma llamada Diálogo Nacional “para la superación definitiva del paramilitarismo”, además de la continua exigencia de un “acuerdo humanitario con las guerrillas”. El proyecto de alternatividad penal y los pactos de Ralito fueron calificados como “cambio de impunidad por cheques” por Human Rights Watch, en tanto no garantizarían investigaciones imparciales contra los criminales, no establecían incentivos para conocer la verdad de la guerra y los crímenes, además de que tenían un marco restringido de la condición de víctima dentro del proceso, puesto que había entonces “discrecionalidad presidencial en el proyecto”.

Para el Cinep —activo en la intervención en zonas de conflicto, construcción de paz y producción de información y conocimiento—, el proceso de negociación del gobierno con los paramilitares estaba estrechamente ligado con las dinámicas de la guerra. Para esta ong —que realiza la centralización del banco de datos de violaciones más completo en el país—, el proceso de negociación estaba correlacionado con las bajas en los asesinatos políticos y los homicidios, y generaba nuevas formas de victimización y elevaba otros índices; es decir, si bien disminuían los homicidios, aumentaban las amenazas e intimidaciones, además de que calificaron dicha disminución como “natural” en el ciclo de la fuerte ola de violencia que había vivido el país entre 1998 y 2003.[11]

El proceso de desmovilización atentaba contra el Pacto Americano de Derechos Humanos; un ejemplo fue el Decreto 128 de 2003, por el cual se establecía el marco legal para la “reincorporación de la sociedad civil”, el cual “posibilita[ba] la entrega o legalización de la situación de los paramilitares y guerrilleros, no en el marco de un proceso de paz, sino buscando su desmovilización como desertores e incluso como delatores”; por lo cual, no se trataba “de un proceso de paz sino de una estrategia de guerra que incorpora[ba] estos combatientes para que sigan en la guerra, como delatores e informantes de la fuerza pública o de la Fiscalía” (cajar y ccj, 2006: 212). La crítica era clara: en tanto la política de gobierno era una para la guerra y no para la paz, los mecanismos jurídicos que se implementaban estaban dirigidos a generar incentivos para una reincorporación a la vida civil que extendería la guerra, dado que los reinsertados desempeñarían una labor de informantes, lo cual iba en contra de los estándares mínimos de justicia transicional.

La activación de intermediaciones y la acción coordinada de denuncia jurídica ejercieron presión para que otros actores estatales como las Cortes intervinieran en el proceso político y, de esta manera, reforzaran, dentro de su campo de acción, los reclamos de las organizaciones y el movimiento de dh en general (López, 2013). El reconocimiento del Estado como victimario de muchas de las violaciones de dh en el país fue un punto fundamental de confrontación (ccj, 2004). Los informes sobre ejecuciones extrajudiciales fueron usados para la denuncia internacional y para la socialización pública en los medios de comunicación nacionales, donde se señaló que la política de guerra había llegado a un punto de degradación tal, que las fuerzas militares, con el fin de legitimar su acción armada, involucraron a civiles humildes e inocentes en el conflicto, y ejecutaron extrajudicialmente, se extralimitaron en sus funciones constitucionales y violaron los dh, en lo que se conoció eufemísticamente como el “escándalo de los falsos positivos” (Semana, 2009).

En 2009, se presentó la “Jornada nacional en rechazo a las ejecuciones extrajudiciales: los falsos positivos son crímenes de Estado”, donde se exigió mayor claridad en las investigaciones y en la condena pública de estos crímenes, y se contraponía a la tesis del gobierno según la cual los “falsos positivos” eran “casos aislados” (Vicepresidencia de la República, 2008).[12] Al cumplirse un año de las denuncias de falsos positivos, el Cinep (2009) reconoció que hubo una disminución de casos, lo que parecería indicar que se tomaron las medidas y se dieron las órdenes que permitieron avanzar en el control de este tipo de abusos, lo cual confirmaba que era una situación “controlable” y no “aislada”.

Cuadro 1. Relaciones de repertorio de derechos humanos e intereses en juego frente a la guerra

Tipo de repertorio

Intereses en juego

Principales efectos de contienda

Presión en el campo judicial

La política de guerra impulsada por el gobierno de Uribe Vélez en que la “lucha contra el terrorismo” justificaba la limitación y violación de derechos civiles y políticos.

Consolidación del orden estatal por medio de la victimización y persecución de las oposiciones políticas y organizaciones sociales.

— Correcciones institucionales por la Corte Constitucional: declaración de inconstitucionalidad de proyectos del Ejecutivo; ampliación del marco de responsabilidades y de reconocimiento de víctimas en los proyectos de desmovilización.

Socialización de información

Concentración de poder presidencial y reconocimiento constitucional de la guerra como política de Estado.

Debilitamiento del diseño de Estado de derecho y procesos de impunidad.

— Crítica y vigilancia internacional de los abusos del poder estatal.

— Responsabilidad del gobierno en el abuso de las fuerzas militares y reconocimiento tímido del proceso de ejecuciones extrajudiciales.

Construcción de redes de trabajo y educación

Proceso de legitimación del gobierno en medio de la invisibilización de las víctimas.

Políticas de guerra que segregaban y dividían a la sociedad.

— Posicionamiento mediático internacional del Estado como victimario.

Fuente: Elaboración propia.

Resaltamos la paradoja de la institucionalización y la estructura interna de movilización dado que, en medio de una confrontación intensa en la que la movilización social fue perseguida en todo el país y la reivindicación por los dh por medio de plantones y protestas colectivas tomó altos costos en medio de la guerra, la profesionalización intermediaria generó los principales efectos. Como se observa en la síntesis del cuadro 1, cierto tipo de repertorios canalizaron las demandas frente a la política de guerra, y valiéndose de los recursos jurídicos y políticos adecuados dentro de las estructuras de oportunidad, generaron presión con efectos políticos que afectaron los intereses del gobierno y su coalición.

La política económica de libre mercado

Los episodios de conflicto marcan un continuum en el que las acciones de presión en el campo judicial, las marchas, plantones y protestas colectivas, junto al activismo de producción de información y conocimiento se combinaron, estratégicamente, con las oportunidades políticas del momento. Dado que las estructuras de oportunidad política nacionales eran cerradas, las estructuras internacionales se convirtieron en el espacio de presión política y mediática. Como recuerdan Tilly y Tarrow (2007: 4), en el corazón de la contienda política se encuentra el “forjar alianzas con miembros influyentes de organizaciones políticas, aprovechar ventajas de las oportunidades del régimen político existente y crear nuevas oportunidades, usar una combinación de rutinas institucionales y extrainstitucionales para avanzar en sus reclamos”. Al tiempo que se daba el conflictivo proceso de desmovilización paramilitar, en el ámbito de la política económica y laboral se presentó otro escenario con constantes episodios de contienda, en el que la Escuela Nacional Sindical (ens) —como ong especializada e intermediaria— realizó una fuerte presión internacional en medio de las negociaciones y el proceso de ratificación del Tratado de Libre Comercio (tlc) entre Colombia y Estados Unidos.

Las coyunturas que dieron un giro en la interacción y el conflicto fueron la negociación y firma en Colombia del tlc (2004-2006) y su posterior proceso de ratificación en el Congreso de Estados Unidos (2007-2011). Desde su negociación al interior del país en el Congreso de la República los principales opositores al tlc fueron el Polo Democrático, una fracción del Partido Liberal y las centrales obreras Central Unitaria de Trabajadores (cut) y la Confederación de Trabajadores de Colombia (ctc), además de las múltiples protestas que se presentaron a lo largo del país por parte de estudiantes y las redes de dh. La oposición política a la firma del tratado se fundamentaba en una desigual negociación de condiciones entre un país con una economía grande y dinámica, y otro con una economía pequeña, sin subsidios para la producción y con una de las tasas de informalidad más altas en el mundo; todo lo cual llevaría a un deterioro de la industria nacional y a la quiebra de miles de productores agrícolas.

Durante el debate interno sobre la firma del tlc por parte del gobierno, la Escuela Nacional Sindical realizó una alianza con la cut, produjo informes sobre la situación de los desc, el mundo laboral en el campo, la situación de las empresas públicas, la inversión y los posibles impactos estructurales que el tlc podría traer; información con la cual algunos congresistas organizaron sus intervenciones en el Congreso, además de socializarla en el ámbito académico. Para el gobierno la firma del tratado era una prioridad, por lo que formó un equipo de importantes expertos que llevaron adelante las negociaciones (Silva, 2007; Pulecio, 2005) y promovió al interior del país la imagen de que el tlc daría más oportunidades a los empresarios colombianos para entrar a competir en la mayor economía del mundo y garantizaría, como mínimo, un crecimiento anual del 1 por ciento del pib. De esta manera, la negociación del tlc era central para el presidente Uribe Vélez —como política típica de la apertura indiscriminada de los mercados—, por lo cual los reclamos y la oposición a su firma tenían un alto valor político.

A pesar de las manifestaciones de desacuerdo internas, el tlc fue aprobado en el Congreso colombiano por medio de la Ley 1143 de 2007. Luego de esta aprobación y la subsecuente declaración de constitucionalidad de la Corte, el tlc pasaba a un proceso de ratificación por parte de la Cámara de Estados Unidos, la cual había sido recientemente elegida con mayoría demócrata, partido de oposición al entonces presidente George W. Bush. En esta nueva etapa de ratificación se abrió una ventana de oportunidad en tanto la mayoría del Congreso era opositor al gobierno de Bush, además de que algunas de las críticas que dirigían al gobierno planteaban que su desmedida lucha contra el terrorismo fue contraproducente para el país norteamericano y se cuestionaba la política de dh. La cercanía y conexión de una fracción del Partido Demócrata con la mayor central sindical estadunidense fue importante; de allí que una vez que llegó la discusión al Congreso fue la Federación Estadunidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations, afl-cio) la que primero socializó la situación laboral en Colombia, pues señaló que la violación a los derechos fundamentales a la vida, libertad y asociación era grave en el país.

El informe publicado por la ens en 2007 titulado “2015 o esa siniestra facilidad para olvidar. 21 años de asesinatos a sindicalistas en Colombia” fue importante para iniciar la presión internacional en este escenario de negociación, pues se afirmaba que Colombia era el “país del mundo más peligroso para el sindicalismo, en el que ocurren más del 60 por ciento de los homicidios a trabajadores sindicalizados del planeta” (ens, 2007: 11). La afl-cio presentó las cifras en el Congreso de Estados Unidos y dirigió la discusión sobre la ratificación del tlc al problema de la violación de dh de los sindicalistas en Colombia, tanto civiles como económicos y laborales —cooperativas de trabajo, régimen de contratación, explotación de la niñez, entre otros—. También argumentó que estas violaciones a los derechos iban en contra de los convenios firmados y ratificados por Colombia ante la oit.

Como respuesta a estas actividades, el vicepresidente Francisco Santos arremetió públicamente en Washington contra las ong y los sindicalistas: dijo que la campaña contra el tlc que llevaban en Estados Unidos era “ideológica, financiera y política, [y agregó que] creen que el 78 por ciento de los colombianos somos estúpidos” (El Tiempo, 2007). El gobierno superponía nuevamente su popularidad y el apoyo electoral a las demandas por lo mínimo de los dh, pues señalaba que su defensa era un “negocio que impide reconocer los avances del Gobierno”.

La activación de estas redes de presión generó una dinámica en la que la producción de información para el cabildeo internacional fue importante, pero al tiempo se dieron una serie de visitas, en las que al menos noventa delegaciones de parlamentarios de Estados Unidos, funcionarios del Departamento de Estado y varios miembros de organizaciones estadunidenses llegaron al país y hasta la misma ens en Medellín, buscando verificar la información que llegaba a Estados Unidos —tanto la de las ong que planteaban un grave escenario de violación de derechos, como la del gobierno, que negaba dicha situación y cuestionaba los fines últimos de la actividad de las ong—. Para los miembros de la ens, la situación de los derechos a la vida y la libertad de los sindicalistas fue fundamental en el escenario internacional, dado que:

Como la violación aquí [en Colombia] es tan masiva, y en todos los sectores, eso termina por desgastarse o volverse muy trivial, entonces aquí no hacen caso de eso, aquí si vos decís están asesinando cien sindicalistas, entonces dicen, ¡ah, sí! pero mataron treinta indígenas y ochenta ¡tal!, entonces eso relativiza mucho la situación y eso termina naturalizándose, mientras el trabajo por fuera sí llama mucho la atención porque no es normal que eso ocurra (Correa, 2011).

El argumento que se presentaba era entonces el de la existencia de una “cultura antisindical” (ens, 2008), por lo cual había una múltiple exclusión de los sindicatos en el país —social, institucional, política, económica—, lo que se reflejaba en los altos índices de violación de derechos de los trabajadores y la poca respuesta institucional que se daba para superar dicha situación. Valiéndose de las recomendaciones dadas por la oit y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, la ong argumentó que estas exclusiones se materializaban en los índices de violencia contra los sindicalistas donde, si bien hubo una disminución entre 2007 y 2008, persistieron los altos índices de impunidad por parte de la Fiscalía General en las investigaciones de los casos existentes (ens, 2009).

En medio de estos reclamos y de la negociación de la ratificación del tlc, el director de Human Rights Watch, con los informes en mano provenientes de la ens y de la cceeu, pidió al Congreso estadunidense solicitar que se usara dicha negociación de ratificación “para presionar en materia de derechos humanos al gobierno nacional” (El Tiempo, 2008b). Para el presidente Uribe Vélez, dicha presión era “chantajista” y “sesgada” (El Tiempo, 2008a), reacción de confrontación por parte del gobierno, además de que señaló que el cabildeo internacional realizado por varios sectores políticos y sociales representaba una “traición a la patria”.

A finales del 2008, Naciones Unidas aplicó el Examen Periódico Universal (epu);[13] por medio del entonces nuevo Consejo de Derechos Humanos (cdhnu) se realizó en unión del organismo multilateral con el Estado colombiano. Inicialmente, la onu buscó coordinar un trabajo de elaboración de información entre el gobierno y las ong de dh; sin embargo, éstas no aceptaron en tanto argumentaban que los ataques del presidente Uribe Vélez durante todo su gobierno no daban garantías para un trabajo conjunto. Así, las plataformas Alianza, cceeu, pcdhdd y la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz (apscp) presentaron, de manera independiente y como representación del movimiento nacional de dh, un informe para la revisión del epu.[14]

Finalmente, y luego de una revisión de los lineamientos generales de la política gubernamental en materia de dh, Naciones Unidas realizó evaluaciones en seis ámbitos en los que incluyó la violencia antisindical.[15] El epu reconoció los mecanismos institucionales aplicados por el gobierno, pero señaló la gravedad de la situación de la violencia antisindical, además del aumento de las ejecuciones extrajudiciales por parte del Estado (El Colombiano, 2008). El gobierno nacional planteaba entonces un “complot” contra la “nación” por parte de las organizaciones de dh, además de que las presentaba ante las embajadas como “traficantes de cadáveres”, es decir, a partir de una ofensiva diplomática buscaba plantar la imagen de que la ens inflaba las cifras de homicidios contra sindicalistas con finalidades políticas, dado que “entre más muertos reporten, mayor cooperación reciben” (Botero, 2011).[16]

Sin duda, la presión y el cabildeo en Estados Unidos no fueron exclusivos de las ong de dh y de la ens en particular, participaron con mucha intensidad miembros de los sindicatos nacionales, del Polo Democrático y del Partido Liberal. Así, en el 2009 se realizó una sesión especial en el Congreso de Estados Unidos organizada por el senador demócrata George Miller, presidente de la Comisión de Trabajo y Educación de dicha corporación;[17] como respuesta a la sesión, la embajadora Carolina Barco envió una carta de queja al Congreso de Estados Unidos, al igual que el vicepresidente Francisco Santos, y señalaban que se “usó al Congreso de Estados Unidos para promover una agenda personal”, además de responder simplemente a un “tema partidista” (Vicepresidencia de la República, 2009). A las respuestas del gobierno nacional, los senadores respondieron afirmando que era un acto totalmente autónomo y de política interna en el que no debía intervenir otro gobierno, así como ellos no se quejaban por las sesiones que se pudiera programar en el Senado colombiano —lo cual también es falso.

Mientras los sindicatos y las ong aprovechaban la ventana de oportunidad generada por la coyuntura de negociación de la ratificación del tlc en el Congreso de Estados Unidos, el gobierno nacional respondió descalificando públicamente a los sindicatos y las ong que ejercían presión. Si bien algunas explicaciones han mostrado que el tlc con Estados Unidos no fue ratificado ágilmente por el Congreso, dada la agenda y prioridades legislativas del país del norte, es cierto que un grupo de senadores republicanos mantuvieron las reservas a la ratificación y bloquearon su salida, por sus cercanías con los grupos sindicales como la afl-cio, gracias a las cuales las ong socializaron la información y generaron conexiones estratégicas. Para el presidente Uribe Vélez, estas relaciones entre los sindicatos colombianos, las ong de dh, los sindicatos y los senadores estadunidenses eran una expresión del “sindicalismo de la oligarquía que se la pasa tomando whisky en Washington, impidiendo el desarrollo de la nación” (Presidencia de la República, 2010).

La contundencia de las cifras según las cuales durante los años 2002-2009 las ejecuciones extrajudiciales contra sindicalistas aumentaron en un 250 por ciento en comparación con los siete años anteriores (ens, 2009: 32), se retomó siempre en las redes de presión y en el cabildeo internacional. Ya a finales del gobierno de Uribe Vélez y tras su salida, una comisión de seis representantes de la Cámara de Estados Unidos envió un informe/memorando al presidente Barack Obama sobre la ratificación del tlc, en el que señalaban:

Colombia sigue siendo calificada por la Confederación Sindical Internacional como el país más peligroso del mundo para los sindicalistas, con un número anual de asesinatos que frecuentemente llega a igualar o a exceder la suma de asesinatos registrados en los demás países. La violencia contra los sindicalistas colombianos continúa imparable, y en la mayoría de los casos nadie ha sido responsabilizado. La oit ha reportado que el gobierno colombiano no ha proveído, ni en las leyes, ni en la práctica, los derechos fundamentales de los trabajadores y ha fallado en cumplir efectivamente estas leyes (McGovern et al., 2011: 1).

El informe concluía con la recomendación de cinco amplias medidas que se deberían exigir al gobierno colombiano para la ratificación del tratado, medidas en las que se buscaría implementar mecanismos institucionales de garantía y protección de los derechos fundamentales de los trabajadores.

La contienda política encontró en la presión y el cabildeo internacional en medio de las negociaciones por la ratificación del tlc un mecanismo de interacción que, bajo los lineamientos de los tratados de dh y los convenios firmados con la oit en materia de derechos laborales, permitieron que las ong reclamaran al gobierno un mayor reconocimiento al problema de la violación de derechos sindicales. Si bien los índices de violencia contra dicho sector no disminuyeron drásticamente, es cierto que en el plano institucional se generaron instrumentos que reconocían su condición marginal, bajo la confluencia de diversos actores. Las condiciones interpuestas por el gobierno de Estados Unidos obligaron, primero, a la implementación de un plan integral de protección de líderes sindicales y trabajadores amenazados —lo que fortaleció la unidad de la fiscalía especializada existente—; segundo, se colocó en el centro de la discusión nacional el problema de la violencia contra los trabajadores asociados, en tanto el gobierno e instituciones nacionales e internacionales empezaron a debatir si era posible afirmar que dicha violencia era sistemática, para lo cual, según el informe presentado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud) en el 2012, no se encontró respuesta, pero se subrayó la condición de estigmatización y persecución a la que son sometidos los sindicalistas en el país (pnud, 2012).

Cuadro 2. Relaciones del repertorio de derechos humanos e intereses en juego frente a la política económica

Tipo de repertorio

Intereses en juego

Principales efectos

Presión en el campo judicial

La política de apertura indiscriminada de los mercados que prometía el incremento del 1% del PIB, mayor inversión directa,

acabaría con los pequeños campesinos productores, las industrias medianas y precarizaría aún más el trabajo.

No hubo efectos significativos

Socialización de información

Política de apertura de mercados y marginación del campo.

Desregulación de los mercados y flexibilización laboral.

Violencia histórica contra sindicalistas.

Estrategias discursivas como “el país más peligroso para ser sindicalista en el mundo”, “el país con el 60% de homicidios a sindicalistas en el planeta”, “persecución y violencia antisindical”, “estigmatización y marginación de los sindicalistas”.

Construcción de redes

Campaña de avergonzamiento estatal frente a la “violencia antisindical”.

Estados Unidos obligó a Colombia para ratificar el TLC: 1) implementar un plan integral de protección de líderes sindicales y trabajadores amenazados (fortaleciendo la unidad de la fiscalía especializada previamente existente).

2) Firma de un Plan de Acción Colombia-Estados Unidos para los Derechos Laborales.

3) Discutir las cifras presentadas, y aunque no se llegó a un consenso sobre ellas, se subrayó la condición de estigmatización y persecución a la que son sometidos los sindicalistas.

Fuente: Elaboración propia.

La activación de redes transnacionales de presión dio visibilidad internacional a la dramática situación de asesinatos y persecuciones a sindicalistas en el país, y generó un proceso político de avergonzamiento estatal en los espacios multilaterales. Ahora bien, todo este análisis permite resaltar los límites de los dh como repertorio de contienda. En tanto la movilización a nivel nacional estaba dirigida a oponerse al tlc como bandera de la política neoliberal que profundizaría los daños económicos —laborales, de desigualdad, de dependencia, etc.— que las reformas económicas de los años noventa habían traído, se puede afirmar que al enmarcar a nivel internacional la presión en el tema de dh ésta terminó “reducida” al problema —muy grave— de violación de derechos civiles y políticos. Si bien se dio un proceso de avergonzamiento estatal y de exigencia internacional de un amplio plan de acción en materia laboral, del cual se sigue reclamando que no se cumple (El Espectador, 2012), el potencial contencioso de los dh se concentró en la guerra y en lo dramático de la situación de violación de derechos políticos por parte de un gobierno restrictivo. La coordinación colectiva y la intermediación profesionalizada pueden llevar, como se observó en el caso de las “disputas por los muertos”, a una especie de fetiche de las cifras y a una tentación tecnocrática de producción de conocimiento que el gobierno supo contrarrestar muy bien en enfrentamientos “metodológicos”. De allí que el potencial de base y de demanda política frente a proyectos de orden se desvía a una cuestión “técnica”.

Conclusiones

Las posibilidades y los límites de los dh como repertorio de contienda encuentran en la paradoja de la institucionalización un nivel explicativo fundamental. En tanto las organizaciones sociales tuvieron un real interés de oposición a un proyecto político general (el que representaron el presidente Álvaro Uribe Vélez y la consolidación del paramilitarismo en el territorio colombiano), adquirieron un nivel de contienda importante, dada su capacidad de ejercer como “profesionales intermediarias” (con grados de expertise) de una movilización social más amplia con trabajo de base en todo el país, con lo cual pudieron centralizar y coordinar sus reclamos enmarcados en los dh y la defensa de la alteración del Estado de derecho. Los dh pueden adquirir una dimensión que los ubica como repertorios de contienda política; son un medio por el cual se generan y aglutinan reclamos que buscan afectar los intereses del gobierno o de agentes poderosos. A diferencia de cuando las organizaciones mantienen lenguajes moderados y limitados a “casos” e “indicadores”, en los que el rendimiento de producción de informes e impacto privilegia su accionar, donde la profesionalización tiende a ubicarse más al lado del discurso institucional de derechos, el carácter contencioso se presentó por la convergencia de demandas sociales y redes de acción frente al gobierno, con estructuras de oportunidad nacionales e internacionales que las potenciaron.

La acción colectiva de las ong en Colombia, basada en un proceso histórico de movilización por la paz, de conexión con diversas organizaciones y movimientos como el indígena y el sindical, canalizó demandas a nivel institucional, tanto en el ámbito jurídico nacional como en el internacional. Las estructuras de oportunidad nacional/internacional permiten comparar dos tipos de estrategias y repertorios de dh en el conflicto político entre el movimiento nacional y el gobierno. Como se observó en el caso del proceso de oposición a la guerra y a los abusos del poder estatal en el ámbito civil y político, la presión llevó a sanciones jurídicas e institucionales formales, en las que la confluencia de los marcos internacionales de la legislación en materia de dh y las oportunidades jurídicas y constitucionales nacionales dieron herramientas a los actores colectivos para demandar algunos de los pilares de la política de seguridad del gobierno, que violaban o amenazaban la garantía de los dh de las víctimas y la población en general. Ahora bien, en el caso de la movilización de oposición a la política neoliberal de apertura indiscriminada de los mercados, los efectos fueron limitados a una política de “avergonzamiento” sobre la violencia sindical en la negociación del tlc; los marcos de oportunidad eran más restringidos porque, a diferencia del primer caso, la acción se enfocó en el espacio internacional y la capacidad de conexión y activación de intermediaciones y sanciones con actores políticos nacionales fue baja —o nula—, pues llegaron a lo sumo a una “sanción moral” por parte de otros gobiernos y de “reconocimientos formales”.

La acción política no institucional tiene efectos institucionales y entra en juego en los equilibrios de poder, en tanto la acción social contenciosa vigila, denuncia, presiona y resiste el tipo de orden que beneficia a los actores mejor posicionados estructuralmente.

El derecho de los dh y sus contenidos no representan necesariamente, por sí mismos, un recurso institucionalizado que constriñe los abusos de poder, lo cual se refleja claramente en la “alta institucionalización de derechos” (reconocimiento formal) que se presenta en Colombia y el constante abuso del poder estatal y los dramáticos índices de violación de los dh. El mayor potencial de resistencia de los dh se encuentra en la apropiación colectiva que de éstos realizan organizaciones, movimientos, actores individuales y colectivos, apropiaciones que pueden surgir de demandas diferenciadas pero cuyo carácter contencioso se encuentra en la forma como se oponen a sus objetivos. Los reclamos presentados en Colombia se dirigían contra los principales intereses del gobierno nacional: una política de guerra expandida por todo el territorio, la cual fue cuestionada porque representaba la continuidad en los abusos estatales y era un mecanismo de persecución sociopolítica, además de una política económica de apertura indiscriminada de los mercados en un contexto en el que el solo derecho a vivir de los trabajadores sindicalizados no se respeta. Parece paradójico que después de la tan mencionada “democratización” de las sociedades latinoamericanas, la apelación a principios liberales fundamentales como los dh se pueda convertir en una bandera de contienda y oposición política radical.

Fuentes

Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política, Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz

2003 “Nuestros datos ¿en cuestión?”, Noche y niebla. Panorama de derechos humanos y violencia política en Colombia 28.

Baxi, U.

2006 “Politics of Reading Human Rights: Inclusion and Exclusion within the Production of Human Rights”, en M.G. Saladin y C. Basak, eds., The Legalization of Human Rights. Multidisciplinary Perspectives on Human Rights and Human Rights Law. Londres: Routledge.

Borda, Sandra

2012 “La administración de Álvaro Uribe y su política exterior en materia de derechos humanos: de la negociación a la contención estratégica”, Análisis político 25, no. 75: 111-137.

Botero, L.

2011 El gran fraude ¿Violencia antisindical en Colombia? Historia de la conspiración contra el tlc. Bogotá: Fundación Internacionalismo Democrático/Fundación Centro de Pensamiento Primero Colombia.

Castells, Manuel

2000 “Globalización, Estado y sociedad civil: el nuevo contexto histórico de los derechos humanos”, Isegoría, no. 22 (1er. semestre): 5-17.

Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep)

2009 El reto de las víctimas: el reconocimiento de sus derechos. Informe especial-diciembre 2009. Bogotá: Cinep.

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (cajar)

2003 “Hacia un Estado autoritario”, en Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (pcdhdd), eds., El embrujo autoritario. Primer año de gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Bogotá: pcdhdd.

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (cajar) y Comisión Colombiana de Juristas (ccj)

2006 “Desmovilización paramilitar. El Gobierno prohija la impunidad”, en Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (pcdhdd), ed., Deshacer el embrujo. Alternativas a las políticas de Álvaro Uribe Vélez. Bogotá: pcdhdd.

Comisión Colombiana de Juristas (ccj)

2004 Colombia: veinte razones para afirmar que la situación de derechos humanos y derecho humanitario es grave y tiende a empeorar. Balance del año 2003. Bogotá: ccj.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal)

2010 La hora de la igualdad. Brechas por cerrar, caminos por abrir. Santiago de Chile: cepal.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh)

2011 Segundo informe sobre la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos en las Américas. Washington, D.C.: oea, cidh.

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (codhes)

2010 “¿Salto estratégico o salto al vacío? El desplazamiento forzado en tiempos de seguridad democrática”, serie codhes Informa. Bogotá, en <http://www.colombiassh.org/reh/spip.php?article742>, consultada en enero de 2012.

Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (cceeu), Plataforma Colombiana de Derechos humanos, Económicos, Sociales y Culturales (pcdhesc), La Alianza y Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz (apscp)

2008 “Informe para el Examen Periódico Universal de Colombia”, Bogotá, en <http://www.colectivodeabogados.org/INFORME-PARA-EL-EXAMEN-PERIODICO>, consultada en enero de 2012.

Correa, Guillermo

2011 (Director de Investigaciones de la Escuela Nacional Sindical —ens—), Medellín, agosto.

Delgado, Á., A. Restrepo y M. García

2010 “Que se mueran los feos”, Cien días vistos por el Cinep, no. 70 (agosto-noviembre): 20-25.

Dezalay, Y. y B. Garth

2008 “Las paradojas de un imperialismo de la virtud cívica: de la internacionalización de los derechos humanos a la profesionalización del activismo jurídico”, en V. Vecchioli y Á. Santamaría, eds., Derechos humanos en América Latina. Mundialización y circulación internacional del conocimiento experto jurídico. Bogotá: Universidad del Rosario/cepi.

Douzinas, C.

2008 El fin de los derechos humanos. Bogotá: Legis.

El Colombiano

2008 “Los falsos positivos son el mayor lunar para Colombia”, 9 de diciembre.

2007 “Las ejecuciones sumarias empañan esfuerzos de D.H.”, 16 de marzo.

El Espectador

2012 “Sindicatos de EE.UU. denuncian que Colombia incumple plan laboral del tlc”, 24 de julio.

2009a “En 2004 empezaron rastreos del das. Las aterradoras conclusiones de la Fiscalía sobre los seguimientos e interceptaciones ilegales”, 12 de junio.

2009b “‘¡Esto no es Sudán!’: Vicepresidente Francisco Santos responde a informe de Derechos Humanos”, en <http://www.elespectador.com/impreso/politica/articuloimpreso124847-no-sudan>”, 6 de marzo, consultada en enero de 2012.

El Tiempo

2010 “275 personas estuvieron en lista de chuzadas del das en 2004-2005”, 30 de enero.

2008a “Otra polémica con hrw. Gobierno descalifica informe de Vivanco”, 17 de octubre.

2008b “Piden que el tlc se use para presionar a Uribe”, 25 de enero.

2007 “Santos: creen que 78 por ciento de los colombianos son estúpidos”, 25 de mayo.

2003 “Fuerte réplica de Uribe a ong”, 9 de septiembre.

2002 “Colombia encara la guerra”, 18 de agosto.

Escola de Cultura de Pau

2011 Índice de Derechos Humanos 2010. Barcelona: Escola de Cultura de Pau.

Escuela Nacional Sindical (ens)

2010 “Que os duelan las sangres ignoradas. Informe sobre violaciones a los derechos humanos de los y las sindicalistas y la situación de impunidad, 2009-2010 y 2002-2010”, Cuaderno de Derechos Humanos no. 22. Medellín: ens/Comisión Colombiana de Juristas (ccj).

2009 “No es muda la muerte. Informe sobre la violación a la vida, libertad e integridad de las y los sindicalistas en Colombia durante 2008 y situación de impunidad de las violaciones en el período 1986-2009”, Cuaderno de Derechos Humanos no. 21. Medellín: ens.

2008 “Informe sobre las violaciones a los derechos humanos de los y las sindicalistas colombianos en el año 2007”, Cuaderno de Derechos Humanos no. 20. Medellín: ens.

2007 “2515 o esa siniestra facilidad para olvidar. Veintiún años de asesinatos sistemáticos y selectivos contra sindicalistas en Colombia (1986-2006)”, Cuaderno de Derechos Humanos no. 19. Medellín: ens.

Freedom House

2012 Freedom in the World 2012, Washington, D.C., Freedom House, en <https://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2012#.VNT9H3lIyyB>, consultada en enero de 2012.

Gallón, Gustavo

2004 “Diplomacia y derechos humanos en Colombia: más de una década de ambigüedad”, en Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos (cpddh), ed., Derechos humanos en Colombia: veinticinco años. Bogotá: cpddh.

2003 (Director de la Comisión Colombiana de Juristas), “Puso en peligro a las ong”, El Colombiano, 12 de septiembre.

García, M.

2006 “Movimientos sociales: repertorio de acciones colectivas en la movilización por la paz en Colombia (1978-2003)”, Controversia, no. 184 (junio): 149-173.

Garth, B.

2008 “The Globalization of the Law”, en K. Whittington, D. Kelemen y G. Caldera, eds., The Oxford Handbook of Law and Politics. Oxford: R.U.: Oxford University Press.

Gordon, N., J. Swanson y J. Buttigieg

2000 “Is the Struggle for Human Rights a Struggle for Emancipation?”, Rethinking Marxism 12, no. 3: 1-22.

Hagan, M.

2010 “The Human Rights Repertorie: Its Strategic Logic, Expectations and Tactics”, International Journal of Human Rights 14, no. 4: 559-583.

Institute for Economics & Peace

2011 Global Peace Index 2011. Sydney: Institute for Economics and Peace.

Keck, M. y K. Sikkink

2000 Activistas sin fronteras. Redes de defensa en política internacional. México: Siglo xxi.

Leal Buitrago, Francisco

2006 “La política de seguridad democrática 2002-2005”, Análisis político 19, no. 57 (mayo-agosto): 3-30.

López, Jairo Antonio

2013 “Accountability social, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y conflicto político en Colombia”, Revista Mexicana de Sociología 75, no. 2, pp. 255-286.

2012 “Las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos en la democracia. Aproximaciones para el estudio de la politización de los derechos humanos en Colombia”, Estudios políticos, no. 41 (julio-diciembre): 103-123.

McGovern, James et al.

2011 “Carta que 6 Congresistas de E.U. le enviaron al presidente Obama, sobre el proceso de ratificación del tlc con Colombia” (17 de marzo), en <http://www.ens.org.co/apc-aa-files/4e7bc24bf4203c2a12902f078ba45224/carta_01.pdf >, consultado en febrero de 2015.

Merry, S.E. y M. Goodale, eds.

2007 The Practice of Human Rights: Tracking Law between the Global and the Local. Cambridge: Cambridge University Press.

Nader, L.

2007 “El papel de las ong en el Consejo de Derechos Humanos de la onu”, SUR. Revista Internacional de Derechos Humanos 4, no. 7: 7-27.

Orozco, I.

2005 “Reflexiones impertinentes: sobre la memoria y el olvido, sobre el castigo y la clemencia”, en A. Rettberg, ed., Entre el perdón y el paredón: preguntas y dilemas de la justicia transicional. Bogotá: Universidad de los Andes.

Peña, J. y V. Zarama

2008 “Situación de los defensores de derechos humanos 2002-2006”, en T. Vásquez, ed., Defender y proteger la vida: la acción de los defensores de derechos humanos en Colombia. Bogotá: Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo Programa Somos Defensores (pngpddh).

Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (pcdhdd)

2004 Reelección: el embrujo continúa. Segundo año de gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Bogotá: pcdhdd.

Plataforma Colombiana de Derechos humanos, Económicos, Sociales y Culturales (pcdhesc)

2003 El embrujo autoritario. Primer año de gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Bogotá: pcdhesc.

Presidencia de la República

2010 “Discurso del Presidente Uribe en el conversatorio con estudiantes de la Universidad de Medellín”, 4 de marzo, en <http://web.presidencia.gov.co/sp/2010/marzo/04/24042010.html>, consultada en enero de 2012.

2003a “Palabras del presidente Uribe en posesión del nuevo Comandante de la fac”, Bogotá, 8 de septiembre, en <http://www.presidencia.gov.co/discursos/framdis.htm>, consultada en enero de 2012.

2003b “Discurso del presidente de la República ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, San José de Costa Rica”, 19 de junio, en <http://www.presidencia.gov.co/discursos/framdis.htm>, consultada en enero de 2012.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud)

2012 Reconocer el pasado. Construir el futuro. Informe sobre violencia contra sindicalistas y trabajadores sindicalizados 1984-2011. Bogotá: pnud.

Programa Somos Defensores (psd)

2012 Claroscuro. Informe anual 2011. Bogotá: Programa No Gubernamental de Protección a Defensores de Derechos Humanos.

Pulecio, J.

2005 “La estrategia Uribe de negociación del tlc”, Colombia Internacional, no. 61 (enero-junio): 34-49.

Rodríguez, C. y D. Rodríguez Franco

2010 “Las cortes y el cambio social estructural: los efectos del constitucionalismo progresista”, en C. Rodríguez y D. Rodríguez, eds., Cortes y cambio social: cómo la Corte Constitucional transformó el desplazamiento forzado en Colombia. Bogotá: Dejusticia.

Rodríguez, C., I. Cavelier y T. Alfonso

2009 Raza y derechos humanos en Colombia: informe sobre discriminación racial y derechos de la población afrocolombiana. Bogotá: Universidad de los Andes.

Romero, F.A.

2002 “El movimiento de derechos humanos en Colombia”, en M. Archila y M. Pardo, eds., Movimientos sociales, Estado y democracia en Colombia. Bogotá: Universidad Nacional/Instituto Colombiano de Antropología e Historia (icah).

Romero, M., ed.

2011 La economía de los paramilitares: redes de corrupción, negocio y política. Bogotá: Debate.

Romero, M. y L. Valencia, eds.

2007 Parapolítica: la ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos. Bogotá: Nuevo Arcoiris.

Saffon, M. y M. García Villegas

2011 “Derechos sociales y activismo judicial. La dimensión fáctica del activismo judicial en derechos sociales en Colombia”, Estudios Socio-Jurídicos 13, no. 1: 75-197.

Santos, Boaventura de Sousa

2002 “Hacia una concepción multicultural de los derechos humanos”, El otro derecho, trad. de José Ariza, no. 28 (julio): 59-83.

Sarmiento, F. y J. Delgado

2008 “Derechos humanos y movilización por la paz en Colombia. Motivos, repertorios y dinámicas recientes”, en T. Vásquez, ed., Defender y proteger la vida. La acción de los defensores de derechos humanos en Colombia. Bogotá: Programa Somos Defensores.

Semana

2009 “426 militares detenidos por falsos positivos”, 7 de mayo, en <http://www.semana.com/justicia/426-militares-han-sido-detenidos-ejecuciones-extrajudiciales/123701-3.aspx>, consultada en enero de 2012.

Sikkink, K.

2005 “The Transnational Dimension of the Judicialization of Politics in Latin America”, en R. Sieder, L. Schjolden y A. Angell, eds., The Judicialization of Politics in Latin America. Nueva York: Palgrave Macmillan.

Silva, L.

2007 “El proceso de negociación del tlc entre Colombia y Estados Unidos”, Colombia Internacional, no. 65 (enero-junio): 112-133.

Stammers, N.

2009 Human Rights and Social Movements. Londres: Pluto Press.

Tarrow, S.

2005 The New Transnational Activism. Cambridge: Cambridge University Press.

Tilly, C. y S. Tarrow

2007 Contentious Politics. Boulder, Colo.: Paradigm.

Tilly, C. y L. Wood

2010 Los movimientos sociales, 1768-2008. Desde sus orígenes hasta Facebook. Barcelona: Crítica.

Uprimny, R.

2006 “Reforma a la justicia: una paradoja con salida”, en Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Culturales (pcdhesc), ed., Deshacer el embrujo. Alternativas a las políticas del gobierno de Álvaro Uribe. Bogotá: pcdhesc.

Uribe de Hincapié, M.T.

2004 “El republicanismo patriótico y el ciudadano armado”, Revista Estudios Políticos, no. 24 (enero-junio): 75-92.

Vargas, A.

2010 Las fuerzas armadas en el conflicto colombiano: antecedentes y perspectivas. Medellín: La Carreta.

Vicepresidencia de la República

2009 “Vicepresidente Santos pide objetividad sobre Colombia en carta que envió a congresista de EU George Miller”, 5 de marzo, en <http://web.presidencia.gov.co/sp/2009/marzo/05/03052009.html>, consultada en enero de 2012.

2008 “Intervención del Vicepresidente ante el Consejo de Derechos Humanos en la presentación del Examen Periódico Universal”, 10 de diciembre, en <http://www.derechoshumanos.gov.co/Prensa/Comunicados/2008/Paginas/081210b.aspx>, consultada en enero de 2012.

Wallerstein, Immanuel

2007 Universalismo europeo: el discurso del poder. México: Siglo xxi.

Fuentes complementarias

Uribe, Alirio

2003 (Miembro del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo), “Todos nos sentimos aludidos”, El Tiempo, 10 de septiembre.

Violaciones a los derechos humanos por parte de actores no estatales y presión transnacional

Alejandro Anaya Muñoz[*]

Introducción

Las atrocidades que desde hace algunos años se han dado en México dentro del marco de la violencia relacionada con el crimen organizado (en particular con el narcotráfico) no tienen precedente en la historia reciente del país. Según cifras oficiales, más de cuarenta y siete mil personas fueron asesinadas en incidentes relacionados con las drogas entre diciembre de 2006 y septiembre de 2011 (Muedano, 2012; Booth, 2011; Ballinas, 2011). Para algunas fuentes, la cifra de asesinatos durante el sexenio de Felipe Calderón (diciembre de 2006 a noviembre de 2012) llegó a los sesenta mil, y la de personas desaparecidas a más de veinticinco mil (Human Rights Watch, 2013: 2-3; oacnudh, 2011; Becerril y Ballinas, 2011). La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (cndh), por su lado, ha reportado que decenas de miles de migrantes en tránsito por el país han sido secuestrados, torturados e incluso ejecutados por bandas del crimen organizado (cndh, 2009, 2011). En suma, los derechos a la integridad física (es decir, a la vida y a no ser víctima de la tortura y la desaparición) de miles de personas han sido severamente afectados en México durante los últimos años; y la principal fuente de esta afectación masiva es una brutal confrontación entre grupos del crimen organizado. En efecto, México ha enfrentado graves crisis de derechos humanos (dh) en el pasado: desde la represión del movimiento estudiantil a finales de los sesenta y principios de los setenta del siglo anterior, hasta los feminicidios en Ciudad Juárez (Anaya Muñoz, 2009a; 2011). Sin embargo, ninguna de ellas parece igualar la magnitud de la tragedia actual.

Se ha planteado de manera sólida en la literatura especializada que las acciones de actores no estatales pueden implicar o tener como resultado la violación de las obligaciones de los Estados en materia de dh, o incluso constituir violaciones a éstos en sí mismas (Brysk, 2005; Hessbruegge, 2005; Jochnick, 1999; Clapham, 2006; Paust, 1992). Sin embargo, al hacer referencia a “actores no estatales”, esta literatura suele tener en mente a corporaciones multinacionales, instituciones financieras internacionales, grupos insurgentes, paramilitares o al terrorismo transnacional. No se ha incluido al crimen organizado entre los actores no estatales que pueden realizar o propiciar violaciones a los dh. ¿Podemos, entonces, considerar la actual situación en México como una crisis de derechos humanos?

Por supuesto, el Ejército, la Marina y otras fuerzas de seguridad en México han cometido numerosas violaciones a los dh en el marco de su participación protagónica en la lucha contra las bandas del narcotráfico. No obstante, estas violaciones han sido descritas y analizadas en otros espacios (Amnesty International, 2009; Human Rights Watch, 2011; 2013; Anaya Muñoz, 2012). El principal propósito de este capítulo no es, entonces, abordar las violaciones a los dh perpetradas por las fuerzas de seguridad mexicanas, sino las que se han dado en el marco más amplio de la violencia ligada al narcotráfico en México y que se desprenden directamente de las acciones de actores no estatales, es decir, de las bandas o cárteles del narcotráfico.

Por otro lado, desde finales de la década de los ochenta, pero particularmente a partir del levantamiento indígena en Chiapas, en 1994, la situación de los dh en México ha sido monitoreada de manera persistente por actores transnacionales dedicados a la defensa y promoción de los dh en el mundo. En efecto, situaciones específicas de violación a los dh como las relacionadas con el conflicto en Chiapas, el asesinato y la desaparición masiva de mujeres en Ciudad Juárez, el conflicto social en Oaxaca en 2006 y la actual “guerra contra el narcotráfico” han preocupado a dichos actores transnacionales, los cuales han monitoreado de cerca la situación, la han evaluado críticamente con base en los estándares internacionales en la materia y han ejercido la correspondiente presión sobre el gobierno mexicano. A su vez, esta presión ha influido (si bien de manera diferenciada en cada una de estas situaciones) en el comportamiento del gobierno, que ha respondido desarrollando un claro discurso de respeto a las normas internacionales de dh y ha implementado acciones que sugieren un compromiso con tales normas, como la ratificación de más tratados internacionales, la modificación del marco legal e institucional del país y el diseño de políticas públicas orientadas a promover la vigencia de los dh. De esta manera, la presión internacional sobre dh ha contribuido a modificar el marco legal, institucional y de políticas públicas, así como el entorno discursivo gubernamental en que se dan las relaciones Estado-sociedad en México en el área temática de los dh (Anaya Muñoz, 2012). Desde esta perspectiva, resulta importante evaluar las posibilidades de que se pueda generar un proceso amplio y significativo de activismo y presión transnacional de dh sobre el gobierno mexicano alrededor de la actual crisis de violencia ligada al narcotráfico en el país. Más allá de las ya señaladas dificultades de entender esta situación como de violación de los dh, de entrada, como se desarrolla en la primera sección de este capítulo, la generación de altos niveles de presión transnacional parece difícil, pues una gran parte de las víctimas de la violencia relacionada con el narcotráfico son personas presumiblemente vinculadas con el crimen organizado. En efecto, en esta situación concreta no estamos ante el tipo de víctimas de violaciones a los dh que suelen generar mayor empatía y, por lo tanto, propiciar mayor activismo y presión transnacional, lo cual nos lleva a suponer que cualquier intento por generarla enfrentaría retos importantes.[1]

Así las cosas, los grupos de promotores y defensores de dh nacionales e internacionales enfrentan un doble reto con respecto al desarrollo de una narrativa alternativa sobre la violación de los dh en la situación actual en México: presentar de manera convincente la extendida situación de violencia ligada al narcotráfico como de violaciones a los dh, y enmarcarla de tal manera que puedan generarse altos niveles de presión transnacional, en la que participen no solamente actores no gubernamentales, sino también intergubernamentales y gubernamentales.[2]

Tomando todo esto en cuenta, el principal objetivo de este capítulo es identificar líneas de argumentación mediante las cuales los grupos de promotores y defensores de dh (en concreto organizaciones no gubernamentales —ong— de dh) podrían desarrollar un “marco narrativo” que permita presentar de manera efectiva la situación actual en México como de violaciones a los dh, digna de la solidaridad y del activismo por parte de otros actores nacionales e internacionales. Es decir, para generar procesos amplios de presión transnacional (que, por su parte, puedan influir en el desarrollo de la política interna de dh al interior de un país), las situaciones tienen que ser “enmarcadas” de manera tal que se convenza a diferentes actores nacionales e internacionales de su gravedad y, por lo tanto, de la necesidad de actuar y de ejercer presión sobre el gobierno responsable. Ciertamente, no todas las situaciones de abuso o de severo sufrimiento humano suelen e incluso pueden ser enmarcadas de manera efectiva (Carpenter, 2007; Anaya Muñoz, 2011). En este sentido, este capítulo explora las características de la situación de violencia ligada al narcotráfico en México que dificultan el presentarla o enmarcarla de manera efectiva, al tiempo que desarrolla una línea narrativa y argumentativa mediante la cual se podría contribuir a la generación de mayores niveles de presión transnacional respecto a dh sobre el gobierno mexicano.

Para ello, el capítulo comienza describiendo la situación, mostrando la severidad de la afectación a los derechos a la integridad física, así como el contexto de impunidad en que se ha desarrollado. En la segunda sección, el capítulo retoma los argumentos que plantean que las acciones de actores privados o no estatales pueden implicar o tener como resultado violaciones a los dh, así como un marco analítico para identificar las situaciones más proclives a ser enmarcadas de manera efectiva como violaciones a los mismos. La sección subraya que este tipo de situaciones son aquellas que se caracterizan por la violación de derechos a la integridad física de individuos que fácilmente se perciben como vulnerables e inocentes, así como aquellas en las que se puede demostrar claramente la responsabilidad del Estado. En su tercera sección, el capítulo desarrolla un argumento mediante el cual se presenta la actual situación en México como de violación a los dh, digna de generar la solidaridad y animar el activismo transnacional. El capítulo concluye recapitulando sus principales argumentos e identificando futuras líneas de investigación.

Ejecuciones, tortura y desapariciones en México

Hasta hace algunos años, la tasa de asesinatos en México había disminuido de manera consistente: pasó de diecinueve asesinatos por cada cien mil habitantes en 1992 a solamente ocho en 2007. En ese periodo, México fue mucho menos violento que otros países latinoamericanos como Colombia, Venezuela, Guatemala o El Salvador (Escalante Gonzalbo, 2009: 25-33). Como es bien conocido, no obstante, esta situación comenzó a cambiar a partir de 2008, cuando se registraron doce asesinatos por cada cien mil habitantes. La tasa aumentó aún más en 2009 y 2010, años en los que alcanzó los dieciocho asesinatos por cada cien mil habitantes. Este fenómeno, por otro lado, se ha concentrado de manera clara en algunos estados y ciudades, particularmente donde ha habido actividad militar con el fin de enfrentar a las bandas del narcotráfico (Escalante Gonzalbo, 2011).[3] Aun así, en 2010, la tasa de homicidios en México seguía siendo menor a la de otros países latinoamericanos, como Brasil, Guatemala, El Salvador, Venezuela, Colombia y Honduras, aunque en 2009, por ejemplo, el estado de Chihuahua tuvo una tasa aún mayor a la de Honduras (Escalante Gonzalbo, 2011; unodc, 2011).

Este reciente aumento en la tasa de homicidios en México coincide con un incremento en la violencia relacionada con el narcotráfico y con la llamada “guerra contra las drogas” implementada durante el gobierno de Felipe Calderón. Como ya se ha señalado, se ha calculado que la violencia relacionada con el narcotráfico ocasionó alrededor de sesenta mil asesinatos durante dicho periodo presidencial. Independientemente de los factores que hayan causado este aumento en la tasa de homicidios en México y que han avivado la “guerra” entre los propios cárteles del narcotráfico, lo cierto es que decenas de miles de personas han sido privadas de su derecho a la vida como resultado directo de la violencia relacionada con el narcotráfico.

Se calcula que el 90 por ciento de las víctimas de homicidio en México son adultos jóvenes.[4] En efecto, el aumento en la tasa de asesinatos en el país ha afectado de manera particular a hombres de entre veinte y treinta y nueve años de edad, aunque también ha afectado, en menor medida, a jóvenes de entre quince y diecinueve años (unodc, 2011: 65). De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México, durante los primeros cinco años del sexenio anterior, novecientos niños (es decir, menores de dieciocho años) fueron asesinados en sucesos relacionados con el tráfico de drogas (Barra y Joloy, 2011: 7-8), aunque según otras fuentes, el número de menores asesinados podría acercarse a los mil trescientos durante el mismo periodo (Ballinas, 2011).[5] Esta Red también ha señalado que el asesinato de niños se triplicó en estados como Baja California y Chihuahua. De hecho, en 2011, la tasa de homicidios de niños en este último estado era del doble de la tasa de asesinatos en relación con todos los grupos de edad en todo el país, e incluso mayor a la de países como Colombia. En este contexto, la atención de la opinión pública respecto a los asesinatos de menores en el marco de la violencia relacionada con el narcotráfico aumentó después de que se dieron a conocer reportes periodísticos sobre varias masacres de jóvenes de entre quince y diecinueve años de edad, registradas en Chihuahua, Durango, Baja California y Coahuila (Barra y Joloy, 2011: 7-8).

Aunque no existen datos generales y sistemáticos sobre la incidencia de actos de tortura en el marco de la violencia relacionada con el narcotráfico, numerosos reportajes periodísticos sugieren que los asesinatos son a menudo precedidos por la tortura. Una búsqueda mediante la base de datos Lexis Nexis Academic en los diarios El Universal y Reforma (entre noviembre 2006 y octubre 2011) arrojó un total de doscientos setenta y cuatro reportajes que contienen las palabras “cadáver” y “tortura”.[6] De esta manera, aun si no tenemos datos detallados y sistemáticos sobre el uso de la tortura y su relación con las ejecuciones por parte de bandas del narcotráfico, hay suficiente evidencia para concluir que esta práctica también es una parte importante del problema de la afectación masiva de los dh en México en el marco de la violencia ligada al narcotráfico.

El fenómeno de las desapariciones, por otro lado, ha tomado tintes altamente alarmantes. De acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, cerca de tres mil personas habían desaparecido entre 2007 y 2011 (oacnudh, 2011). La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (cndh), no obstante, manejó una cifra de cerca de cinco mil quinientas desapariciones, mientras otras fuentes hablaron de más de diez mil (Becerril y Ballinas, 2011; Ballinas, 2011; SinEmbargo, 2011). Sin embargo, como se señaló en la introducción, estos datos palidecieron ante la sugerencia de que la Procuraduría General de la República (pgr) habría registrado, hacia finales del sexenio anterior, más de veinticinco mil casos de desapariciones (Human Rights Watch, 2013). Así, aun si no contamos con bases de datos amplias y confiables, las desapariciones se cuentan por millares, lo que agrava todavía más la situación de afectación masiva y sistemática a los dh de miles de personas en México.

La imagen se complementa, de manera desoladora, con la tragedia que viven los miles de migrantes que transitan cada año por México con rumbo a Estados Unidos. Conforme ha aumentado la violencia ligada a las drogas en el país, también han aumentado los abusos por parte del crimen organizado en contra de este grupo de población. Como se adelantó en la introducción, la cndh documentó que entre 2009 y 2010 aproximadamente veinte mil personas migrantes fueron víctimas del secuestro y la extorsión por parte de bandas del crimen organizado. En numerosas ocasiones, el secuestro incluyó el uso de la tortura, el abuso sexual e incluso la ejecución de migrantes (cndh, 2009, 2011; Amnesty International, 2010).

Según versiones oficiales, la mayor parte de las víctimas de la violencia relacionada con el narcotráfico son personas presumiblemente involucradas en actividades criminales. El propio Felipe Calderón aseguró en 2011 que más del 90 por ciento de los asesinatos registrados había sido resultado de enfrentamientos directos entre cárteles de la droga, y sugirió que eran muertes que no importaban (Ramos y Gómez, 2010; bbc, 2011). Pero más allá de la muerte de individuos presuntamente involucrados en el narcotráfico, lo cierto es que también cientos de personas claramente no relacionadas con el tráfico de drogas e incluso integrantes de las fuerzas de seguridad fueron asesinados, torturados o desaparecidos por miembros del crimen organizado durante el sexenio de Calderón.

Activistas y periodistas han especulado sobre la reproducción en México del fenómeno colombiano conocido como los “falsos positivos”: la presentación de civiles inocentes ejecutados por las fuerzas de seguridad como guerrilleros, paramilitares o traficantes que supuestamente habían muerto en combate. La sugerencia, en este sentido, es que muchas de las personas presentadas como asesinadas por los cárteles pueden ser, de hecho, personas ejecutadas por las propias fuerzas de seguridad. Este tipo de argumentos emergieron tras los hallazgos de las llamadas “narcofosas” en 2011. La versión oficial planteó, en su momento, que se trataba de personas que se rehusaron a unirse a bandas de narcotraficantes, por lo que fueron ejecutadas y arrojadas a fosas comunes. Ciertamente, este argumento genera sospechas ya que, como lo ha señalado Emilio Álvarez Icaza (anterior presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y actual secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos), “los narcos no esconden los cuerpos de sus víctimas” (Reveles, 2011: 170). Así, ha surgido entonces cierta especulación sobre “falsos positivos”, “escuadrones de la muerte” y “limpieza social” en México, en el marco de la lucha de las fuerzas de seguridad del Estado en contra de los cárteles del narcotráfico (Reveles, 2011; Booth, 2011; Miroff y Booth, 2011).

Independientemente de los méritos o la veracidad del argumento de los “falsos positivos”, la situación actual, en la que miles de mexicanos han sido afectados en sus derechos a la vida y la integridad física, se ha ido haciendo cotidiana e incluso se podría decir que ha “florecido” en el marco de una total impunidad. Las ejecuciones, que las autoridades consideran resultado de enfrentamientos entre cárteles, no son investigadas. La cndh aseguró, en octubre de 2011, que cerca de nueve mil cadáveres no habían sido identificados (Becerril y Ballinas, 2011). En el mismo sentido, fuentes periodísticas han planteado que solamente se investiga un 5 por ciento de los asesinatos relacionados con el narcotráfico (Otero, 2010). Este tipo de cálculos, más bien especulativos, coinciden con la investigación académica que ha argumentado convincentemente que sólo se investiga el 4.5 por ciento de los asesinatos en México, y únicamente en el 1.6 por ciento de los casos alguien es sometido a juicio (Zepeda Lecuona, 2003, 2005; Shrik, 2010; Magaloni Kerpel, 2007).

En suma, los miles de casos de ejecuciones, tortura y desapariciones se han mantenido en un marco de total impunidad. Más allá de las afectaciones a los derechos a la vida y la integridad física, directamente perpetradas por el crimen organizado, es evidente que el Estado mexicano no está garantizando el acceso al derecho a la justicia para miles de víctimas de la violencia y sus familiares.

Violación de los derechos humanos por actores no estatales y la generación de altos niveles de activismo y presión transnacional

Una de las discusiones centrales de este capítulo es si la situación descrita en la sección anterior debe entenderse como de violaciones a los derechos humanos (en contraste con una de violencia y criminalidad). En efecto, las normas internacionales de dh se han entendido tradicionalmente como límites a la acción del Estado, como herramientas para impedir abusos por parte de sus agentes. Ciertamente, como lo ha planteado Alison Brysk, “la tradición de dh es la de una necesaria y continuada lucha para limitar la represión estatal” (Brysk, 2005: 1 —mi traducción y énfasis—). En términos de otro autor, “el régimen de dh se basa en el principio perene de la responsabilidad del Estado” (Jochnick, 1999: 58 —mi traducción—). Hay, entonces, una tendencia a plantear que, para que un acto concreto de abuso constituya en sí mismo una violación a los dh, el perpetrador tiene que ser un agente del Estado; o, en caso de no serlo, tiene que ser auspiciado y/o tolerado por las autoridades. Desde esta perspectiva, las acciones de actores privados (que no actúan bajo el auspicio o el encubrimiento de agentes del Estado) que implican o tienen como resultado la afectación de los derechos de otros se consideran generalmente crímenes o delitos, no como violaciones a los dh. Sin embargo, recién se ha desarrollado una preocupación creciente por lo que se ha llamado “males privados” y por el hecho de que “el abuso no siempre usa un uniforme” (Brysk, 2005: 1 —mi traducción—; Jochnick, 1999; Hessbruegge, 2005).

Los Estados, más aún, no solamente tienen la responsabilidad de respetar los dh, sino también de garantizar su ejercicio por parte de todas las personas bajo su jurisdicción. Estas diferentes obligaciones estatales en materia de dh han sido consagradas en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y, en el caso de México, en el marco constitucional;[7] esto es lo que un especialista ha llamado “obligaciones en diagonal” (Hessbruegge, 2005). Desde esta perspectiva, los Estados tienen obligaciones directas u “horizontales” en materia de dh: el Estado B deberá abstenerse de hacer ciertas cosas o estará obligado a emprender ciertas acciones en virtud del derecho a X del actor A. Por otro lado, los Estados también tienen obligaciones indirectas o “en diagonal”: el Estado B tiene la obligación de proteger al actor A de las acciones de otros actores no estatales, debido a que el actor A tiene un derecho a X (Hessbruegge, 2005: 2-3, 24-25). En un sentido similar, Serrano y Vázquez (2013: 58-71) desarrollan la obligación estatal de proteger los dh, lo cual implica tomar determinadas acciones (actuar con debida diligencia) para prevenir o evitar que terceros (actores no estatales) violen los dh. Un argumento como éste, precisamente, es el que desarrolló la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Campo Algodonero (Corte Interamericana de Derechos Humanos —cidh—, 2009), así como el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (onu) (Hessbruegge, 2005: 70-74).

En cualquier caso, la responsabilidad estatal (sea ésta “horizontal” o “diagonal”, o “directa” o “indirecta”) tiene que demostrarse para argumentar de manera convincente que una situación particular o concreta de abuso o incluso de sufrimiento humano se debe entender como una violación a los dh.

Por otro lado, una abundante literatura de relaciones internacionales ha estudiado el papel y la influencia de los llamados activistas transnacionales de dh en el rumbo que toma la política interna o “doméstica” sobre la materia en determinados países. En efecto, esta literatura ha mostrado que el activismo y la correspondiente presión transnacional alrededor de las normas internacionales de dh sí tiene una influencia sobre el marco normativo e institucional en el que se dan las relaciones Estado-sociedad, lo cual favorece el desarrollo de la agenda de dh al interior de los países que son sometidos a la presión transnacional (Brysk, 1993, 1994; Sikkink, 1993; Keck y Sikkink, 1998; Risse, Ropp y Sikkink, 1999; Foot, 2000; Burgerman, 2001; Thomas, 2002; Hawkins, 2002; Khagram, Riker y Sikkink, 2002; Anaya Muñoz, 2009b, 2012; Cárdenas, 2007; Simmons, 2009; Neumayer, 2005; Franklin, 2008; Hafner-Burton, 2008; Shor, 2008). Esto no significa necesariamente que la presión transnacional en relación con los dh tenga un impacto directo e inmediato sobre la situación general de respeto a los dh en la práctica al interior de los países en cuestión. Lo que la literatura ha demostrado es que los países presionados adquieren mayores compromisos con los regímenes internacionales de dh, adoptan reformas legales y/o institucionales y ponen en marcha políticas públicas con una perspectiva de dh; todo lo cual, en principio, debería mejorar las posibilidades de los activistas locales para promover con mayor éxito su agenda de promoción y respeto de los dh (Cárdenas, 2007; Simmons, 2009).

Sin embargo, no todas las situaciones de violación a los dh son asumidas o adoptadas por activistas transnacionales, ni logran generar procesos amplios y persistentes de presión transnacional, independientemente de su gravedad. En efecto, algunas situaciones generan procesos de activismo transnacional más amplios y densos que otras (Keck y Sikkink, 1998: 26-27; Anaya Muñoz, 2011, 2012; Carpenter, 2007). Para que una situación dé pie a procesos amplios y densos de activismo y presión transnacional, tiene que ser creíble e impactante; o, más bien, tiene que ser presentada o “enmarcada” como tal. Se tiene que demostrar plenamente que se han dado violaciones a los dh: las denuncias tienen que estar documentadas y sustentarse con suficiente evidencia, que demuestre su veracidad y la correspondiente responsabilidad estatal. Los hechos, no obstante, deben presentarse o enmarcarse de tal manera que generen impacto en un mayor número de actores a nivel internacional. En este sentido, los procesos de activismo transnacional se basan en la credibilidad y el drama; los “hechos fríos” deben ser presentados como dramáticas “historias humanas” (Keck y Sikkink, 1998: 18-22). Esto es lo que hemos denominado en este capítulo un “marco narrativo efectivo”, es decir, la presentación de una situación de tal manera que llame la atención de distintos actores relevantes (tanto nacionales como internacionales), y que los lleve a tomar acción y a presionar al gobierno responsable.

Un elemento central en la creación de “marcos narrativos” efectivos es la comprobación de que personas que se perciben como vulnerables o inocentes han sufrido afectaciones graves en su integridad física. En otras palabras, las situaciones que impliquen el daño corporal de personas que fácilmente se consideren como vulnerables o inocentes son más proclives a enmarcarlas de una manera efectiva (Keck y Sikkink, 1998: 26-28; Sikkink, 1993; Burgerman, 2001: 31-47; Brysk, 1993: 270-271; Hawkins, 2004). Keck y Sikkink subrayan que la determinación de “quién es vulnerable o inocente puede ser altamente controvertida”. Estas autoras concluyen, sin embargo, que las “campañas en contra de prácticas que implican el daño corporal a poblaciones percibidas como vulnerables o inocentes son más proclives a ser efectivas” (Keck y Sikkink, 1998: 27 —mi traducción y énfasis—).

Desde otra perspectiva, la literatura ha argumentado de manera convincente que las ideas, los argumentos o las demandas con más potencial de influir sobre un mayor número de actores son aquellas que son legítimas en el ámbito internacional (Brysk, 1994, 1995). Es decir, los argumentos sobre la violación de los dh en situaciones concretas tendrán mayor impacto en la medida en que “resuenen” o coincidan con las normas internacionales imperantes en la materia (Brysk, 1994, 1995; Khagram, Riker y Sikkink, 2002; Hawkins, 2002; 2004; Price, 1998; Thomas, 2002). En suma, la literatura plantea que las situaciones más proclives a “prender fuego” en el ámbito del activismo y la presión transnacional de dh son aquellas en las que se puede demostrar de manera convincente la responsabilidad estatal y que, a la vez, se caracterizan por el severo sufrimiento físico de personas que se consideran o perciben como vulnerables e inocentes, así como aquellas en las que los abusos en cuestión están explícitamente prohibidos por las normas internacionales existentes.

El desarrollo de un “marco narrativo” efectivo en el caso de la violencia ligada al narcotráfico en México

Como se señaló en la sección anterior, la literatura plantea que las posibilidades para desarrollar y presentar un marco narrativo efectivo son mayores en situaciones que implican la violación de los derechos a la integridad física de personas que fácilmente se pueden considerar o percibir como vulnerables o inocentes. En la primera sección se mostró que la crisis de violencia ligada al narcotráfico en México ha implicado la afectación masiva de derechos a la integridad física. Decenas de miles de personas han sido afectadas en el ejercicio de sus derechos a la vida y a no sufrir tortura o desaparición. En efecto, la situación está relacionada con el tipo de violaciones a los dh que son más proclives a presentarse o enmarcarse de manera efectiva: ejecuciones, tortura y desaparición. Sin embargo, si bien una buena proporción de las víctimas de la violencia en México fácilmente se pueden considerar como vulnerables o inocentes —es decir, niños, mujeres y migrantes—, la gran parte de los ejecutados, torturados y desaparecidos son hombres adultos que presumiblemente han estado de alguna manera involucrados en actividades criminales. Es decir, la mayoría de las víctimas de la violencia en México son proclives a ser percibidas como criminales (o en el mejor de los casos, como presuntos criminales), lo cual dificulta presentarlas como personas vulnerables o inocentes. Más aún, los responsables directos de los abusos no son agentes del Estado, sino miembros de bandas del narcotráfico. ¿Es factible presentar o enmarcar la situación, de manera efectiva, como de violación de dh?, ¿vale la pena que las ong de dh (nacionales e internacionales) se esfuercen por llamar la atención de otros actores en la esfera internacional, con el fin de generar amplios niveles de activismo y presión transnacional en cuanto a este tipo de situaciones concretas?

El primer obstáculo en este sentido es que, como se ha insistido, los perpetradores directos de los abusos no son agentes del Estado. ¿Podemos, de cualquier manera, establecer la responsabilidad del Estado? Las situaciones que implican ejecuciones, tortura o desapariciones cometidas por agentes no estatales han sido presentadas en otros contextos y situaciones como violaciones a los dh cuando los responsables directos son animados, apoyados o al menos tolerados por el Estado o sus agentes. Esto es, situaciones de este tipo se han enmarcado de manera efectiva con anterioridad como violaciones a los dh cuando los actores no estatales involucrados actúan, de facto, como agentes del Estado (Hessbruegge, 2005: 53-59); un caso común, desde esta perspectiva, es el de los grupos paramilitares (Human Rights Watch, 2010). Pero éste no es el caso en la crisis actual en México; los miembros de bandas del narcotráfico no pueden ser considerados como agentes de facto del Estado.[8]

Hay mucha evidencia que muestra la participación directa de agentes de la policía (particularmente a nivel municipal) en las acciones violentas de los grupos de narcotraficantes (Miroff y Booth, 2011; Amnesty International, 2010; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, 2010). En otras palabras, algunos miembros de las fuerzas de seguridad actúan como agentes de facto de los cárteles de la droga. Desde esta perspectiva y en este tipo de casos, se puede argumentar que hay, en efecto, responsabilidad directa u “horizontal” del Estado; en diversos casos o situaciones el Estado mexicano está fallando en su obligación central de respetar los dh. Sin embargo, este argumento quizá deja fuera una porción significativa de las situaciones de agresión y violencia en las que no participaron agentes del Estado o en las que la actuación de los perpetradores directos no fue auspiciada ni tolerada por las autoridades. Por ello, cobra particular relevancia el argumento de las “obligaciones en diagonal” señalado en la sección anterior, es decir, las obligaciones indirectas del Estado en materia de dh, que resultan de las acciones de actores no estatales. Las ong nacionales e internacionales de dh podrían argumentar que el Estado mexicano está incumpliendo en su responsabilidad de controlar la violencia y de prevenir o evitar que actores privados cometan, en una escala masiva y de manera sistemática, ejecuciones, tortura y desapariciones. Podrían plantear que el Estado no está protegiendo los derechos de decenas de miles de personas en México. Un argumento así, por supuesto, podría fortalecerse haciendo un vínculo explícito entre la situación y la ya mencionada impunidad. El Estado no ha investigado la inmensa mayoría de los hechos, ni ha podido/querido llevar a los responsables ante la justicia.

Como se ha subrayado con anterioridad, el segundo gran obstáculo para enmarcar de manera efectiva la crisis de violencia en México como una situación de violación a los dh y generar altos niveles de activismo y presión transnacional es el hecho de que la mayoría de las víctimas son hombres adultos presumiblemente involucrados en las actividades ilícitas de los cárteles; así, la mayoría de las víctimas de la violencia ligada al narcotráfico en el país no se percibirán fácilmente como individuos vulnerables o inocentes. Alguien podría argumentar, más aún, que las personas que deciden participar en actividades ilegales altamente peligrosas son responsables de las consecuencias de dicha decisión, por lo que no podrían legítimamente exigir o demandar la protección del Estado. De esta manera, la situación parece particularmente difícil de enmarcar de manera efectiva.

Sin embargo, estos obstáculos podrían superarse. Es decir, las ong de dh (como actores clave dentro del activismo transnacional en la materia) podrían desarrollar un argumento que favorezca la presentación de la situación en general en el sentido de que se han afectado los derechos a la integridad física de individuos que en efecto son vulnerables e inocentes. Por un lado, decenas de miles de migrantes han sufrido brutales agresiones por bandas del crimen organizado. Las personas migrantes se pueden percibir fácilmente como vulnerables e inocentes. En términos generales, no se involucran en actividades criminales; se trata, por lo contrario, de personas expulsadas de sus propios países por la difícil situación económica, quienes buscan un mejor futuro para sus familias mediante su propio esfuerzo, pues intentan llegar a trabajar a Estados Unidos. Muchas son mujeres que han dejado a sus familias atrás; valientes “cabezas de familia” que corren altos riesgos (incluyendo la violación sexual) con el fin de mejorar las condiciones de vida de los suyos. De acuerdo con grupos defensores de los derechos de las personas migrantes, las autoridades mexicanas no han intentado realmente proteger a los y las migrantes de los abusos perpetrados por el crimen organizado; peor aún, a menudo actúan como sus cómplices (Amnesty International, 2010; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, 2010; cndh, 2009, 2011). De esta manera, las personas migrantes fácilmente pueden percibirse como víctimas altamente vulnerables e inocentes.

Como se describió en la primera sección de este capítulo, cientos o incluso miles de menores han sido asesinados en el marco de la violencia ligada al tráfico de drogas en México. Las masacres de niños en Durango y Chihuahua han conmocionado a la sociedad mexicana (Barra y Joloy, 2011: 8). En la mayoría de estos incidentes, no se pudo demostrar que los menores asesinados estuvieran involucrados con el crimen organizado. Sin embargo, aun si así fuera, siguiendo el consenso internacional alrededor de los llamados “niños soldado”, se podría argumentar que los menores involucrados en actividades criminales son realmente víctimas que tienen que ser protegidas (Carpenter, 2007).

Para concluir, se podría incluso desarrollar un argumento que presentara como individuos vulnerables a los hombres adultos que presumiblemente están vinculados en actividades ilícitas o en el crimen organizado. Es generalmente aceptado que los “cuadros” de las bandas criminales provienen de grupos sociales excluidos y empobrecidos. De esta manera, las ong de dh podrían plantear que estos jóvenes, al no tener realmente ninguna opción real de movilidad social, son casi inevitablemente absorbidos por el crimen organizado.[9] En este sentido, podrían ser presentados como víctimas de un contexto social perverso y, por lo tanto, como personas particularmente vulnerables ante la espiral de violencia; dignas, por ello, de la solidaridad y la protección internacional. Aunque un argumento así sería sin duda controversial y más difícil de presentar con éxito ante audiencias más amplias, es particularmente importante, ya que la mayoría de las personas asesinadas son hombres jóvenes proclives a ser percibidos como presumiblemente involucrados en actividades criminales.

Conclusiones

La tremenda ola de violencia ligada al narcotráfico en México ha generado una auténtica crisis de vigencia de los dh en el país (particularmente de derechos a la integridad física). Cerca de sesenta mil personas fueron afectadas en su ejercicio del derecho a la vida durante el sexenio de Felipe Calderón, y parece que no mucho ha cambiado durante el nuevo gobierno. En el mismo sentido, se dio un número sin precedentes de desapariciones y un número indeterminado (pero presumiblemente también masivo) de actos de tortura. No obstante, por terrible que sea la situación, no es tan fácil presentarla como una crisis de violación de derechos humanos, que debiera generar un amplio y denso proceso de presión transnacional sobre el gobierno mexicano. Las características propias de la situación hacen que sea difícil para los activistas nacionales e internacionales enmarcarla como una historia creíble e impactante de violaciones a los derechos humanos. Las dificultades más evidentes en este sentido son dos: los principales perpetradores de los abusos pertenecen a un tipo de actor no estatal que no ha sido considerado como un potencial violador de dh; y una gran parte de las “víctimas comunes” de la violencia no se perciben fácilmente como personas vulnerables e inocentes. En este capítulo, no obstante, se ofrece un argumento que podría superar estos obstáculos: presentar la situación de manera que pudiera convencer a audiencias más amplias de que estamos ante un problema grave de violación a los dh que merece la solidaridad de diversos actores a nivel internacional y, por lo tanto, que debería generar un proceso importante de activismo y presión transnacional sobre el gobierno mexicano.

Siguiendo la idea de “obligaciones en diagonal”, se podría enfatizar que el Estado mexicano no ha logrado implementar una política de seguridad que proteja a las personas de las agresiones masivas y sistemáticas perpetradas por terceros, por lo que ha fallado en su obligación de proteger los derechos a la integridad física en el país. Este argumento se podría complementar subrayando el papel de la impunidad: el Estado mexicano ha fallado en su obligación de proporcionar a las víctimas de la violencia el acceso al derecho a la justicia, incumpliendo sus obligaciones internacionales en la materia. De esta manera, se podría sostener que, tanto desde una perspectiva de “obligaciones en diagonal” como una de “obligaciones horizontales” o directas, la situación se caracteriza por la violación masiva y sistemática de los dh y, en esta lógica, podría entonces motivar una campaña de activismo y presión transnacional por parte de los actores que tradicionalmente promueven y defienden los dh en el mundo.

Por otro lado, se podría decir también que estamos ante una circunstancia en que se da la violación masiva del derecho a la integridad física de personas vulnerables e inocentes. En efecto, un número masivo de niños, mujeres y migrantes están siendo directamente afectados en el ejercicio de sus dh. Miles de ellos —a quienes se puede presentar fácilmente como víctimas inocentes y vulnerables— están siendo ejecutados, torturados y desaparecidos. Este argumento podría incluso extenderse a los miles de hombres adultos presuntamente involucrados en el crimen organizado, que también han sido afectados de manera directa en el ejercicio de sus dh como resultado de la violencia ligada al narcotráfico. Se podría afirmar que estas personas son, en todo caso, víctimas de la pobreza, la marginación y la falta de oportunidades, lo cual las coloca en una situación particular de vulnerabilidad ante la espiral de violencia. En otras palabras, se podría plantear que todas las personas que han sido ejecutadas, torturadas o desaparecidas son vulnerables y/o inocentes (incluyendo aquellos que presuntamente participaron en actividades ilícitas).

En resumen, el argumento central de este capítulo ha sido que la actual ola de violencia y muerte en México puede analizarse dentro de un marco normativo de dh; puede presentarse de manera efectiva como una crisis de violación de derechos humanos que merece la solidaridad y el activismo transnacional. Los activistas nacionales e internacionales (en particular las ong de dh) podrían, entonces, desarrollar de manera efectiva un “marco narrativo” de dh alrededor de la situación, potencialmente propiciando un proceso de presión transnacional sobre el gobierno mexicano. Un acercamiento de este tipo demandaría al Estado mexicano la implementación de una política de seguridad que pusiera a los dh en su centro; una política que en la práctica buscara garantizar el respeto a los derechos a la vida, a no ser torturado y a no ser desaparecido, así como el derecho al acceso a la justicia para todas las víctimas de la violencia, independientemente de presunciones o certezas sobre su participación (o no) en actividades ilícitas. Esta presión internacional, por otro lado, si se ejerciera de manera persistente por una red densa de activistas internacionales y nacionales, podría influir positivamente en la redefinición del marco discursivo e incluso legal en que se están dando las relaciones Estado-sociedad respecto a la violencia ligada al narcotráfico en México. Desde esta perspectiva, el capítulo plantea que las normas internacionales de dh, tal y como existen, así como las prácticas de activismo transnacional alrededor de ellas tienen, al menos, el potencial de una herramienta útil para los intentos de diversos actores sociales por proteger a las personas ante las amenazas actuales a su dignidad.

Este capítulo, para concluir, no ha rastreado lo que las ong nacionales o internacionales de dh están haciendo en la práctica.[10] Es decir, no ha pretendido identificar los “marcos narrativos” que estos actores han desarrollado, de hecho, para entender y presentar la situación ante audiencias más amplias. ¿Han presentado las ong de dh (nacionales e internacionales) la actual situación, como de violaciones a los dh? De no ser así, ¿por qué no lo han hecho? Estas preguntas podrían guiar un futuro trabajo de investigación. Por otro lado, de alguna manera, este capítulo sugiere que los promotores y defensores de los dh deberían desarrollar un argumento como el que se ha presentado aquí. Tomando en cuenta la literatura existente en la materia y las características propias de la situación, el capítulo ha expuesto una serie de argumentos que podrían funcionar, desde la perspectiva de generar mayor activismo y presión transnacional sobre el gobierno mexicano. Quizá resulte útil o al menos atractivo para aquellos que definen las estrategias de activismo e incidencia.

Fuentes

Amnesty International

2010 Invisible Victims. Migrants on the Move in Mexico. Londres: Amnesty International.

2009 Mexico. New Reports of Human Rights Violations by the Military. Londres: Amnesty International, en <http://www.amnesty.org /en/library/info/AMR41/058/2009>.

Anaya Muñoz, Alejandro

2012 “Security versus Human Rights: The Case of Contemporary Mexico”, en Paul Kenny, Mónica Serrano y Arturo Soto Mayor, eds., Mexico Security Failure: Collapse into Criminal Violence. Nueva York: Routledge, 122-140.

2011 “Explaining High Levels of Transnational Pressure over Mexico: The Case of Disappearances and Killings of Women in Ciudad Juárez”, International Journal of Human Rights 15, no. 3: 339-358.

2009a “Mexico After the Institutional Revolutionary Party (pri)”, en David Forsythe, ed., Encyclopedia of Human Rights. Oxford: Oxford University Press.

2009b “Transnational and Domestic Processes in the Definition of Human Rights Policies in Mexico”, Human Rights Quarterly 31, no. 1: 35-58.

Avilés, Karina

2011 “ocde: ninis, 7 millones 226 mil mexicanos de entre 15 y 29 años”, La Jornada, sección Sociedad y Justicia, 13 de septiembre, en <http://www.jornada.unam.mx/2011/09/13/sociedad/036n1soc>.

Ballinas, Víctor

2011 “Denunciarán a Calderón en La Haya por crímenes de lesa humanidad”, La Jornada, sección Política, 11 de octubre.

Barra, Aram y Daniel Joloy

2011 Niños: Las víctimas olvidadas en la guerra contra las drogas en México. México: Espolea, A.C.

bbc

2011 “Mexico Updates Four Years of Drug War Deaths to 34,612”, News Latin America & Caribbean, 13 de enero, en <http://www.bbc.com/news/world-latin-america-12177875>, consultada el 20 de octubre de 2011.

Becerril, Andrea y Víctor Ballinas

2011 “El gobierno retirará reservas a la convención internacional”, La Jornada, sección Política, 20 de octubre.

Beltrán, José Alfredo

2010 “El narco en Sinaloa no ha sido tocado”, El Universal, sección Nacional, 19 de febrero.

Booth, William

2011 “10 Years on, Mexican Drug Lord Still Dodges Capture”, The Washington Post, 27 de octubre, en <http://www.washingtonpost.com/todays_paper?dt=2011-10-28&bk=A&pg=1>, consultada el 28 de octubre de 2011.

Brysk, Alison

2005 Human Rights and Private Wrongs. Constructing Global Civil Society. Nueva York: Routledge.

1995 “‘Hearts and Minds’: Bringing Symbolic Politics Back in”, Polity 27, no. 4: 559-585.

1994 The Politics of Human Rights in Argentina. Protest, Change and Democratization. Stanford, Calif.: Stanford University Press.

1993 “From Above and Below. Social Movements, the International System and Human Rights in Argentina”, Comparative Political Studies 26, no. 3: 259-285.

Burgerman, Susan

2001 Moral Victories. How Activists Provoke Multilateral Action. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press.

Cárdenas, Sonia

2007 Conflict and Compliance. State Responses to International Human Rights Pressure. Filadelfia: University of Pennsylvania Press.

Carpenter, Charli

2007 “Studying Issue (Non)-Adoption in Transnational Networks”, International Organization 61, no. 3: 643-667.

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez

2010 Secuestros a personas migrantes centroamericanas en tránsito por México. México: Centro de Derechos Humanos Miguel Pro Juárez.

Clapham, Andrew

2006 “Human Rights Obligations of Non-State Actors in Conflict Situations”, International Review of the Red Cross 88, no. 863: 491-523.

Comisión Nacional de los Derechos Humanos

2011 Informe especial sobre secuestro de migrantes en México. México: Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

2009 Informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre los casos de secuestro en contra de migrantes. México: Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

“Artículo 1” en <http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/cn16 .pdf>, consultada el 15 de diciembre de 2014.

Corte Interamericana de Derechos Humanos (cidh)

2009 Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México, Excepción Preliminar, Fondo Reparaciones y Costas, sentencia del 16 de noviembre, serie C, no. 205-289.

Escalante Gonzalbo, Fernando

2011 “Homicidios 2008-2009. La muerte tiene permiso”, Nexos (enero), Nexos en línea <http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article =1943189>, consultada el 20 de octubre de 2011.

2009 El homicidio en México entre 1990 y 2007. Aproximación estadística. México: El Colegio de México/Secretaría de Seguridad Pública Federal.

Franklin, James C.

2008 “Shame on You: The Impact of Human Rights Criticism on Political Repression in Latin America”, International Studies Quarterly 52, no. 1: 187-212.

Foot, Rosemary

2000 Rights Beyond Borders. The Global Community and the Struggle over Human Rights in China. Oxford: Oxford University Press.

Hafner-Burton, Emile M.

2008 “Sticks and Stones: Naming and Shaming the Human Rights Enforcement Problem”, International Organization 62, no. 4: 689-716.

Hawkins, Darren

2004 “Explaining Costly International Institutions: Persuasion and Enforceable Human Rights Norms”, International Studies Quarterly 48, no. 4: 779-804.

2002 “Human Rights Norms and Networks in Authoritarian Chile”, en Sanjeev Khagram, James V. Riker y Kathryn Sikkink, eds., Restructuring World Politics: Transnational Social Movements, Networks, and Norms. Minneapolis: University of Minnesota Press, 47-70.

Herrera Beltrán, Claudia

2010 “No se protege a El Chapo ni a nadie, dice Calderón”, La Jornada, sec. Política, 25 de febrero.

Hessbruegge, Jan Arno

2005 “Human Rights Violations Arising from Conduct of Non-State Actors”, Buffalo Human Rights Law Review 11: 21-88.

Human Rights Watch

2013 Los desaparecidos de México. El persistente costo de una crisis ignorada. Nueva York: Human Rights Watch.

2011 Neither Rights Nor Security. Killings, Torture, and Disappearances in Mexico’s “War on Drugs”. Nueva York: Human Rights Watch.

2010 Paramilitaries’ Heirs. The New Face of Violence in Colombia. Nueva York: Human Rights Watch.

Jochnick, Chris

1999 “Confronting the Impunity of Non-State Actors: New Fields for the Promotion of Human Rights”, Human Rights Quarterly 21, no. 1: 56-79.

Keck, E. Margaret y Kathryn Sikkink

1998 Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics. Ithaca, NY.: Cornell University Press.

Khagram, Sanjeev, James V. Riker y Kathryn Sikkink

2002 “From Santiago to Seattle: Transnational Advocacy Groups Restructuring World Politics”, en Sanjeev Khagram, James V. Riker y Kathryn Sikkink, eds., Restructuring World Politics: Transnational Social Movements, Networks, and Norms. Minneapolis: University of Minnesota Press, 3-23.

Magaloni Kerpel, Ana Laura

2007 “Arbitrariedad e ineficiencia de la procuración de justicia: dos caras de la misma moneda”, Documento de Trabajo no. 26. México: División de Estudios Jurídicos, Centro de Investigación y Docencia Económicas (cide).

Miroff, Nick y William Booth

2011 “Mass Graves in Mexico Reveal New Levels of Savagery”, The Washington Post, World Section, 24 de abril, en <http://www.washington post.com/world/mass.../AFPoasbE_story.html>, consultada el 28 de octubre de 2011.

Muedano, Marco

2012 “Van 47 mil muertos por narcoviolencia: pgr”, El Universal, sec. Nacional, 12 de enero.

Neumayer, Erik

2005 “Do International Human Rights Treaties Improve Respect for Human Rights?”, Journal of Conflict Resolution 49, no. 6: 925-953.

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (oacnudh)

2011 “El Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias concluye su visita a México”, en <http://www.ohchr.org /SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10907 &LangID=S>, consultada el 22 de septiembre de 2011.

Otero, Silvia

2010 “No investigan 95 por ciento de muertes en ‘guerra’”, El Universal, sec. Nacional, 21 de junio.

Paust, Jordan J.

1992 “The Other Side of Right: Private Duties under Human Rights Law”, Harvard Human Rights Journal 5: 51-63.

Price, Richard

1998 “Reversing the Gun Sights: Transnational Civil Society Targets Land Mines”, International Organization 52, no. 3: 613-644.

Ramos, Jorge y Ricardo Gómez

2010 “Muerte de civiles enfrenta a poderes”, El Universal, sec. Nacional, 17 de abril.

Reveles, José

2011 Levantones, narcofosas y falsos positivos. México: Grijalbo.

Risse, Thomas, Stephen C. Ropp y Kathryn Sikkink

1999 The Power of Human Rights: International Norms and Domestic Change. Cambridge: Cambridge University Press.

Serrano, Sandra y Daniel Vázquez

2013 Los derechos en acción. Obligaciones y principios de derechos humanos. México: Flacso México.

Shirk, David

2010 “Justice Reform in Mexico: Change and Challenges in the Judicial Sector”, en Eric L. Olson, David A. Shirk y Andrew Selee, eds., Shared Responsibility, U.S.–Mexico Policy Options for Confronting Organized Crime. Washington, D.C.: Mexico Institute, wwics and Trans-Border Institute, ucsd, 205-246.

Shor, Eran

2008 “Conflict, Terrorism and the Socialization of Human Rights Norms: The Spiral Model Revisited”, Social Problems 55, no. 1: 117-138.

Sikkink, Kathryn

1993 “Human Rights, Principled Issue-Networks and Sovereignty in Latin America”, International Organization 47, no. 3: 411-441.

Simmons, Beth

2009 Mobilizing for Human Rights. International Law in Domestic Politics. Cambridge: Cambridge University Press.

SinEmbargo

2011 (noviembre), <http://www.sinembargo.mx/12-10-2011/55391>, consultada el 25 de febrero de 2015.

Thomas, Daniel C.

2002 “Human Rights in U.S. Foreign Policy”, en Sanjeev Khagram, James V. Riker y Kathryn Sikkink, eds., Restructuring World Politics: Transnational Social Movements, Networks, and Norms. Minneapolis: University of Minnesota Press, 71-95.

United Nations Office on Drugs and Crime (unodc, Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito)

2011 2011 Global Study on Homicides. Trends, Context, Data. Viena, Austria: unodc.

Zepeda Lecuona, Guillermo

2005 “Desafíos de la seguridad ciudadana y la justicia penal en México”, en Due Process of Law Foundation and National Center for State Courts, Sociedad civil y reforma judicial en América Latina. Washington, D.C.: Due Process of Law Foundation and National Center for State Courts, 293-308.

2003 “La investigación de los delitos y la subversión de los principios del subsistema penal en México”, usmex 2003-04 Working Papers Series. San Diego, Calif.: Center for U.S.-Mexican Studies.

La respuesta a la violencia. El caso de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México

Karina Ansolabehere[*]

La preocupación por el desempeño de los organismos que forman parte de los diferentes regímenes de derechos humanos (dh) respecto de los Estados es todavía un área de estudio incipiente en las ciencias sociales y, sobre todo, en las ciencias políticas (Lebovic y Voeten, 2006). Sin embargo, se observa un aumento de la atención sobre la actuación de estos organismos, en particular, las condiciones que se asocian con la decisión de emprender acciones de “avergonzamiento” contra los Estados (Hafner-Burton, 2012).

En un intento por contribuir a este campo de estudio, este artículo se enfocará sobre la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México (oacdhm) frente al Estado de cara al incremento de la violencia que tuvo lugar en el país en los últimos cinco años. ¿Cómo incide un contexto de violencia y de aumento de la presión internacional sobre México en la actuación de esta organización? será la pregunta que intenta responder este trabajo a través del análisis de la oacdhm durante el gobierno de Felipe Calderón, entre 2007 y 2012.

A causa de la ausencia de literatura sobre el funcionamiento de esta dependencia de manera directa o a través de sus oficinas nacionales, este artículo tiene un carácter descriptivo, orientado a mostrar que la actuación de la oacdhm se modifica a partir de cambios en el contexto político nacional e internacional: a) el incremento de la presión internacional en contra del Estado mexicano, y b) del contexto de los dh en el país, es decir, el aumento de las violaciones a los dh y la violencia. En la investigación se observó que en tanto aumenta el registro de violaciones a los dh, así como la presión internacional relativa al tema, la oacdhm hace más claros sus señalamientos a los problemas de actuación del Estado.

En ese periodo, la oacdhm ha cambiado gradualmente su comportamiento frente al Estado mexicano. Sus señalamientos evolucionaron desde la sensibilización sobre las normas de derecho internacional de los dh en el espacio nacional, hasta la presión y denuncia de las violaciones a los dh en general y las que sufren grupos específicos (fundamentalmente los periodistas y los defensores de dh). En esta trayectoria, el punto de quiebre fue 2008, año en que se reconoce un incremento de la violencia (y con ésta, de las violaciones a los dh) y de la presión internacional sobre el país a causa de este tema.

El argumento principal del artículo es que el cambio en el comportamiento de la oacdhm es sensible a los cambios en la reputación internacional del Estado mexicano en materia de dh,[1] pero también, en la medida en que la Oficina tiene asiento en el país, hay un cambio en contexto de dh y violencia. Al disminuir la buena reputación del Estado en materia de dh y a partir de que se conoce, de forma generalizada, el incremento de violaciones a estos derechos, aumenta la presión de la oacdhm. En pocas palabras, cuando la visibilidad del incremento exponencial de las violaciones a los dh se hace a través de los informes de organizaciones no gubernamentales (ong) internacionales, así como de otros Estados, se observa un señalamiento más preciso por parte de la oacdhm acerca de las falencias de la actuación estatal. Esta trayectoria se documentará a continuación. Se propone que la actuación de la oacdhm combina elementos de estrategia política con política de la moral en la medida en que se adapta a un nuevo contexto internacional de presión sobre el Estado, a la vez que hace más evidentes los errores del Estado en el complimiento de sus obligaciones de derechos humanos.

En esta línea de trabajo, en primer lugar se hace referencia al marco analítico a partir del que se realiza el análisis, en segundo lugar se desarrolla el marco metodológico del trabajo, y finalmente se presenta el análisis de los datos obtenidos: las particularidades de funcionamiento de la oacdhm, la relación entre cambios en el contexto político y de violencia y las respuestas que articula esta Oficina.

Marco analítico: el contexto de actuación de los organismos internacionales de derechos humanos

Nuestro marco analítico se centra en la preocupación por cómo actúa un organismo internacional de dh atípico, porque tiene como misión trabajar en la mejora de la situación de dh dentro de un país determinado: la oacdhm, esto en un contexto de incremento de la violencia.

A fin de cumplir con este objetivo, se considera pertinente tomar en cuenta tres vertientes de análisis: a) los aportes de la todavía escasa literatura sobre la actuación de los organismos de dh de los diferentes regímenes[2] y su conducta frente a diferentes tipos de Estados, b) los aportes de la literatura que se ha ocupado del análisis de la efectividad de la presión internacional sobre la conducta de los Estados en materia de dh, c) los aportes de la literatura que toma en cuenta la respuesta del paradigma de dh a las situaciones de violencia producto de conflictos armados.

Por las características de la pregunta que guía esta investigación, se desarrollarán las principales coordenadas del debate establecido por la literatura y se formulará el esquema de relaciones que proponemos como marco analítico.

La conducta de los organismos internacionales de derechos humanos

Como ya se puntualizará, la preocupación por el desempeño de los organismos que se ocupan de los diferentes regímenes sobre dh ha comenzado a recibir atención. La aproximación predominante en las ciencias sociales se orienta por las preguntas: ¿qué Estados se convierten en objetivos de estas organizaciones?, ¿son los Estados que presentan mayor cantidad de violaciones a los dh a los que más se condena por esta causa?

Desde la perspectiva de las relaciones internacionales, los cuestionamientos se dirigen hacia cómo la política internacional incide en la conducta de estas organizaciones, qué modelo de comportamiento internacional predomina, así como qué reclamos son los que mejor respuesta reciben (Lebovic y Voeten, 2006; Cole, 2011). En síntesis, una de sus conclusiones más importantes es que la cantidad e intensidad de las violaciones a los dh no son los únicos factores que importan en los señalamientos de estos organismos a los Estados, sino también, por ejemplo, la política interna y la política internacional de los Estados frente a los dh (Hafner-Burton, 2012: 272), especialmente su reputación y su socialización en las normas internacionales de derechos humanos.[3]

En el marco de este campo de interés, se considera relevante estudiar el comportamiento de la oacdhm, que forma parte del régimen de Naciones Unidas pero que se constituye en el país por un acuerdo entre esta organización y el Estado que la hospeda. Al respecto, es importante destacar que no se encontraron estudios orientados a analizar la actuación de esta Oficina, así como tampoco trabajos sobre el funcionamiento de las delegaciones de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (oacdh) en otros países. En vista de la ausencia de estudios empíricos sobre este tipo de organizaciones, ésta podrá considerarse la principal contribución de este artículo.

Por sus características, las delegaciones, en los países, de la oacdh son casos interesantes porque constituyen una interfaz entre la política interna y la internacional de dh. Representan el mandato de tener una oacdh de Naciones Unidas, pero se rigen por acuerdos específicos con los gobiernos en que se establecen sus facultades y formas de cooperación. Al respecto se indaga si, en un marco de incremento de violaciones a los dh y de pérdida de reputación del Estado en la materia, se puede observar un cambio de comportamiento o permanece indiferente. En el primer caso podría afirmarse que el comportamiento de la oacdh es sensible al contexto interno e internacional pues combina una estrategia política y una moral, en tanto el segundo supondría que la oacdh se guía más por el autointerés en relación con el Estado que la hospeda, lo que la llevaría a la autorrestricción ante la actuación de éste frente a los dh. Los resultados obtenidos nos permiten sostener que la oacdhm se acerca al primer modelo de comportamiento.

No obstante, en la medida en que se plantea que el comportamiento de la oacdhm será sensible no sólo al aumento de violaciones de los dh sino también a los cambios en la presión internacional sobre el Estado, a continuación realizaremos un repaso de los principales postulados de la teoría de la presión internacional y la vigencia de los derechos humanos.

La presión internacional sobre los Estados

Uno de los temas que ha recibido especial atención en el campo del estudio de los derechos humanos lo constituyen las formas y el impacto de la presión internacional sobre los Estados. En la literatura interesada en el estudio de la influencia de las redes transnacionales de activismo, en este caso de dh, la presión internacional es la estrategia principal de estas redes para influir en el comportamiento de los Estados (Anaya, 2012; Simmons, 2009; Risse, Rop y Sikkink, 1999). La hipótesis que subyace a esta aproximación es: cuanto más persistente y extendida es la presión sobre los Estados existen mayores probabilidades de que adopten de manera sincera las normas sobre dh. Desde esta perspectiva, éste es un proceso gradual que tiene diferentes etapas.[4]

Se asume que este tipo de presión internacional sobre el comportamiento de los Estados no es inocua (aun cuando no cumple con todas las promesas originales). Ésta influye no sólo sobre los Estados, sino en otros actores internos gubernamentales y no gubernamentales. En esta línea de reflexión, consideramos que es un factor que no puede dejar de tenerse en cuenta para analizar el contexto de comportamiento de la oacdhm. Por su carácter de interfaz entre el espacio interno y el internacional se espera que la oacdhm no sea indiferente a la presión internacional que recibe el país; que su comportamiento vire hacia un mayor avergonzamiento del Estado ante un aumento generalizado de la presión internacional sobre éste. Es decir, en la medida en que la reputación del Estado se ve comprometida, la oacdhm también la compromete.

En relación con esta dimensión de análisis, se considera importante identificar cuáles son las principales estrategias de acción desarrolladas en el espacio de la política de dh y, en este sentido, nos referimos a organizaciones gubernamentales nacionales e internacionales, gubernamentales (o intergubernamentales) y de la sociedad civil, a las que se denominará genéricamente organizaciones de derechos humanos.

Respecto a las organizaciones de la sociedad civil, se afirma que se ha dado una transición desde el paradigma de defensa de dh que se ha definido como nombrar, culpabilizar y avergonzar (naming, blaming and shaming) a Estados y responsables de violaciones de dh, sustentado sobre todo en campañas, a un modelo de advocacy que tuvo lugar en la década de los noventa y, si bien incluye estas estrategias, las complementa con otras de incidencia en las políticas públicas (Mertus, 2004) e incluso de judicialización de la agenda de los dh como tales y busca, por una parte, castigo de los responsables y, por otra, modificación de las estructuras institucionales que se consideran asociadas a las violaciones de los dh. Esta tendencia, señalada por Mertus (2004) para el movimiento de dh en Estados Unidos, es similar a la que se observa en América Latina, tal como lo ha puntualizado López Benítez (2012) para el caso de Colombia, el Centro de Estudios Legales y Sociales (cels, 2008) para el caso de Argentina, o lo releva New Tactics Project a nivel mundial (s. f.).

Hoy en día, las estrategias de las organizaciones de dh son nombrar, culpabilizar y avergonzar, pero también incidir en políticas públicas, litigar, generar información, educar, asesorar a víctimas de violaciones de dh, etc. Su repertorio se ha ampliado pues incluye no sólo una política de la moral y los valores (nombrar y avergonzar a culpables), sino también una política con respecto a la política y una con respecto al derecho y la justicia, siguiendo la referencia a los dh como normas jurídicas, morales y parámetros políticos (Steiner et al., 2008).

Por su parte, las organizaciones internacionales oficiales de dh, como la oacdh, se comportan de manera consistente con estas estrategias; las principales son: nombrar, culpar y avergonzar (que se vinculan tanto con la dimensión de política moral de los dh), reclamar verdad, justicia y reparación de los daños a las víctimas (dimensión de de política jurídica), e incidir para un cambio en las políticas públicas a partir de la información presentada por esas víctimas, de las visitas de los relatores o de los informes sombra realizados por las organizaciones de la sociedad civil. A este nivel, se observa también una transición entre un modelo centrado en la rendición de cuentas de los culpables hacia uno que, además de lo anterior, toma en cuenta el desarrollo de políticas públicas y las posibilidades de considerar los orígenes de las violaciones a los dh (cels, 2008: 13).

No obstante, para poder comprender el comportamiento de la oacdhm en un contexto de violencia creciente, se considera necesario realizar un repaso acerca de la aproximación que el paradigma de dh realiza ante las situaciones de violencia generalizada como la que se vive en México.

Violencia y derechos humanos: verdad, justicia y reparación

Existe consenso en afirmar que la relación entre violencia armada y dh es compleja y no está exenta de tensiones (Mertus y Helsing, eds., 2006; Ansolabehere et al., en prensa), y que además, en general, la literatura sobre dh ha asumido que el derecho humanitario es la respuesta a las situaciones de conflicto[5] no obstante lo cual, dadas las características de la violencia en el mundo durante los últimos años, requiere una atención especial.

Desde la perspectiva de quienes postulan que conceptualmente la relación entre dh y violencia armada es compleja, siguiendo a Mertus y Helsing (2006) podemos sostener que la principal causa de la tensión es que el paradigma de dh se aproxima a la violencia desde el punto de vista de las violaciones a ellos. Éstas pueden ser las causas o las consecuencias del conflicto, pero son la unidad de atención.

Esto contrasta con la aproximación teórica de los otros dos enfoques vinculados a la reflexión sobre la violencia: el de la resolución de conflictos, en el cual el foco está sobre el diálogo y los acuerdos (y concesiones necesarias para que haya una salida posible); y el derecho humanitario, cuya preocupación está en la protección de la población civil durante las guerras. Mientras el paradigma de dh se concentra en las violaciones, en la superación de la situación de injusticia que les da lugar y en la sanción a las mismas, el de la resolución de conflictos se ocupa de los acuerdos, y el del derecho humanitario, en la protección de la población civil. Si bien se ha ido avanzando en la incorporación de cláusulas relativas a las violaciones a los dh o de reparación a los daños de las víctimas en los tratados de paz, esta tensión subsiste.

Puesto que el objetivo de este estudio es analizar la respuesta de los dh frente a la violencia en México, nos concentraremos en el paradigma de los dh. Si aceptamos que para este enfoque el punto clave de la relación con la violencia es el de las violaciones a los dh, no puede dejar de destacarse que las violaciones pueden ser causa o consecuencia del conflicto armado (Mertus y Helsing, 2006).

Como puede observarse, desde esta perspectiva la negación de derechos genera conflicto, pero también puede generarlos la demanda por dh a Estados que los niegan al precio de su propio peligro; por ejemplo, en sociedades étnicamente divididas, no respetar los derechos de la minoría puede acrecentar conflictos.

De acuerdo con esta clasificación, el tipo de soluciones aceptadas desde la perspectiva de dh estará vinculado a la relación de la violación con el conflicto. Si la violación es identificada como causa, la respuesta será superar la situación de injusticia que le dio origen, además de castigar a los culpables de las violaciones. Por su parte, si la violación es considerada consecuencia del conflicto, la respuesta esperada será el fin del conflicto para poder reparar esa situación. En estos escenarios, la respuesta de los dh es la verdad, la justicia y la reparación del daño a las víctimas.

En este contexto, en tanto representante de una organización paradigmática de los dh, es de esperar que la oacdhm se adscriba a una aproximación de la violencia cercana al paradigma aquí descrito: que se centre en las violaciones y en la verdad, la justicia y la reparación de los daños provocados.

Desarrolladas las principales dimensiones analíticas del trabajo y a manera de síntesis, planteamos que este tipo de organismos modificarán su comportamiento a medida en que se incrementen las violaciones de dh a nivel interno y en que exista una pérdida de la reputación del Estado por el aumento de la presión internacional respecto del tema. Por su parte, en relación con el comportamiento, se sostiene que, si bien éste cambia, es de manera consistente con la forma en que el paradigma de dh se aproxima a las situaciones de violencia resultantes del incremento de conflictos armados, es decir, siguiendo el repertorio vinculado con verdad, justicia y reparación del daño a las víctimas.

Marco metodológico

En consonancia con el marco analítico propuesto, el trabajo se enfoca hacia tres dimensiones de análisis principales: a) el comportamiento de la oacdhm, b) el incremento de la violencia en el país, y c) la presión internacional sobre México por el incremento de las violaciones a los dh vinculadas con su situación de violencia.

La conjetura principal sobre la que se asienta este artículo, y que la evidencia sostiene, es que el comportamiento de la oacdhm frente al Estado se modifica a medida en que aumentan las violaciones de dh en el país, y se incrementa la presión internacional para él sobre el tema. De esta manera, si se observa cambio de comportamiento de la oacdhm al mismo tiempo o inmediato posterior al momento en que se hace evidente el aumento de las violaciones, la violencia y/o la presión internacional, se puede afirmar que la oacdhm es “sensible” a este contexto. En otros términos, que cuando existe una reducción de la reputación del Estado, la oacdhm tenderá a tomarlo como objetivo de avergonzamiento y recomendación, y a complementar las estrategias de verdad, justicia y reparación con las de propuesta de soluciones específicas que entraña el desarrollo de organismos ad hoc.

A fin de desarrollar las dimensiones de análisis propuestas, se combinarán diferentes técnicas de recopilación de datos: a) información secundaria para dar cuenta del incremento de la violencia y de la presión internacional y b) análisis de contenido de los comunicados de prensa de la oacdhm en que se hace referencia a violaciones de dh a partir de la identificación de redes de significados.[6]

En relación con los comunicados de prensa de la oacdhm, la primera característica que se considera importante destacar es que durante el periodo relevado, aumentó significativamente su presencia periodística. Sin contar 2007, año en que se registra información desde el mes de octubre, y 2012, en que se concluyó la redacción de este artículo, observamos la siguiente tendencia:

Cuadro 1. Tendencias de la información

Año

No. de comunicados

2007

5

2008

20

2009

22

2010

45

2011

38

2012

24

Fuente: Elaboración propia con base en los comunicados de prensa emitidos por la oacdhm.

Las tres dimensiones de análisis se operacionalizan de la manera siguiente:

Cuadro 2. Operacionalización de dimensiones de análisis

Dimensión de análisis

Categorías

Fuentes

Comportamiento de la oacdhm

Conceptualización de la violencia entre 2007 y 2012.

Identificación de grupos vulnerables ante la violencia entre 2007 y 2012

Estrategias respecto del Estado y la población entre 2007 y 2012.

Comunicados de prensa.

Violaciones de dh

Hitos en la identificación de violaciones de dh.

Información secundaria:

informes de organizaciones internacionales de DH, organismos nacionales de DH, cifras sobre incremento del crimen.

Presión internacional

Identificación del origen y características de la presión internacional sobre el Estado mexicano por la lucha en contra del crimen organizado.

Información secundaria:

información recolectada por Anaya (2012).

Fuente: Elaboración propia.

Resultados

A fin de facilitar la presentación de los resultados obtenidos, en primer lugar se hará referencia al incremento de la violencia y las violaciones a los dh en México; en segundo lugar, a la evolución de la presión internacional sobre el país en relación con este tema y, finalmente, se presentarán las principales características del comportamiento de la oacdhm durante el periodo estudiado.

Violencia y violaciones de derechos humanos en México

El incremento de los niveles de violencia en México expresado en la tasa de ejecuciones extrajudiciales vinculadas con la denominada “lucha contra el narco”, con las disputas territoriales y la actuación de los grupos del crimen organizado ya forma parte de la cotidianidad del país, y con esto, el aumento de las violaciones a los dh. Al respecto, existe evidencia que marca a 2007 como un punto de ruptura a partir del cual se dispara exponencialmente esta situación.

Un estudio desarrollado por el Transborder Institute de la Universidad de San Diego (Molzanh et al., 2012), en el marco del proyecto denominado “Justice in Mexico” muestra que, si bien México es un país que no presenta los niveles más altos de violencia en América Latina, medida por medio de la tasa de homicidios intencionales (2012: 4), se observa un incremento geométrico de esta tasa a partir de 2008 (gráfica 1), y la misma es atribuible fundamentalmente a crímenes vinculados con la delincuencia organizada medidos mediante el análisis de las características de los homicidios. Entre 2005 y 2012, aproximadamente el 60 por ciento de los homicidios registrados tiene características de crimen organizado (2012: 16). La gráfica 1 es elocuente para ver esta evolución.

Gráfica 1. Evolución de la tasa de homicidios en México, 1995-2011.

Esta situación tiene su contraparte en los informes anuales producidos por organizaciones de dh como Human Rights Wacht (2012) o Amnistía Internacional. Ésta, por ejemplo, en su informe de 2012 sostiene:

Al menos sesenta mil personas han sido víctimas de homicidio y más de ciento sesenta mil se han visto desplazadas internamente, debido sobre todo a la violencia provocada por disputas territoriales entre cárteles, pero también a operaciones de las fuerzas de seguridad. Es en este contexto en el que han aumentado de manera alarmante los informes de tortura y malos tratos (Amnistía Internacional, 2012).

Desde la perspectiva de las organizaciones de dh, se señala un aumento de la violencia a partir de 2009 (Amnistía Internacional, 2009), la que se asocia con la política de combate al crimen organizado y la actuación de las fuerzas armadas en actividades de seguridad pública.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (cndh), según los datos de su Sistema de Alerta de Violaciones de Derechos Humanos para 2012, muestra que entre las nueve instituciones del Estado que mayor cantidad de quejas por violaciones de dh reciben, cinco están vinculadas con tareas de seguridad, y dos hacen referencia a las fuerzas armadas: la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, y el resto a cuestiones de seguridad pública: la Procuraduría General de la República, la Policía Federal y el organismo desconcentrado de prevención y readaptación social de la Secretaría de Seguridad Pública (Sistema Nacional de Alerta de Violaciones de Derechos Humanos, 2012). Esta misma institución, por otra parte, reconoce un aumento de las quejas de tortura al 253 por ciento entre 2006 y 2010 (Red Todos los Derechos para Todos y Todas —rtdt— y Organización Mundial en contra de la Tortura, 2011), pues se observó un incremento claro de estas denuncias a partir de 2007, año en que se da un aumento de la violencia abierta en México de acuerdo con los datos presentados por el Transborder Institute, al mismo tiempo del incremento de las violaciones a los dh fundamentalmente vinculadas con la integridad física: desapariciones, tortura, asesinatos extrajudiciales, todo asociado a la denominada “guerra contra el narco” en la medida en que una de sus principales estrategias fue la militarización de la seguridad pública (tal como se puede observar en la cita textual del informe de Amnistía Internacional que presentamos).

No cabe duda, entonces, que es partir de 2008 cuando tanto el incremento objetivo de la violencia y las violaciones a los dh se hacen evidentes según cifras oficiales. Al respecto, si nuestra conjetura es correcta, la oacdhm debería presentar una modificación de su comportamiento, es decir, la manera en que conceptualiza la violencia, los grupos que identifica como víctimas y las estrategias que asume frente al Estado a partir de ese año o el subsiguiente.

Presión internacional sobre el Estado por la lucha contra el narcotráfico

A la par del aumento de la violencia y de las violaciones a los dh vinculadas con la lucha en contra del narcotráfico, según Anaya (2012) a partir de 2009, se observa un incremento de la presión internacional sobre el Estado en la materia. Esta presión se originó fundamentalmente por las organizaciones internacionales de dh que ya hemos mencionado, por organismos del sistema de dh de las Naciones Unidas como el Consejo de Derechos Humanos a través del Examen Periódico Universal (epu) en 2009, y organismos del sistema interamericano, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y países democráticos desarrollados. La presión se focaliza fundamentalmente en la participación de las fuerzas armadas en la “lucha contra el narcotráfico” a las que se asocia con la comisión de violaciones a estos derechos, los asesinatos de periodistas y de defensores de dh. Especial mención merece la denuncia sobre la persistencia del fuero militar que impide procesar en juzgados civiles a los miembros de las fuerzas armadas acusados de cometer este tipo de violaciones. Frente a esta situación, se desarrolla como principal exigencia la derogación del fuero militar para los casos de violaciones a los dh, así como un mecanismo nacional de protección a los defensores de dh.

Así, según su procedencia, podemos identificar algunas acciones de presión internacional (véase el cuadro 3).

Cuadro 3. Evolución de la presión internacional sobre el Estado mexicano en el contexto de incremento de violencia y aumento de las violaciones a los DH

Año

Tipo de organización

Acciones

2008

Democracia desarrollada

Estados Unidos: Departamento de Estado

Inclusión en informe anual

2009

ONG internacionales:

Amnistía Internacional

Human Rights Watch

Informes

Democracia desarrollada

Estados Unidos: Departamento de Estado

Inclusión en el informe anual

Organismo de Naciones Unidas:

Consejo de Derechos Humanos

Mención en el Examen Periódico Universal

Sistema interamericano:

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Sentencia en contra del Estado por caso Rosendo Radilla (desaparición forzada de persona)

2010

ONG internacionales

Washington Office on Latin America (WOLA)

Informe

Democracia desarrollada

Estados Unidos: Departamento de Estado

Inclusión en informe anual

Organismos de Naciones Unidas:

Consejo de Derechos Humanos

Inclusión de mención en informe sobre situación de DH en el país

Sistema interamericano de DH:

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Adopción de tres sentencias en contra del Estado mexicano:

caso Fernández Ortega,

caso Rosendo Cantú,

caso Cabrera García y Montiel Flores

2011

ONG internacionales:

Human Rights Watch

Publicación de informe

Régimen de Naciones Unidas:

Relatora Especial para la Independencia de Abogados

Informe sobre visita a México

Comité de Derechos del Niño

Inclusión en el informe

Democracia desarrollada

Estados Unidos: Departamento de Estado

Inclusión en informe anual

Fuente: Anaya (2012).

Si bien esta revisión no es exhaustiva, no puede dejar de mencionarse que es clara al mostrar que el año 2009 opera como hito en la presión internacional. Al respecto, si la conjetura propuesta en este trabajo es correcta, deberíamos encontrar un cambio de comportamiento de la oacdhm a partir de esta época en la manera en que enmarca la violencia y las violaciones a los dh, es decir, en los señalamientos hacia el Estado.

El comportamiento de la oacdhm

A fin de dar cuenta del comportamiento de la oacdhm, en primer lugar se realizará una descripción breve de su historia y facultades, y en segundo lugar, el análisis de su comportamiento propiamente dicho.

La oacdhm. Transición democrática y legitimidad internacional de México

Esta oficina forma parte del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, creado como resultado de la Conferencia Mundial de Viena de 1993. Fue abierta en México en 2002, mediante un acuerdo entre el presidente Vicente Fox y la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, aunque las negociaciones para su instalación tuvieron lugar durante el gobierno de Ernesto Zedillo. La apertura de la oacdhm fue leída oportunamente como un gesto favorable del gobierno de alternancia política del presidente Fox frente al enfoque contemporáneo de dh al interior del país (Anaya, 2010; 2009). Este gesto fue complementado con la colaboración entre las dos instituciones para la implementación de un Programa Nacional de Derechos Humanos en 2004 con base en un diagnóstico de la situación de dh (oacdhm, 2003) en el país, coordinado por la mencionada oficina de acuerdo con la línea de trabajo establecida por la conferencia de 1993. El acuerdo entre la Alta Comisionada y el gobierno de México fue renovado en 2008.

Según el mandato de la oacdhm en el país, podemos considerar que opera como una interfaz entre el sistema internacional de dh y México. Funciona como la voz del sistema internacional de dh, y en este marco socializa a los agentes del Estado sus obligaciones internacionales en materia de dh, realiza señalamientos sobre su comportamiento en la materia y promueve políticas públicas en consonancia. No obstante, tiene contacto con organizaciones de la sociedad civil, víctimas de violaciones de dh y funcionarios públicos.

El acuerdo firmado entre el Poder Ejecutivo y la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2008, en su artículo 3.1 establece funciones y facultades de la misma (oacdhm y Estado Mexicano, 2008) (véase el cuadro 4).

Presentado este breve marco sobre las facultades de la oacdhm en el país, se avanzará en el análisis de su comportamiento en el periodo a partir del análisis de sus comunicados de prensa. En consonancia con las tres categorías de análisis propuestas, en primer lugar se hace referencia a la forma en que se enmarca la violencia; en segundo lugar, a los grupos a los que hace referencia, y en tercero, a las estrategias de solución propuestas.

Cuadro 4. Funciones de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México

Función

Tareas específicas

Asesoramiento al Poder Ejecutivo y a los gobiernos locales

Asesoramiento al Poder Ejecutivo en la definición e implementación de políticas públicas de dh, de acuerdo con las áreas prioritarias identificadas por el Diagnóstico de Derechos Humanos de 2003 y de las recomendaciones realizadas por los mecanismos internacionales de seguimiento de tratados y organismos similares.

Asesoramiento a los gobiernos estatales que así lo soliciten.

Las áreas específicas de asesoramiento son:

a) armonización legislativa para incorporar las obligaciones internacionales de México en la Constitución, leyes federales y estatales;

b) reparación del daño por violaciones a los dh;

c) fortalecimiento institucional y del sistema de justicia;

d) prevención y erradicación de la tortura;

e) promoción de los derechos de las mujeres y la perspectiva de género;

f) promoción de los derechos de los pueblos indígenas;

h) promoción de las libertades fundamentales y del Estado de derecho.

Cooperación para la implementación de las normas internacionales de dh.

Cooperación con los diferentes poderes del Estado y con instituciones estatales de dh para la aplicación de normas internacionales en la materia.

Seguimiento de la situación de dh

Complementará acciones con otros organismos internacionales, nacionales y estatales.

Hará contacto con autoridades nacionales, estatales y organizaciones de la sociedad civil, a fin de informar a las autoridades competentes sobre la situación que identifique, aunque se abstendrá de emitir declaraciones en las que identifique a personas e instituciones como responsables de las violaciones de dh que se imputan.

Promoción de espacios de diálogo

Diálogo entre los organismos del Estado y la sociedad civil

Seguimiento de la implementación de recomendaciones internacionales en la materia

Trabajo con el gobierno federal para que las recomendaciones internacionales dirigidas al Estado sean consideradas para su implementación por las autoridades competentes.

Fuente: Elaboración propia con base en el acuerdo firmado entre la oacdhm y el Estado mexicano.

La oacdhm frente al incremento de la violencia y la presión internacional

Como resultado del análisis de esta categoría, se observa, en primer lugar, un cambio en los señalamientos de la oacdhm sobre el comportamiento del Estado, expresado en la referencia explícita a situaciones de violencia, y al cambio en la manera en que se refiere a los grupos afectados, lo cual se da al mismo tiempo que el aumento de las violaciones a los dh y de la presión internacional sobre el Estado.

En segundo lugar, hay un cambio en las estrategias de solución propuestas, que complementa la aproximación del paradigma de los dh centrado en la rendición de cuentas de los culpables (Mertus y Helsing, 2006) con el desarrollo de mecanismos de protección especializados. En 2008, con la firma del acuerdo de ratificación con el Estado mexicano, cuando por primera vez se hace referencia de manera general a problemas de seguridad derivados de la presencia de organizaciones fuertemente armadas y de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública (oacdhm, 2008).

Esquema 1. Redes de asociación de significados en los comunicados de prensa de la OACDHM.

Por otra parte, la referencia a las violaciones de dh se concentra fundamentalmente en la particularización, a partir de la identificación de grupos específicos como periodistas y defensores de dh, y de determinadas zonas del país; en segundo lugar, relaciona estas situaciones con la impunidad de los responsables de las mismas, y en tercer lugar, realiza propuestas al gobierno para la asunción de medidas políticas para superar estos problemas. A continuación se presenta un esquema en que se explicitan las redes de significados que se identificaron en el análisis de contenido realizado y que, como ya se señaló, ponen en el centro de las referencias a las violaciones de dh.

A continuación se realizará un análisis sistemático de la forma en que la oacdhm ha enmarcado el incremento de la situación de violencia en México, los grupos en los que se enfoca, y se hace referencia también a las estrategias utilizadas: prestamos especial atención a los puntos de ruptura o continuidad. Realizamos un análisis del contenido de los comunicados de prensa emitidos por la oacdhm entre 2007 y 2012, y nos enfocamos en aquellos que hacen referencia explícita a las violaciones de dh en México, es decir, los que tienen como principal objetivo llamar la atención sobre las acciones u omisiones del Estado en la materia. En este análisis se toman en cuenta la manera en que se enmarca la violencia, así como las estrategias sugeridas para dar cuenta de la situación.

Tal como se señaló en los apartados anteriores, se prestará especial atención a los cambios que se detectan en la manera de enmarcar la violencia y las violaciones a los dh, así como a las estrategias implementadas. En este caso, si la conjetura propuesta es correcta, esperaremos un cambio en la forma de aproximación al tema y de las estrategias respecto al Estado a partir de 2008 o el año inmediato posterior, en que se hace evidente el aumento de la violencia, sus consecuencias en las violaciones a los dh y en las estrategias propuestas. Los resultados nos permiten identificar un cambio en el comportamiento de la oacdhm a partir de 2008 en cuanto al señalamiento hacia el Estado y un mantenimiento de las estrategias de solución. Antes, durante 2007, el centro de su preocupación fue la socialización del Estado en los estándares internacionales de dh, actividad que, si bien continuó realizándose, se combinó posteriormente con las referencias a las violaciones que tenían lugar en el país.

La oacdhm frente a la violencia en México

En relación con este punto, la primera consideración que es importante realizar es que en los comunicados de la oacdhm se hace referencia a la situación de violencia en el país, sobre todo a partir de 2009 en que comienza a enmarcarla como violaciones a los dh de los defensores; hasta ese momento, la alusión era contra la violencia ejercida hacia los periodistas. Es decir, se registra un cambio consonante con las otras dos dimensiones de análisis que hemos considerado: el incremento de las violaciones a los dh, y de la presión internacional sobre el país por esta causa. La referencia a la situación de violencia tiene dos modalidades a las que llamaremos nacional y local, esto es, al incremento de la violencia en el país en general, y a situaciones particulares en estados de la república, como Oaxaca o Chihuahua.

En cuanto a la referencia a la violencia en general se registraron cinco comunicados (los que se describirán a continuación), en que se da cuenta de un endurecimiento, o mejor dicho, de una mayor explicitación de lo que vive el país. En la mayoría de dichos comunicados, la oacdhm es portavoz de otros grupos o miembros relevantes del sistema de Naciones Unidas, como la propia Alta Comisionada de los Derechos Humanos, o relatores especiales.

La primera comunicación data de 2008 (que opera como punto de partida), cuando se renueva el acuerdo entre el gobierno mexicano y la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Con motivo de este hecho se señalan las declaraciones de ésta en que se refiere a la existencia de “problemas de seguridad por la actuación de organizaciones fuertemente armadas”, y al respecto se solicita al Estado el retiro de las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública. Como puede observarse, la solicitud de desmilitarización constituyó una estrategia temprana de “nombramiento” de un problema (oacdhm, 2008). La segunda referencia fue en 2009, en el marco de la presentación del informe “Defender los dh entre el compromiso y el riesgo” (oacdhm, 2009), en que se describe el contexto en que esta defensa se desempeña en forma muy arriesgada, debido al incremento de la violencia y la inseguridad. La tercera data de 2010, durante la presentación del informe ya citado sobre la situación de los defensores de dh en Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde se describe la situación de la ciudad como de inseguridad y violencia, y se solicita nuevamente al Estado que retire a las fuerzas armadas de las tareas de seguridad y en su lugar se profesionalice a las fuerzas civiles. La cuarta, en tanto, también se hace en 2010, en un comunicado que da cuenta de la visita de la Relatora Especial de la onu para la independencia de los magistrados y abogados. Ella sostiene que “El fortalecimiento del Estado de derecho y la lucha efectiva contra la violencia sólo serán posibles si el sistema de justicia en su conjunto es sólido e independiente” (oacdhm, 2010a). La quinta referencia tuvo lugar en 2011, por parte del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas, en su visita a México. En dicho comunicado se señala el incremento de las denuncias sobre desapariciones forzadas recibidas por el grupo de trabajo: “El incremento del número de nuevos casos admitidos durante 2010 y el gran número de nuevas alegaciones recibidas durante la visita podrían indicar un deterioro de la situación de desaparición forzada en México”. El informe puntualiza que

México enfrenta una situación muy complicada en materia de seguridad pública debido al incremento de la violencia generada principalmente por el crimen organizado. El [Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias] gtdfi reconoce los esfuerzos del Gobierno para abordar esta compleja situación y es de la opinión que el fenómeno de las desapariciones forzadas no puede entenderse adecuadamente sin tomar en cuenta el contexto actual de violencia y la presencia de la criminalidad organizada. Sin embargo, no todos los crímenes cometidos en el país, incluidas las desapariciones forzadas pueden ser atribuidos a la delincuencia organizada (oacdhm, 2011a).

La referencia a la violencia y la inseguridad en el país en general se asocia al crimen organizado y a la presencia de las fuerzas armadas en la calle, y está acompañada del reclamo por la desmilitarización de la seguridad pública y la reducción de los niveles de impunidad de los perpetradores de violaciones a los dh, esto último asociado específicamente con el mejoramiento del sistema de justicia penal y la eliminación del fuero militar.

En relación con la recomendación para desmilitarizar las tareas de las fuerzas de seguridad pública, las comunicaciones de 2008 y 2010 fueron las únicas dos ocasiones en que se presentó esta solicitud al Estado, y coinciden con el aumento de la presión internacional. En general, a partir de 2009, la referencia a las fuerzas armadas estuvo vinculada a la eliminación del fuero militar para juzgar las violaciones a los dh cometidas por miembros de las fuerzas armadas, es decir, apuntaba a la reducción de la impunidad. Este viraje puede interpretarse como un cambio en la forma en que se enmarca la violencia, sobre todo en la identificación de sus causas, algo simultáneo y consistente con la demanda internacional en relación con el tema.

Por otra parte, es común también que en las comunicaciones se haga referencia a situaciones de violencia localizada, como por ejemplo:

a)la que tuvo lugar en la zona triqui de Oaxaca en 2009, en la que se indica que es perpetrada por “terceros” y que tiene como víctima a la población indígena;

b)el repudio a los “asesinatos indiscriminados” en Ciudad Juárez, Baja California, etc., en 2010 (oacdhm, 2010b);

c)la expresión de consternación y repudio del sistema de Naciones Unidas en México hacia el excesivo uso de la fuerza en contra de los estudiantes normalistas en Chilpancingo, Guerrero, en 2011 (oacdhm, 2011b);

d)la condena de la violencia homicida cometida en 2011 en contra de la familia Reyes Salazar, defensores de dh en Chihuahua (oacdhm, 2011c).

En síntesis, una lectura de los comunicados de la oacdhm nos permite identificar una situación de deterioro y empeoramiento de las violaciones a los dh en contra de grupos específicos, y además, la identificación de violaciones generalizadas como la desaparición forzada de personas. Este posicionamiento se hace cada vez más explícito después de 2008, cuando esta situación se dispara internamente y se visibiliza internacionalmente.

Grupos vulnerables. De los periodistas a los defensores de derechos humanos

Además de una referencia cada vez más directa a las violaciones de dh que tienen lugar en el país, durante el periodo estudiado se observa un viraje al respecto antes y después de 2009. Mientras que en 2007 y 2008 se señalan principalmente las violaciones a los dh sufridas por los periodistas, a partir de 2009 se observa un mayor énfasis en estos delitos perpetrados contra los defensores de los dh en general, e incluso en 2010 es importante notar que se hace una asimilación entre periodistas y defensores de dh. Es decir, no se dejan de lado las denuncias relativas a las violaciones de dh sufridas por periodistas (que continúan perpetrándose), sino que se incorpora a los periodistas dentro de la categoría de defensores de derechos humanos.

Comenzaremos con el marco de referencia en que se incluyen las violaciones de dh sufridas por periodistas. La principal asociación se da en cuanto a la seguridad de la función periodística como condición necesaria para la libertad de prensa y la libertad de expresión. Se relacionan los ataques a periodistas con los atentados a estas libertades que, por extensión, constituyen perjuicios para el desarrollo de las sociedades democráticas, que pueden ser perpetrados por particulares, sobre todo por parte de grupos vinculados con el crimen organizado.

El segundo grupo al que se hace referencia es el de los defensores de dh, identificada a partir de 2009 y sustentada en la elaboración del ya mencionado informe “Defender los Derechos Humanos entre el compromiso y el riesgo”, que se basa en ciento veintiocho denuncias recibidas, además de entrevistas a informantes clave, etc. En este documento, la oacdhm denuncia las amenazas y asesinatos de que son víctimas los defensores de dh en diferentes entidades federativas del país.

En este viraje de las violaciones a los dh de los periodistas hacia las de los defensores de dh en general existe una resignificación de la situación, desde un problema de peligro para la libertad de expresión y el desarrollo de las sociedades democráticas, hasta la necesidad de garantizar, respetar y proteger el derecho a defender los dh. Además, en relación con estos casos, se añade el señalamiento de quienes podrían ser perpetradores: grupos particulares armados (en el caso de la zona triqui de Oaxaca), o presuntos funcionarios públicos como policías o miembros de las fuerzas armadas (Guerrero y Ciudad Juárez).

Con respecto a las violaciones de dh en contra de defensores, se nombra a grupos específicos dentro del colectivo, como por ejemplo, los defensores de los derechos de los pueblos indígenas, o de las mujeres, o bien, periodistas, y de cada uno de estos grupos se identifican particularidades en las violaciones de las que son víctimas, que van desde las amenazas a los asesinatos, y desde la persecución al encarcelamiento, como en el caso conocido como Campesinos Ecologistas. En ambos casos, además de la identificación de los derechos violados y los grupos específicos de víctimas, existe una asociación de la persistencia de estas violaciones a la impunidad de las mismas y, por tanto, hay un llamado al Estado en el nivel que corresponda para que las investigue, juzgue y sancione a los responsables, y repare a las víctimas de manera rápida y oportuna.

En este sentido, la actuación de la oacdhm es consonante con las características del paradigma de dh en relación con situaciones de violencia ya descritas: la identificación de la impunidad como causa de la persistencia de violaciones, o bien de otros males, como por ejemplo, el deterioro de la vida democrática, etc. Adicionalmente, en algunos casos específicos, especialmente de violaciones a los derechos de los defensores de dh, se asocian estas violaciones con la negligencia del Estado para tomar medidas de prevención oportunas y eficientes, que garanticen la seguridad de los miembros de estos grupos que hayan recibido amenazas. En relación con este punto no puede dejar de destacarse la coincidencia de este tipo de señalamientos con el estándar de debida diligencia del Estado en los casos en que reciba denuncias que puedan derivar en violaciones de dh, establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia González y otras vs. México.

No obstante el patrón de identificación de grupos vulnerables específicos, a partir de 2011 y 2012 se observa adicionalmente referencia a situaciones de violación de dh generalizadas, como es el caso de la desaparición forzada de personas, y que son expresadas por organizaciones de Naciones Unidas diferentes a la oacdhm en México, en este caso, el Grupo de Trabajo Especial sobre Desaparición Forzada de personas (oacdhm, 2011a), o el Sistema de Naciones Unidas en México, cuando se trata de la denuncia de asesinatos indiscriminados contra población en general en 2011, Ciudad Juárez, Baja California y Mazarik, Distrito Federal (oacdhm, 2011b).

Estrategias prevalecientes

Como se ha puntualizado anteriormente, las estrategias que predominan en la actuación de la oacdhm son la producción de información, avergonzamiento, solicitud de verdad, justicia y reparación, y elaboración de recomendaciones para cambios en las políticas públicas, a través de reportes propios o de grupos específicos como el correspondiente al Grupo Especial sobre Desaparición Forzada de Personas, el Subcomité de Prevención de Tortura o la Relatora para la Independencia de los Magistrados y los Abogados en sus visitas al país en 2009, 2011 y 2012, respectivamente. Sin embargo, se observa a partir de 2009 un cambio que se caracterizó por ampliar las estrategias para producir información y el señalamiento de falencias en la acción estatal, por medio de la propuesta de soluciones particulares vinculadas con la creación de organismos específicos, como por ejemplo, el mecanismo para la protección de defensores de los dh. Es decir, las estrategias de la oacdhm incluyen lo que llamamos política de la moral, política de la política y política de la justicia. En este último caso, la oacdhm realiza lo que podríamos denominar una política de la justicia y, en este sentido, se deposita una responsabilidad especialmente relevante en el funcionamiento de los tribunales y en su capacidad para cumplir su función de rendición de cuentas. Al respecto, es claro que los mecanismos clásicos del repertorio de dh para atender a las violaciones, es decir, verdad, justicia y reparación, son los que se aplican a este tipo de violaciones de dh localizadas. Dada la centralidad de las instituciones jurídicas en este paradigma, no es de extrañar el énfasis que la oacdhm pone en el trabajo de cooperación con el Poder Judicial federal, y los equivalentes de las entidades federativas (oacdhm, 2013).

Adicionalmente, una estrategia complementaria es la recomendación de la adopción de medidas legislativas y políticas públicas en general. En este sentido, el llamado a la implementación de un mecanismo de protección a los defensores de dh y periodistas, o las recomendaciones de cambio legislativo relativas a la tipificación del delito de desaparición forzada son un buen ejemplo de esta tendencia.

Al respecto, el análisis realizado nos permite afirmar que la actuación de la oacdhm es consonante con la conjetura presentada en la medida en que, de manera concomitante con los cambios en el aumento de la violencia y las violaciones de dh en el país, así como de la presión internacional al Estado por esta situación, se observa un cambio en sus estrategias. En otros términos, el comportamiento de la oacdhm, al emitir observaciones de señalamiento y avergonzamiento al Estado por su actuación, se concentró en apuntar la situación de violencia y de violaciones a los dh, de la identificación de grupos especialmente vulnerables en este contexto, y en el impulso de una estrategia integral que incluye una política de la moral, jurídica y política, a medida que la reputación del Estado se ve comprometida y se ponen en evidencia sus resistencias para actuar de acuerdo con normas internacionales de dh.

Comentarios finales

Este trabajo tuvo como objetivo fundamental identificar los factores que pueden asociarse al cambio de comportamiento de un organismo internacional de dh que tiene una misión nacional, en este caso la oacdhm entre 2007 y 2012. El seguimiento de este objetivo se enmarca en una línea de trabajos recientes (aunque no abundantes) sobre la actuación de los mecanismos de enforcement de los diferentes regímenes de dh.

La pregunta que guió el trabajo intenta identificar los factores vinculados con un actuación más proactiva y de mayor señalamiento de estos organismos respectos de los Estados. En vista de esto, se buscó responder si este tipo de organismos optará por un comportamiento autorrestrictivo que asegure su relación tersa con el Estado en el marco del cual está trabajando, o por el contrario, los cambios en el contexto internacional e interno influirían en su actuación. En este segundo escenario, la relación que se postula es que la mayor pérdida de reputación del Estado y su resistencia a ajustar su comportamiento a estándares de dh estarían asociados con un aumento de los señalamientos de este organismo respecto del accionar del primero en la materia.

Con base en este marco analítico, este artículo muestra que el caso de la oacdhm en México se acerca al segundo modelo de comportamiento, en la medida en que es sensible al contexto de violaciones de derechos internos tanto como a los factores externos, entre éstos, la presión internacional ejercida sobre el Estado. Podría sostenerse que el patrón encontrado es que a mayor violencia y violaciones de dh y mayor pérdida de reputación internacional del Estado por este motivo, mayor señalamiento en su contra por parte de la oacdhm, es decir, una lógica consistente con la presentada por la literatura pionera en este campo de estudio.

Por otra parte, el análisis de contenido de los comunicados de prensa de la oacdhm también nos dio pauta de la manera en que se definía la actuación de la Oficina, y con qué redes de significados se la asociaba. Al respecto, se considera importante destacar:

1.Las acciones de la oacdhm, vinculadas con el proceso de violencia e incremento de violaciones de dh en México, han sido consistentes con la aproximación predominante en el paradigma de dh que pone en el centro a las violaciones que tienen lugar.

2.La oacdhm se refiere a la situación de violencia y violaciones de dh en el país mediante dos recursos: la generalización, en que da cuenta de la situación en todo el territorio; y la localización, en que detalla los focos de violencia y violaciones de dh localizados.

3.Cuando la oacdhm hace referencia a estas situaciones, en general utiliza la voz de otros mecanismos de Naciones Unidas, como las visitas de relatores especiales.

4.Otra característica de las redes de significado vinculadas con la violencia se observa en la identificación de grupos vulnerables. En el caso de México, primero periodistas y luego defensores de dh en general, entre los que se incluyen periodistas, mujeres y defensores de derechos de los pueblos indígenas.

5.Entre 2011 y 2012, se observa una referencia a violaciones generalizadas antes que localizadas, que se manifiestan en la desaparición forzada de personas.

6.Existe una asociación entre la persistencia de las violaciones de dh señaladas y una situación de impunidad respecto de las mismas, una de cuyas razones se vincula con el fuero militar. Esto pone en el centro del proceso a las instituciones jurídicas, en concreto a los tribunales, especialmente su capacidad para el cumplimiento de una función de rendición de cuentas.

7.Se observa como estrategia recurrente la solicitud de medidas políticas específicas, por ejemplo, la armonización de los códigos penales de los estados en relación con el delito de desaparición forzada de personas, o la creación de un mecanismo de protección de defensores de dh y periodistas.

Como pudo observarse, desde el punto de vista de la actuación de los organismos internacionales de enforcement de los dh, su acción parece no ser inocua en términos de señalamiento de los Estados, si median las condiciones adecuadas para ello, vinculadas fundamentalmente con la pérdida de reputación del Estado y contextos de violación creciente de los dh. Más estudios sobre el comportamiento de estas oficinas en otros países, así como de las condiciones políticas internas en que se enmarca la actuación de la oacdhm, permitirán confirmar o profundizar en estos hallazgos preliminares.

Fuentes

Amnistía Internacional

2012 Annual Report. Mexico, en <http://www.amnesty.org/es/region /mexico/report-2012>, consultada el 30 de enero de 2013.

2009 México. Nuevos informes de violaciones de derechos humanos a manos del ejército, en <http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR41 /058/2009/es/05744848-9915-4b7e-9fa9-6ef26bddfaab/amr 410582009es.pdf>, consultada el 17 de noviembre de 2012.

Anaya Muñoz, A.

2012 El País Bajo Presión. México: cide.

2010 “Internalización de las normas internacionales de derechos humanos en México: el papel del Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012”, Documento de trabajo no. 199, División de Estudios Internacionales, Centro de Investigación y Docencia Económicas (cide).

2009 “Transnational and Domestic Processes in the Definition of Human Rights Policies in Mexico”, Human Rights Quarterly 31, no. 1: 35-58.

Ansolabehere, K., S. Serrano y L. Vázquez

En prensa Los derechos humanos y la violencia. Estado, instituciones y sociedad civil. Bogotá: Universidad de los Andes/Flacso México.

Bates, R.H.

2008 “State Failure”, Annual Review of Political Science 11 (junio): 1-12.

Centro de Estudios Legales y Sociales (cels)

2008 Litigio estratégico y derechos humanos. La lucha por el derecho. Buenos Aires: Siglo xxi.

Cole, W.

2011 “Individuals v. States: The Correlates of Human Rights Committee Rulings, 1979-2007”, Social Science Res. 40, no. 3: 985-1000.

Hafner-Burton, E.

2012 “International Regimes for Human Rights”, Annual Review of Political Science 15 (junio): 265-286.

Human Rights Watch

2012 Annual Report: Mexico, en <http://www.hrw.org/es/world-report -2012/m-xico>, consultada el 18 de noviembre de 2012.

Lebovic, J.H. y E. Voeten

2006 “The Politics of Shame: The Condemnation of Country Human Rights Practices in the unchr”, International Studies Quarterly 50, no. 4: 861-888.

López Benítez, Jairo

2012 “Las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos en la democracia. Aproximaciones para el estudio de la politización de los derechos humanos en Colombia”, Estudios políticos, no. 41 (julio-diciembre): 103-123.

Mertus, J.

2004 “Raising Expectations? Civil Society’s Influence on Human Rights and US Foreign Policy”, Journal of Human Rights 3, no. 1: 21-40.

Mertus, J. y J.W. Helsing, eds.

2006 Human Rights and Conflict: Exploring the Links between Rights, Law, and Peacebuilding. Washington, D.C.: United States Institute of Peace Press.

Molzahn, C., O. Rodriguez Ferreira y D.A. Shirk

2012 Drug Violence in Mexico. Data and Analysis through 2012. San Diego, Calif.: Transborder Institute, University of San Diego, <http://justiceinmexico.files.wordpress.com/2013/02/130206-dvm-2013-final.pdf>.

Newman, E.

2004 “The ‘New Wars’ Debate: A Historical Perspective Is Needed”, Security Dialogue 35, no. 2: 173-189.

New Tactics Project

s. f. <https://www.newtactics.org/>, consultada el 23 de abril de 2015.

Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México (oacdhm)

2013 Convenio de Colaboración con el Poder Judicial Federal, en <http://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=66&Itemid=60>, consultada el 18 de octubre de 2012.

2011a “Grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias concluye su visita a México”, comunicado de prensa, en <http://www.hchr .org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=431:el -grupo-de-trabajo-sobre-las-desapariciones-forzadas-o-involuntarias -concluye-su-visita-a-mexico-31-de-marzo-de-2011&catid=76 :comunicados-alto-comisionado-oficina-sede&Itemid=69>, consultada el 16 de octubre de 2012.

2011b “El sistema de Naciones Unidas expresa su consternación por el excesivo y violento uso de la fuerza en contra de los estudiantes normalistas en Guerrero”, comunicado de prensa, en <http://www.hchr.org.mx /index.php?option=com_content&view=article&id=551:el-sistema -de-naciones-unidas-en-mexico-expresa-su-consternacion-por-el -excesivo-y-violento-uso-de-la-fuerza-contra-los-estudiantes -normalistas-en-el-estado-de-guerrero&catid=75:comunicados-oficina -en-mexico&Itemid=68>, consultada el 18 de octubre de 2012.

2011c “La onu dh condena enérgicamente la violencia homicida en contra de la familia Reyes”, comunicado de prensa, en <http://www.hchr.org .mx/index.php?option=com_content&view=article&id=333:la-onu-dh-condena-energicamente-la-violencia-homicida-en -contra-de-la-familia-reyes-en-chihuahua-25-de-febrero-de -2011&catid=75:comunicados-oficina-en-mexico&Itemid=68>, consultada el 18 de octubre de 2012.

2010a “La creciente violencia en México sólo será superable con una justicia sólida e independiente”, comunicado de prensa, en <http://www .hchr.org.mx/Documentos/comunicados/2010/10/CDP151010 .pdf>, consultada el 16 de octubre de 2012.

2010b “onu dh condena los asesinatos indiscriminados en Chihuahua, Baja California y Nayarit”, comunicado de prensa, en <http://www. hchr.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=120: onu-dh-condena-los-asesinatos-indiscriminados-en-chihuahua-baja-california-nayarit-y-df&catid=75:comunicados-oficina-en- mexico&Itemid=68>, consultada el 16 de octubre de 2012.

2009 “oacdhm presenta su informe Defender los Derechos Humanos”, comunicado de prensa, en <http://www.hchr.org.mx/index .php?option=com_content&view=article&id=68:la-oacnudh -presenta-su-informe-defender-los-derechos-humanos&catid =75:comunicados-oficina-en-mexico&Itemid=68>, consultada el 15 de octubre de 2012.

2008 “Declaración de Lous Arbour al final de su visita a México”, comunicado de prensa, en <http://www.hchr.org.mx/index php?option=com _content&view=article&id=37:declaracion-de-louise-arboural- final- de-su-visita-a-mexico&catid=76:comunicados-alto-comisionado- oficina-sede&Itemid=69>, consultada el 15 de octubre de 2012.

2003 Diagnóstico sobre la situación de derechos humanos en méxico. México: oacdhm.

Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México (oacdhm) y Estado Mexicano

2008 Acuerdo, en <http://www.hchr.org.mx/files/doctos/Libros/Acuerdo %20Propuesta2.pdf>, consultada el 28 de octubre de 2012.

Red Todos los Derechos para Todos y Todas (rtdt)y Organización Mundial en contra de la Tortura

2011 Situación de la tortura en México. México: rtdt.

Risse, T., S.C. Ropp y K. Sikkink

1999 The Power of Human Rights. Cambridge: Cambridge University Press.

Sistema Nacional de Alerta de Violaciones de Derechos Humanos

2012 <http://200.33.14.34:1001/ind_Autoridad_SM.asp?Id_Aut= 1063>, consultada el 10 de noviembre de 2012.

Schreier, M.

2013 “Qualitative Content Analysis”, en U. Flick, ed., The Sage Handbook of Qualitative Data Analysis. Londres: Sage, 160-183.

Simmons, Beth

2009 Mobilizing for Human Rights: International Law in Domestic Politics. Cambridge: Cambridge University Press.

Steiner, H.J., P. Alston y R. Goodman

2008 International Human Rights in Context: Law, Politics, Morals: Text and Materials. Nueva York: Oxford University Press.

Fuentes complementarias

Estévez López, Ariadna

2007 “Transición a la democracia y derechos humanos en México: la pérdida de integralidad en el discurso”, Andamios 3, no. 6: 7-32.

Sentencias de la coidh, cumplimientos estatales y derecho a la verdad

Silvia Dutrénit Bielous[*]

El derecho a la verdad como principio del derecho internacional de los derechos humanos da forma a los deberes de los Estados en lo concerniente a la gestión del pasado. Lo mismo debe decirse sobre el deber de investigar y enjuiciar a los perpetradores de graves violaciones de los derechos humanos.

Méndez (2007: 10)

El pasado es un derecho presente. ¿En qué sentido se afirma lo dicho? En el sentido de que se mantienen sin dirimir las circunstancias y el destino final de la inmensa mayoría de las víctimas, a causa de prácticas gubernamentales o de grupos cuya actuación se dio bajo el amparo del poder estatal; y también porque en las violaciones sucedidas se atenta contra varios de los derechos humanos (dh) considerados en el derecho internacional en la materia.

Delitos y crímenes producidos de manera sistemática, en particular las torturas, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones, el robo y cambio de identidad de menores, han caracterizado una historia política aberrante en la región latinoamericana. En algunas experiencias nacionales, después de treinta años o más de lucha contra la impunidad se ha logrado llegar a relatos de verdad “estructural”, aquellos que dan cuenta de las condiciones y las prácticas en las que se produjeron las violaciones de los dh. Ello ha posibilitado dilucidar la situación de algunas víctimas, no obstante sigue sin respetarse el derecho al esclarecimiento del destino de la gran mayoría.

En este sentido, es factible advertir que no se ha cumplido, y menos cabalmente, con los compromisos internacionales asumidos en el ámbito de los dh. Situación que se pone en evidencia pese a que se transitó hacia regímenes en los que se ha ido afirmando la reconstrucción de la institucionalidad democrática.

Las demandas de verdad y justicia han tenido distintos niveles o afectan diferentes aspectos de la vida pública y privada. Uno es el que reclama el derecho a conocer el pasado, es decir, a conocer la verdad de los hechos ocurridos en un nivel que podría entenderse como estrictamente humano e individualizado (el de los familiares y el de las víctimas). Otro nivel es el de la sociedad misma y en un sentido “estructural”, el del requerimiento de conocer los capítulos de su historia en tanto contextos, prácticas y actores. Dicho esto en virtud de que los relatos nacionales deben recoger el conjunto de los episodios y no convertirse en narraciones parciales o recortadas de distintos oficialismos. Y, por último, el nivel del sentido ético profundo que invoca la convicción de que el Estado no puede ser el accionante de violaciones y crímenes, ni tampoco quien oculte lo sucedido, aunque ello fuera con el propósito de salvaguardar el equilibrio institucional. Por tanto, es el Estado quien debe apelar a su capacidad punitiva, respetando la igualdad ante la ley, cuando existen delitos que perseguir e incluso, y de manera específica, aquellos que hubieran sido cometidos desde el Estado o a su amparo.

Sin duda, las decisiones gubernamentales están permanentemente relacionadas con intereses y negociaciones, cálculos políticos (de carácter inmediatista y no inmediatista) y arreglos institucionales complejos que desembocan en distintas respuestas. Algunas de estas decisiones han permitido lograr avances considerables respecto del estado de impunidad, que incluyen respuestas jurídicamente vinculantes, pero otras son tímidas y dejan solamente relatos fragmentarios de verdad. La impronta carencial está incrustada en las circunstancias particulares de las miles de víctimas.

Ahora bien, tal como sentenció la Corte Interamericana de Derechos Humanos (coidh) en el caso Trujillo Oroza en 2002:

El ocultamiento continuo de la verdad sobre el destino de una persona desaparecida es una forma de tratamiento cruel, inhumano y degradante para los familiares más cercanos. El derecho a la verdad ha tenido un desarrollo suficiente en el derecho internacional de los derechos humanos y, como esta corte ha declarado con anterioridad, el derecho de los familiares de las víctimas a conocer lo ocurrido a éstas y, de corresponder, la ubicación de los restos, constituye una medida reparatoria que el estado debe satisfacer en beneficio de los familiares y de la sociedad en su conjunto.[1]

En la región latinoamericana este ocultamiento ha sido una práctica recurrente en muchos de los países, tanto porque se niega el pasado delictivo como porque no se generaran procedimientos efectivos para esclarecer los hechos y más aun, para investigarlos, perseguirlos y castigarlos como parte del derecho a la justicia que tienen las víctimas y sus familias. Lo anterior ha provocado la permanencia de los delitos y ha obligado a que familiares y organismos de promoción y protección de los dh instalen sus demandas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (sidh).[2] En este sentido, primero lo hacen ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh) y si procede, posteriormente, ante la coidh.[3] Su propósito es demandar a los Estados que han incumplido en el ámbito de la protección de los derechos humanos (dh), dando lugar a una transgresión permanente de la fuente básica del derecho en la materia, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (cadh), además de otras convenciones y protocolos inherentes a la arquitectura instrumental de protección y regulación. Con el paso de los años son numerosos los informes de la cidh y las sentencias condenatorias a los Estados por parte de la coidh. Dos de estas últimas corresponden a los casos Radilla (2009) contra el Estado mexicano y Gelman (2011) contra el Estado uruguayo. En ambos casos se trata de situaciones acaecidas por la represión política de los años setenta cuando, en un clima de guerra fría, tomaba fuerza la Doctrina de Seguridad Nacional (dsn) cuyo objetivo práctico era la eliminación del enemigo interno (Leal, 2003: 74-87).

Estas sentencias únicas para sus respectivos Estados se implantan en realidades que difieren en las historias de sus sistemas y regímenes políticos, en sus tejidos sociales y en sus composiciones demográficas. Al mismo tiempo difieren en el papel de los distintos actores y en los relatos construidos durante los regímenes represivos y durante el cambio o la transición política hasta el presente. Pese a tan diversas realidades, estas sentencias coinciden en el tipo de delitos cometidos y en el contexto en que se produjeron. Ambas sentencias son las primeras y únicas para los dos Estados causadas por el delito de desaparición forzada en un contexto de represión política enmarcado en la guerra fría. Dichas sentencias resultan así emblemáticas no sólo por los casos puntuales sobre los que se sanciona sino también por el reconocimiento y exhibición pública desde el sidh de las características represivas de aquellos años. En principio puede señalarse que hasta el momento ninguna ha tenido un efecto réplica, seguramente y como se observará, no porque se sostenga con agudas diferencias en ambos Estados un principio irrenunciable al derecho a la verdad, sino porque el procedimiento de alcanzar el tribunal interamericano requiere de una combinación de diferentes actores, procedimientos y una acertada estrategia.

Es interesante apreciar cómo entonces se aproximan los Estados cuestionados en la no satisfacción del esclarecimiento de lo ocurrido, con la consecuente permanencia delictiva. En ambos casos el fallo de la coidh supondría formalmente la obligación de cumplir, no obstante, lo acontecido en cada experiencia nacional es muy diverso respecto de los requerimientos establecidos. Si bien puede considerarse que es así porque no existe un procedimiento punitivo para cumplir, la hipótesis central del texto es que la peculiaridad de la historia política y de los actores involucrados en cada una de las realidades, mexicana y uruguaya, imponen formas de acatamiento y repercusión públicas contrastantes. Asimismo y pese a ello, se sostiene que en los dos casos prevalece la ausencia del derecho a la verdad individualizada, aun cuando pudiera promoverse la verdad. Entendida ésta como el contexto represivo en el que se habrían producido algunas desapariciones y otros delitos. O dicho de otra forma, una reparación simbólica pero no integral, que no alcanza en estos casos el cumplimiento del derecho individual a la verdad. Por tanto, lo sucedido en México y Uruguay dista, y no es pequeña la diferencia, de la “finalidad principal que debe perseguir un sistema de protección internacional de dh [que] no es declarar la responsabilidad internacional de un Estado, sino que lo central es apuntar principalmente a la plena reparación de quien o quienes resultaron víctimas de la acción u omisión imputable a un Estado” (Rousset Siri, 2011: 1) Por ejemplo, si se pone la mirada en la experiencia argentina, parecería que el cumplimiento se da en armonía entre verdad y justicia.

En suma, los hilos que arman la tensa red en cada experiencia nacional difieren en su mayoría y apenas coinciden algunos de ellos hasta desembocar en complejos y similares contextos en cuanto al derecho a la verdad de las víctimas. Se trata de devenires nacionales que iluminan de manera original los contextos, hechos y actores nacionales e internacionales y dan pistas sobre cómo se construye el presente y el futuro.

Siguiendo esta sintonía de observación, las páginas que siguen han sido elaboradas desde una mirada analítica de la historia política y social y de los problemas institucionales que afectan los cumplimientos con los compromisos en materia de dh y no responden en absoluto a un estudio jurídico de las sentencias, en todo caso éstas son el instrumento/excusa fáctica para trabajar el argumento.

Fragmentos de la historia reciente

En los años setenta los regímenes políticos mexicano y uruguayo se distancian notoriamente. Así lo confirman sus respectivos desarrollos históricos durante el siglo xx. Mientras en el pequeño país sureño se instaló una dictadura cívico-militar luego de casi un siglo de estabilidad institucional,[4] con extendida democracia liberal en un ámbito social integrado y con escasa densidad poblacional, en el país del norte se mantuvo en el mismo arco temporal un régimen de partido hegemónico, ratificado en las contiendas electorales de cada sexenio, que apenas comenzaba a exhibir sus fisuras, con una sociedad muy diversa en lo cultural, en las condiciones de vida de su gente y en su ubicación territorial. Lo mencionado no invalida que desde entonces y en el contexto de la guerra fría compartían prácticas represivas y una responsabilidad directa en el saldo de delitos y crímenes.

Cuadro 1. Fragmentos de la historia reciente

México

Uruguay

1920-2000: régimen de partido hegemónico (Partido Nacional Revolucionario —PNR— /Partido de la Revolución Mexicana —PRM—/Partido Revolucionario Institucional —PRI—).

1960-en adelante: cuestionamientos de distinto orden al régimen y a la represión política.

2000-2012: cambio de partido en el gobierno (Partido Acción Nacional —PAN—) y modificaciones institucionales para la confiabilidad democrática.

2013: regreso del PRI al gobierno.

1903-1973: régimen democrático liberal con puntuales interrupciones.

1968-en adelante: movilizaciones opositoras al régimen con distintas características, represión política, creciente autoritarismo y conflicto de poderes.

1973-1985: dictadura cívico-militar.

1985: redemocratización del régimen.

2005-en adelante: gobiernos del Frente Amplio.

Fuente: Elaboración propia.

Para el caso mexicano, esas graves violaciones subsisten como herencia delictiva en virtud de que no se ha cumplido con la tratadística en materia internacional. Asimismo, porque en el país “se violan los dh como mecanismo de permanencia” de los intereses de los grupos dominantes y no ha habido un estado de derecho pleno (Durand, 1994: 296-297).

Si se fija el lente en la historia política mexicana es posible advertir que esas prácticas se aplicaron contra la oposición desde los años sesenta, y aun antes, para incrementarse hasta desembocar en una situación de represión política característica de aquellos años. Se trató de una violencia ejercida por agentes estatales o grupos a su amparo en contra de luchadores sociales, sindicalistas, estudiantes y también contra quienes optaron por el camino de la vía armada.[5] Fue una práctica soterrada, selectiva, focalizada, en especial cuando se dirigió a las organizaciones rurales y grupos guerrilleros, aunque no tan encubierta al recaer contra los movimientos sindicales y gremiales independientes, en particular, los estudiantiles.

En una de las interpretaciones sobre esos años de rebelión contra el régimen y represión política[6] se señala la existencia de su correlación visible “en la secuencia: 1. protesta social; 2. cerrazón gubernamental y represión; 3. radicalización y clandestinidad; 4. persecución y aniquilamiento”. Se anota asimismo que la represión estudiantil de 1968 pudo ser encubierta en virtud de la estructura del poder político, cuya base eran las corporaciones del Partido Revolucionario Institucional (pri), y de la complicidad a cambio de beneficios para distintos actores —empresarios, Iglesia y medios de comunicación (Condés, 2007: 18-19)—. En todo caso, no puede obviarse que el discurso hegemónico de entonces favoreció una justificación de la intolerancia en la medida que todo intento de organización independiente se apreciaba como disruptivo para el orden institucional. Fue útil en este sentido la complicidad de los medios que retroalimentaba la idea del complot contra el statu quo e inhibía cualquier impulso crítico, marginando la oposición activa.

Ahora bien, la estrategia del régimen mexicano tenía como componente sustantivo un eje rector de su política exterior en el que se reivindicaba el principio de “no intervención” en la política interna de los países. En aquellas décadas en las que en América Latina dominaban los regímenes dictatoriales y los conflictos bélicos, en los que de manera sistemática se violaban los dh, México participaba cobijando a los perseguidos por la represión. Más aun, ello se hacía con un discurso de defensa de principios democráticos en los organismos internacionales y en particular, durante el sexenio de Luis Echeverría, procurando captar el liderazgo tercermundista. De esta forma, el respeto a la política interna de los países evitaba una mirada adentro de México, hacia ese interior que se mantenía escasamente perceptible (Maza, 2008).

Si se fija la mirada en la experiencia uruguaya, se observa que la sostenida institucionalidad democrática en la que primaba una cultura política de fuerte participación ciudadana y de sólida autonomía sindical, comenzó a ser violentada antes del golpe de Estado de junio de 1973. La represión política alcanzó en forma paulatina primero y sostenida luego, a numerosos sectores sociales, sindicales y políticos así como a los grupos armados. Esta forma de represión notoriamente generalizada, dado el vasto torrente opositor que se enfrentó al proceso autoritario y después a la dictadura, obligó a un diseño de campañas mediáticas oficiales cuya finalidad fue manipular a la opinión pública. Los medios de comunicación fieles al statu quo hicieron eco al reproducir el discurso de la dsn mientras los otros soportaban las constantes censuras hasta que fueron clausurados definitivamente. En ese discurso cotidiano se insistía en la condición de “enemigos de la patria” a los opositores. No se refería al complot pero la esencia era la misma que en México si se toma en cuenta el clima de la bipolaridad. Entre la tergiversación de la información y el terror persistente, se logró cierta desmovilización en una sociedad tradicionalmente acostumbrada a la participación en varios ámbitos. Pero no se podría afirmar que el discurso oficial, notoriamente hegemónico en los medios como en todas las instancias culturales y de la enseñanza, tuviera la fuerza de convencer mediante la violencia y a mediano plazo abonar al objetivo de refundar las bases del acuerdo social y político.

A pesar del encubierto golpe de Estado, en virtud de que fue ejecutado por el presidente constitucional, Juan María Bordaberry, Uruguay se identificó como país en el que se violaban los dh. La magnitud de la represión en términos de volumen de víctimas y la fuerza de la denuncia redimensionada en distintos continentes a través de su propio exilio activaron el trabajo de organismos internacionales.

Cuadro 2. Violaciones a derechos humanos

México

Uruguay

1965-1985: Represión con violaciones graves de los DH en contra de opositores políticos (luchadores sociales, sindicalistas, estudiantes, organizaciones rurales) e integrantes de la guerrilla.

Formas de la represión: detención y encarcelamiento arbitrarios, tortura, ejecución extrajudicial y desaparición forzada.

Número aproximado de víctimas de desaparición forzada: 1200 en total (cerca de 650 en Guerrero y de 400 en Atoyac de Álvarez).

1968-1972: Suspensión de garantías individuales y represión contra movimientos sindicales, gremiales y grupos armados.

1973-1985: Interrupción del estado de derecho y estrategia de represión multinacional, coordinada por los servicios de inteligencia (Operación Cóndor).

1968-1985: Violaciones graves de los DH en contra de opositores políticos (distintos sectores sociales, sindicales, políticos y de grupos armados).

Formas de la represión: detención y encarcelamiento arbitrarios, tortura, ejecución extrajudicial, desaparición forzada, robo y cambio de identidad de menores.

Número aproximado de víctimas de desaparición forzada: 200, sin que aún se establezca cuántas fueron en territorio uruguayo.

Fuente: Elaboración propia.

Lo históricamente sincrónico de los golpes de Estado en el sur latinoamericano, la extrema violencia ejercida como práctica cotidiana, el número de víctimas, así como la fuerza de la información, tanto por la magnitud como por el grado de movilización y repercusión de organizaciones que la denunciaban, permiten establecer una distancia considerable entre México y Uruguay. Pese a la contemporaneidad y la similitud de los delitos —no obstante la divergencia en el volumen de víctimas registradas y en comparación con su población— existió una notable diferencia en la difusión de los acontecimientos, en la implantación del reclamo y en la repercusión en el ámbito de las organizaciones no gubernamentales (ong) internacionales.

En este último aspecto es necesario recordar que desde el golpe de Estado de 1973 en Chile se multiplicaron las ong de dh. En tanto el golpe resultó un suceso detonador para la creación de esas organizaciones, a la vez devino en clivaje de la historia regional e internacional. Sin embargo, como lo valora Sikkink, en esa proliferación de ong también es necesario contemplar la desaceleración del conflicto bilateral por la distensión. Ello posibilitó que tuvieran cabida otros asuntos de política exterior. En el nuevo escenario se establecieron acuerdos internacionales de dh y desde Estados Unidos, Jimmy Carter los impulsó internacionalmente. A partir de entonces se extendió Amnistía Internacional y en Estados Unidos se multiplicaron las ong de dh dirigidas al trabajo sobre y para América Latina, tales como Americas Watch, International Human Rights Law Group, Lawyers Committee for Human Rights y Washington Office on Latin America. En la región surgieron también organizaciones de la sociedad civil como Servicio Paz y Justicia (serpaj) y el Instituto Interamericano para los Derechos Humanos (iidh).[7]

El nuevo escenario no redundó en un posicionamiento visible de lo que internamente sucedía en México. La tradición política y cultural primó para que en lo internacional se preservara su imagen con el principio de respeto a la “no intervención” y de solidaridad con los No Alineados,[8] mientras Uruguay vio degradado el prestigio cosechado por su tradicional estabilidad y calidad de la democracia, en tanto se fortalecía el repudio por su sistemática práctica represiva en contra de los opositores.

En uno y otro país, con historias políticas tan disímiles pero no en características de prácticas represivas durante la guerra fría, lo ocurrido ha dejado esa herencia delictiva, violatoria y conflictiva en un contexto de institucionalidad democrática también diversa que se intenta preservar. Su recurrencia, tanto en las agendas gubernamentales como en las de los organismos internacionales pone en evidencia que el conflicto se mantiene mientras se van implementando con distinta intensidad políticas públicas para disuadirlo (Dutrénit y Varela, 2010).

Actores, demandas y casos emblemáticos

En un escenario de violaciones sistemáticas cometidas por regímenes autoritarios o dictatoriales, los movimientos denunciantes se fueron haciendo evidentes y trasladaron sus demandas, redimensionándolas, a las ong internacionales, las cuales documentaron los hechos, a la vez que los instalaron en distintos espacios.

No cabe duda que las transiciones hacia una institucionalidad democrática o de cambios significativos como el producido en México —visiblemente notorio desde 2000 mediante la rotación de partidos en el gobierno— potenciaron el saldo delictivo y las deudas sociales. Fomentaron pues las condiciones para una mayor visibilidad de las denuncias sobre violaciones de dh, a la vez que legitimaron a los movimientos que las sostenían. Aunque no necesariamente las promesas establecidas en el discurso resultaron efectivas, en especial la que aludía a la demanda de esclarecimiento de la represión política y sus víctimas. Más bien la estrategia intrínseca de los dilemas políticos de quienes obtuvieron las victorias electorales, provocó el escaso o nulo cumplimiento.

Esas denuncias fueron sostenidas en México por el movimiento de dh, articulado a partir de la represión de los años sesenta y setenta (Aguayo, 2009). En la evolución del movimiento aparece inicialmente el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), creado en 1968 y destinado a reunir las denuncias relacionadas con las víctimas (Aguayo, 2009: 294-295). Hacia finales de los setenta es notorio el crecimiento del movimiento en un punto neurálgico de la República: el atrio capitalino. En el Distrito Federal se desarrolló a partir del 28 de agosto de 1978 un ayuno de los familiares de detenidos desaparecidos (Dutrénit, 2012). Para entonces tenía un año de creado el Comité pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México, cuya principal figura era Rosario Ibarra de Piedra. Luego devino en el Comité ¡Eureka! Y fue en los años ochenta cuando se instalaron las organizaciones reconocidas como de dh,[9] que dieron legitimidad al tipo de reclamo. La Academia Mexicana de los Derechos Humanos es su principal exponente. Desde entonces se articulan los movimientos que demandan el esclarecimiento de la situación de los desaparecidos, incluso su aparición con vida, con aquellos que dan lugar al surgimiento de ong pro defensa de la democracia. Las dos demandas —dh y democracia— desembocarán en la creación de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todos” (Red tdt).

Para 1992 existían en México cerca de doscientas organizaciones de dh. “Este crecimiento geométrico es un síntoma de los múltiples cambios que vivió el país durante aquellos años” (Aguayo, 1995: 363). En ese escenario de cambios es que se ubica, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el reconocimiento de los desaparecidos políticos. Estas víctimas son “en su gran mayoría como producto de la guerrilla; o de la guerra sucia, que enfrentó al Partido de los Pobres contra el ejército y la policía mexicanos”. Como documenta Durand Ponte, tal aceptación conllevó a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (cndh), creada en el sexenio de Salinas de Gortari, y la Procuraduría General de la República (pgr) formaran un grupo para investigar 530 casos de desaparecidos políticos en Guerrero. Esto último dio como resultado el “Informe de la investigación sobre presuntos desaparecidos en el estado de Guerrero” (Durand Ponte, 1994: 312-314).

Un presente continuo de violaciones atraviesa el sexenio de Salinas como también el de Ernesto Zedillo, al punto de llegar a transformar aquella imagen exterior de México. La historia inmediata lo alimenta debido la continua violación de dh, aunque sus causas sean multifactoriales. Para este análisis es pertinente resaltar que fue la masacre de Acteal la que produce el principal cambio. Desde el exterior toma forma una observación que evidencia el cuestionamiento por las violaciones a la población civil, rural y en particular, a las etnias originarias. Tal como se mencionó, las denuncias de los movimientos fueron reconocidas internacionalmente, retransmitidas y redimensionadas. Como reacción se produjo un discurso gubernamental a favor de los dh.[10] Se observó una retórica referente al derecho de conocer la verdad e incluso al de un ejercicio pleno de la justicia para las víctimas y sus familiares. En ese momento supuestamente inaugural para los dh existía un nítido estado de impunidad. Ello provocó nacional e internacionalmente una reacción de las ong, las cuales percibían la existencia de una traba estructural para lograr esclarecer y enjuiciar (Sikkink, 1996: 157). Desde entonces las víctimas de la represión y los movimientos que denunciaban la situación, cobran cierta visibilidad; esa que estaba impedida por las características del régimen y, sin duda, por el discurso dominante a la vez que, en la inmensidad geográfica y pluricultural mexicanas, por la marginación de los hechos y las víctimas de las zonas rurales.

Tal situación hizo posible que cobrara fuerza pública la denuncia por los detenidos desaparecidos de los setenta; en especial para el caso que interesa en estas páginas, el que llega a la cidh y sobre el que este organismo dictó una sentencia única hasta el momento, en la que se explicitan las violaciones del Estado mexicano de aquellos años, los requerimientos para reparar a las víctimas y las medidas tendientes a evitar situaciones similares.

La sentencia refiere el caso Rosendo Radilla, detenido desaparecido en Atoyac de Álvarez, localidad en la que se registraron cerca de cuatrocientas situaciones similares a las aproximadamente seiscientas cincuenta del estado de Guerrero y de las también aproximadas mil doscientas víctimas de todo el país en los años sesenta y setenta del siglo xx.[11]

Se trata de una región en la que se concentró una radicalización opositora como reacción al hostigamiento casi estructural del régimen y del gobierno local. La otrora Asociación Cívica de Guerrero devino en Asociación Cívica Nacional Revolucionaria y comenzó la organización de la guerrilla, misma que se constituyó como la mayor experiencia armada del campesinado después de la revolución. Al respecto, Bartra señala lo siguiente:

Al forzar la opción guerrillera, el gobierno no sólo expulsa de la palestra electoral a la molesta oposición cívica; también elimina de las organizaciones sociales a las corrientes contestatarias. Cuando la guerra se coloca en el centro de la lucha, las cuestiones de la democracia económica, social y política se posponen “al triunfo de la revolución”; se renuncia a tratar de materializarlas paulatinamente en ámbitos cívicos y gremiales, y por tanto dejan de ser materia de la acción cotidiana.” El costo político de la opción armada: el saldo de muertos y desaparecidos, y el pretexto perfecto para declarar ilegal al movimiento para justificar su aniquilación; la militarización proscribe también la organización y acción legal y pacífica de civiles (Bartra, 2000: 114-115)

Carlos Montemayor también se refiere al contexto y afirma que es el resultado de una evidente política estatal en sus distintos órdenes de gobierno dirigida a desarticular diversas expresiones de movilización social. Anota en ese sentido que:

A nivel policial y militar, la creación de comandos de élite como fuerzas de choque para enfrentar movimientos populares no armados. A nivel procesal, la acción coordinada del Ministerio Público y de los jueces que obvian procedimientos legales para acusar, castigar y resolver de manera expedita e injusta. En la desaparición forzada, la aquiescencia de autoridades políticas, militares, policiales y judiciales a nivel municipal, estatal y federal. Podemos hablar de la violencia de Estado en movimientos de inconformidad social cuando la procuración e impartición de justicia, y aún la legislación, concurren con la represión policial o militar desde el arresto de líderes y represión indiscriminada, hasta masacres y desapariciones forzadas (Montemayor, 2010: 23)

La situación de Radilla es paradigmática del universo de víctimas y, de manera especial, de aquellas casi invisibilizadas por su origen rural. Situación que termina configurándose como marcada discriminación. Radilla, quien fue líder comunitario resultó detenido el 25 de agosto de 1974 en un retén militar. Al ser aprehendido iba acompañado por uno de sus hijos. Se trataba de un viaje emprendido hacia Chilpancingo, Guerrero.[12] Lo público de su detención posibilitó recabar testimonios que abundan en el dato de su traslado al cuartel militar de Atoyac. Así, también permiten suponer que en ese cuartel fue asesinado y enterrado.[13] En todo caso, lo vivencial directo y público de los testimonios hizo que se constituyera en uno de los casos oficialmente más documentados.

Para las organizaciones de dh en México, la desaparición de Radilla se ha instituido en símbolo de aquellos años de represión política, situación que se ratifica al ser la primera demanda con esas características que accedió a la coidh además de que dio lugar a la sentencia de 2009.

La denuncia por el caso tuvo distintos momentos y formas. La familia lo dio a conocer públicamente pero no oficialmente, es decir, no ante los organismos de procuración de justicia. Este prolongado silencio de los agraviados, cruzado por el dolor, según Miguel Concha “se debió en gran medida a los sentimientos de temor, indefensión e impotencia, que atizados por el gobierno, imperaban en la vida de esa pequeña comunidad campesina, como parte sustancial del terrorismo de Estado” (Concha, 2007).

Fue apenas a dos años de la creación en 1990 de la cndh (cmdpdh, 2010), cuando se dispuso la denuncia penal “en contra de quien resultase responsable”. Otras más comenzaron a presentarse también. En 2001 el reclamo alcanzó el ámbito de la cidh debido a que los canales oficiales no habían hecho efectivo ningún mecanismo que propiciara su esclarecimiento. En ese año a la vez se conoció un informe de la cndh que marcó un antes y después respecto a ciertos hechos violatorios de dh, de las responsabilidades sobre los mismos y de la necesidad de su esclarecimiento. En el informe entregado al presidente Vicente Fox se hizo un reconocimiento a algunos de los sucesos denunciados. El documento da cuenta que existió responsabilidad del Estado por reaccionar autoritariamente ante un problema político, lo que provocó que “Los derechos humanos de cientos de personas fueron desconocidos por grupos formados ex profeso en el ámbito de las fuerzas de seguridad” (cndh, 2001). Para ese momento en México se procesaba un cambio político en el que se transfirió por primera vez el mando del pri a un partido de la oposición, el pan.

En el documento de la cndh (26/2001) se recomendó formar una estructura de investigación ad hoc. Ésta se concretó en 2002 y no fue ajena a las promesas de campaña en cuanto a la necesidad de esclarecer el pasado en tanto violatorio de dh. La “Fiscalía Especial para la atención de hechos probablemente constitutivos de delitos federales cometidos directa o indirectamente por servidores públicos en contra de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado” (Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, Femospp) resultó una instancia significativa en tanto reconocimiento público de la necesidad de investigar los hechos. Y aún más, con el propósito de proporcionar una respuesta a la sociedad sobre la actuación del Estado. No obstante, desde que comenzó su gestión, exhibió evidentes limitaciones que radicaban en el ámbito de trabajo y jerarquía de mando: la Presidencia y, en particular, la pgr. En 2006 se desactivó casi de manera sorprendente y coincidió con el hecho de que se había filtrado un borrador del informe. Ello obligó a presentar con cierta prontitud un documento oficial: el Informe Histórico a la sociedad mexicana (nsa, 2006; s. f.; Dutrénit y Varela, 2010: caps. 5 y 6). Como resultado, es factible sostener que para 2006 se estableció un tímido relato que pretendía constituir una verdad estructural.

En cuanto al caso Radilla, la Femospp no ofreció cambios considerables. Se llegó a dictar una orden de aprehensión en 2005 en contra del general Francisco Quirós Hermosillo “por el delito de privación ilegal de la libertad, en su modalidad de plagio o secuestro, no por el tipo penal de desaparición forzada”. El indiciado falleció antes de que procediera su causa.

Sin embargo, en el ámbito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (sidh) la denuncia alcanzó la competencia de la coidh. Ahora bien, para que la demanda llegara exitosamente a la Corte seguramente resultó fundamental el acompañamiento de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem) y de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (cmdpdh). La coadyuvancia desde la denuncia local a la del ámbito regional permiten pensar en elementos sustantivos para la repercusión de la demanda en el espacio público mexicano y, en especial, para el internacional así como en la consiguiente respuesta estatal a la sentencia de 2009.

Cuadro 3. Casos de desaparición forzada ante el Sistema Interamericano

México

Uruguay

Rosendo Radilla Pacheco:

Mexicano de 60 años.

Detenido el 25 de agosto de 1974 en un retén militar cerca de Zacualpan, Guerrero. Lo acompañaba su hijo Rosendo Radilla Martínez de once años.

María Claudia García Iruretagoyena:

Argentina de 19 años.

Detenida en Buenos Aires junto a su esposo, Marcelo Gelman, y a su cuñada el 24 de agosto de 1976. Tenía 7 meses de embarazo. Su esposo fue posteriormente ejecutado y su cuñada liberada.

Fue trasladada en un vuelo clandestino a Uruguay y recluida en las instalaciones del Servicio de Información de Defensa (SID).

En octubre o noviembre nació su hija en el Hospital Militar y regresó al SID.

Su hija fue entregada a un policía de alto rango.

Probables razones de su detención

Presidente municipal y de la asociación de padres de familia en la escuela local, donde era maestro Lucio Cabañas.

Líder comunitario (CNC) y compositor de corridos en los que manifestaba simpatía por la lucha guerrillera de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez.

Su esposo era militante estudiantil y político.

Su bebé era potencial botín de guerra.

Las últimas noticias

Numerosos testimonios señalan que tras su detención fue llevado al cuartel militar de Atoyac.

Trasladada en diciembre de 1976 al centro clandestino de detención, Base Valparaíso, de Montevideo.

Pudo haber sido asesinada y enterrada en un cementerio clandestino dentro del Batallón núm. 14 de Paracaidistas o del Batallón núm. 13 de Infantería.

Su hija Macarena fue localizada en 2000.

Fuente: Elaboración propia.

La acción represiva de la dictadura retroalimentada por la coordinación de los servicios de inteligencia (Operación Cóndor)[14] dejó un saldo de miles de víctimas[15] y despertó una fuerte reacción de familiares así como de grupos sociales y políticos dentro y fuera del país. El movimiento de familiares se conformó a partir de la segunda mitad de los años setenta. Para entonces contaban con las primeras denuncias e investigaciones realizadas por familiares de detenidos desaparecidos en Uruguay y Argentina. Desde entonces tomó mayor impulso dada la convergencia de “tres vertientes de familiares de desaparecidos: Asociación de Familiares de Uruguayos Desaparecidos (Afude), fundada en Europa por exiliados; Familiares de Uruguayos Desaparecidos en Argentina, que trabajaba desde 1977 y Familiares de Uruguayos Detenidos y Desaparecidos en Uruguay, que lo hacía desde 1982” (mfudd, 2010).

También, al comenzar los años ochenta se conformaron dentro del país las primeras asociaciones legales de defensa de las víctimas: el Colegio de Abogados y el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay, que empezaron a encargarse de los dh (Mallinder, 2009: 12).

La incidencia de las organizaciones de dh internacionales dedicadas a la denuncia de las violaciones en Uruguay contribuyó a multiplicar los espacios de información y de presión a la dictadura. No obstante, esa actividad no fue suficiente para aminorar los efectos de la represión ni de manera permanente las crueles condiciones de prisión a la que los presos políticos estaban sometidos.

En 1977 se fundó en París el Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en Uruguay, el cual resultó un importante coadyuvante en la denuncia contra la dictadura. A la vez, el exilio organizado en diferentes países llamó la atención internacional y retroalimentó con información al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (onu-dh), a la Organización de Estados Americanos (oea) y al Comité Internacional de la Cruz Roja. Las campañas desplegadas fueron apoyadas por Amnistía Internacional y por la Comisión Internacional de Juristas (Mallinder, 2009: 13-14).

La salida de la dictadura no contribuyó a que la denuncia alcanzara el esclarecimiento del pasado delictivo. Fue el Pacto del Club Naval en el que se concretó la salida. No se conocen los términos precisos en cuanto a lo acordado sobre el esclarecimiento del destino de los detenidos desaparecidos y los menores robados. De hecho, es muy probable que el acuerdo haya contemplado no entablar las investigaciones y menos aun encausar judicialmente a los responsables. Ahora bien, lo que devino en lo inmediato llevó a un entramado legal que hasta la fecha ha jugado como un enclave de impunidad. Ello al extremo de incumplir en lo sustantivo lo establecido por la sentencia de 2011, es decir el esclarecimiento de la situación de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman.

Esta sentencia radica en el caso de María Claudia. Se trata de una desaparición y del robo y cambio de identidad de una menor. La situación, en términos de desaparición, es una de miles en el Río de La Plata y en Uruguay y está acompañada de casi doscientos casos más.[16] La correspondiente a su hija Macarena se inscribe en un contexto delictivo que contempla en especial en Argentina a cientos de casos.

En el marco de la coordinación represiva, la ciudadana argentina María Claudia García Iruretagoyena de Gelman fue trasladada a Uruguay y su desaparición continúa sin ser dilucidada. La joven fue detenida con su esposo y su cuñada en Buenos Aires el 24 de agosto de 1976 y a los tres los recluyeron en el centro clandestino Automotores Orletti. Con un embarazo avanzado, María Claudia fue trasladada a Uruguay en octubre de 1976. Su cuñada fue liberada y el cuerpo de su esposo se localizó dentro de un tambo con cemento en un canal del Río de la Plata. Su traslado se hizo junto a otros detenidos de nacionalidad uruguaya.[17] Las razones que llevaron a su traslado al país vecino aún no han sido despejadas, aunque lo cierto es que éste tenía la condición de receptáculo de una vida que se convertiría en un botín de guerra codiciado para parejas infértiles de las fuerzas armadas y policiales (Buriano y Dutrénit, 2010: 76 y ss.).

En su caso, como en el de Rosendo Radilla, se tienen testimonios que brindan algunos detalles del recorrido realizado por la víctima, probablemente en sus últimos meses de vida. En Montevideo fue confinada en la sede del Servicio de Información de Defensa (sid), para luego ser trasladada al Hospital Militar entre finales de octubre o principios de noviembre de 1976. Allí nació su hija. Fue regresada al sid junto a la bebé y recluida en condiciones especiales. En diciembre de 1976 las dos fueron retiradas de las instalaciones militares y posiblemente María Claudia haya sido trasladada a la Base Valparaíso. Asimismo, los datos obtenidos indican que habría sido asesinada y enterrada en un cementerio clandestino dentro del Batallón no. 14 de Paracaidistas o el del no. 13 de Infantería (Uruguay, 2007: t. ii, 196).

La hija de María Claudia y Marcelo Gelman fue entregada a Ángel Tauriño, funcionario policial de alto rango vinculado a políticos del partido Colorado, entre ellos a Julio María Sanguinetti, quien fue presidente de la República en dos periodos posdictadura. La niña fue inscrita en el Registro Civil como María Macarena Tauriño Vivián. Sustraída de su madre, desaparecida y con cambio de identidad, Macarena recuperó su historia casi veinticuatro años después (cidh, 2010; Uruguay, 2007: t. ii, 196-201).

La búsqueda de María Claudia comenzó de inmediato a su desaparición en Argentina, los familiares directos tuvieron en ésta un rol decisivo. Sin duda, un factor que contribuyó a la mayor difusión del caso tiene que ver con las condiciones socioeconómicas y culturales de la familia, así como con la incidencia de los movimientos de dh. Y nada menor fue la fuerza de las redes internacionales a las que estaban vinculados.

Un dato que no es insignificante en el contexto de la impunidad instaurada en Uruguay refiere a la respuesta que dio el presidente Sanguinetti a las solicitudes de apoyo formuladas por Juan Gelman:

requerí se realizara una discreta averiguación sobre la posibilidad de que —como señala su denuncia— su nuera, capturada en Argentina, hubiera sido conducida a Uruguay. Y obviamente, sobre el eventual paradero de un nieto suyo que pudiera haber nacido aquí, en tiempos del gobierno de facto. En territorio uruguayo no se han denunciado casos de pérdida de identidad de menores como los que han ocurrido en Argentina. Los menores hijos de uruguayos que se han denunciado en esta situación han sido todos ellos víctimas de circunstancias que tuvieron su escenario en territorio argentino. El caso de su nuera sería, entonces, una completa excepción. Dispuse esa discreta averiguación con base en las indicaciones que usted hizo. Hasta el 10 de octubre, momento en que usted hizo público en el Uruguay y en el exterior su gestión ante mí, no había surgido ningún dato que permitiera confirmar la presencia de su nuera en el país […]. Se ha ido más allá, pero sin resultado alguno, estimándose en principio que su nuera no fue traída a Uruguay (Sanguinetti, 1999).

Ese estado de impunidad estuvo/está sostenido en una relación político-militar relacionada con la no revisión del pasado en aras de la estabilidad. Se trata de un estado de impunidad legal en el orden jurídico que se implantó en diciembre de 1986, al comenzar el primer gobierno posdictatorial, mediante la ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (número 15.848). Su particularidad está en que los tres primeros artículos expresan la renuncia del Estado a la posibilidad de castigar a integrantes de las corporaciones militares y policiales por los delitos cometidos durante el gobierno de facto. No obstante, en su artículo cuarto abre la posibilidad de investigar y dar curso a la acción legal en algunos casos, siempre que lo considere el Ejecutivo. Este ha sido el pequeño resquicio que dejó la ley, la cual no pudo ser revertida. En dos ocasiones fue sometida a la decisión soberana a través del ejercicio de democracia directa (referéndum 1989 y plebiscito 2009) y en ningún caso se obtuvo a tal efecto la mayoría de votos.

Un primer y no despreciable avance en el caso Gelman se dio a los pocos meses de conocida la carta de Sanguinetti, cuando en el año 2000 Jorge Batlle, nuevo presidente del mismo partido que el mandatario saliente, reconoció oficialmente que la hija de María Claudia y Marcelo Gelman vivía en Montevideo con una familia uruguaya que la tenía registrada como hija legítima. Dos años después, Juan Gelman inició un juicio penal por la desaparición de su nuera y por la sustracción de identidad de su nieta. Pero al poco tiempo, el presidente Batlle hizo uso de su potestad y, respaldado por la ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (número 15.848) dejó sin efecto la acción judicial. Vale decir que esta ley había sido declarada por la cidh como “incompatible con el artículo xviii (Derecho de justicia) de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos” (cidh, 1992) Empero, la Suprema Corte de Justicia de Uruguay (scj) confirmó su constitucionalidad contrariando el argumento de la cidh.

Si bien el estado de impunidad comenzó a revertirse a partir de 2005, con la llegada al gobierno de la coalición de izquierda Frente Amplio, y por decisión del presidente Tabaré Vázquez de dejar el caso María Claudia fuera de la ley de Caducidad, la demanda no prosperó. El tejido legal y las contradicciones entre los poderes desembocaron en dar por finiquitada la acción legal. La denuncia fue elevada a la cidh y luego turnada a la coidh. Esta última falló en febrero de 2011.

Resumiendo, en ambos casos difieren los contextos políticos y sociales y el entramado legal de impunidad. Asimismo, difieren las características socioeconómicas de las víctimas y sus singularidades respecto del espacio en el que transcurrían las cotidianidades —rural y urbana— y, aun más, difieren en la fuerza que los respectivos movimientos de familiares —no ajenos a las características mencionadas— tenían en el espacio público nacional. También, difieren en su relación, lo mismo que en el éxito de su resonancia ante las redes internacionales de dh. No obstante, pese a estas significativas diferencias frente a delitos similares, ambas demandas encontraron su límite en los ámbitos nacionales, obligando su presentación ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (sidh).[18]

De las denuncias a las sentencias, de las respuestas estatales al derecho a la verdad

La reactivación y consolidación de la institucionalidad democrática en la región ha caminado de la mano con la mayor actuación del sidh. En especial la coidh se ha involucrado en casos emblemáticos de la represión y violencia políticas. La consolidación del derecho internacional de los dh relacionado con las dictaduras y el terrorismo de Estado han dado lugar a numerosas sentencias condenatorias. Lo que hace evidente que si bien las transiciones tuvieron sus méritos en cuanto a la recuperación o instalación de las arquitecturas democráticas, lo mismo que el cambio producido en México, han dejado un saldo de cuentas pendientes que las consolidaciones no han podido resolver. Distintos motivos han devenido en situaciones de flagrante violación de los tratados internacionales en materia de dh o dicho de otra manera, han fomentado la permanencia de las marcas indelebles de la impunidad. En gran parte de los países, los cambios estructurales necesarios para abatirlas son aún tareas por realizar. Por ello, no resulta extraño que los casos Radilla y Gelman se instalaran en la cidh y que, ante el incumplimiento de las recomendaciones efectuadas a los Estados, se elevaran a la coidh en donde se procesaron sendos fallos.

La ubicación de las demandas en el máximo tribunal interamericano y las sentencias producidas han generado hitos en la lucha de las víctimas, sus familiares y las organizaciones de dh contra la ausencia de procedimientos efectivos que permitieran establecer la verdad y fincar justicia. Se trata de un clivaje en la forma pública de procesar una responsabilidad sobre las violaciones cometidas en los setenta y ochenta, así como de reconocer, a partir de la sentencia, que la no resolución de las demandas provocó nuevas violaciones de los derechos de las víctimas y sus familiares. En síntesis, una aceptación pública de la sanción de la coidh a una clase de delito que, vale decir, no había sido imputada por el tribunal a esos Estados (véase el cuadro 4).

En la sentencia Rosendo Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos (caso 12.511), la coidh condenó al Estado mexicano por el delito de desaparición forzada, dando trascendencia internacional a un suceso escasamente advertido en lo nacional y casi nulo, hasta entonces, en el ámbito internacional. Hay que recordar que la represión contra el movimiento estudiantil trascendió en lo interno con la fuerza del mensaje oficial sobre el complot, y sin duda en lo internacional, especialmente por el contexto de los juegos olímpicos. Pero en lo sucesivo, la represión focalizada en las organizaciones armadas tuvo relativa difusión y estuvo marcada por el lenguaje distorsionado de la guerra fría. El menor grado de difusión se dio cuando la represión estuvo dirigida a sectores rurales. He aquí, como se indicó más arriba, un punto sustantivo del ocultamiento/desinterés informativo. No sólo se trató de la complicidad de los medios de comunicación sino también del grado de marginación que esas poblaciones han padecido en el ámbito nacional. Esta valoración se refuerza en el plano internacional por la efectiva política exterior mexicana, la cual favoreció las relaciones multinacionales y bilaterales con los países del tercer mundo, mientras se constituyó en tierra de refugio para perseguidos de las dictaduras latinoamericanas. Así pues, la demanda en la coidh y la correspondiente sentencia del 23 de noviembre de 2009, instalaron en el escenario internacional la historia de violaciones durante aquel periodo. Ello contribuyó a develar un relato casi inexistente (Dutrénit y Varela, 2010; Montemayor, 2010).

Cuadro 4

México

Uruguay

Acciones a favor de los derechos humanos

1970-1985: Surgimiento de organizaciones y movimiento de DH.

1985 y 1988: Reactivación de la actividad de las organizaciones y el movimiento.

1980-1990: Comienzo de la atención internacional por las violaciones de los DH.

1988-1994: Primer reconocimiento oficial de los desaparecidos políticos en Guerrero (gobierno de Carlos Salinas de Gortari).

1990: Creación de la CNDH.

2001-2006: Creación de la FEMOSPP (2001). Como resultado deja algunos procesos jurídicos y un informe que abona al relato sobre el pasado.

1977: Surgimiento de organizaciones de DH. Formación del movimiento desde el exilio con apoyo de organizaciones internacionales.

1980: Surgimiento del movimiento dentro de Uruguay.

1985: Establecimiento de dos comisiones investigadoras legislativas sobre hechos del pasado.

1989: Referéndum cuyo resultado ratifica la ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (15.848).

2000: Reconocimiento oficial de que la hija de María Claudia García de Gelman fue apropiada en Uruguay.

Creación de la Comisión para la Paz.

2009: Plebiscito cuyo resultado ratifica la ley no. 15.848.

2011: Aprobación de la Ley Interpretativa (no. 18.831) durante el gobierno de José Mujica (Frente Amplio).

Fuente: Elaboración propia.

La respuesta del Estado mexicano fue interponer el recurso de incompetencia de la coidh para juzgar el hecho. La razón sostenida era que al momento en que fue cometido el delito, no existía obligación internacional que otorgara competencia a ese tribunal.[19] Esta fundamentación no se sostenía, en virtud de los compromisos internacionales en dh que México había suscrito. La coidh se declaró competente en el caso Radilla y al mismo tiempo condenó por las distintas violaciones cometidas.

Este tribunal declaró por unanimidad y en lo sustantivo que el Estado mexicano:

es responsable de la violación de los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la vida […] en perjuicio del señor Rosendo Radilla Pacheco […] es responsable por la violación del derecho a la integridad personal […] en perjuicio de las señoras Tita y Andrea, y del señor Rosendo, todos de apellidos Radilla Martínez […] es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial […] en perjuicio de las señoras Tita y Andrea, y del señor Rosendo, todos de apellidos Radilla Martínez [… e] incumplió el deber de adoptar disposiciones de derecho interno […] respecto de la tipificación del delito de desaparición forzada de personas (coidh, 2009).

Asimismo, la coidh se pronunció acerca del ámbito de la reparación al indicar que la sentencia constituye per se una forma de reparación. En tal sentido, obligó al Estado a:

conducir eficazmente, con la debida diligencia y dentro de un plazo razonable la investigación y, en su caso, los procesos penales que tramiten en relación con la detención y posterior desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, para determinar las correspondientes responsabilidades penales y aplicar efectivamente las sanciones y consecuencias que la ley prevea […] continuar con la búsqueda efectiva y la localización inmediata del señor Rosendo Radilla Pacheco o, en su caso, de sus restos mortales […] adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales en la materia y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos […] adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 215 A del Código Penal Federal con los estándares internacionales en la materia y de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas […] implementar, en un plazo razonable y con la respectiva disposición presupuestaria, programas o cursos permanentes relativos al análisis de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en relación con los límites de la jurisdicción penal militar, así como un programa de formación sobre la debida investigación y juzgamiento de hechos constitutivos de desaparición forzada de personas […] publicar en el Diario Oficial de la Federación y en otro diario de amplia circulación nacional, por una sola vez, los párrafos 1 a 7, 52 a 66, 114 a 358 de la presente Sentencia, sin las notas al pie de página, y la parte resolutiva de la misma, y publicar íntegramente este Fallo en el sitio web oficial de la Procuraduría General de la República […] realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad en relación con los hechos del presente caso y en desagravio a la memoria del señor Rosendo Radilla Pacheco […] realizar una semblanza de la vida del señor Rosendo Radilla Pacheco […] brindar atención psicológica y/o psiquiátrica gratuita y de forma inmediata, adecuada y efectiva, a través de sus instituciones públicas de salud especializadas, a las víctimas declaras en el presente Fallo que así lo soliciten [… y] pagar las cantidades fijadas en los párrafos 365, 370, 375 y 385 de la presente Sentencia, por concepto de indemnización por daño material e inmaterial, y el reintegro de costas y gastos (coidh, 2009).

En la misma sentencia se determina la forma de observación de su cumplimiento:

la Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. El Estado deberá, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de esta Sentencia, rendir al Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma (coidh, 2009).

El fallo provocó ciertas reacciones en diversos ámbitos. Por ejemplo, ha estado presente por momentos en la agenda de los tres poderes federales. No ha sido lo mismo en tanto presencia en la opinión pública. Escasamente difundido y menos destacado, dicho fallo ha pasado casi inadvertido en una sociedad cuya cotidianidad está conmocionada por la acción y confrontación del crimen organizado.

Sin duda, los observadores más atentos pudieron percatarse de los principales, y por momentos medulares, debates y conclusiones; primero sobre la necesaria obligatoriedad de lo dispuesto por la coidh dentro del ámbito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn) y luego respecto del proceso de reforma del Código de Justicia Militar (cjm), en virtud de reducir su competencia a favor del orden civil, el cual se mantiene en stand by. El debate sobre obligatoriedad concluyó en su aceptación pese a algunas contradicciones para operarla a distintos niveles de la federación, estados y municipios. En julio de 2011 la scjn finalizó el estudio de la resolución de la coidh y confirmó la restricción del fuero militar en los casos que afecten los dh. En especial con su aprobación garantizó que el caso Radilla no regrese a la jurisdicción militar. Se trata de un importante paso en una estructura de impartición de justicia muy cuestionada y aún más cuando las demandas ante violaciones cometidas por militares devenían en juzgados de la estructura castrense. Asimismo, la scjn acordó informar sobre los criterios establecidos a todos los tribunales del país. No obstante, no hubo acuerdo unánime en virtud de que se entiende que debería proceder una reforma sobre dh del régimen constitucional (González, 2011). En relación con lo dispuesto en la sentencia sobre la adecuación del cjm en los tribunales mexicanos para restringir los alcances del fuero, el punto resultó crucial, dada la urgencia por generar controles civiles sobre la institución castrense. Ello, tanto por el esclarecimiento de los delitos del pasado como por la extensiva militarización del país y la pronunciada violación de dh cometidas por algunos de sus integrantes.

Pese a lo avanzado y reconocido, aun por Amnistía Internacional (ai), en el sentido de la jerarquización del poder judicial civil y de la scjn en particular para resolver conflictos de competencia entre las jurisdicciones, el procedimiento no ha concluido. La demanda se mantiene por parte de organizaciones de dh, las cuales sostienen que la reforma del fuero militar debe responder a los parámetros internacionales. En este sentido recomiendan que:

la reforma establezca explícitamente que la investigación inicial de los hechos sea de estricta competencia de las autoridades civiles y que las autoridades militares estén obligadas a dar aviso inmediato a las autoridades civiles cuando tengan noticia de cualquier posible abuso, a desistir de la investigación militar y cooperar plenamente con las autoridades civiles cuando se trate de violaciones de los derechos humanos, indistintamente de quién sea la víctima o en delitos contra civiles (Díaz, 2012a).

Según ai y otras organizaciones, los senadores tienen ante sí una oportunidad histórica de aprobar modificaciones al Código que respondan a los requerimientos establecidos por distintos actores internacionales y nacionales.

En marzo de 2013, el senado informó que retomaría el análisis, la discusión y la votación de la reforma del cjm. Para esta reapertura de la discusión hay distintas propuestas (Botello, 2013; Concha, 2012); resta que la reforma siga su curso con el debate y posible aprobación. Si la reforma se concretara, la sentencia de 2009 tendría efectos exitosos en la estructura legal y de procuración de justicia, incluso si desapareciera el origen condenatorio que obligó al procedimiento. Sin embargo, en el ámbito de la reparación simbólica y de compensación del daño causado, lo realizado apenas cumple lo dispuesto.

En el seguimiento que la coidh realizó en mayo de 2011 respecto del cumplimiento de sentencia, consideró lo siguiente: la única medida de reparación cabalmente cumplida es la difusión en el Diario Oficial (coidh, cidh, oea, 2011). Más adelante, en el seguimiento llevado a cabo un año después, reconoció que el acto público realizado en Atoyac de Álvarez en 2012 cumplió con lo establecido (Díaz, 2012b). No obstante, es factible valorarlo como acotado a un acto de compromiso, al margen de la opinión pública nacional. Tal fue el estilo estrictamente procedimental que ni siquiera respetó la obligación de acordar los términos con la familia Radilla, la cual estuvo ausente. El acto fue encabezado por el secretario de Gobernación en funciones, licenciado Juan Marcos Gutiérrez, por el gobernador del estado de Guerrero, licenciado Ángel Aguirre Rivero, por la secretaria de Relaciones Exteriores, embajadora Patricia Espinosa Castellano, y por autoridades municipales.

En su intervención, el secretario Juan Marcos Gutiérrez reconoció públicamente la responsabilidad del Estado mexicano por la desaparición del señor Radilla […]. Por su parte, la secretaria Espinosa subrayó que la política exterior de México en derechos humanos se caracteriza por una plena apertura a los organismos internacionales de derechos humanos; por la vinculación del Estado mexicano a todos los tratados internacionales en la materia; y por el establecimiento de mecanismos y procedimientos para dar pleno cumplimiento a las obligaciones internacionales.

En su intervención, el gobernador del estado de Guerrero, licenciado Ángel Aguirre Rivero, dijo que este evento muestra los profundos cambios positivos que se han operado en el país en la última década y anunció la creación de una comisión de la verdad para esclarecer violaciones de derechos humanos ocurridas en el estado de Guerrero en las décadas de los setenta y ochenta del siglo pasado (México, Presidencia de la República, 2011).

A pesar de los pronunciamientos anteriores, a mediados de 2012 la coidh convocó a representantes del Estado mexicano a explicar el motivo del incumplimiento de la sentencia en varios aspectos. Entre las razones que impulsaron esta convocatoria se encuentra la negación de la pgr a entregar copias de la averiguación previa tanto a los representantes de las víctimas como a la propia coidh. Los representantes incluso denuncian que no se les informa sobre el curso de las investigaciones para localizar a la víctima (Díaz, 2012b).

De ahí que en marzo de 2013, con un gobierno apenas en funciones del pri encabezado por Enrique Peña Nieto, se realizó un nuevo acto que pretendía cumplir con otro aspecto de la reparación obligada por el tribunal. En la Secretaría de Gobernación se presentó la semblanza de Rosendo Radilla, titulada “Señores, soy campesino”. Y si bien contó con la asistencia de decenas de familiares de desaparecidos de Guerrero, distintos aspectos de lo sucedido ponen en evidencia el estricto control oficial del acto. Por ejemplo, la hija de Radilla declaró que nuevamente el gobierno había incumplido los acuerdos establecidos con la familia.

De última hora nos cambiaron la sede del evento; se acordó que fuera en el Museo de la Memoria y la Tolerancia, yo me enteré llegando al Distrito Federal, por ese cambio mucha gente que habíamos invitado no pudo venir, porque no se les avisó; también se acordó que hubiera una amplia cobertura de medios de comunicación, pero al final los abogados tuvieron que pelearse porque querían hacer el evento a escondidas, querían que fuera privado (Díaz, 2013).

Asimismo no se respetó la invitación a hacer uso de la palabra a la activista de dh y fundadora de la cmdpdh, Mariclaire Acosta. Un discurso oficial a cargo de Lía Limón García, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos y del titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y apenas unas palabras de Ana María Radilla. En esta ocasión la hija del líder comunitario exigió investigaciones efectivas para la localización de todos los desaparecidos y sanciones penales para los responsables.

Mientras Ana María inculpaba al Estado por la impunidad sostenida, Osorio Chong ignoró en su discurso los delitos del pasado. Se limitó a sostener que Rosendo Radilla es parte de la historia, pero que “no es el momento de quedarnos atrapados en el pasado, pero sí de cuestionarlo con objetividad y seriedad para crear un mejor porvenir” (Díaz, 2013).

Lo realizado y lo difuso del avance en distintos términos obliga a valorar que no se satisfizo el cumplimiento del derecho a la verdad individualizada como tampoco el derecho de justicia. Es decir, se provocó el debate, se iniciaron procedimientos, entre ellos algunos esporádicos, para localizar los restos del desaparecido pero no ha habido un cambio sustantivo como correspondería al cumplimiento de la sentencia. Y en este plano cabe decir que tampoco se satisface el acatamiento con la sociedad. Ello, en virtud de que las medidas reparatorias obligadas no han adquirido un estado público de dimensión efectiva y menos aquellas que indican las expresiones de posicionamiento estatal ante el delito cometido (véase el cuadro 5).

Cuadro 5. Cronología de los casos

México

Uruguay

Acciones en contra de los derechos humanos

2006: Se da por terminada la labor de la FEMOSPP.

2006-2013: Despliegue y actuación de fuerzas militares e ilegales en el contexto de la guerra contra el narcotráfico. Se producen miles de desapariciones.

1986: Aprobación de la Ley de Caducidad (15.848) para detener investigación y juicio sobre violaciones. Ratificada en referéndum y plebiscito (1989 y 2009).

2013: Declaración de inconstitucionalidad de la ley interpretativa por parte de la Suprema Corte.

Movimiento de derechos humanos (casos Radilla y Gelman)

1992: La familia Radilla presenta la denuncia de detención y desaparición forzada.

2001: La CMDPDH y la AFADEM presentan el caso Radilla ante la CIDH.

2008: La CIDH demanda por el caso Radilla al Estado mexicano ante la .

2009: La COIDH falla a favor de la familia Radilla y condena al Estado mexicano por el delito de desaparición forzada.

1996: Juan Gelman inicia campaña internacional contra el Estado por desaparición de su nuera María Claudia García y su nieta, robada durante la detención de su madre.

2000: Encuentro de Juan Gelman y María Macarena.

2006: El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presenta el caso Gelman ante la CIDH.

2010: La CIDH demanda al Estado uruguayo por el caso Gelman ante la COIDH.

2011: La COIDH falla a favor de Juan y Macarena Gelman contra el Estado uruguayo y lo condena por el delito de desaparición forzada, robo y cambio de identidad de una menor.

Fuente: Elaboración propia.

En tanto la situación de la sentencia por el caso Rosendo Radilla transcurría en ese terreno de insatisfactorio cumplimiento en los aspectos centrales del derecho a la verdad, en Uruguay se vivía el fallo condenatorio en el caso 12607 titulado “Juan Gelman, María Claudia García Iruretagoyena de Gelman y María Macarena Gelman García Iruretagoyena vs. La República Oriental del Uruguay”.

Para este país también resultó una novedad el haberse constituido como Estado demandado por la coidh debido a delitos del pasado, aunque lo había sido ante la cidh durante los años de la dictadura (1973-1985) y en varias ocasiones, dada la diversidad de delitos en un contexto de represión masiva y atroz.

En enero de 2010, el caso de María Claudia y Macarena se trasladó de la cidh a la coidh (cidh, 2010). La denuncia logró implantarse en el sidh en tanto crecía internacionalmente la campaña generada por Juan Gelman. A través de distintas cartas, se publicitaron los hechos. Una de ellas es la que en 1999 Gelman dirigió al presidente Sanguinetti. Otra corresponde a la de un grupo numeroso de intelectuales de varios países en la que se manifestó el respaldo a Gelman. Una vez que en 2000 se confirmó oficialmente el hallazgo de su nieta, la situación se hizo aún más conocida. Asimismo, la información del caso estaba inmersa en una denuncia más general, y sumamente difundida por las redes de dh, sobre los distintos delitos de lesa humanidad cometidos por las dictaduras del Cono Sur y en particular la uruguaya. El crecimiento del reclamo internacional no fue independiente del movimiento que lo promovió aun cuando su exigencia tuviera distinta intensidad y repercusión pública.

Ahora bien, resulta interesante que la sentencia se dictara cuando el gobierno uruguayo estaba en manos del Frente Amplio. Esta coalición fue parte esencial del componente sistémico que el régimen dictatorial se propuso eliminar. Sus militantes y dirigentes resultaron brutalmente reprimidos. Entre ellos se encuentra un número considerable de víctimas. Parecería entonces que a pesar de algunos cambios sustantivos en torno al cumplimiento del artículo 4o. de la Ley de Caducidad, se llega a la coidh porque no se logró vencer el entramado legal, el silencio acérrimo de militares, policías y civiles, como tampoco se pudieron desarticular los equilibrios gubernamentales para gestionar sin cortapisas la búsqueda de la verdad y el cumplimiento del derecho a la justicia. Esta situación dio fuerza al pronunciamiento del tribunal por unanimidad. En su declaración señala que:

Acepta el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional efectuado por el Estado […] es responsable por la desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman, por lo cual violó sus derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal […] es responsable por la supresión y sustitución de identidad de María Macarena Gelman García, ocurrida desde su nacimiento hasta que se determinó su verdadera identidad y expresada como una forma de desaparición forzada, por lo cual, en ese período, violó sus derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a la familia, al nombre, a los derechos de los niños y niñas y a la nacionalidad […] es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal y a la protección de la familia […] es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial […] por la falta de investigación efectiva de los hechos del presente caso, así como del juzgamiento y sanción de los responsables, en perjuicio del señor Juan Gelman y de María Macarena Gelman García […] ha incumplido la obligación de adecuar su derecho interno a la Convención Americana sobre Derechos Humanos […] y V de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, como consecuencia de la interpretación y aplicación que le ha dado a la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado respecto de graves violaciones de derechos humanos (coidh, 2011).

La sentencia también es para la coidh una forma de reparación per se. Sin embargo, va más allá y entre otros asuntos obliga al Estado a:

conducir y llevar a término eficazmente la investigación de los hechos del presente caso, a fin de esclarecerlos, determinar las correspondientes responsabilidades penales y administrativas y aplicar las consecuentes sanciones que la ley prevea […] continuar y acelerar la búsqueda y localización inmediata de María Claudia García Iruretagoyena, o de sus restos mortales y, en su caso, entregarlos a sus familiares, previa comprobación genética de filiación […] garantizar que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, al carecer de efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en cuanto puede impedir u obstaculizar la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos, no vuelva a representar un obstáculo para la investigación de los hechos materia de autos y para la identificación y, si procede, sanción de los responsables de los mismos… realizar, en el plazo de un año, un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos del presente caso […] debe colocar en un espacio del edificio del Sistema de Información de Defensa (sid) con acceso al público, en el plazo de un año, una placa con la inscripción del nombre de las víctimas y de todas las personas que estuvieron detenidas ilegalmente en dicho lugar […] realizar, en el plazo de seis meses, las publicaciones dispuestas en el párrafo 271 de la Sentencia […] debe implementar, en un plazo razonable y con la respectiva asignación presupuestaria, un programa permanente de derechos humanos dirigido a los agentes del Ministerio Público y a los jueces del Poder Judicial de Uruguay […] debe adoptar, en el plazo de dos años, las medidas pertinentes para garantizar el acceso técnico y sistematizado a información acerca de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura que reposa en archivos estatales […] debe pagar, dentro del plazo de un año, las cantidades fijadas en los párrafos 291, 293, 296 y 304 de la presente Sentencia, por concepto de indemnización por daño material e inmaterial y por el reintegro de costas y gastos […] la Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal ejecución a lo dispuesto en la misma, debiendo el Estado rendirle, dentro del plazo de un año a partir de la notificación de esta Sentencia, un informe sobre las medidas adoptadas para tal efecto (coidh, 2011).

El fallo condenatorio de la coidh al Estado uruguayo provocó reacciones y gestiones que probablemente se aproximan a lo acontecido en México respecto del involucramiento de los tres poderes. No obstante, la fuerza del cumplimiento, y en particular de la centralidad en el espacio público de lo realizado, difiere mucho entre una y otra experiencias.

En el ámbito del poder judicial y pese a distintas posiciones en torno a la aplicabilidad o no de la ley Caducidad en casos específicos, la scj respondió de manera unánime que era obligatorio su cumplimiento. En ciertos sectores se expresaron opiniones tales como que “Uruguay no tenía por qué asumir el fallo de la Corte como si fuera una ley, e incluso llegaron a decir que el fallo afectaba nuestra soberanía” (Crysol, 2011).

En octubre de 2011 se aprobó la ley Punitiva del Estado (no. 18.831). Se trata de una ley interpretativa producto del involucramiento legislativo en la nueva coyuntura de condena. A esta sanción se llegó luego de un prolongado debate sobre la pertinencia de la ley que había mantenido al país en un estado de impunidad por más de veinte años y con los votos del oficialismo. Tradicionalmente el partido de gobierno ha sido siempre el principal opositor de la Ley de Caducidad pero, sin duda, lo que pesó fue la impronta de la sentencia de la coidh en un Estado con partido de gobierno frenteamplista. En principio, no se querían violentar los compromisos internacionales de respeto y defensa de los dh. Sin embargo, no puede descartarse que influyó en esta sanción el convencimiento de que estaba clausurado el camino de la democracia directa —transitado por el movimiento de dh y con resultados contrarios a derogar o anular la ley de impunidad (1986 y 2009).

En todo caso la nueva ley convirtió en crímenes de lesa humanidad aquellos cometidos hasta el 1 de marzo de 1985 de conformidad con los tratados internacionales de los que la república es signataria.[20] El 22 de febrero de 2013 la ley encontró su límite cuando la scj declaró inconstitucionales los artículos 2 y 3 de la ley 18.831 (sobre la no aplicabilidad de la prescripción como garantía procesal de presuntos autores de graves violaciones de dh “cometidas en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1° de marzo de 1985” (coidh, cidh, oea, 2013: 15).

Previo a esta situación que apenas se está desarrollando, por tanto sólo permite observar lo que sucede cotidianamente en una disputa entre la búsqueda de atajos jurídicos para continuar con las investigaciones y la decisión del máximo tribunal nacional para suspenderla, es interesante ubicar la respuesta presidencial a la sentencia.

En un acto público, José Mujica como presidente de la República efectuó un reconocimiento de la responsabilidad estatal en los delitos cometidos. Seguramente obligado por la condena, el acto del 21 de marzo de 2012 se implantó como un acontecimiento nacional, un verdadero parte aguas en la historia reciente del Uruguay. La oratoria estuvo a cargo de Mujica y fue realizado en el ámbito de la Asamblea General. Allí estuvieron presentes la familia Gelman, los ministros, los miembros de la scj, los integrantes de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, los tres jefes de las Fuerza Armadas y el jefe del Estado Mayor de la Defensa, las autoridades de la coidh, los cancilleres de la región, el ex presidente de la república Tabaré Vázquez,[21] el rector de la Universidad de la República e integrantes de las organizaciones de derechos humanos.

El contenido del discurso de Mujica fue fruto de un trabajo consensuado que se desarrolló durante varios meses. En ese trabajo participaron la presidencia, la familia Gelman y los miembros de la Comisión Interministerial integrada por Relaciones Exteriores, Interior, Defensa Nacional y Educación y Cultura. La transmisión por cadena nacional hizo posible que el mensaje llegara a todos los rincones del país. Sin duda, la trascendencia de lo sucedido respalda una valoración de que se trató del “acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos”. Así lo expresó el presidente Mujica:

Hemos convocado este acto público en cumplimiento de lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentencia de 24 de febrero de 2011, en el caso Gelman vs. Uruguay […]

Comparezco entonces ante ustedes en representación del Estado uruguayo en mi carácter de Presidente de la República, Jefe de Estado y Jefe de Gobierno de la República Oriental de Uruguay y mando superior de las Fuerzas Armadas de este país.

[…] Como víctimas de violaciones a los derechos humanos, María Claudia García y su familia, tienen el derecho que obliga éticamente al Estado al reconocimiento, asunción de responsabilidad y reparación por los actos que padecieron […].

El Estado uruguayo reconoce que en el pasado se cometieron en el país acciones violatorias de los derechos humanos.

Los hechos que fueron conocidos por la Corte Interamericana comenzaron a perpetrarse en colaboración con fuerzas de seguridad y autoridades argentinas en el marco de la denominada “Operación Cóndor”. En ese contexto de cooperación centenares de personas fueron víctimas de detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones y desapariciones forzadas, como parte de una práctica sistemática de terrorismo de Estado.

Por ello, invocando las atribuciones citadas al inicio de este acto, en nombre de la República Oriental del Uruguay como entidad colectiva y en el marco de los principios de continuidad y sucesión del Estado, independientemente del ámbito temporal y material en que ocurrieron los hechos, el Estado uruguayo reconoce su responsabilidad institucional por la desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena […].

Asimismo, el Estado es responsable por la supresión y sustitución de identidad de María Macarena Gelman García Iruretagoyena, ocurrida desde su nacimiento hasta que se determinó su verdadera identidad […].

Uruguay, como Estado, asume su responsabilidad jurídica internacional por los hechos reconocidos en la Sentencia. Reconoce además su responsabilidad ética por dichos hechos. Conforme a ello, el Estado condena los mismos y afirma su compromiso con la justicia y su voluntad de que hechos similares no vuelvan a repetirse. Con este fin, el Estado ha dado, y seguirá dando pasos firmes a efectos de reparar el daño (Uruguay, Presidencia de la República Oriental del, 2012b).

Ese mismo día en las instalaciones de lo que fue el Servicio de Inteligencia de Defensa (sid), hoy sede del Instituto Nacional de Derechos Humanos (indh), se colocó una placa con el nombre de María Claudia y Macarena, dedicada también a todas las víctimas que allí estuvieron. Para Macarena, que fue quien la develó, esas instalaciones representan el único espacio que compartió con su madre.

A pesar de que lo vivido ese 21 de marzo de 2012 marcó un hito en la historia reciente del Estado uruguayo, en especial para la lucha que han dado los familiares de las víctimas y las organizaciones de dh, el cumplimiento de la sentencia sigue pendiente. Esta valoración se establece aun cuando en la resolución sobre el seguimiento de la sentencia, del 20 de marzo de 2013, la coidh consideró que el Estado uruguayo ha cumplido cabalmente con sus obligaciones en cuanto a “realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos del presente caso”, colocar una placa en memoria de las víctimas detenidas en el edificio del sid, ubicar al indh en ese edificio, publicar el resumen oficial de la sentencia en el Diario Oficial, en diarios de amplia circulación como en páginas web y pagar las indemnizaciones correspondientes (coidh, cidh, oea, 2013: 32).

Aun así, sigue pendiente porque los restos de María Claudia no han aparecido. Las excavaciones llevadas a cabo por el equipo de arqueólogos de la Universidad de la República, en aquellos lugares identificados como posibles depositarios de sus restos, han dado pocos resultados aunque alentadores por momentos. Ello debido a que algunos pocos restos han sido recuperados e identificados brindando una reparación a sus familias y a la sociedad. No obstante, y a partir de la resolución de la scj del 22 de febrero de 2013, la ley de Caducidad vuelve a posicionarse como un impedimento para el caso personal de la sentencia y para aquellos que buscan también dilucidar. Otras calificaciones legales como la desaparición forzada o los crímenes de lesa humanidad no proceden como delitos porque fueron tipificados después de haber sido cometidos y su calificación implicaría una aplicación retroactiva, la cual es ilegal.

Si bien todos los Estados “parte” deben acatar, tal como señala la resolución de la coidh,[22] el tratado internacional, en este caso la cadh y todas las autoridades públicas y estatales deben hacer cumplir —en el marco de sus competencia— las decisiones de la coidh, y no pueden invocar aspectos de derecho interno para justificar la falta de cumplimiento, la scj de Uruguay lo ignoró (coidh, cidh, oea, 2013: 17-19).

La coidh se pronunció y puso énfasis en sostener que la decisión de la scj “constituye un obstáculo para el pleno cumplimiento de la sentencia y podría producir un quebrantamiento del acceso a la justicia de las víctimas que se encuentran amparadas por una sentencia de la Corte Interamericana” (coidh, cidh, oea, 2013: 26).

Pese a esta desalentadora situación para hacer efectivo el cumplimiento de la sentencia y retomando lo expresado por el director de dh del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay, Javier Miranda, queda por verse la efectividad que pueda darse al artículo 1 de la ley interpretativa que no fue declarado inconstitucional y es el que restituye la pretensión punitiva del Estado. Por tanto, el fallo no impide que los jueces continúen con las causas cuya materia son aquellos delitos (Montevideo, 2013). Y así está sucediendo (Frente Amplio de Uruguay en México, 2013).

En suma, se reactivó la confrontación en el campo de la justicia y la política en tanto la situación de María Claudia continua siendo un enigma. A ello también contribuye el mencionado pacto militar de silencio que no parece quebrantarse pese a las condenas de algunos de los principales responsables de los crímenes de lesa humanidad. Lo acontecido entonces, como señaló Macarena Gelman al finalizar el acto histórico del 21 de marzo y refiriéndose al mismo: “no marca el principio o fin de nada”, pero “hace más fácil el camino” (Uruguay. Presidencia de la República Oriental del, 2012a). El derecho a la verdad continua siendo un deber para el caso Gelman y para el resto de las víctimas, sus familias y la sociedad.

Para seguir pensando

Como se ha dicho, las transiciones democráticas como también los procesos de cambio dentro de una institucionalidad no fragmentada, recogieron cuentas pendientes y las fueron procesando mediante equilibrios entre las fuerzas que dejaban el poder y las que lo asumían, cruzados por intereses y complicidades. Un fantasma invadía la argumentación y era la posible inestabilidad. De ahí que pocos han sido los casos en los que de manera incisiva se tomaron medidas para investigar, esclarecer y enjuiciar. No todas las transiciones y los cambios abonan en el mismo sentido y no todas tienen la linealidad de un régimen dictatorial a uno democrático. Los casos atendidos en el texto son buenos exponentes de la diversidad de situaciones que pueden desembocar en circunstancias muy similares tanto por la materia de la que son demandados como por la temporalidad en la que reciben las sentencias.

En estas disímiles experiencias nacionales las demandas causan sentencias por las cuentas pendientes de una represión política con rasgos similares en un contexto de bipolaridad como el de la guerra fría. Los caminos de la justicia se cierran ante denuncias en la que se exige voluntad política para ir más allá de medidas reparatorias, ajenas a la investigación e identificación de responsables. No hay que olvidar que también los procesos judiciales son procesos políticos. Y también esta voluntad está presente en el momento en que se debe cumplir con las obligaciones establecidas en las sentencias. Las políticas públicas y los cambios estructurales requeridos exigen muchas veces una convicción muy fuerte entre los equilibrios internos y la estrategia de posicionamiento internacional cuando se está cuestionado el cumplimiento de las obligaciones contraídas en materia de dh. Como se ha podido apreciar, en las definiciones internas y en la presión internacional inciden de manera significativa los movimientos nacionales de defensa de los dh y su posicionamiento en las redes transnacionales.

También debe considerarse que en las similitudes que exhiben las demandas referidas, está presente el distinto peso social que pueden llegar a tener en sus respectivos ámbitos nacionales. La represión soterrada sobre poblaciones rurales en sociedades altamente estratificadas como la mexicana, y en un contexto político de sostenida hegemonía corporativa desde el Estado, favoreció la desinformación y marginalidad de las situaciones represivas. Lo anterior no desconoce la persistencia de las organizaciones independientes y de su sistemática denuncia pero ubica su centralidad en sintonía comparativa con otras realidades. En este sentido, la represión abierta de un régimen dictatorial como el uruguayo, con un volumen de víctimas muy considerable respecto de la población y con características de concentración urbana considerable, hizo de estas circunstancias una realidad compartida, conocida aun cuando resultara indiferente. A esta mayor o menor compenetración con una realidad represiva y con saldo considerable de víctimas contribuyen también los clivajes institucionales. Como se indicó, en México no se produjo ninguno que mostrara de manera evidente un antes y un después, ni en tiempos de la represión política durante la guerra fría ni cuando se inicia en 2000 lo que para muchos ha sido una transición y para otros solo un cambio de gobierno. Lo anterior puede incidir de manera considerable en la fuerza interna que propicia la demanda por el esclarecimiento del pasado y el mayor o menor respaldo de redes transnacionales.

A la vez es evidente que pese a coincidir en una misma temporalidad y tipo de delito, la fuerza de la demanda y su centralidad en el espacio público difieren considerablemente. Ello no sólo tiene una explicación en el volumen de víctimas (considerando distintos tipos de violaciones) sino que también se relaciona con las características de los gobiernos que toman decisiones de política pública sobre la herencia delictiva de los propios Estados. Un mayor o menor convencimiento ético político de la necesidad de cumplir con los derechos de víctimas y familiares y una cercanía o distancia con los sectores responsables o cómplices de las situaciones cuestionadas, inciden en las formas en que se da cumplimiento a las sentencias.

Aunque bajo esta perspectiva sería factible considerar que el itinerario uruguayo de cumplimiento es extremadamente más riguroso y efectivo, de acuerdo a los compromisos internacionales, no debe obviarse que la llegada al poder del Frente Amplio significó un avance incuestionable en un país en donde la estructura de impunidad estaba aferrada. Lo dicho no ignora que no fue lo esperado para quienes combatían la tesis de “dejar el pasado atrás definitivamente”. Es más, la sentencia se dicta cuando la administración frenteamplista llevaba seis años sin arbitrar medidas legislativas que desestructuraran el marco jurídico de la impunidad. Por otro lado, en una sociedad como la mexicana, conmovida por la violencia cotidiana que permite contar las víctimas en cantidad de miles y atormentada por la fragilidad de la seguridad, parecería que toda información y gestión pública que no responda a este tipo de situaciones del día a día no despierta mayor interés.

Señalado lo anterior queda para pensar y discutir si estos elementos permiten explicar las diferencias en las formas de cumplimiento hasta el momento o si es que en ellas inciden las trayectorias participativas de las sociedades involucradas, el rol de los actores vinculados con las demandas y su presencia nacional, así como el grado de relacionamiento entre los que hoy detentan el poder y los que ayer lo hicieron. Sin duda, abre también un posible debate de hasta dónde puede ser pertinente la comparación de dos experiencias nacionales tan contrastantes incluso, como se señaló al inicio del texto, en lo cultural, en las densidades poblacionales y en la distribución geográfica urbana y rural por sólo indicar otras variables significativas. Como es natural, se consideró que era suficiente observar lo similar de experiencias en las que se apuntaron las líneas principales de una gran diferencia.

En todo caso, tanto para México como para Uruguay, las sentencias no han ocasionado una obligación que implique insistir en el esclarecimiento de los hechos. Esto contempla la posibilidad de ubicar los restos, así como investigar a cabalidad para que sea posible fincar responsabilidades. La verdad fáctica requiere de una decidida voluntad política, con lo cual no se ha cumplido en ninguno de los países la obligación de salvaguardar el derecho a la verdad individualizada como colectiva. Aún más, el largo camino que las víctimas o sus familiares —sin llegar a discutir el alcance de la categoría o concepto de víctima— han debido recorrer hasta llegar al sidh, no tiene un resultado de reparación integral. “[…] El último aspecto de este proceso es lo que las víctimas esperan que traiga consigo la reparación, o los cambios que se logren con la sentencia” (Beristáin, 2008: 63) En uno y otro caso se busca la verdad individualizada de los hechos. Las reparaciones constituyen el propósito medular en las expectativas individuales y sociales. No obstante lo dicho, las sentencias de Radilla y de Gelman resultan sucesos que trascenderán la propia coyuntura en que se recibieron y se ejecutaron las primeras acciones de cumplimiento.

Fuentes

Aguayo, Sergio

2009 “El activismo civil en la transición mexicana a la democracia”, en I. Bizberg y L. Meyer, comps., Una historia contemporánea de México: Las instituciones. México: Océano.

1995 “Auge y perspectivas de los derechos humanos en México”, en L. Rubio y A. Fernández, eds., México a la hora del cambio. México: Cal y Arena-Cidac.

Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos (Afadem)

2000 “650 casos de desaparecidos en Guerrero de los 1200 denunciados en México”, Tlahui, en <http://www.tlahui.com/politic/politi00 /politi10/mx10-38.htm>, consultada en junio de 2010.

Bartra, Armando

2000 Guerrero bronco: campesinos, ciudadanos y guerrilleros en la Costa Grande. México: Era.

Beristáin, Carlos Martín

2008 Diálogos sobre la reparación. Experiencias en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tomo 1. San José: Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

Botello, Blanca Estela

2013 “Retomará el Senado reforma al Código de Justicia Militar en materia de fuero”, Crónica, 24 de marzo, en http://www.cronica.com.mx /notas/2013/740035.html>, consultada en mayo de 2013.

Buriano, Ana y Silvia Dutrénit

2010 “A doscientos años, cuentas estatales por saldar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, Estudios, Revista del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, no. 23-24 (enero-diciembre): 73-90.

Cámara de Representantes en Montevideo

2011 Pretensión punitiva del Estado. Restablecimiento para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1° de marzo de 1985, Ley pública 18.831, no. 28340, Sesión de la Cámara de Representantes en Montevideo, Registro Nacional de Leyes y Decretos (2011), en <http://www0.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTexto Ley.asp?Ley=18831&Anchor=>, consultada en noviembre de 2011.

Cárdenas, Olga y Félix Hoyo

1982 Desarrollo del capitalismo agrario y lucha de clases en la costa y sierra de Guerrero. México: Universidad Autónoma de Guerrero.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh)

2010 “Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Juan Gelman, María Claudia García Iruretagoyena de Gelman y María Macarena Gelman García Iruretagoyena (Caso 12.607) contra la República Oriental del Uruguay”, p. 5 y ss., en <http://www.cidh.org/demandas/12.607%20Gelman%20Uruguay %2021ene10%20ESP.pdf> , consultada en diciembre de 2010.

1992 “Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1992-1993. Informe nº 29/92, casos 10.029, 10.036, 10.145, 10.305, 10.372, 10.373, 10.374 y 10.375, Uruguay, 2 de octubre”, en <https://www.cidh.oas.org/annualrep/92span/Uruguay10.029 .htm>.

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (cmdpdh)

2010 “Caso Rosendo Radilla Pacheco”, Casos Paradigmáticos, en <http://cmdpdh.org/casos-paradigmaticos-2-2/casos-defendidos/caso -rosendo-radilla-pacheco-2/>, consultada en febrero de 2014.

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (cndh)

2001 “Informe especial sobre las quejas en materia de desapariciones forzadas ocurridas en la década de los 70 y principios de los 80”, en <http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/informes /especiales/desap70s/introduccion.htm>.

Concha, Miguel

2012 “Reformas al Código de Justicia Militar”, La Jornada, 24 de marzo, en <http://www.jornada.unam.mx/2012/03/24/opinion/021 a1pol>, consultada el 26 de marzo de 2012.

2007 “Impunidad de Estado”, Centro de Derechos Humanos opac, en <http://www.jornada.unam.mx/2007/08/25/index.php?section =politica&article=016a2pol>, consultada el 28 de agosto de 2010.

Condés Lara, Enrique

2007 Represión y rebelión en México (1959-1985), tomo 1. México: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla-Miguel Ángel Porrúa.

Corte Interamericana de Derechos Humanos (coidh)

2011 Gelman vs. Uruguay. Fondo y reparaciones. Serie C no. 221 (coidh 2011), en <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec _221_esp1.pdf>, consultada el 1 de mayo de 2011.

2009 Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Serie C na 209 (coidh 2009), en <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_209_esp .pdf >, consultada en junio de 2010.

Corte Interamericana de Derechos Humanos (coidh), Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh), Organización de Estados Americanos (oea)

2013 Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 20 de marzo de 2013. Caso Gelman vs. Uruguay. Supervisión de cumplimiento de sentencia en el Caso Gelman vs. Uruguay, en <www.corteidh.or. cr/docs/supervisiones/gelman_20_03_13.doc>, consultada el 20 de junio de 2013.

2011 Sobre la Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 19 de mayo de 2011. Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos. Supervisión de cumplimiento de sentencia, en <www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/radillapacheco_19_05_11.pdf>, consultada el 30 de enero de 2012.

Crysol

2011 “scj: fallo de la Corte por caso Gelman es obligatorio”, en <http://crysol.blogspot.com/2011/07/scj-fallo-de-la-corte-por-caso-gelman.html>, consultada en octubre de 2011.

Díaz, Gloria Leticia

2013 “Familiares de desaparecidos de la ‘guerra sucia’ encaran a Osorio Chong”, Proceso, 1 de marzo, en <http://www.proceso.com.mx/? p=335091>, consultada el 13 de mayo de 2013.

2012a “Insta Amnistía a corregir reforma al Código de Justicia Militar”, Proceso, 23 de abril, en <http://www.proceso.com.mx/?p=305200>, consultada en abril de 2012.

2012b “Ofrece Calderón a la Coidh desatorar reformas al Código Militar y abrir caso Radilla”, Proceso, 25 de junio, en <http://www.proceso.com.mx/?p=312155>, consultada el 2 de julio de 2012.

Durand Ponte, Víctor Manuel

1994 “El movimiento por el respeto de los derechos humanos y la transición política”, en Víctor Manuel Durand Ponte, coord., La construcción de la democracia en México. Movimientos sociales y ciudadanía. México: Siglo xxi, 288-318.

Dutrénit Bielous, Silvia

2012 “Encrucijadas del exilio: una observación basada en los agostos mexicanos de 1977 y 1978”, Jornadas de trabajo sobre exilios políticos del Cono Sur en el siglo xx. Agendas, problemas y perspectivas conceptuales. La Plata (septiembre).

Dutrénit Bielous, Silvia y Gonzalo Varela Petito

2010 Tramitando el pasado. Violaciones de los derechos humanos y agendas gubernamentales en casos latinoamericanos. México: Flacso México-Clacso.

Frente Amplio de Uruguay en México

2013 “Juez rechaza el archivo de la causa de Julio Castro”, en <www.faurumex.org.mx/?p=1470>, consultada el 28 de abril de 2013.

González, María de la Luz

2011 “scjn ratifica resoluciones en caso Radilla”, El Universal, 14 de julio, en <http://www.eluniversal.mx/notas/779327.html>, consultada en noviembre de 2011.

Larrobla, Fabiana y Jimena Alonso

2012 “Sentencia de la cidh. Cómo respondió el estado uruguayo”, No te olvides. Revista de la asociación de amigas y amigos del museo de la memoria iii, no. 10 (abril): 4-6.

Leal Buitrago, Francisco

2003 “La Doctrina de Seguridad Nacional: materialización de la guerra fría en América del Sur”, Revista de Estudios Sociales, no. 15: 74-87, en <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2349602>, consultada el 23 de enero de 2010.

Madres y familiares de uruguayos detenidos y desaparecidos (mfudd)

2010 <http://www.desaparecidos.org.uy/madresyfamiliara.html>.

Mallinder, Louise

2009 “Uruguay’s Evolving Experience of Amnesty and Civil Society’s Response”, Working paper No. 4 from Beyond Legalism: Amnesties, Transition and Conflict Transformation. Belfast: Institute of Criminology and Criminal Justice, Queen’s University.

Maza, Emma

2008 “Los derechos humanos en México: ¿retórica o compromiso?”, tesis para la obtención del grado de maestra en Derechos Humanos y Democracia. México: Flacso México.

Méndez, Alfredo y Víctor Baliñas

2011 “Realizará la pgr nuevas excavaciones para buscar restos de Rosendo Radilla”, La Jornada, 31 de octubre.

Méndez, Juan E.

2007 “El derecho humano a la verdad. Lecciones de las experiencias latinoamericanas de relato a la verdad”, Historizar el pasado en América Latina, en <http://www.historizarelpasadovivo.cl/es_resultado_textos.php?categoria=Verdad%2C+justicia%2C+memoria&titulo=El+derecho+humano+a+la+Verdad.+Lecciones+de+las+experiencias +latinoamericanas+de+relato+de+la+verdad>.

México. Presidencia de la República

2011 “México cumple”, en <http://www.presidencia.gob.mx/2011/11/el-gobierno-de-mexico-cumple-con-la-sentencia-de-la-corte -interamericana-de-derechos-humanos-en-el-caso-rosendo-radilla -pacheco-al-realizar-el-acto-de-reconocimiento-de-responsabilidad -en-atoyac-de-a/>, consultada en diciembre de 2011.

Montemayor, Carlos

2010 La violencia de Estado en México. Antes y después de 1968. México: Debate.

Montevideo

2013 “Informe de Miranda sobre caducidad: siga, siga”, en <www.montevideo. com.uy/notnoticias_195667_1.html>.

National Security Archive (nsa)

2006 http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB209/informe /intro.pdf

s. f. http://www.gwu.edu/~nsarchiv/mexico/

Organización de los Estados Americanos (oea)

s. f. “Tratados Multilaterales Interamericanos”, Departamento de Derecho Internacional (ddi), en <http://www.oas.org/dil/esp/tratados _materia.htm#DEREHUM>, consultada en febrero de 2012.

Presidencia de la República Oriental del Uruguay

2012a “Familiares de María Claudia: Esta ceremonia no marca el principio o fin de nada pero hace más fácil el camino”, Noticias, 21 de marzo, en <http://presidencia.gub.uy/Comunicacion/comunicacionNoticias /conferencia-prensa-macarena-gelman>, consultada el 25 de marzo de 2012.

2012b “Palabras del Presidente Mujica en acto público del 21 de marzo”, Noticias, en <http://www.presidencia.gub.uy/wps/wcm/connect /presidencia/portalpresidencia/comunicacion/comunicacionnoticias /discurso-mujica-21-de-marzo>, consultada el 25 de marzo de 2012.

2007 Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos. En cumplimiento del artículo 4o. de la Ley no. 15.848, tomo II, Montevideo: impo, en <http://www.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2007/06/2007060509 .htm>, consultada en septiembre de 2009.

Rico, Álvaro

2009 “Prácticas estatales criminales en dictadura y relaciones sociales degradadas en democracia”, en Daniel Feierstein, coord., Terrorismo de estado y genocidio en América Latina. Buenos Aires: Prometeo, 145-163.

Rousset Siri, Andrés Javier

2011 “El concepto de reparación integral en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, Revista idh 1, no. 1: 59-79.

Sanguinetti, Julio María

1999 “La carta del presidente de Uruguay a Juan Gelman”, en <http://www. pagina12.com.ar/1999/99-11/99-11-07/pag16.htm>.

Sikkink, Kathryn

1996 “Nongovernmental Organizations, Democracy, and Human Rights in Latin America”, en Tom Farer, ed., Beyond Sovereignty. Collectively defending Democracy in the Americas. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 150-168.

Fuentes complementarias

Antillón Najlis, Ximena

2008 La desaparición forzada de Rosendo Radilla en Atoyac de Álvarez: Informe de afectación psicosocial. México: Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

Cámara de Representantes en Montevideo

1986 Funcionarios militares y policiales. Se reconoce que ha caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1° de marzo de 1985, Ley pública 15.848, no. 22295, Sesión de la Cámara de Representantes en Montevideo, Registro Nacional de Leyes y Decretos (1986), en <http://200.40.229.134/leyes/Acceso TextoLey.asp?Ley=15848&Anchor=>, consultada en diciembre de 2011.

Díaz, Gloria Leticia

2012 “Urgen a desempolvar iniciativa de reforma al Código de Justicia Militar”, Proceso, en <http://www.proceso.com.mx/?p=319578>, consultada el 20 de septiembre de 2012.

Dutrénit Bielous, Silvia

2012 “Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y reacciones estatales. México y Uruguay ante los delitos del pasado”, América Latina Hoy 61 (agosto): 79-99.

García Ramírez, Sergio

2010 “Prólogo”, en Juan Carlos Gutiérrez Contreras, coord., La sentencia de la Corte idh Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos. México: cmdpdh, 7-12, en <http://cmdpdh.org/2013/01/la-sentecia-de-la-corte-interamericana-de-derechos-humanos-caso-radilla-pacheco-vs-estados-unidos-mexicanos/>, consultada el 2 de febrero de 2013.

Ministerios de Relaciones Exteriores (mrree)

2012 “Conferencia de prensa posterior al acto en el Parlamento”, Portal de mrree, en <http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio ,ampliacion-actualidad,O,es,0,PAG;CONP;128;2;P;conferencia-de -prensa-posterior-al-acto-en-el-parlamento;1;PAG>, consultada el 15 de diciembre de 2012.

Raffin, Marcelo

2006 “La experiencia del horror: subjetividad y derechos humanos en las dictaduras y posdictaduras del Cono sur”. Colección de Tesis Doctoral no. 5. Buenos Aires: Editores del Puerto.

Sarthou, Hoenir

2013 “Para no discutir más sobre torturadores”, Semanario Voces, en <www. voces.com.uy/articulos-1/paranodiscutirmassobretorturadoresporhoenirsarthou>, consultada el 20 de mayo de 2013.

Villamil, Jenaro y Gloria Leticia Díaz

2012 “Avalan en comisiones reformas para acotar fuero militar”, Proceso, 19 de abril, en <http://www.proceso.com.mx/?p=304857>, consultada en abril de 2012.

Construcción de defensores y estrategias de seguridad en contextos violentos: la experiencia de Ciudad Juárez

Daniel Vázquez,[*] Nacori López[**]

Introducción

Es un día de febrero; en estos momentos una madre vela los restos de su hija desaparecida afuera de la fiscalía en Ciudad Juárez, exige justicia y con ese reclamo se une a tantas otras voces aglomeradas en diversas causas, todas atravesadas por un reclamo de cese a la impunidad. Los casos seguidos y defendidos por las y los defensores de derechos humanos (dh) han incrementado la experiencia a partir del dolor; uno quisiera que fuera de otra forma pero no lo es. Son estas experiencias de cada actor(a) defensor(a) de dh que se traducen en las múltiples y variadas formas de resistir en una ciudad violenta en las que “destacan las acciones por la paz y la justicia, la denuncia de los abusos y las exigencias de respeto a los dh y las garantías individuales” (Padilla, 2011: 320), lo cual, a su vez, se convierte en la manera en que estos actores van construyendo y reconstruyendo su identidad y el ejercicio de la defensa de los derechos humanos.

Históricamente, Ciudad Juárez ha sido violenta. Sin embargo, es a partir de los primeros casos de feminicidios en los años noventa que se presta especial atención a la ciudad por sus niveles de criminalidad e inseguridad, y se le acuñó el mote de “la ciudad de las muertas” o a las mujeres asesinadas como “las muertas de Juárez”. En ese momento logran notoriedad las madres de estas mujeres quienes, gracias a las redes nacionales e internaciones que pudieron establecer, consiguieron la atención primero internacional, nacional y local después, para ejercer presión ante un Estado indiferente.

Empero, la situación de violencia criminal[1] en la ciudad no sólo se da por los asesinatos de mujeres; también se empieza a observar un incremento en la delincuencia[2] que trastocó el modo de vida de los juarenses. A partir del inicio de este siglo, algunas investigaciones ya atribuían el aumento de la delincuencia a las cuestiones ligadas al crimen organizado y al narcotráfico, y es que en Juárez se consolidó uno de los cárteles más poderosos del país: el cártel de Juárez (Herrera, 2007; Jusidman, 2007; Zavaleta et al., 2007). Así que el parcial incremento de la delincuencia y la presencia de uno de los cárteles más fuertes del país fueron pretexto suficiente para que en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) se implementara en la entidad federativa de Chihuahua la estrategia de seguridad “Operativo conjunto Chihuahua” (posteriormente “Operativo coordinado Chihuahua”), que puso especial énfasis en Ciudad Juárez, a la que arribaron la mayor cantidad de efectivos del ejército y la policía federal. Si bien disminuyeron los robos y otro tipo de delitos, los homicidios violentos y las violaciones a los dh[3] por parte del ejército y la policía federal hacia la población se dispararon (véase la gráfica 1).

Al incrementarse las violaciones de dh, la labor de las y los defensores de dh se hizo más visible y esto los ha puesto en especial riesgo, pues se han convertido en potenciales víctimas de ataques por su labor de protección de estos dh. Así, sólo del 2008 a enero de 2011, fueron asesinados diecisiete defensores y defensoras de dh en el estado de Chihuahua. En Ciudad Juárez fueron asesinados Manuel Arroyo Galván, Josefina Reyes Salazar, Marisela Escobedo, Susana Chávez, los hermanos Elías y Magdalena Reyes Salazar, y Luisa Ornelas, y los defensores que se fueron al exilio son Gustavo de la Rosa (quien volvió y se encuentra con medidas cautelares), Cipriana Jurado, Marisela Ortiz, Malú y Norma Andrade y la familia Reyes Salazar. Esto nos muestra el contexto complejo en el que se desenvuelven estos actores y en el que realizan las acciones de defensa y a lo que se enfrentan los defensores.

Gráfica 1. Tasa de delitos y homicidios por cada cien mil habitantes y eventos ligados al recrudecimiento de la delincuencia e inseguridad en Ciudad Juárez.

Partiendo del contexto presentado con anterioridad, en este documento nos preguntamos: ¿cómo se construye la identidad y el ejercicio de las y los defensores de dh en Ciudad Juárez desde los propios actores? Para responder este cuestionamiento analizaremos:

a)la forma en que los defensores de dh se inician como defensores (por convicción/emergentes);

b)la apropiación de los mecanismos de defensa (formales/informales);

c)la forma en que se miran a sí mismos como víctimas;

d)las estrategias de seguridad que han generado.

Los autores sabemos que por lo terrible del caso de Ciudad Juárez y por lo complejo de las violaciones a los dh que ahí se han perpetrado así como por la construcción social de la violencia, el estudio podría incluir más conceptos y unidades de observación. Sin embargo, a fin de mantener un intento por responder la pregunta que nos formulamos y con el objetivo de tener un texto cohesionado, constreñiremos nuestro análisis a los cuatro criterios arriba mencionados.

En la medida en que se busca analizar la construcción de la identidad desde los propios actores, la información analizada proviene esencialmente de una serie de entrevistas semiestructuradas aplicadas a varios defensores de dh radicados en Ciudad Juárez realizadas durante el 2011. Su contenido fue analizado a partir de las cuatro categorías (y dimensiones) analíticas que se mencionan arriba: iniciación (convicción/emergente), mecanismos de defensa (formal/informal), sentido de victimización y estrategias de seguridad.

El texto está estructurado en cinco secciones. En la siguiente haremos un rápido marco analítico que profundiza en torno a qué es un defensor de dh y qué significa analizar los dh desde los propios actores; el segundo acápite está dedicado al análisis de la forma de iniciación de los defensores; el tercero, al tipo de mecanismos de defensa que utilizan; la siguiente sección, a la forma en que se miran a sí mismos como víctimas; en el quinto acápite se analizan las estrategias de seguridad que los defensores han generado y, finalmente, el texto cierra con unas breves conclusiones.

El derecho a defender los derechos humanos: una mirada desde los actores

En las sociedades democráticas, los dh conceden a toda persona el reconocimiento de una serie de bienes jurídicos como la vida, la libertad o la integridad que les permitan la construcción y consolidación de las condiciones mínimas para vivir con dignidad, justicia, libertad, igualdad y paz. Asimismo, estos bienes jurídicos limitan (o intentan limitar) los abusos de los poderes públicos sobre los particulares (cmdpdh, 2011).

La figura del defensor y defensora de dh fue constituida a partir de la Declaración de Defensores de la Organización de las Naciones Unidas[4] que reafirma la importancia de la promoción y protección de todos los dh y las libertades fundamentales en todos los países del mundo; destaca el carácter trascendente de la promoción y fomento al respeto de tales derechos y libertades, sin distinción alguna por parte de los miembros de la comunidad internacional. Esta declaración admite la importancia del trabajo realizado por los individuos, los grupos y las instituciones que intentan la eliminación real de todas las violaciones a los dh y las libertades fundamentales (Sandoval, 2008).

Así, un defensor o defensora de dh es toda aquella persona que, ya sea de forma individual o colectiva, promueve o procura la protección y realización de los dh y las libertades fundamentales en el plano local, nacional e internacional. La definición de defensor abarca, además de los integrantes asalariados de las organizaciones formales de defensa de dh, a otros activistas y colectivos que de hecho también defiendan dh (Sandoval, 2008). Por tanto, la labor de defensa no se limita a quienes realizan labores remuneradas en una organización formal, también contiene a quienes realizan trabajo de promoción comunitaria y/o acciones de protesta en el plano informal. Los defensores de los dh son la base en la que se apoyan tanto las organizaciones como las instituciones y mecanismos regionales, internacionales y transnacionales de dh, es decir, son el centro del movimiento de dh.

El papel de los y las defensoras de dh es muy importante en una sociedad como la nuestra. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señala:

ante el problema de la desigualdad, de la pobreza y de los altos niveles de discriminación y exclusión, las y los defensores dan voz a quien no la tiene y hacen públicas aquellas problemáticas que se encuentran invisibilizadas. Su experiencia y contacto con la realidad son fundamentales para la elaboración y evaluación de políticas públicas. Al documentar y denunciar violaciones a los derechos humanos luchan en contra de la impunidad, impulsan la vigencia del Estado de derecho, apoyan el derecho de las víctimas y detonan transformaciones hacia una sociedad más justa (cmdpdh, 2011: 13).

Gráfica 2. Construcción normativa del concepto de defensor de derechos humanos.

Hasta aquí la forma más normativa de pensar a los defensores de dh, pero ¿cómo se piensan estos defensores a sí mismos?, ¿cómo se construye desde los propios actores la figura del defensor de los dh? Centrarse en los sujetos implica, en principio, aproximarse a la vivencia de los derechos, es decir, enfocarse en las distintas formas en que tanto las personas, las organizaciones, como los movimientos sociales se adaptan a y adaptan los dh, además de observar el impacto que esta adaptación tiene una vez que son utilizados como un canalizador de demandas y exigencias. Esto supone observar los procesos mediante los cuales las personas exigen y demandan (en términos no —o no sólo— jurídicos) un derecho (Ansolabehere, 2010).

Podemos pensar la construcción de un derecho humano desde los actores a partir de diversas opciones; lo más importante en cualquiera de ellas es que el actor —y los procesos propios del y desde el actor— sean los que se encuentran en el centro del análisis. Por ello, proponemos realizar una construcción identitaria y ejercicio de la defensa de los dh desde los propios actores. Tanto Santos y Rodríguez (2007) como Rajagopal (2005) y Nyamu-Musembi (2002) proponen un enfoque centrado en los actores, el cual se encarga de observar los derechos a partir de las luchas, pensando más allá de las medidas normativas previamente aceptadas dentro del discurso de dh. Las perspectivas orientadas a los actores

se basan en el reconocimiento de que los derechos se van conformando a través de las luchas mismas, las cuales a su vez muestran la interpretación de lo que las propias personas consideran que se merecen. Implican una aproximación a las necesidades, los derechos y las prioridades marcada por las experiencias concretas de los actores particulares involucrados en las luchas en cuestión y que se benefician directamente de ellas (Nyamu-Musembi, 2002: 37).

Es decir, este enfoque implica aproximarse a las condiciones acentuadas por los propios sujetos, en este caso, los activistas y sus experiencias concretas en las disputas donde están inmersos. Para poder aproximarse a la interpretación subjetiva que cada sujeto realiza es necesario partir de los discursos que el actor político —defensor/defensora de dh— lleva a cabo y que cada sujeto se apropia y convierte en su modus vivendi. Así, “cuando las luchas en sociedades específicas no occidentales utilizan el discurso para enmarcar sus demandas, el concepto se reinterpreta y transforma. Esta transformación va en dos direcciones: incorpora las interpretaciones locales y suma los discursos globales” (Engle Merry en Nyamu-Musembi, 2002: 43). Es decir, cuando los sujetos cuestionan para qué sirven los derechos y para quiénes funcionan éstos, pasan de interrogar a accionar, reinterpretando la institucionalización de los dh y dándoles un corpus distinto en el contexto propio, apropiándose de este discurso y haciéndolo transformador (Nyamu-Musembi, 2002). Así, adoptar esta postura cambia la forma en que se ven los dh desde las personas porque nos permite observar cómo se construyen estos derechos desde el propio actor.

Buscaremos reconstruir el ser y el quehacer de los defensores de dh a partir de dos aspectos:

a)la conformación identitaria proveniente de los procesos de iniciación y la propia victimización de los defensores que se concatenan con su contexto social y cotidiano;

b)el ejercicio de la defensa de los dh por medio de las formas de defensa y las estrategias de seguridad de los defensores.

Gráfica 3. Aspectos relevantes para la construcción de los defensores d e derechos humanos desde los actores.

Las formas de iniciación en la defensa de derechos humanos: por convicción o por emergencia

Los defensores de dh consideran que se iniciaron como tales a partir de dos situaciones: la influencia del medio inmediato (padres, amigos, compañeros inmiscuidos en luchas o protestas sociales), o debido al significado de ser un defensor. Uno de los entrevistados explica:

Para mí eso fue… desde siempre, porque mi papá también era un activista social de izquierda, de izquierda radical, y nosotros desde que estábamos muy niños empezamos con él y con mi mamá a seguirlo pues, en sus actividades, de hecho eran constantes: en mi casa había reuniones, siempre hubo movimientos, desde muy chicos íbamos a manifestaciones, participábamos haciendo dibujos o repartiendo volantes o etcétera, o colaborábamos para diferentes periódicos del movimiento…

Otro entrevistado lo expone en el mismo sentido:

Pues tiene que ver con mis raíces. Yo vengo desde un lugar, en el ejido Benito Juárez, donde muchos de los alumnos de los jóvenes que salían, sobre todo hombres, iban a estudiar a la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar [esahe]. La esahe tenía una gran fuente de activistas políticos, los estudiantes estaban muy ligados al activismo político estudiantil, y al activismo social también, aunque esa expresión en aquel entonces no era tan común. Entonces, me tocó convivir mucho con estas personas, eso por un lado. Por el otro mi naturaleza, mi forma de ser natural, quiero decir, desde muy joven, desde muy niño mejor dicho, estuve involucrado en cuestiones culturales-artísticas, esta parte me permitió tener una búsqueda distinta a la de mis compañeros y compañeras en ese ámbito rural, por lo tanto yo, en mi natural, era buscar estudiar, cosa que nunca hice, cuando llegué a la ciudad, pero bueno… ésa yo creo que es la raíz. Al paso del tiempo me encuentro, por esa vena artística, me encuentro con las luchas sociales desde la cultura.

Existen otros defensores cuyas razones para iniciar se combinan con las anteriores, pero además generan una argumentación proveniente de una cuestión de principios, moralidad, necesidad de hacerlo o como un deber ineludible de conciencia, puesto que no podrían ni querrían hacer otra actividad:

Luego cuando veo en la televisión te empiezas a cuestionar, “¿qué chingados hago en mi casa?, ¿qué chingados hago aquí?”, y entonces es ver qué es lo que puedo hacer y decir que bueno, es esto una opción de vida, vamos a ver cómo puedo generar soluciones. Porque es algo que te quita tiempo, no sólo son cuatro horas. Por eso asumí esto y pues aquí sigo.

A este tipo de defensores los llamamos por convicción, aquellos que iniciaron su faceta como tales a partir del convencimiento de la necesidad de emplear acciones para promocionar y defender los dh sin haber sido víctimas de violaciones a ellos (o sin tener víctimas cerca). Este convencimiento y concientización puede ser “heredado” o adquirido a partir de la reflexión sobre el contexto y el entorno. El defensor por convicción es aquel que inició por ser parte de su contexto inmediato, porque desde muy temprana edad internalizó el discurso de dh, aquel que tiene cierta sensibilidad hacia las injusticias y que ha tenido un trabajo de defensa, que no es víctima directa de la violación a dh y que los ha incorporado como uno de sus discursos para la exigencia de sus demandas. Este defensor pasa por un proceso que se caracteriza por tener demandas de transición; mientras va acumulando experiencias de vida a la par del conocimiento sobre los dh, va incorporando el discurso de los mismos como parte de su repertorio de acción.

Por otro lado, existen defensores de dh que iniciaron su actividad a partir de convertirse en víctimas directas de la violencia, es decir, son madres de mujeres asesinadas, hermanas de asesinados, parientes cercanos de víctimas de desaparición forzada o torturados, familiares de chivos expiatorios, que encuentran en el discurso de dh cobijo y aliados para sus exigencias en torno principalmente al derecho a la vida. Son estos defensores los que hemos llamado emergentes.[5] En su caso, el contexto de violencia que caracteriza a Ciudad Juárez es un contexto relevante para entender su iniciación como defensores de los dh. Por ejemplo:

Yo inicié porque primero desaparece… secuestran a mi hija y luego la asesinan, pos con eso ¿cómo quedarse callada? ¿Cómo te quedas callada cuando ves que el gobierno no hace nada? ¿Cómo le haces para que lo que te pasó a ti no le pase a otra mujer? Pues fácil, organizándote, denunciando, acompañando… pero la verdad, si no hubiera pasado lo de mi hija yo hubiera seguido en mi casa sin creer lo de las “muertas de Juárez”, viendo la tele, yendo a la escuela, atendiendo a mis hijas, a mi marido, pero realmente a una le tienen que pasar estas cosas para darse cuenta que es necesario gritarle al gobierno en su cara lo que no está haciendo. Imagina, sí haciendo esto simulan hacer, si no lo hacemos…

Esta otra entrevistada nos cuenta cómo fue que inicia en la defensa de los dh:

Yo tenía una hermana que desde que empezó la militarización allá en el Valle ella se puso a denunciarlo, pero desde antes ella ya era una luchadora social, desde los feminicidios, luego con lo de Sierra Blanca. Años después, cuando matan a su hijo ella empieza a decir que realmente ellos [los militares] eran los asesinos de mi sobrino. Después, matan a otro de mis hermanos. Luego, pues levantan a una hermana y un hermano y a la esposa de él. Y ya con eso fue que la familia decidimos hacer el plantón en la fiscalía, pero realmente la que daba declaraciones y todo eso era mi hermana, yo nomás estaba ahí a un lado. Yo creo que ahí fue cuando yo empiezo a darme cuenta que lo que estábamos haciendo era defender lo que es la vida, porque no nos podía estar pasando eso a nosotros, otra vez no. Luego, pues mi familia se va al df, al círculo de seguridad y yo no quise entrar ahí, porque yo no quiero que lo de mis hermanos se olvide, yo no quiero que quede impune. Pues me fui acercando a más y más grupos, dando testimonios, denunciando lo que había pasado, solidarizándome con otras familias que estaban como nosotros. Y sin querer, porque me obligaron, porque realmente fue que nos obligaron a convertirnos en defensores, fue que empecé.

Los defensores emergentes, víctimas de las violaciones a sus dh, se vieron obligados a denunciar, reclamar y exigir, en un inicio sus dh para luego incorporar la defensa de los dh de terceros. En este proceso de apropiación de los dh el defensor sufre la violación a sus propios derechos (y no sabe o no lo enmarca en un inicio dentro de este discurso), pero esto lo hace sensibilizarse sobre una situación que probablemente no percibía e inicia una serie de acciones en solitario, regularmente para exigir justicia, al compartir sus experiencias con otros y acercarse a diversos grupos, y en ocasiones, al ser acompañados por organizaciones, empiezan primero a conocer, y a partir de la apropiación de dicho discurso, comienzan a utilizar el discurso de los dh.

Aun cuando los defensores emergentes y por convicción tengan un inicio distinto, ambos pasan por un proceso de reconocimiento personal. Así, a partir del acercamiento al discurso de dh se reconocen como defensores, y el asumirse como tales, sumado a la apropiación del discurso de dh, les permite visibilizar y legitimar sus demandas. Es decir, se apropian de este discurso como una forma de presión política para la visibilización de sus demandas, pues el discurso de dh se convierte en una herramienta útil para lograr capitalizar las exigencias (Stammers, 1999; 2009).

¿Soy defensor de derechos humanos?, ¿de qué tipo: formal o informal?

Queda claro que, independientemente de la forma de iniciación, por el trabajo que realizan a todas estas personas se les puede identificar como defensores de los dh. No obstante, ellos mismos no siempre se identificaron como tales. En algunas ocasiones porque miraban de forma peyorativa la idea de defensa de los dh, preferían verse a sí mismos como activistas sociales. En otras, porque se reservaba el calificativo de “defensor” a quienes realizaban un trabajo esencialmente jurídico, ante tribunales. Este proceso de diferenciarse entre activistas y defensores, e identificar el trabajo jurídico como el aspecto central del defensor no es menor, porque eso supone la construcción de distintas estrategias y herramientas en la defensa de los dh. Aquellos que tomaron vías más institucionales son los que identificamos como defensores formales; a quienes dan prioridad al ejercicio del derecho a la protesta por medio de la acción colectiva los llamamos informales.

Tradicionalmente, se pensaba que los defensores de dh eran sólo aquellos que litigaban a favor de una persona a la cual se le estaban violentando sus derechos; es decir, dicha figura estaba vedada para aquellos que no ejercían la abogacía en pro de víctimas. Esta manera de concebir la figura del defensor se fue modificando hasta enmarcarse en un sentido más amplio. Sin embargo, aún existen resquicios de la presencia tradicional de la figura del defensor en algunos de los entrevistados: “Me considero defensor de dh, aunque también reconozco que no me especializo en la defensoría de dh”. Sobre tal situación,

Lo que pasa es que se entendía, y hay quienes pensaban que hacer el trabajo de defensa de dh es litigar, es generar un litigio, y hay como una visión muy tradicional, y yo he escuchado alguna compañera por ahí que dice “No, pues es que si tú no estás litigando, entonces no haces un trabajo de defensa”, entonces yo decía “Bueno, pues es que yo hago un trabajo de promoción de dh”. Pero la misma perspectiva del concepto va modificándose y lo vas poniendo en diálogo con muchos defensores en el país, con lo que define Naciones Unidas, y a partir de eso pues es que yo voy diciendo “Es que yo soy una defensora de dh”.

Por otro lado, no todos los defensores, aunque lo sean de hecho, se asumen como tales. Algunos prefieren otras identidades, como la de activistas o activistas ciudadanos. Por ejemplo,

Hace más de diez años, hace diez años yo no me asumía como una defensora de dh, no porque no lo fuera sino porque no sabía que el tipo de trabajo que yo ya estaba haciendo, era un trabajo… sabía que el asesinato de mujeres pues es quitarle la vida a una persona y es eliminar su derecho a vivir, tenemos el derecho a la vida, perfectamente lo sabía, pero la perspectiva que te estoy hablando, la perspectiva de dh, ésa fue un largo proceso para tomar conciencia sobre ella… Algunas no se asumen defensoras de dh porque incluso ese término, creo que en general, incluso en el país siempre pues no habíamos asumido como activistas, o la misma prensa o en varios lados, como “las activistas”…

También, otro defensor se considera activista más que defensor: “Yo me asumo como un activista ciudadano que se dedica a hacer política, desde la ciudanía, como un defensor, efectivamente, de los dh, como un defensor de las causas sociales para con las personas desprotegidas, pero más que nada, como un activista”.

Pero hay quienes explican el proceso de identificación de defensores de dh aun cuando los otros lo cataloguen como activista:

Simplemente, ya cuando me di cuenta que todo lo que yo alegaba era dh y tuve que tomar una bandera, ¿no? O sea, tiene uno que decir, bueno, “¿tú por qué la haces tanto de emoción? Pues está en la ley”, o sea una busca, uno busca la justificación de lo que uno hace. Todavía te la pasas a chingue y chingue, pues no es que son mis dh, estoy defendiendo mis dh, entonces ya cuando menos me di cuenta ya usaba esa frase para todo “estoy defendiendo mis dh”, “estás violentando mis dh”, “me estás vulnerando mis dh”, ya para todo lo agarraba, o sea, “¡oye, pues soy defensor de los dh!, aunque sea nomás de los míos pero soy defensor de los dh…

En otros casos, asumirse como defensora fue claramente un proceso aprendido en la defensa misma, como sucedió a esta madre de una víctima de feminicidio, quien comenta:

Cuando yo empecé con esta búsqueda de justicia para mi hija, era primero yo sola, todos los días sin falta iba a la fiscalía a ver cómo iba el caso, así otras madres se me fueron arrimando, a lo mejor porque yo soy muy luchona, muy gritona, y porque según ellas era la más preparada. Después, cuando ya habíamos ejercido presión, mucha presión, el gobierno decía que éramos sólo una bola de viejas argüenderas sin quehacer, luego nos decían agitadoras, de repente pasamos a ser activistas, y de un tiempo acá me di cuenta que soy defensora de dh. Porque no sólo es la justicia lo que pido, pido que se respete la vida de las mujeres y eso es un derecho humano. Pero, ¿sabes? Esto fue un largo caminar, para decir que soy defensora de dh, tuve que pasar por muchos talleres, pláticas, reuniones, conferencias… si yo no hubiera pasado por eso a lo mejor yo misma, y las otras madres que andamos en la lucha, nos hubiéramos quedado con la idea de que sólo éramos activistas. ¡Total! A mí llámame como quieras, pero de que defiendo los derechos, ¡los defiendo!

La diferencia entre identificarse o no como defensor o activista no es sólo un problema de etiqueta, suele venir aparejada de una diferencia en las estrategias y herramientas de defensa. De ahí que es necesario hacer una distinción entre defensores de dh formales e informales.[6] Esta distinción está relacionada con el tipo de expertise que cada uno de los grupos posee. No es que los formales sean expertos o más expertos en la defensa de los dh que los informales, se trata de diferentes conocimientos para distintas formas de pensar y proteger los dh. El aspecto relevante para el caso concreto es que estas dos distintas visiones de protección han tenido un impacto en la falta de cohesión del movimiento de dh en Ciudad Juárez.

Los defensores formales son aquellos que se encuentran insertos en una organización no gubernamental (ong) legalmente constituida, y regularmente pueden percibir un salario —aunque algunos no— por sus acciones de defensa; aquellos que pertenecen a alguna institución gubernamental y que por sus acciones son y se consideran defensores de los dh; y los que pertenecen a algún organismo internacional como la onu, es decir, cuentan con cierto grado de institucionalización. Según los propios defensores, son ellas y ellos los que cuentan con un mayor grado de expertise[7] pues dentro de su repertorio de acción se encuentra el litigio estratégico, documentación de casos, asesoría jurídica, articulación entre diversos sectores de la sociedad, presentación de quejas ante la Comisión Nacional y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (cndh, cedh), informes para los organismos del Sistema Interamericano de Naciones Unidas que lo requieran, al igual que los organismos como Amnistía Internacional (ai) o Human Rights Watch (hrw), y acompañamiento a las víctimas, por ejemplo, al Comité de Madres de Mujeres Desaparecidas.

Incluyen dentro de su accionar, y como parte importante, la asistencia a diversos foros, mesas de discusión, mesas de debate a nivel local, nacional e internacional respaldadas por instituciones de la onu o a organizaciones de larga data como los centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro o Fray Francisco de Vitoria, y dan testimonios sobre la situación de la ciudad en general o sobre un caso en particular, o incorporan las exigencias, aunque este tipo de defensores también hace uso de la denuncia pública como parte de sus estrategias. Asimismo, dentro del repertorio de defensa y promoción de los defensores formales, se encuentran las acciones que pretenden incidir directamente en la vida de las personas, por ejemplo: imparten talleres sobre violencia de género, sobre dh, campamentos de promoción de derechos del niño, campamentos con hijos de víctimas de feminicidio. Todas estas acciones de los defensores formales están enmarcadas en una agenda que se basa primordialmente en incidir en las políticas públicas. La expertise que dicen han adquirido, al igual que el capital político que se han agenciado por su vinculación con otras organizaciones, les da una capacidad de diálogo con el Estado.

Los defensores informales, en cambio, pertenecen a colectivos, frentes u organismos “independientes”, a la vez que su repertorio de defensa incluye acciones de denuncia pública, distribución de información, acciones de intervención comunitaria y apoyo a la comunidad, es decir, mecanismos de exigibilidad de dh sociales, extrainstitucionales o externos (Pisarello, 2007).[8] Este tipo de defensores considera que su principal actividad tiene que ver con la denuncia pública, la publicación recurrente de manifiestos, comunicados o artículos de opinión, seguimiento a diferentes casos o distribución de la información por medio de las redes sociales como Facebook o Twitter, así como el acompañamiento presencial a otras manifestaciones para las cuales piden su ayuda a los “nuevos actores”, sobre todo víctimas de la violencia. Dentro de este grupo también están aquellos defensores que utilizan las diversas manifestaciones culturales y artísticas como una forma de resistencia, que ellos mismos traducen como su forma de promover los dh.

Aquí es importante hacer una pausa y dejar claro que no hay un paralelismo entre las formas de iniciación y el tipo de identidad. No es que los defensores por convicción, o que los iniciados emergentes tengan siempre una identidad formal (o informal); más bien es que podemos encontrar lo mismo iniciados por convicción formales e informales. Esto es similar con los defensores de dh con una iniciación emergente (véase la gráfica 4).

Una vez que se asume la figura de defensor formal de dh, las otras figuras pierden sentido, y exponen claras diferencias entre “los activistas” (defensores informales) y los defensores formales: “Nosotras nos asumimos defensoras y ése es un concepto que tiene que ver con que nuestra perspectiva que parte de una perspectiva de acción de dh, es una perspectiva distinta a la que yo asuma la defensa de dh a la de quien se asume activista, pues este último no necesariamente puede ser un defensor”.

Gráfica 4. Confrontación de los defensores de derechos humanos por procesos de iniciación y mecanismos de defensa.

Los defensores formales suelen caracterizarse por identificar el trabajo de defensa con la conciliación más que con la confrontación. Además, consideran que, como defensores, se deben defender todos los derechos por igual y no sólo los que tengan relación con sus ideologías políticas. Más grave: para los defensores formales, los informales se limitan sólo a denunciar o manifestar inconformidad, mientras que aquellos autoidentificados como activistas (defensores informales) consideran que los otros no son y no podrán ser verdaderos defensores de los dh puesto que están financiados, en muchos de los casos, por el Estado y eso compromete la integridad de su defensa.

El punto del financiamiento es relevante en la construcción del defensor a partir del otro. Existe una crítica constante por parte de los defensores informales hacia aquellos que reciben, para su labor, recursos de fundaciones extranjeras pero, sobre todo, la crítica está dirigida hacia aquellos que captan fondos del Estado para generar acciones. Los defensores informales afirman que, al recibir financiamiento por parte de instituciones gubernamentales, los están condicionando a no mostrar el descontento “real” y a no generar acciones de fondo. Por su parte, los defensores formales consideran que realizan un trabajo “más serio” que va más allá de las acciones públicas de protesta y que involucra a más actores políticos, lo cual les da considerablemente mayores posibilidades de ampliar su acción con respecto a los otros.

Un ejemplo de esto podemos observarlo a partir de la masacre de Villas de Sálvarcar y de la subsecuente implementación del programa Todos Somos Juárez. Con este programa, los acercamientos entre los defensores, ante la emergencia de los hechos, se vieron interrumpidos debido al desacuerdo en recibir recursos públicos para la realización de proyectos de intervención social, elemento que, como comentan Ravelo y Sánchez (2010), ha sido una constante en los intentos de organización del movimiento de dh en Ciudad Juárez.

Yo me doy cuenta que estábamos ya partidos entre los que querían colaborar con el gobierno dentro del programa Todos Somos Juárez y toda la propuesta del gobierno, y los que decían que ni madres, entonces ya estábamos divididos.[Nosotros]siempre dijimos que dónde estaba el dinero estaba el diablo, pero también, yo en lo personal me asumo con un articulador, es decir que hablaba con todos, entonces estaba en medio, porque estaba de acuerdo que dónde estaba el dinero estaba el diablo es decir, ¡ni madres con el gobierno!, pero también estaba de acuerdo en que era necesario mantenernos juntos y articulados y que había que encontrar las vías políticas para el diálogo (Ravelo y Sánchez, 2010).

Estas disputas han sido documentadas por algunos investigadores,[9] quienes consideran que la falta de una plataforma ideológica y política común, un estilo de mando vertical y autoritario, los protagonismos personales, la “cooptación” de la causa, la desconfianza entre ellos mismos por el posible lucro a partir del dolor de las víctimas y la marginación de los hombres en el discurso excluyente, como las acciones del Estado para descalificar las acciones emprendidas, ha posibilitado que las ong se desarticulen y se debiliten.

Además de defensor de derechos humanos, ¿también soy víctima?

La victimización es otra de las categorías necesarias para poder hacer un mejor acercamiento a la construcción del derecho a defender los dh desde el actor en el caso de Ciudad Juárez (y en general en contextos de violencia). La victimización se observa a partir de la preponderancia que tiene esa percepción sobre otras, como el miedo, y la influencia de ésta en y para su labor. Se puede observar, entonces, que algunos defensores se consideran víctimas de la violencia. Los defensores incluidos dentro del espacio informal de iniciación por convicción se asumen como víctimas de una violencia estructural reflejada en las carencias materiales o en la imposibilidad de acceder a una educación pública. Tangencialmente, se consideran víctimas de la delincuencia. Por ejemplo,

De la violencia no eres víctima sólo cuando te la ejercen sobre tu propia persona. O sea […] existen muchos tipos de violencia, yo ahorita al no tener trabajo estoy siendo víctima de violencia, se está violentando mi derecho al trabajo. Si yo ahorita no puedo pagar las cuotas de inscripción, se me está violentando mi derecho a la educación gratuita, soy víctima de la violencia. Y también me considero víctima de esa violencia, de los asesinatos, porque pues igual me siento atacado, me siento aludido cuando matan a una persona.

Los defensores se consideran víctimas de la violencia como sociedad ya que las violaciones a los dh no sólo victimizan a la persona que las sufren, victimizan a la sociedad toda. Y esta victimización se da a partir de los homicidios, pues éstos son uno de los factores que incrementan la inseguridad entre los defensores. Por ello, consideran que “la vida es en conjunto, la vida nos pertenece a todos; entonces, cuando matan a una persona te están matando a ti, no hay forma de que separes tu vida de la vida de los demás. Siempre somos víctimas, más ahora”.

Otro sector de los entrevistados, que podría pertenecer a cualquiera de las categorías, se consideran víctimas de la violencia puesto que ésta ha trastocado su espacio y con ello ha modificado parte de sus rutinas como ciudadanos; consideran que no sólo ha cambiado su vida sino la de todos los habitantes de Ciudad Juárez. Precisamente,

La violencia no te permite caminar por ciertos lugares, visitar lugares que antes visitabas. En ese sentido, sí ha cambiado la vida pero no la mía en específico sino de la ciudad en general. Muchos compañeros, compañeras, han tenido que irse. Compañeros y compañeras con las que tenías proyectos y entonces ellos dicen: “¿Saben qué?, ya me voy de la ciudad”. Eso me convierte en víctima, o sea, no se puede vivir.

En suma a lo anterior, otro de los actores comenta:

Claro que sí. Aunque yo he mantenido, junto con mi compañera y algunos de mis amigos, una actividad […] es muy fuerte saber que en ciertos sectores no te puedes mover y a ciertas horas no puedes hacer cosas, que en ciertos lugares en específico ya no puedes hacer cosas, por supuesto que eso te violenta. Pero, la violencia se manifiesta de distintas maneras en una persona.

Sin embargo, existe una contraparte de defensores, primordialmente formales, que considera que el asumirse como víctimas les restaría movilidad y capacidad de acción; además plantean que no se trata de sentirse víctimas sino de no victimizar a los otros para crear una conciencia sobre sus derechos. Lo manifiestan de esta forma:

No quiero decir que soy víctima […] Y la cuestión de víctima no. Podemos decir que somos víctimas de esta violencia, de una manera o de otra, pero yo en lo personal no me quiero meter ahí, me quiero ver como una persona que defiende los derechos y a partir de eso es lo que trabajo, no solamente la organización, sino también en lo personal, y porque lo que quiero es que aquí en el centro una se transforme también en defensora, precisamente para mover. Porque cuando tu victimizas a la persona no se mueve, se estanca, pero si tú le das los insumos, la preparas, le dices lo que tiene que hacer y que tome por sí misma también su caso, entonces se cambia un poco la visión, “ya no voy a ser la víctima así, sino que voy a ser parte activa de esta etapa con mi familiar, de dar la seguridad”, por eso yo no considero que sea víctima en relación con esto.

A pesar del relato anterior, para los defensores el asumirse como víctimas los ha impulsado a seguir con la promoción y defensa de los dh, pues consideran que es un deber ineludible de conciencia lo que hacen, y que no dejarían de hacerlo ya que la circunstancia apremia.

Me ha impulsado. No porque sea un héroe ni quiera ser un mártir, no en ese sentido, sino porque… a mí me queda claro que yo no puedo estar en otro lugar que no sea Ciudad Juárez, porque me queda claro que lo que soy y lo que hago es aquí. Osea, seguramente si me fuera a otra ciudad inmediatamente me involucraría también en los mismos temas. Pero, mi conocimiento, mi experiencia, está aquí, entonces todo lo que yo hago está para aportarlo aquí.

Aunado a lo anterior, se deja entrever que el ser víctimas directas de la violencia (defensores emergentes) o el tener contacto con víctimas directas, así como compartir y asumir esa victimización, conlleva —en algunos casos— el inicio de las exigencias. Y es que “cuando uno se convierte en víctima es cuando uno empieza con el activismo”. Así, algunos actores consideran que

Impulsa, porque por ser víctima directa y por ver cómo ha sido victimada la gente, o la mayor parte de la gente que está a mi alrededor, he visto como han sido violentados, como viven la violencia. Tengo un rosario de historias, cantidad de historias, de nombres, de datos que he ido documentando, entonces creo que conozco tan bien esto que no podría hacer otra cosa, y eso me impulsa a nada más que hacer.

Yo me cuido, él me cuida, nosotros nos cuidamos: medidas de seguridad

Existen evidencias del grado de vulnerabilidad al que se enfrentan los defensores de dh y esto, de alguna manera, los ha concientizado sobre los riesgos que deben asumir por el trabajo que llevan a cabo. Sin embargo, pocos defensores realizan acciones en torno a su seguridad y la de quienes los rodean. Se observa una mayor estrategia de seguridad entre los defensores formales que en los informales. Un ejemplo de ello es lo que comenta el siguiente defensor, quien expresa que no se protege y que está consciente de lo que eso implica: “¿Cómo me protejo? El chiste es que no nos protegemos, no me protejo, es lo malo […] que nada más uno está esperando, uno está esperando a ver a qué horas les da la gana venir a hacernos algo”.

Cuestión parecida es lo que comenta otro de los defensores entrevistados, quien participa en diversos frentes y colectivos a nivel local y nacional, pero que no pertenece —ni quiere pertenecer— a ninguna ong u organismo institucionalizado de los dh. Este defensor considera que su protección es de carácter político puesto que no existe forma de protegerse de las agresiones de los diversos actores, principalmente de las violaciones a los dh que pudieran sufrir por parte de agentes estatales armados. Además, resalta lo que él llama “protección política” como la principal estrategia de seguridad que realiza:

La protección siempre es la misma, es protección política, no es protección logística, porque realmente no se puede hacer nada en contra de comandos armados. La protección siempre es política que es denunciar, informar, hacer responsable al gobierno de lo que te pueda pasar y eso es tu salvavidas. [Es] mandarle un mensaje al gobierno de que si me hacen algo va haber consecuencias políticas, “claro que me puedes matar, me puedes encarcelar, yo no me puedo defender”, tampoco pienso emigrar de la ciudad, no se puede estar viviendo escondido ni con miedo, pero hay que subirle el costo político al Estado.

Este defensor también resalta el costo político hacia el Estado como una forma de protección. Además, el hecho de ser un activista[10] parecería, en sí mismo, una manera de protección contra las agresiones posibles, y este mismo carácter de defensor es lo que no permitiría que lo vinculasen a los homicidios relacionados con el crimen organizado[11] y con eso se acarrea cierto tipo de seguridad. Afirma también que en realidad no existe defensor de dh que tenga estrategias de seguridad.

No, no tengo ninguna estrategia de seguridad. Ahora sí estoy nomás así, a la hora que quieran venir, ¿no? Y así estamos todos, no creas que hay alguien que se proteja, nadie se protege. Nuestra forma de protegernos es esa, mencionarlo, o sea, ser un activista. De hecho, ser activista social, en esta etapa, no me hace sentir tan vulnerable, es un costo político matar a un activista social, ¿si me explico? No es lo mismo, ahorita, yo desempleado, no estudio, soy un nini, así fácilmente podrían venir y matarme y nada pasa, “Ah, pues tenía nexos con el narcotráfico, o narco o algo”, a fuerza me vinculan con el narcotráfico y ya, no pasa nada. Pero si soy activista social, está documentado lo que he hecho, hay textos de lo que ha escrito, entonces ahí el Estado puede tener un… puede salir jodido, ¿no? puede tener un costo mi muerte.

Otros defensores hablan sobre la necesidad de hacerse visibles y con ello lograr cierto nivel de protección:

La estrategia para evitar represiones es hacerse cada vez más público. Los asesinatos de Estado son muy costosos para ciertos regímenes, entonces… llega un momento en que si tú estás denunciando la militarización y estás presente en la política denunciando la militarización y te matan, pues la gente va a decir “pues lo mató el ejército”.

Algunos defensores informales consideran que una de las grandes carencias de la sociedad civil organizada en Ciudad Juárez es la falta de mecanismos de seguridad, y reconocen que es más por iniciativa propia que de la organización en la que se trabaja que asisten a diversos talleres de defensa y seguridad, en los cuales han desarrollado mecanismos particulares para su protección.

Había tenido talleres de seguridad en algún momento de mi vida, de seguridad en la sociedad civil organizada. He desarrollado, por mi conocimiento sobre el tema de la seguridad, una manera de entender algunas cosas: vehículos fuera de mi casa que no conozco inmediatamente los registro, inmediatamente registro más de dos personas en un vehículo que no conozco, no quiero decir que todos, ciertos vehículos, ciertas personas, ciertas características. Esto es así, a partir de particularidades, por ejemplo, en mi teléfono celular yo tengo una tecla, los nombres de mis amigos que inmediatamente van a reaccionar en caso de cualquier cosa. [Por otro lado] no podíamos permitir que nos mataran a uno de nosotros, no íbamos a ponernos en riesgo ninguno de nosotros, entonces dijimos: “Lo mejor es mantener un perfil bajo”.

Un aspecto relevante en torno a la protección de los defensores informales ha sido el exilio. En la mayoría de los casos documentados, como el de Saúl Reyes Salazar, los mismos defensores llegan al centro de migración y piden en ese momento el asilo, para iniciar el proceso una vez que se está dentro del país.

Por otro lado, los defensores formales cuentan con una serie de elementos que nos hablan de una conciencia mayor sobre el nivel de riesgo y, por tanto, actúan en consecuencia. Es decir, ellos toman medidas específicas en materia de seguridad personal que van desde talleres integrales de seguridad hasta acciones concretas en el plano colectivo e individual. Además, son conscientes de la presión que pueden ejercer otras organizaciones con las que están vinculados a nivel estatal, local, nacional e internacional y del costo político que supondría algún ataque hacia ellos. Un ejemplo de esto se halla en el siguiente testimonio:

Tenemos un protocolo de protección. Digamos por ejemplo, que si vamos a salir a algún evento, salir acompañadas, tenemos que avisar dónde estamos, si estamos en la casa decimos que ya llegamos, si hay un incidente tenemos una bitácora de incidentes, son una serie de situaciones. Si pasa algo, ¿qué tenemos que hacer? […] Hablarle a los medios, hablarle a organizaciones. Pero la mejor seguridad es que ellos se den cuenta que si te tocan les va a ir mal, ¿sí me explico?

Para este mismo grupo, la vinculación con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos les ha proporcionado una serie de herramientas con las que han podido establecer cierto cerco de seguridad; ello también se suma a las redes que han tejido con organizaciones diversas, elemento que consideran primordial y sin el cual no sentirían consolidado su sistema de protección.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas empieza a generar algunos talleres para protección a defensores y defensoras. Se empiezan a generar estas propuestas de los mecanismos de protección a nivel nacional y por eso es que estamos trabajando con otras organizaciones, para trabajar mucho la situación de las propias defensoras de derechos humanos y las medidas de protección y de seguridad de acompañamiento y sobre todo, de que cuando hacemos alguna acción en Juárez o en otro estado, se pueda informar a las demás, para que las demás estemos al tanto, nos solidaricemos, hagamos acciones urgentes. […] la generación de redes locales, y de articulación, y de comunicación, y de contacto local entre todas las compañeras, los vínculos, la cercanía en sí mismos son una medida de protección.

Los defensores formales, que debido a las amenazas de muerte o ataques perpetrados han tenido que recurrir a las medidas cautelares[12] para garantizar su seguridad, comentan:

A partir de los ataques, pues los abogados de la organización me pidieron las medidas cautelares, que no me las querían dar, pero ya al fin las tengo. Primero tenía una bola de policías siguiéndome para todos lados, pero ahora ya es una escolta pequeña de tres personas, más discreta. Y bueno, traigo el radio, el celular, de donde están checando a cada ratito que todo esté bien.

Cabe resaltar que ambos grupos de defensores coinciden en la presión nacional e internacional que acarrearía un ataque hacia su persona y con ello, sobrevaloran los costos políticos de cualquier acción en su contra. Así, se puede ejemplificar: si el Estado ataca a una persona, tiene un costo político; si el costo es más alto, se detiene más para atacar.

Conclusiones

El principal objetivo de este texto fue analizar la construcción del derecho a defender los dh desde los propios actores en contextos de violencia. Para ello, nada mejor que considerar a los defensores de dh en Ciudad Juárez durante el 2011. Para ello nos preguntamos: ¿cómo se construye la identidad y el ejercicio de las y los defensores de dh en Ciudad Juárez desde los propios actores? Construimos la respuesta a partir de cuatro directrices: 1) recuperando el proceso de iniciación de los defensores de dh (por convicción/emergentes), 2) identificando los mecanismos de defensa (formales/informales), 3) observando la forma en que se miran a sí mismos como víctimas, y 4) viendo cuáles son las estrategias de seguridad que generan para sí mismos. A partir de las categorías mencionadas, tenemos que la identidad de un defensor en Ciudad Juárez pasa por tres posibles adscripciones: identificarse como defensor de dh o como activista; tener un proceso de iniciación por convicción o emergente; y practicar un repertorio de defensa de los dh formal o informal. El primer hallazgo relevante es que todas estas categorías no están necesariamente alineadas. Podemos encontrar defensores que, teniendo un proceso de iniciación emergente, prefieren utilizar repertorios formales, a la par que hay defensores emergentes con repertorios informales. Lo mismo sucede en el caso de los defensores por convicción.

Un segundo hallazgo se encuentra en los efectos de la victimización, aspecto relevante para comprender la defensa de dh en contextos de violencia. Si bien, una posible estrategia de los Estados en torno a la defensa de dh puede ser la represión, esta estrategia no siempre es exitosa. Se observa en los discursos de los entrevistados que aunque se consideren víctimas —a la par que entienden procesos de victimización de forma mucho más amplia y estructural—, la consecuencia de este proceso de victimización es un llamado a la organización, a la defensa de los derechos. Más aún, este proceso de victimización fue uno de los principales motores en la iniciación de los propios defensores emergentes. Lo cierto es que este segundo hallazgo debe ser matizado. Las posibilidades y límites del éxito/fracaso de la criminalización como mecanismo de reacción por parte del Estado tendrían que ser recuperadas en un análisis comparado o en un estudio estadístico.[13]

Un tercer hallazgo proviene del tipo de repertorios que se utilizan para la defensa de los dh: defensores formales e informales. El desacuerdo en torno a la mejor estrategia (sin que necesariamente ambas sean inconmensurables) ha tenido como consecuencia un franco desencuentro entre los dos grupos de defensores de dh que ha complicado la conformación de un movimiento de defensa más sólido y organizado. Claramente esta disputa no sólo está cruzada por un problema de elección de medios, sino por un conflicto en torno a fines y valores que deberían defenderse por medio de los dh. Sin embargo, debido a la acotación de las categorías que analizamos en este estudio, en él no se pueden observar los principales objetivos de defensa de los dh de los defensores formales, informales, por convicción o emergentes, los cuales pueden variar desde la búsqueda de la resolución de un caso particular, al respeto de ciertos derechos, a objetivos abiertamente antisistémicos.

Un cuarto y último hallazgo está relacionado con la respuesta disímil al sentimiento de vulnerabilidad. Si bien, en el contexto de violencia los defensores se identifican como víctimas, e incluso esa sensación los lleva a una mayor movilización, pese a ello, en los defensores formales no se observan medidas innovadoras de autoprotección y, peor aún, en los informales no se observa medida de protección alguna.

Fuentes

Ansolabehere, Karina

2010 “Los derechos humanos en los estudios sociojurídicos”, en Ariadna Estévez y Daniel Vázquez, coords., Los derechos humanos en las ciencias sociales: una perspectiva multidisciplinaria. México: cisan, unam/Flacso México, 19-41.

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (cmdpdh)

2011 El derecho a defender los derechos humanos en México. México: cmdpdh.

Davenport, Christian y David Armstrong

2004 “Democracy and the Violation of Human Rights: A Statistical Analysis from 1976 to 1996”, American Journal of Political Science 48, no. 3: 538-554.

Herrera, L.

2007 El desgobierno de la ciudad y la política de abandono: miradas desde la frontera norte de México. Ciudad Juárez, México: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (uacj).

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (inegi)

2012 Población, hogares y vivienda, en URL <http://www.inegi.org.mx/Sistemas/temasV2/Default.aspx?s=est&c=17484>, consultada el 13 de mayo de 2012.

Jusidman, Clara

2007 La realidad social de Cd. Juárez. Ciudad Juárez, México: uacj.

Long, Norman

2007 “Defensores y defensoras de derechos humanos”, cdhdfensor, El derecho a defender los derechos humanos y la libertad de expresión V, no. 7 (julio): 65-74.

Martín, A., A. Fernández y K. Villarreal

2008 “Activismo transnacional y calidad de la democracia en México: reflexiones en torno al caso de Ciudad Juárez”, European Review of Latin American and Caribean Studies, no. 84 (abril): 21-36, en <http://www.jstor.org/stable/25676305>, consultada el 12 de febrero de 2012.

Nyamu-Musembi, C.

2002 “Towards an Actor-oriented Perspective on Human Rights”, Institute of Development Studies (ids) Working Paper no. 169 (octubre).

Padilla, H.

2011 “Violencia, militarización y género en el nuevo desorden juarense”, en A. Payán, coord., De soldaderas a activistas: un diagnóstico de la mujer chihuahuense. Ciudad Juárez: uacj, 305-322.

Pérez-Gil, Sara E. y Patricia Ravelo, coords.

2004 Voces disidentes. Debates contemporáneos en los estudios de género. México: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología (ciesas)/ Social Miguel Ángel Porrúa.

Pisarello, Gerardo

2007 Los derechos sociales y sus garantías. Madrid: Trotta.

Rajagopal, B.

2005 El derecho internacional desde abajo. El desarrollo, los movimientos sociales y la resistencia del tercer mundo. Bogotá: Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un derecho Alternativos (ilsa).

Ravelo, P. y H. Domínguez, coords.

2006 Entre las duras aristas de las armas. Violencia y victimización en Ciudad Juárez. México: ciesas.

Ravelo, P. y S. Sánchez

2010 “Cultura obrera en las maquiladoras de Ciudad Juárez en tiempos catastróficos”, El Cotidiano, no. 164 (noviembre-diciembre): 19-26.

Sandoval Bautista, J.R.

2008 “El derecho a defender los derechos humanos en México: análisis desde las obligaciones internacionales”. México: Flacso México, tesis de maestría.

Santos, B. de S. y C. Rodríguez Garavito

2007 “El derecho, la política y lo subalterno en la globalización contrahegemónica”, en B. de S. Santos y C. Rodríguez Garavito, eds., El derecho y la globalización desde abajo: hacia una legalidad cosmopolita. México: Anthropos, 7-27.

Sistema Estatal y Municipal de Bases de Datos (Simbad)

2012 Estadísticas de mortalidad, Estadísticas sociales, Seguridad y orden público, en URL <http://sc.inegi.org.mx/sistemas/cobdem/contenido-arbol.jsp?=false>, consultada el 18 de mayo de 2012.

Stammers, N.

2009 Human Rights and Social Movements. Londres: Pluto Press.

2005 “La aparición de los derechos humanos en el norte: hacia una revaloración histórica”, en Naila Kabeer, ed., Ciudadanía incluyente: significados y expresiones. México: Programa Universitario de Estudios de Género (pueg), unam, 57-74.

1999 “Social Movements and the Social Construction of Human Rights”, Human Rights Quarterly 21, no. 4: 980-1008, The Johns Hopkins University Press, en <http://muse.jhu.edu/journals/human_rights_quarterly/v021/21.4stammers.html>.

Vázquez, Daniel

2011 “Los derechos humanos, la democracia representativa y los mecanismos sociales de garantía. Notas para una reflexión”, en Crítica jurídica. Revista Latinoamericana de Política, Filosofía y Derecho, no. 31 (enero-junio): 173-191.

Zavaleta, J. et al.

2007 “El consenso de la inseguridad y las tasas delictivas”, en J. Zavaleta, coord., La seguridad pública local: inseguridad, delincuencia y participación ciudadana en Ciudad Juárez. Ciudad Juárez: uacj, 19-83.

Fuentes complementarias

Amnistía Internacional

2010 Exigiendo justicia y dignidad: defensores y defensoras de los derechos humanos en México. Madrid: Amnistía Internacional Publications.

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (cdhdf)

2011 Informe especial sobre el derecho humano a defender derechos humanos en la Ciudad de México. México: cdhdf.

Estévez, Ariadna

2010 “Los derechos humanos en la sociología política contemporánea”, en A. Estévez y D. Vázquez, coords., Los derechos humanos en las ciencias sociales: una perspectiva muldisciplinaria. México: cisan, unam/ Flacso México, 135-165.

Los límites de los derechos humanos para la transformación social en contextos de violencia

Violencia, necropolítica y biopolítica: los exiliados mexicanos en Estados Unidos

Ariadna Estévez[*]

En 2006, el entonces presidente de México Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico.[1] La elección de palabras no fue simplemente metafórica pues Calderón ordenó el despliegue de más de cuarenta y cinco mil soldados en las zonas donde los cárteles de la droga tenían mayor presencia. En 2012, la militarización se volvió generalizada —más de setenta mil soldados ocuparon las calles del norte y centro de México—, igual que la muerte. Tiroteos, fuegos cruzados, decapitaciones y atentados con coches bomba contra las autoridades gubernamentales y las bandas rivales se volvieron cotidianos, mientras que secuestros y extorsiones, así como desapariciones forzadas y ejecuciones relacionadas con civiles se convirtieron en eventos habituales. El costo humano de la guerra contra las drogas de Calderón fue devastador: la pérdida de más de noventa y cinco mil vidas y la desaparición forzada de más de veintisiete mil personas (Proceso, 2013; Zúñiga, 2012). En cuanto al desplazamiento forzado, el 2 por ciento de la población mexicana se vio obligada a huir de sus hogares a causa de la violencia criminal (Benavides y Patargo, 2012).[2]

La muertes, las desapariciones forzadas y el exilio son efectos de la gubernamentalización específica del Estado mexicano —que incluye el uso compartido, entre autoridades estales y bandas criminales, de técnicas de dominación de la población para actuar sobre sus acciones mediante prácticas que producen muerte—, que usa la guerra contra el narcotráfico como su dispositivo fundamental y la militarización como su estrategia central. Las violaciones a los derechos humanos (dh) tales como ejecuciones, tortura, desapariciones forzadas y desplazamiento forzado pueden considerarse consecuencias de la necropolítica o el “gobierno privado indirecto” (Gržinić, 2010; Mbembe, 2011) en su expresión específicamente mexicana (Valencia, 2010), igual que la dislocación del discurso de dh en su papel protector. Mientras que los efectos de la dislocación en organismos internacionales se analizan con una problematización distinta en los artículos de Anaya y de Ansolabehere en este libro, el presente artículo tiene como objetivo abordar la dislocación —y, de forma más importante, los efectos de esta dislocación— para la protección de sujetos perseguidos en el ámbito de la persecución y el asilo político, más específicamente en las solicitudes de asilo de mexicanos que se refugian de la violencia en El Paso, Texas.[3] Asimismo, se analiza cómo de forma paralela esta dislocación transforma los dh en un dispositivo del aparato regulador de la migración en el que se inserta la ley de asilo en Estados Unidos.

De esta forma, primero se discutirá cómo funciona el biopoder, cómo constituye una biopolítica, cómo su expresión en el tercer mundo es la necropolítica, y cómo ambos —biopolítica y necropolítica— son mecanismos de un mismo engranaje. Después, se abordará cómo los objetivos, la racionalidad y el modo de subjetivación derivado de ambos —el sujeto Endriago (Valencia, 2010)— dislocan el discurso de dh de tal forma que su política excluye a los verdaderos solicitantes de asilo mexicanos. Exponiendo las nuevas narrativas de persecución derivadas de la necropolítica mexicana, se analizará cómo esta dislocación transforma el discurso en un dispositivo cuyas prácticas sostienen el aparato de regulación migratorio en Estados Unidos. Las conclusiones darán indicios de cómo debería transformarse el discurso de dh para constituir una nueva política de la verdad que sirva para las luchas de los sujetos sociales y no para sostener prácticas de dominación.

Biopolítica y necropolítica: fenómenos complementarios

Michel Foucault no hizo una teoría del poder, pero sí aventuró una “filosofía analítica del poder” que no intenta definirlo sino establecer cómo funciona y cómo somete a los sujetos (Castro, 2004: 204). Este trabajo analítico repara en los sistemas de diferenciación, las modalidades instrumentales y las formas de institucionalización del poder. En esta filosofía, el poder consiste en “conducir conductas”, es decir, no actúa sobre las personas sino sobre sus acciones, induciéndolas, facilitándolas, dificultándolas, limitándolas o impidiéndolas; las relaciones de poder se vuelven de dominación cuando son bloqueadas con técnicas que permiten dominar la conducta de otras. El vehículo ideal del poder es el discurso y opera mediante dispositivos (instrumentos no discursivos vinculados a los discursos) que se mantienen a través de diversas estrategias. Foucault encontró tres tipos de poder que emergen en contextos históricos determinados, pero que no se reemplazan uno con el otro sino que se superponen: el poder soberano, el disciplinario y el biopoder. Mientras que el poder soberano se ejecuta por medio de dispositivos disciplinarios, el biopoder significa un juego de relaciones fundamentalmente diferentes en sus objetivos, objetos, racionalidad, dispositivos, estrategias y luchas o resistencias (Castro, 2004).

El biopoder modifica el objetivo soberano del poder disciplinario de dejar vivir y hacer morir y lo invierte: en lugar de dejar vivir y hacer morir, ahora el poder tiene el objetivo de hacer vivir y dejar morir. El poder disciplinario no sustituye al soberano sino que lo incorpora y lo lleva a otro nivel, a otra área de acción que utiliza diferentes dispositivos y técnicas. Mientras que el poder disciplinario se centra en los cuerpos individuales como objeto (anatomopolítica), el biopoder se centra en los procesos que son específicos de la propia vida, como el nacimiento, la muerte, la reproducción, la migración y la enfermedad; así que la racionalidad, dispositivos, estrategias y luchas o resistencias que genera también son diferentes (Castro, 2004; Foucault, 2006a). Como lo dice Foucault, se trata de un “asesinato indirecto” porque sin matar intencionalmente, poblaciones enteras mueren a consecuencia de que el Estado no esté haciendo algo por ellos (Foucault, 2006a). El campo biológico controlado por el biopoder se fragmenta en una jerarquía de razas, y los que están en la parte inferior son los que son abandonados para morir (Foucault, 2006b).[4]

La racionalidad con la que opera el biopoder es la de la gubernamentalidad y se define como el conjunto de instituciones, análisis, cálculos y tácticas que tienen como objetivo la población, por forma la economía política, y por instrumento los dispositivos de seguridad (Castro, 2004: 130-131). Para Foucault, la gubernamentalidad no es exclusiva del Estado, pues las técnicas de gobierno son el conjunto de acciones sobre las acciones posibles de otros sujetos, o las acciones ejercidas sobre sí para dominar placeres o deseos. Para diferenciar la gubernamentalidad política de las de otra índole, Foucault llama a ésta la gubernamentalización del Estado y es la línea de gobierno seguida por occidente. Es el resultado de un proceso que combina técnicas de dominación y técnicas de sí que han llevado a que el Estado de justicia —el soberano que se rige por las leyes— se convierta en un Estado administrativo, un Estado gubernamentalizado (Castro, 2004).

Varios teóricos de África, América Latina y Europa del Este han destacado que la biopolítica no funciona igual en todas partes, y que es insuficiente para explicar los objetivos de las relaciones de poder en el tercer mundo, donde la violencia criminal y del Estado gubernamentalizado revelan que el objetivo no es la regulación de la vida sino de la muerte. En otras palabras, en el tercer mundo en vez de biopolítica hay necropolítica (Gržinić, 2010; Valencia, 2010; Mbembe, 2011). Valencia (2010) cree que la muerte, más que la vida, se encuentra al centro de la biopolítica y la transforma en necropolítica; sin embargo, cree que en el tercer mundo no es suficiente con incorporar al análisis el impacto mortal del neoliberalismo y de las actividades de las entidades privadas necroempoderadas, sino que el análisis tiene que ser geopolítica y contextualmente específico. En su caso, reflexiona sobre la necropolítica en sociedades simultáneamente empobrecidas e hiperconsumistas como las de las ciudades fronterizas de México, donde la violencia extrema y el hiperconsumo son elementos estructurantes en la construcción de subjetividades disidentes —aunque ilegítimas— que resisten el poder del Estado (Valencia, 2010).

Valencia afirma que, si la biopolítica controla los procesos vitales, las exigencias capitalistas han transformado en mercancías la vida y todos sus procesos asociados, como la muerte. En las sociedades hiperconsumistas los cuerpos se convierten en una mercancía, y su cuidado, conservación, libertad e integridad son productos relacionados. Como mercancía, la vida es más valiosa si se encuentra amenazada, secuestrada y torturada (Valencia, 2010); las corporaciones ilegales ejercen un poder de opresión análogo al del Estado y se han convertido en un Estado paralelo que reconfigura la biopolítica y utiliza técnicas que Valencia denomina necroprácticas —acciones radicales dirigidas a infligir dolor, sufrimiento y muerte, por ejemplo: asesinato, tortura y secuestro— para aprovechar, conservar y lucrar con el poder de hacer morir. Al igual que el Estado legítimo, su contraparte criminal pretende tener el control sobre el territorio, la seguridad y la población, es decir, gobernar a través de la explotación de los recursos nacionales, la venta de seguridad privada, y la población. Controla los cuerpos de la población y los hace mercancías de intercambio o consumidores de los bienes ofertados en el narcomercado. La interpretación mexicana de Valencia de la política de la muerte es sólo una parte de un marco más amplio de interpretación cultural y socioeconómica destinada a explicar la dinámica interna de la violencia en el norte de México, específicamente en las ciudades fronterizas como Tijuana, Baja California (o Ciudad Juárez, Chihuahua, en el caso analizado aquí), donde el desplazamiento forzado y el asilo son ya problemas endémicos. Ella llama a este marco capitalismo gore.[5]

De todas las aproximaciones a la necropolítica, la de Valencia es la que mejor describe el lugar de la vida y la muerte en la gubernamentalización del Estado mexicano, aunque difiero de su interpretación del papel de las bandas criminales. Desde una perspectiva necropolítica del Estado gubernamentalizado, yo diría que las bandas criminales no necesariamente representan un Estado paralelo, sino que a veces y en distintos niveles comparten las técnicas, prácticas y dispositivos del Estado gubernamentalizado, y lo hacen híbrido en la ejecución de sus funciones económica, de seguridad y regulación de la aplicación de técnicas de muerte.[6] Es decir, la necropolítica del Estado mexicano gubernamentalizado consiste en el uso compartido, entre autoridades estales y bandas criminales, de técnicas y prácticas de dominación de la población tales como la militarización, el despliegue público de violencia y la sujeción de los cuerpos a violencia extrema (torturas, ejecuciones, desapariciones, persecución), y regulan así no la vida de la población, sino su muerte en función de la política económica de la industria criminal. Esta necropolítica usa la guerra contra el narcotráfico como su dispositivo fundamental y la militarización como su estrategia central.

Las formas específicas de subjetivización de esta necropolítica se pueden definir con lo que Valencia ha denominado el sujeto Endriago, que es el resultado subjetivo de las dinámicas socioculturales del capitalismo gore. Valencia afirma que los rasgos culturales de este capitalismo se construyen sobre la subversión del significado del trabajo del posfordismo, pues en éste el trabajo como una actividad social significativa ha sido reemplazado por el consumo, incluso en lugares extremadamente desfavorecidos y marginados. Hay una actitud de intenso desprecio hacia la cultura laboral y la clase trabajadora en general, actitud que subvierte los procesos tradicionales de reproducción del capital y, dado que el trabajo no es valorado socialmente, los jóvenes que necesitan sentirse competentes en su rol de proveedores en una dinámica de hiperconsumo son quienes buscan “trabajo” en la industria gore (asesinatos, drogas, secuestro, comercio del sexo) (Valencia, 2010). Debido a la presión generalizada para el consumo y a la frustración entre los jóvenes que no pueden llegar a tales niveles de consumo, la economía criminal y el uso de la violencia como una herramienta de mercado se han convertido en una alternativa.

Las relaciones de necropoder actúan para inducir a los sujetos a necroprácticas que se ofrecen en el biomercado. La subjetividad que surge de esta inducción es lo que Valencia llama el sujeto Endriago y que, como veremos después, es el principal agente perseguidor en los casos de asilo de mexicanos. El Endriago es un personaje mítico del libro Amadís de Gaula, de la literatura medieval española. El Endriago es un monstruo, un híbrido que conjuga hombre, hidra, y dragón; es una bestia de gran altura, fuerte y ágil que habita tierras infernales y produce un gran temor entre sus enemigos. Valencia adopta el término Endriago para conceptualizar a los hombres que utilizan la violencia como medio de supervivencia, mecanismo de autoafirmación y herramienta de trabajo. Asegura que los Endriagos no sólo matan y torturan por dinero, sino que buscan dignidad y autoafirmación; por las condiciones sociales y culturales imperantes en México no debería ser una sorpresa que los Endriagos usen necroprácticas para satisfacer las demandas consumistas ya que, con ello, subvierten la sensación de fracaso causada por la frustración material.

Para Valencia, el Endriago es la subjetividad disidente del neoliberalismo, pero no significa que sea una resistencia legítima: los Endriagos siguen siendo hombres de negocios que toman el neoliberalismo hasta sus últimas consecuencias, resistiendo el Estado neoliberal pero de una manera distópica. Según Valencia, el Endriago no se opone al Estado como tal, sino que quiere reemplazarlo en sus funciones biopolíticas de control de la población, el territorio y la seguridad mediante las técnicas y tácticas de dominación gore (Valencia, 2010). Para los fines de este artículo, el Endriago no reemplaza las funciones de los agentes del Estado sino que es la subjetivización que surge del Estado gubernamentalizado en México que, como dije, es una amalgama a diferentes niveles y grados, de bandas criminales e instituciones del Estado. Los Endriagos son frecuentemente exsoldados, expolicías o exguardias privados, pero en otros casos sus vínculos con el gobierno no son suficientemente claros.

En términos del análisis de dh, la necropolítica y su subjetivación principal —el Endriago (Valencia, 2010)— permiten identificar las prácticas específicas del Estado mexicano gubernamentalizado que conducen a las relaciones de dominación (violaciones a los dh) que obligan a las personas a huir y convertirse en solicitantes de asilo que, a su vez, son sujetos del dispositivo de dominación del asilo en Estados Unidos. Asimismo, las formas derivadas de la subjetivización del necropoder permitirán ver cómo un discurso que debería servir de dispositivo auxiliar en las luchas jurídicas de sujetos dominados —el de dh— se convierte en una práctica discursiva que no sólo no interpela las estrategias del Estado gubernamentalizado sino que, en su función de medio de protección complementaria en la interpretación de la ley de asilo, opera como técnica y práctica de significación que mantiene las relaciones de dominación representadas en la ley de asilo. Esto es lo que se verá a continuación.

La dislocación necropolítica del discurso de derechos humanos

Para Foucault, los discursos son elementos o bloques de tácticas en las relaciones de fuerza y construyen subjetividades (Castro, 2004). Asimismo, un dispositivo es el conjunto de relaciones que se construyen en torno a un discurso: instituciones, leyes, políticas públicas, disciplinas, enunciados científicos y filosóficos, conceptos, proposiciones morales, etc. (Castro, 2004). Como dispositivo de poder, los dh tienen efectos de verdad, es decir, establecen subjetividades, objetos y conceptos que dividen lo falso de lo verdadero. Para crear estos efectos de verdad se apoyan en otros discursos verdaderos (como el derecho, la criminología, etc.), y su discurso se produce y distribuye bajo el control de grandes aparatos políticos y económicos (cortes, organismos públicos, organizaciones de la sociedad civil) (Castro, 2004). Los dh tienen efectos de verdad sobre lo que sí y lo que no constituye un acto violatorio de ellos mismos, una víctima de este acto y un contexto en el que esto ocurre. Han creado un régimen de verdad en el que la definición de la atribución, la responsabilidad, el contexto y la víctima excluyen diversas subjetividades, objetos y conceptos que se derivan de relaciones de dominación contemporáneas, como las que surgen de la necropolítica.

Los dh construyen narrativas verdaderas en las que los actores estatales son siempre los perpetradores y responsables de violaciones a esos derechos tales como ejecuciones, desaparición forzada y persecución. Como lo explica Douzinas,

los derechos humanos son la forma en que la gente se expresa sobre el mundo y sus aspiraciones; son la expresión de lo que es universalmente bueno en la vida. Se han arraigado en el nuevo orden mundial, sus reclamos han sido adoptados, absorbidos y reflexivamente asegurados contra cualquier desafío. Asentimiento y crítica, aprobación y censura son parte del mismo juego, contribuyendo simultáneamente a la proliferación sin fin y la colonización de los derechos (Douzinas, 2007: 33; traducción de la autora).

Sin embargo, el carácter híbrido de la gubernamentalidad del Estado mexicano y su necropolítica subvierten la política de verdad del discurso de dh porque se apoya en la noción filosófica de una supuesta división entre lo público y privado —propia del derecho en su concepción liberal— y ésta se vuelve más borrosa que nunca. El concepto laclauniano de dislocación puede ayudar a entender esta subversión. La dislocación se refiere a los procesos sociales o eventos que no pueden ser representados o simbolizados dentro de un sistema discursivo y en consecuencia lleva a la disrupción de la estructura misma (Laclau, 1990; 1996). O como explica Panizza (2002):

La dislocación es ocasionada por eventos que operan más allá del control de las fuerzas hegemónicas, que no pueden ser simbolizados por el orden discursivo existente y por tanto no pueden ser integrados dentro de sus fronteras políticas, culturales e institucionales. Como resultado, la dislocación descentra el orden social y lo abre a diferentes prácticas discursivas que intentan restaurar su relativa unidad (Panizza, 2002: 66).

La necropolítica ha dislocado el discurso de dh porque produce nuevas subjetividades que desafían el enunciado filosófico de la división público/privado, tales como la emergencia del sujeto Endriago, cuya atribución estatal es siempre dudosa (¿el sicario es un empleado del Estado o el empleado del Estado funge también como sicario?); la delincuencia como un componente del Estado gubernamentalizado; y la sujeción de nuevas identidades sociales —familias de negocios, personas que denuncian impunidad en crímenes comunes, etc.— a la dominación del Estado gubernamentalizado. Según Foucault, la verdad se apoya en aparatos institucionales y en otros discursos (Castro, 2004); en el caso de los derechos humanos, el discurso de soporte es el de derecho liberal, el cual desde su etapa temprana estableció que el gobierno (lo público, la esfera política) no debía interferir en los ámbitos personal y social (la esfera privada) donde se suponía que los individuos satisfacían sus metas de autorrealización, propiedad privada y familia. La división público/privado es una característica clave del pensamiento liberal que permea los aparatos legales, tanto nacionales como internacionales, y ha sido el objeto de la crítica feminista desde hace décadas. Las juristas feministas Chinkin (1999), Gal (2005) y Owens (2008) aseguran que la dicotomía público/privado en la ley siempre ha sido artificial, construida a través del lenguaje, y sirve a propósitos ideológicos porque “tiene consecuencias políticas: disfraza las relaciones de poder, evoca ansiedades características, y a veces da forma a nuevas imaginaciones políticas” (Gal, 2005: 25). Para Gal, la separación es artificial y tiene objetivos económicos; también para Owens, quien asegura que “definir una actividad económica como ‘privada’ libera el proceso de acumulación y circulación de la riqueza y las separa de la regulación democrática. De forma similar, los estados poderosos pueden organizar la fuerza de una forma que pasa como ‘privada’ y/o extranjera porque esto reduce el escrutinio político” (Owens, 2008: 987). Chinkin cree que esta división tiene importantes consecuencias para la legislación internacional, especialmente la de derechos humanos, porque define una visión estadocéntrica de la responsabilidad y la atribución; asegura que:

Muchas de estas críticas son igualmente pertinentes para la replicación de la dicotomía en la legislación internacional, la cual defiende una visión muy tradicional del rol del Estado. Su demanda de aplicación universal asume una racional comúnmente aceptada para hacer una distinción entre la conducta de los órganos estatales y los de otras entidades que de hecho dependen de las convicciones filosóficas referentes al adecuado rol del gobierno y de la intervención gubernamental. Establecer una línea entre público y privado es culturalmente específico y la pertinencia de usar herramientas analíticas occidentales para entender el régimen global (de derechos humanos) es cuestionable (Chinkin, 1999: 390).

La necropolítica, a través de su forma de subjetivación central —el Endriago— disloca la dicotomía público/privado en la legislación de dh porque lo que solía pertenecer claramente a la esfera privada (negocios y criminalidad) se encuentran ahora entrelazados con lo político debido a la cooptación criminal del Estado y la aparición de nuevas subjetividades antagónicas tales como el Endriago. Esta dislocación es un poco diferente a la crítica feminista discutida arriba en términos de la definición de atribución, responsabilidad y contexto en el marco de los derechos de las mujeres y los laborales debido a que no se trata del carácter público de la delincuencia sino de su carácter indefinido establecido por las particularidades de la gubernamentalización del Estado mexicano, donde la línea entre dominación político-estatal y delincuencial es inconmensurable.

En consecuencia, la responsabilidad, la atribución y el contexto en las violaciones a los dh más ampliamente aceptados por el liberalismo, tales como el derecho a la vida y la seguridad personal, se dislocan porque los sujetos Endriagos son los responsables de las ejecuciones, la tortura, la desaparición forzada y la persecución en el nombre un Estado gubernamentalizado, pero que en las narrativas de dh verdaderas descartan como violaciones y se califican a priori como actividades delincuenciales por sus objetos (extorsiones, pagos de cuotas, denuncia de las bandas delincuenciales), sujetos (sujetos Endriagos de atribución dudosa) y sujetados (hombres o mujeres de negocios, familias con propiedades y negocios, ciudadanos comunes que buscan justicia). Como estrategia de dominación, el discurso de dh —tradicionalmente ubicado en el marco del poder soberano— se integra también al aparato biopolítico como un dispositivo más porque impide la argumentación a favor de los dominados por el necropoder.

Foucault señaló que una consecuencia del desarrollo del biopoder “es la importancia creciente tomada por el juego de la norma a expensas del sistema jurídico de la ley” (Castro, 2004: 219); no es que “la ley desaparezca o que las instituciones de justicia tiendan a desaparecer, sino que la ley funciona cada vez más como una norma y que la institución judicial se integra más y más a un continuum de aparatos (médicos, administrativos) cuyas funciones son sobre todo reguladoras” (Castro, 2004: 219). El aparato jurídico del dispositivo de dh ha adquirido un rol de norma, es decir, busca imponer conformidad, homogenizar; es un mecanismo regulador en la política de la vida (y la muerte).

Douzinas (2007) y Odysseos (2009) argumentan que los dh son dispositivos de dominación en diferentes situaciones, desde la guerra contra el terrorismo y la intervención humanitaria, hasta la prestación de servicios sociales a través de las organizaciones no gubernamentales (ong) de derechos humanos. Para Douzinas, en su capacidad de contribuir a la creación de identidades humanas los dh se han convertido en herramientas del poder público y la expresión de deseos individuales; “las personas se dividen entre gobernantes, gobernados y excluidos. Los derechos humanos simultáneamente registran y defienden esta jerarquía… Los derechos ofrecen herramientas frente al poder. Pero cada vez más también se dirigen y regulan partes del cuerpo, lo que los convierte en importantes herramientas para la operación biopolítica del poder” (Douzinas, 2007: 7-8; traducción de la autora). Toda vez que los dh han sido cooptados por los gobiernos, “han perdido mucho de su fuerza crítica y su objetivo inicial ha sido revertido” (Douzinas, 2007: 24; traducción de la autora). Douzinas argumenta que los dh se han convertido en herramientas biopolíticas porque se ejecutan como leyes administrativas que tienen un objetivo burocrático y no de justicia.

Por su parte, Odysseos (2009) dice que:

Una vez colocados como instrumentos legales [los derechos humanos] se convierten en una táctica gubernamental toda vez que coadyuvan en la organización y administración de las “libertades” —las condiciones o parámetros estructurales— que el nuevo arte del gobierno “frugal” requiere. Así pues, el lenguaje de derechos es al mismo tiempo un dispositivo articulador y regulador: describe al sujeto para sí como un poseedor de derechos; provee los marcos legales y políticos así como el lenguaje con el cual hacer demandas sobre asuntos sociales y políticos. Más aun, dirige la misma práctica gubernamental para responder a tales demandas dentro del mismo lenguaje y marco de derechos (Odysseos, 2009: 18; traducción de la autora).

Considerando su rol biopolítico —sin descartar su potencial para las luchas contra la dominación subjetiva como las que describen López y Peláez en sus contribuciones a este volumen, y que se deriva también de la naturaleza disputable del discurso que señalan tanto Odysseos como Douzinas—, es posible aventurar que la dislocación necropolítica del discurso de dh se coloca en la posición de herramienta biopolítica en casos de la aplicación de la ley de asilo en Estados Unidos, ya que sus fundamentos legales descansan en una división radical de los público y lo privado que ha sido dislocada por los agentes de la necropolítica, cuya atribución estatal no siempre es clara. Esta dislocación tiene consecuencias prácticas para el litigio en el caso específico de la legislación de asilo. Los dh se integran a las dinámicas del biopoder cuando las narrativas de persecución y violencia contempladas en el discurso de dh se vuelven un obstáculo para establecer una nueva política de la verdad de la persecución en el caso específico de la aplicación de la legislación de asilo.

Nuevas narrativas de persecución: la dislocación necropolítica del discurso legal de derechos humanos y su función biopolítica en la ley de asilo

Las nuevas narrativas de persecución derivadas de violaciones a los dh no están siendo ampliamente aceptadas, a pesar de que se está dando un fenómeno humanitario grave que se refleja en el número de solicitudes de asilo.[7] Las autoridades migratorias que revisan los casos de asilo en El Paso, Texas —en la frontera con Ciudad Juárez, una de las ciudades más golpeadas por la violencia ocasionada por la militarización y la guerra contra el narco— rechazan sistemáticamente sus solicitudes[8] por los efectos de verdad del discurso de dh, pues las subjetivaciones que surgen de la necropolítica están excluidas del régimen de verdad que constituyen las narrativas hegemónicas de dh y que son la base en la argumentación de un caso de asilo.

El dispositivo de asilo en Estados Unidos funciona como táctica en la estrategia de regulación migratoria en ese país, la cual a su vez tiene objetivos económicos y políticos, como contener la migración mexicana y no disgustar al socio comercial. Diversas categorías jurídicas filtran la entrada de sujetos de persecución y se encuentran codificadas en una variedad de instrumentos legales: el asilo se define en función de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados (1951) y su Protocolo (1967); la suspensión de la expulsión implementa la obligación de no devolución (non-refoulment) establecido en la Convención de los Refugiados; y la no devolución por temor fundado de tortura como otros medios complementarios de protección bajo la Convención contra la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles Inhumanas o Degradantes (1948). La Ley de Inmigración y Nacionalidad (ina) determina que un refugiado es:

a) Cualquier persona que se encuentre fuera de su país de nacionalidad o, en el caso de no tener nacionalidad específica, se encuentre fuera del país donde habitualmente reside y no puede o no quiere regresar a ese país y no puede o quiere protegerse allí, debido a persecución o a un temor fuertemente fundamentado de persecución por razones de raza, religión, nacionalidad, membrecía en un grupo social en particular u opinión política (ina 101a 42).

El concepto de asilo en el dispositivo jurídico estadunidense excluye a un sujeto a priori si éste ha participado en la persecución de otras personas en razón de uno o más de los cinco motivos protegidos; ha permanecido en territorio estadunidense por más de un año en el momento de presentar su solicitud; tiene antecedentes criminales; o se ha reubicado exitosamente en otro país. Una vez que el sujeto demuestra ser elegible para el asilo, su caso será exitoso si logra comprobar, en los términos de inclusión del dispositivo de asilo, que existe: un temor bien fundado de ser perseguido; la falta de voluntad o la incapacidad del gobierno para protegerlo/la de sus perseguidores; y que la persecución está motivada por la raza, la nacionalidad, la religión, la opinión política o la pertenencia a un grupo social determinado.

Los objetos apropiados para construir esos conceptos sirven como elementos de inclusión o exclusión en el dispositivo de asilo en los casos donde aplica la política de verdad del discurso de derechos humanos, es decir, donde sujetos claramente vinculados con agencias gubernamentales están involucrados en la persecución de periodistas y activistas de derechos humanos, debido a su opinión política, su pertenencia a un grupo social particular, la atribución claramente estatal del agente perseguidor, o la incapacidad del gobierno de proteger a periodistas y activistas. Por ejemplo, en septiembre de 2010, el gobierno estadunidense concedió asilo político al periodista Jorge Luis Aguirre, director de La Polaka.com, quien logró huir de Ciudad Juárez sólo unas horas después de la ejecución del periodista Armando “Choco” Rodríguez y después de haber recibido una llamada anónima advirtiéndole: “tú eres el siguiente”. Su argumento fue que era perseguido en su función de periodista y que el gobierno mexicano no podía protegerlo de sus perseguidores.

Similar es el caso de Alejandro Hernández Pacheco, el segundo periodista al que se le concedió asilo político. En agosto de 2011, la Corte falló a favor de Hernández Pacheco, quien demostró temor fundado de persecución y la incapacidad de las autoridades federales de protegerlo de la banda criminal que lo perseguía. En 2010, el periodista fue secuestrado después de informar que las autoridades de la cárcel de Gómez Palacio, Durango, liberaban a los presos por la noche para que pudieran llevar a cabo asesinatos ordenados por el cártel. Horas después de que fueran puestos en libertad, la policía federal les dijo que se reunirían con el entonces presidente Felipe Calderón, pero en realidad fueron conducidos a una conferencia de prensa donde se dio a conocer su rostro y su identidad frente a la prensa nacional. El montaje televisivo alertó a sus perseguidores quienes lo amenazaron de muerte de inmediato. Otro caso es el de la activista de dh Cipriana Jurado, quien logró demostrar que era perseguida por oficiales del ejército por su activismo a favor de una familia que buscaba justicia para los familiares de dos mujeres que fueron reportadas como desaparecidas en el Valle de Juárez en 2009. Se le concedió asilo político en junio de 2011.

La figura del asilo es más amplia en su protección jurídica que los otros dos conceptos —la suspensión de la expulsión y la protección según la Convención contra la Tortura—, así que esas posibilidades son convenientes sólo si el sujeto es excluido a priori del concepto del asilo. Sin embargo, al presentar el caso ante un juez, los abogados suelen manifestar su intención de solicitar cualquiera de las tres formas de protección. Por un lado, la suspensión de la expulsión/deportación (ina 241 b 3 B) es generalmente una opción cuando la persona ha estado en Estados Unidos por más de un año, aunque todavía tiene que comprobar que es más probable que sí a que no vaya a ser objeto de persecución, es decir, que haya por lo menos el 51 por ciento de probabilidad de persecución en razón de alguna de las cinco categorías protegidas. Por otro lado, la protección bajo la Convención contra la Tortura (ina 208, 16-18) se ha utilizado como una forma complementaria de protección de dh mediante la cual las autoridades migratorias determinan si existe un miedo “creíble” o “razonable” de tortura (Rottman et al., 2009). A diferencia del asilo y la suspensión de la expulsión, la protección de las personas bajo la Convención contra la Tortura no excluye a las personas con antecedentes penales y a las que no pueden demostrar persecución en razón de una de las categorías protegidas (Rottman et al., 2009).

Sin embargo, estos conceptos excluyen los objetos de las nuevas narrativas de persecución dado su énfasis en la atribución estatal, la cual es central en la política de verdad del discurso de derechos humanos. Las solicitudes de asilo que se basan en las nuevas narrativas corresponden a los casos de autoridades gubernamentales locales tales como alcaldes o regidores de todos los partidos políticos que huyen luego de que colegas suyos y/o familiares fueran asesinados en Ciudad Juárez o algún pueblo aledaño. Son también policías que rehúsan participar en la corrupción relacionada con las drogas; ciudadanos promedio que atestiguan atrocidades perpetradas por autoridades estatales o bandas de la delincuencia organizada; mujeres amenazadas por ex parejas que son también criminales; dueños de negocios medianos y pequeños del Valle de Juárez que rehúsan públicamente pagar extorsiones; y víctimas de delitos que exigen justicia o al menos fin a la impunidad en su caso.

En la mayoría de los casos, el perseguidor y la víctima son atípicos porque sus actividades e identidades se relacionan con la necropolítica del Estado mexicano gubernamentalizado y no con las narrativas de política Estadocéntrica típicas de la política de verdad del discurso de derechos humanos. Esto se debe al hecho de que en la necropolítica los sujetos Endriagos tienen vínculos tanto con el Estado como con los delincuentes, ya sea porque los encargados de ejecutar la ley trabajan para las bandas delincuenciales o son sicarios protegidos por ciertos sectores del aparato estatal penetrado por estas asociaciones delictivas. En consecuencia, miles de mexicanos han sido víctimas de crímenes que en análisis comunes de dh constituyen desapariciones forzadas, ejecuciones, tortura, o persecución, sólo que en la necropolítica la casi inexistente línea que separa al Estado de las redes criminales disloca estas definiciones. El rechazo de estas nuevas narrativas de persecución se facilita por la dislocación necropolítica del discurso de dh ya que, a su vez, éste constituye un discurso o saber que apoya la política de verdad del dispositivo jurídico del asilo. Como tal, se establece como un “medio complementario de protección” y como base de la prueba objetiva para dar el contexto de la persecución y la experiencia subjetiva de daño. El Comité Ejecutivo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (acnur; United Nations High Commissioner for Refugees, unhcr)

c) Reconoce que la legislación de refugio es un cuerpo legal dinámico basado en las obligaciones de los Estados Parte a la Convención de 1951 y su Protocolo de 1967 y, donde aplica, en instrumentos de protección de refugiados regionales, y que está compuesto del objeto y propósito de esos instrumentos y por los avances en áreas de legislación internacional relacionadas, como las legislaciones de derechos humanos y humanitaria relacionadas directamente con la protección de refugiados (Executive Committee of the United Nations High Commissioner for Refugees, 2005).

La dislocación necropolítica del enunciado filosófico de la división público/privado en la política de verdad del discurso de dh hace que, como discurso de soporte, los dh se conviertan en un obstáculo para comprobar la falta de voluntad o la incapacidad del Estado mexicano de proteger a las víctimas de sus perseguidores y que esta persecución está motivada en algunas de las categorías legales del dispositivo de asilo (raza, etnicidad, religión, nacionalidad y grupo social particular). Estas dos características fundamentales de la definición de refugiado se encuentran fundamentalmente comprometidas en su capacidad protectora por la dislocación necropolítica del discurso de dh ya que las víctimas deben proporcionar evidencia de que existe un récord de dh preocupante en su país de origen. El alcance de las violaciones a los dh en un país determinado es lo que sustenta las causas objetivas de una solicitud de asilo (la prueba), específicamente la evidencia de “buena voluntad” e “incapacidad”, así como las calificaciones para el “grupo social” y la “opinión política” [9] de las víctimas. La prueba debe ser en la forma de los informes generales de derechos humanos, reportes policiales y denuncias en organismos derechos humanos. Mientras que en muchos de los casos la identidad del perpetrador es dudosa, aun en situaciones en las que la participación del Estado es evidente la víctima no puede presentar pruebas porque el sistema judicial ha sido infiltrado por las bandas criminales y no es posible obtener un informe policial que constate el hecho.

Como discurso que apoya la política de verdad del dispositivo jurídico de asilo en Estados Unidos, los dh constituyen simultáneamente una técnica de exclusión en el momento de establecer los objetos y contenidos de diversos conceptos en las nuevas narrativas de persecución.[10] En particular se ve en estos conceptos: 1) la responsabilidad del Estado para los efectos de un Estado “sin voluntad” o “incapaz” de proteger a sus ciudadanos; 2) las características de los perseguidores (atribución) para los efectos de “la aquiescencia del Estado” según establece el Comité contra la Tortura (cat por sus siglas en inglés), y 3) el contexto de la persecución para los efectos de la definición de “opinión política” y “pertenencia a un grupo social particular”.

Responsabilidad del Estado: “sin voluntad” o “incapaz” de controlar a los perseguidores

En términos de la ley de asilo, la dificultad para demostrar la falta de voluntad o la incapacidad del gobierno mexicano para proteger a sus ciudadanos está vinculada al hecho de que mientras el gobierno federal hace cumplir las políticas de lucha contra la delincuencia, en los niveles medio y local las fuerzas del orden a menudo están en la nómina de los cárteles de la droga. El gobierno mexicano gasta miles de millones de dólares en la seguridad y la militarización de la guerra contra el narcotráfico, como lo demuestra la Iniciativa Mérida (2008), un programa a través del cual Estados Unidos transfería recursos para fortalecer el sistema judicial y para programas contra el terrorismo y para la seguridad fronteriza. Con la transferencia de hasta 1.4 mil millones de dólares durante un periodo de tres años, se esperaba que México adquiriera equipo de seguridad para aire y tierra, y que usara los fondos para inteligencia y capacitación en derechos humanos. Sin embargo, se utilizaron fondos de la Iniciativa Mérida en la llamada guerra contra el narcotráfico.

En un giro irónico, estos fondos a menudo han contribuido a la violación de los dh y la persecución. De hecho, en 2009 el uso de los recursos de la Iniciativa Mérida fue cuestionado por organizaciones como Human Rights Watch, la cual pidió al gobierno del presidente Barack Obama que retuviera el 15 por ciento de los fondos destinados a México hasta que éste se comprometiera a la utilización de los tribunales civiles para el procesamiento de militares acusados de violaciones de dh en el contexto de la guerra contra el narcotráfico. Aunque estos fondos no fueron retirados, el gobierno estadunidense ha otorgado financiamientos a ong mexicanas de dh a través de la Iniciativa Mérida.[11] El gobierno de Estados Unidos también ha concedido asilo en los casos en que el ejército mexicano ha estado involucrado en la persecución, como en los casos mencionados anteriormente (la activista de dh Cipriana Jurado y el periodista Jorge Luis Aguirre).

Como consecuencia de esta política contra el tráfico de drogas, la evidencia que podría sostener la falta de voluntad o la incapacidad del Estado para proteger a los ciudadanos según la legislación de dh es problemática, ya que hace creer a los jueces y los funcionarios de migración que el Estado mexicano de hecho hace un esfuerzo para combatir a las bandas criminales. Sin embargo, mientras que el Estado lucha contra el crimen con este tipo de política, hay casos en los que los cárteles están constituidos por exmiembros del ejército o policías en activo o retirados, que fungen como sujetos Endriagos que participan en la persecución (Bowden, 2011; Bowden y Molloy, 2011; Osorno, 2012). Al fundamentar sus casos, los abogados de los solicitantes de asilo mexicanos presentan las recomendaciones de las comisiones de dh mexicanas o recortes de prensa que establecen que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley o militares y policías han participado —o ignorado— asesinatos relacionados con sus casos, aunque este tipo de prueba no siempre está disponible. En respuesta, las autoridades facultadas para conceder asilo proporcionan evidencia de las políticas mexicanas o bilaterales destinadas a combatir el tráfico de drogas, como la Iniciativa Mérida. Sin embargo, como explica Anna Jessica Cabot:

Hay involucramiento del Estado, pero es evidente que el Estado en México no es un actor monolítico, no hace sólo una cosa o la otra, hay muchos actores diferentes dentro del Estado mismo […] La presidencia y el ejército pueden estar diciendo cosas contradictorias […] hay mucha acción contradictoria dentro del gobierno, es decir, obviamente el gobierno está luchando contra sí mismo en algún nivel, sólo decir que hay involucramiento no prueba que hay involucramiento en el caso de una persona (buscando asilo) en particular (Cabot, 2012).

Un caso que ilustra esto es el de la familia de Los Queseros. En junio de 2012, un miembro de la familia de Los Queseros, Pepe, fue asesinado. La policía local no le dio detalles a la familia, sólo que había sido asesinado por “alguien” en un pueblo cerca del Valle de Juárez donde Los Queseros tienen su negocio familiar: tres cremerías, una tienda de calzado y ropa, una tienda de licores y un lavado de autos. El hermano de Pepe, José, levantó el cuerpo y mientras iba manejando al pueblo, un grupo de hombres armados en camionetas se le cerraron. Los sujetos se bajaron y le apuntaron con sus armas pero no lo lastimaron. La familia enterró a Pepe el día siguiente. Aunque estaban destrozados por la pérdida y otro miembro de la familia había recibido ya amenazas de muerte vía telefónica, decidieron abrir normalmente sus negocios el día después del funeral. Ese día José recibió una llamada de su sobrino Pepito, el hijo de Pepe, quien le dijo que su hermano Pepillo había sido asesinado cuando fue a visitar la tumba de su padre. Entonces José recibió más amenazas de muerte por teléfono; el sujeto le dijo además que avisara a los demás que dejaran el pueblo o todos serían asesinados. La familia se apresuró al cementerio donde encontraron el cuerpo de Pepillo tirado sobre la tumba de su padre. Llamaron a la policía ministerial pero rehusaron recoger el cuerpo. Cuando la viuda de Pepe y madre de Pepillo llegó a la tumba en la que estaba tirado el cadáver de su hijo se topó con un grupo de hombres armados que pasaron de largo junto a ella.

Entonces José recibió una nueva amenaza de muerte en la voz de la misma persona anónima, quien además le dijo que la siguiente sería su madre. Toda vez que no recibieron ayuda alguna de parte de la policía local y era más que obvio que ahora toda la familia era blanco de la persecución, fueron a la sede de la policía federal en su pueblo para pedir ayuda. Su petición fue ignorada. Mientras tanto, un grupo de sicarios saqueaban los negocios de la familia. Por casualidad, al salir de una tienda de conveniencia en el pueblo, José se encontró con oficiales de la policía federal asignada a un pueblo vecino quienes sí estaban en disposición de ayudar. Los federales les pidieron que se reunieran en el rancho de Pepe mientras buscaban respaldos. Cuando los sicarios se dieron cuenta de que había vehículos oficiales afuera del rancho se acercaron a uno de los policías y le dijeron que les diera el mensaje de que si no se iban del pueblo de inmediato las cosas sólo se pondrían peor para ellos.

Los policías se dieron cuenta de que no podía proteger a Los Queseros por mucho más tiempo, así que pidieron más respaldos en Juárez. La policía allí también tenía miedo, así que buscaron apoyo del ejército, pero nadie contestó el teléfono en el cuartel. Para ese momento los sicarios ya habían ocupado las casas de toda de toda la familia, siete en total. La policía estuvo de acuerdo en escoltar a los doce adultos y siete niños a la oficina de la Procuraduría General de la República (pgr), en Ciudad Juárez, donde los dejaron. La familia estuvo allí varios días y durante ese tiempo el representante de la pgr admitió que no había mucho que pudieran hacer por ellos y que no sabía cómo proceder porque nunca habían tenido un caso similar. Las autoridades federales dijeron que lo único que podían hacer era llevarlos al df bajo protección temporal porque el gobierno federal no tenía la capacidad de tomar este tipo de casos. Los Queseros pidieron ayuda para trasladarse a un puente internacional para pedir asilo, pero las autoridades se rehusaron. Una trabajadora social de la pgr les dio el teléfono del abogado Carlos Spector, en El Paso, Texas, quien lleva los casos aquí descritos y quien facilitó la consulta de los archivos legales utilizados en la investigación. Una vez que hablaron con él pidieron a la pgr escoltarlos para cruzar el puente internacional.

Otro caso en el que la atribución y responsabilidad estatal están en tela de duda en las evidentes violaciones a los dh es el de una mujer a quien llamaré aquí Miss Bala.[12] Ella perdió a su marido en abril de 2010; fue secuestrado, asesinado y su cuerpo tirado en las calles de Ciudad Juárez. Miss Bala cree que esto se debió a su negativa a pagar extorsión. Con el fin de mantener a sus hijos, Miss Bala comenzó a trabajar como mesera en bares de Ciudad Juárez. En 2011 un grupo de la policía federal se introdujo al bar donde laboraba para una inspección de rutina que pasó a ser más profunda que las anteriores. Cinco minutos después de que se fueron, con los vehículos de la policía todavía afuera, hombres fuertemente armados entraron al local y abrieron fuego contra los clientes. Miss Bala terminó en el suelo, con clientes y empleados muertos encima de ella. Abandonó el lugar hasta que el olor a quemado del lugar incendiándose la obligó a salir. Aprovechó la confusión causada por la llegada de la policía local para escapar, pero la policía federal logró ver su coche, y una semana más tarde una colega le llamó por teléfono diciéndole que los federales estaban buscando a las meseras sobrevivientes. Dos semanas después de la masacre, un automóvil trató de empujar su coche fuera de la carretera mientras iba con sus hijos. Al día siguiente huyó a El Paso y pidió asilo.

Sin embargo, unos meses más tarde se enteró de que un grupo de hombres armados irrumpieron en su casa, donde su tío vivía desde que ella salió de Ciudad Juárez. Su familiar fue golpeado hasta que le reveló el paradero del padre de Miss Bala. Los hombres se fueron a la casa del papá y como éste se negara a decir su paradero se lo llevaron con ellos. El hombre sigue desaparecido. Le dijeron a su mamá que si no regresaba eliminarían a toda la familia. Ahora toda la familia se encuentra pidiendo asilo.

Atribución para los efectos de la tortura con aquiescencia del Estado en términos del Comité contra la Tortura

La participación de actores no estatales en la persecución no es el principal problema que enfrentan los mexicanos buscando asilo, ya que los jueces pueden aplicar una perspectiva amplia de persecución.[13] No obstante sí es un problema cuando se trata de una persona que tiene antecedentes penales o no existe motivación aparente basada en una de las cinco categorías protegidas en la Immigration and Nationality Act (ina), ya que la protección que establece el cat se aplica únicamente a las personas que podrían ser objeto de tortura por agentes del Estado o con el consentimiento del Estado. Según el cat, la tortura no está determinada por los objetivos —intimidar o castigar a una persona—, sino por el perpetrador, que debe ser un agente del Estado (Chinkin, 1999). La visión de tortura es totalmente Estado-céntrica (United Nations, 1985).

Las implicaciones epistemológicas de la división público/privado se pueden encontrar en el derecho internacional de los dh en los principios de atribución para los efectos de la responsabilidad del Estado (Chinkin, 1999). Chinkin sostiene que, sobre la base de la división público/privado “el concepto de responsabilidad del Estado se basa en la distinción entre los actos y las omisiones que se pueden atribuir al Estado y las que no, porque es axiomático que la conducta privada no es, en principio, atribuible al Estado” (Chinkin, 1999: 387-388) porque “la atribución no depende de una clasificación funcional de las actividades, sino en la caracterización del actor como un órgano del Estado actuando en esa capacidad” (Chinkin, 1999: 388).

En las narrativas de temor fundado de ser objeto de tortura en el contexto de la necropolítica, la atribución no es clara porque el torturador puede ser un Endriago que trabaja para bandas delincuenciales vinculadas al Estado. Un caso que ilustra esto es el de Juan T. En octubre de 2010, unos policías de alguna ciudad fronteriza que trabajan para un cártel contactaron a Juan T. y arreglaron un encuentro con él diciéndole una serie de mentiras relacionadas con su negocio, próspero, pero no grande. Una vez que llegó a la supuesta reunión de negocios, los policías —que hasta usaban sus placas de identificación— demandaron el pago de una “cuota” si quería continuar con su negocio y le informaron que tenía tres días para pagar trescientos ochenta mil pesos. Juan T. pagó el dinero, pero tres meses después volvió a recibir una llamada de los mismos oficiales, que demandaban otra reunión. Antes de colgar, los sujetos le advirtieron que no llamara a las autoridades federales o lo matarían a él y su familia, de quienes tenían todos los detalles. Juan T. tenía demasiado miedo para no asistir a la forzada reunión. Cuando llegó, los oficiales que aún traían sus placas sacaron metralletas del tipo A-K47 y le exigieron el pago de una cuota de ciento veinte mil pesos. Le dieron una hora para conseguir el dinero de su cuenta personal y por esta vez logró pagar a tiempo.

Casi un año después de la primera llamada, Juan T. recibió otra llamada de extorsión de los mismos oficiales. Volvió a encontrarse con ellos en el mismo lugar, donde le exigieron otro pago de ciento veinte mil pesos, aunque esta vez le hicieron llamar a su esposa para que fuera ella quien trajera el dinero. Le dijeron que sería retenido hasta que ella llegara con el dinero. Su negocio ya no era tan próspero debido a la descapitalización sufrida por las extorsiones, así que su esposa sólo pudo conseguir la mitad de la suma exigida. Los policías le advirtieron que no dejara la ciudad. Un mes después uno de los extorsionadores fue asesinado, y otro mes después de eso Juan T. fue repentinamente interceptado por una camioneta mientras se ejercitaba en su bicicleta cerca de un parque. Dos hombres descendieron de la camioneta y lo tiraron de su bicicleta. Uno de esos hombres era el extorsionador sobreviviente, ahora acompañado de otro policía quien le dijo que todavía no pagaba los sesenta mil pesos restantes de la última cuota. Después de decir esto le disparó en un pie. No se hizo ningún reporte policiaco al respecto, a pesar de que otros oficiales le proporcionaron primeros auxilios. Juan T. estaba demasiado asustado para denunciar.

Pocos días después, Juan T. se encontraba con unos amigos suyos en un parque local cuando cuatro hombres armados se le acercaron. Uno de ellos era el oficial que lo había extorsionado anteriormente. El sujeto se le acercó y le dijo que estaba cansado de estar jugando. Lo que siguió a continuación, en palabras del propio Juan T.:

Entonces el otro hombre me tiró al piso y empezó a golpearme. Yo todavía estaba en muletas por el disparo en el pie que me habían dado antes. [El policía] me dijo que la había regado al no pagar la cuota. Entonces los dos hombres me agarraron de los brazos mientras un tercero empezó a cortar mi pie a la altura de los tobillos. No pude ver si estaban usando un machete o un cuchillo largo porque estaba muy oscuro. Yo gritaba de dolor y les rogaba que pararan. Una vez que me cortaron un pie, empezaron con el otro hasta que terminaron de cortarlo. Me dejaron sin pies. Nunca perdí la conciencia mientras me estaban cortando mis pies o cuando terminaron.[14]

Cuando terminaron de cortar los pies a Juan T., el extorsionador le advirtió que no dejara la ciudad o se escondiera, porque lo encontraría y mataría a su familia. Cuando los policías se fueron, sus amigos regresaron y lo llevaron al hospital donde permaneció durante diez días. Durante su estancia en el hospital no le fue proporcionada seguridad especial aunque es costumbre hacerlo en incidentes de este tipo. Después de algunas horas después de que Juan T. fue admitido en el hospital, dos policías de la oficina de su extorsionador y del que le cortó los pies llegaron preguntándole si quería denunciar lo ocurrido. Él contestó que sí pero no dio nombres. Tenía demasiado miedo. Tan pronto como dejó el hospital se fue a El Paso, Texas, a solicitar asilo.

El contexto de la persecución para los propósitos de establecer “opinión política” y “membresía a un grupo social particular”

Debido a la naturaleza de la persecución en México —la necropolítica ejecutada por sujetos Endriagos cuya atribución estatal no siempre es clara—, los mexicanos no pueden argumentar persecución en razón de su nacionalidad, creencias religiosas u origen étnico. Esto los deja con sólo dos opciones: la persecución a causa de la opinión política y la pertenencia a un grupo social particular. Para probar la motivación del perpetrador a causa de una de estas dos razones, el demandante tiene que demostrar que su caso involucra violaciones a sus derechos humanos. Según Hathaway (citado en Pickering, 2005), hay tres tipos de violaciones a los dh que determinan la persecución. En primer lugar, hay violaciones directas a los derechos incluidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (dudh) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (pidcp). En segundo lugar, hay violaciones a los derechos incluidos en el pidcp que se derogan en el caso de una emergencia nacional. En tercer lugar, están las violaciones a los derechos incluidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (pidesc). Pickering argumenta que

El énfasis en la violación a las libertades civiles y políticas (derechos de primera generación) en la definición de refugiado da lugar a incidentes que son tradicionalmente identificados como violaciones de derechos humanos, los que violan las libertades sociales, culturales y económicas (derechos de segunda generación) han sido sistemáticamente marginados y esta es en parte la razón por la que la pertenencia a un grupo social ha sido mucho más controversial (Pickering, 2005: 148; traducción de la autora).

La necropolítica ocurre tanto en el ámbito estatal como el de político-económico —que como demuestran los estudios feministas de la división público/privado no deja de ser político— debido a la naturaleza de los objetos que involucra tales como la extorsión a las personas de negocios. No sólo eso, la existencia de la necropolítica lleva a nuevos antagonismos sociopolíticos y de esta forma a nuevas confrontaciones entre estas nuevas subjetividades políticas —por ejemplo, los Endriagos persiguiendo a las personas que tienen negocios o a los que denuncian la impunidad—. La subjetividad más prevalente es la del sujeto Endriago, quien choca con las subjetividades de personas que resisten las necroprácticas y las presiones de los nichos del biomercado, tales como las personas de negocios que resisten el control necropolítico y la gente que busca justicia para las víctimas del necropoder, entre otros. Mientras que estas víctimas de los individuos necroempoderados enfrentan persecución por su resistencia a la necropolítica, los oficiales y jueces de migración rehúsan reconocer que los fenómenos que llevan a su persecución —resistirse a pagar cuotas, por ejemplo— constituye una opinión política, o que las familias que poseen negocios pequeños puedan constituir un grupo social particular.

Un caso ilustrativo es el de los hermanos Morín,[15] que desde 1989, poseen una empresa de transporte público en Ciudad Juárez, Chihuahua, que poco después se afilió a una confederación de sindicatos priístas. Además de los tres hermanos, otros cinco miembros de la familia participan en el negocio. En 1997 operaban diez autobuses y en 2005 habían recibido otras diez concesiones. A partir de ese momento comenzaron a contratar conductores, pues antes ellos se habían encargado de ese trabajo. En junio de 2008, un cártel vinculado a la policía amenazó con matarlos y quemar sus casas y autobuses si no pagaban cinco mil pesos a la semana. Los hermanos trataron de organizar a los miembros del sindicato con el fin de evitar pagar la extorsión y realizar una protesta pública. Sin embargo, se les advirtió que si continuaban organizando a los otros en contra del cártel, éste cumpliría sus amenazas. Uno de los hermanos sugirió a los agremiados presentar denuncias a la policía colectivamente, pero tuvieron miedo y no se hizo nada. Inmediatamente recibió una llamada telefónica diciendo que su autobús había sido incendiado y que si continuaba llamando a la huelga para defender y resistir la extorsión del cártel mataría a un miembro de la familia. En mayo de 2009, el hijo de uno de los hermanos fue ejecutado en un bar de Juárez. En marzo de 2011, la familia huyó a Estados Unidos. Llamar públicamente a otros a organizar un frente común contra la extorsión califica como opinión política, según el abogado Carlos Spector, quien también cree que los Morín no fueron perseguidos en forma individual, sino como una familia con fuertes opiniones políticas. No obstante, se les ha negado el asilo afirmativo y se encuentran ahora en defensivo.

Conclusiones: hacia una nueva política de verdad en el discurso de derechos humanos

El presente trabajo de investigación demostró tres tesis importantes para la evaluación de la capacidad protectora del discurso de dh en un contexto de violencia extrema donde la atribución de los sujetos violadores de dh es siempre borrosa debido a las particularidades de la gubernamentalización del Estado mexicano que se conceptualizó aquí como necropolítica. Estas tesis tienen relevancia no sólo para la figura del asilo, sino también para la tortura y la desaparición forzada, entre otras violaciones graves a los derechos humanos.

La primera plantea que la necropolítica es la contraparte del tercer mundo a los aparatos biopolíticos de dominación en países del primer mundo como Estados Unidos. La segunda es que la necropolítica ha dislocado el discurso de dh en lo concerniente a los pilares de su política de verdad, en particular la división público/privado. La tercera es que la dislocación del discurso de dh permite que éste, como episteme de apoyo en el dispositivo jurídico del asilo, sostenga prácticas de dominación biopolítica en países primermundistas que han hecho del asilo parte del dispositivo de regulación migratoria, como Estados Unidos.

Como lo señaló Foucault, el diagnóstico de los aparatos de dominación no es suficiente como tarea intelectual. Es necesario establecer pautas que nos dirijan a nuevas políticas de verdad que restauren el potencial de lucha y resistencia de los discursos, potencialmente emancipadores como el de derechos humanos. Con base en los elementos constituyentes de la necropolítica y el papel del discurso de dh en el aparato de asilo, lo que salta a la vista es que es necesario alejarlo de enunciados filosóficos y prácticas jurídicas que lo hagan estrategia biopolítica. En primer lugar sería necesario tomar conciencia de que la división de lo público y lo privado en las prácticas jurídicas no es objetiva y que lejos de eso crea una política de verdad que excluye a sujetos de la violencia contemporánea. Retomando a Chinkin, es necesario quitar el énfasis en la atribución estatal que permea todo el discurso de derechos humanos, y ponerlo en la intención del perpetrador y la experiencia de sufrimiento de la víctima. Por ejemplo, el litigio debería dirigirse a crear una argumentación que se centre en las intenciones del torturador (conseguir información, amenazar, extorsionar, etc.) y la posición de poder del perpetrador (sujetos armados y entrenados en sofisticadas técnicas de muerte y sufrimiento), y no en su atribución como agente del Estado.

En segundo lugar, las autoridades enunciativas del discurso de derechos humanos, especialmente organizaciones de la sociedad civil y abogados litigantes, deben reflexionar en las implicaciones que tiene la masculinidad hegemónica, la masculinidad tóxica (Sinay, 2006), para un panorama estructural y no sólo casuístico de derechos humanos. La masculinidad tóxica es aquella en la que los hombres compiten entre sí para demostrar quién es más fuerte, más competidor y más poderoso, despreciando valores tales como “la empatía, la comprensión, la solidaridad, la ternura, la paciencia, la aceptación y la espiritualidad” (Sinay, 2006: 97-98). Cuando los hombres aplican su energía a estas empresas tóxicas —el poder, la dominación y el control como fines en sí mismos— es cuando se genera una sociedad violenta (Sinay, 2006: 112).

Hasta ahora, el enfoque de género de los practicantes de dh se ha centrado atinadamente en la víctima (mayoritariamente mujeres y niños y niñas), y en la tipificación de delitos que constituyen la violencia en el contexto de la necropolítica (feminicidio, trata de personas). Sin embargo, esto no es suficiente. Es fundamental complementar estas acciones con medidas encaminadas a combatir la masculinidad violenta, poniendo énfasis en la masculinidad tóxica de los sujetos perpetradores de violaciones de derechos humanos. Este énfasis debe hacerse no sólo desde una perspectiva individual y punitiva, sino de una sociocultural que se dirija a niños y jóvenes varones, y que tenga el objetivo de modificar sus conductas y ofrecerles alternativas estructurales, tanto económicas como de afirmación identitaria.

Finalmente, una nueva política de verdad del discurso de dh debe apelar a la reflexividad de sus sujetos, sus autoridades enunciativas, desde activistas hasta abogados y jueces. Esto quiere decir que haya una reflexión a fondo, con toda la intención autocrítica, de cuáles son las prácticas discursivas que los convierten en facilitadores de prácticas biopolíticas e incluso necropolíticas. Por ejemplo, las organizaciones que reciben recursos del Plan Mérida o las que sostienen que sólo un centenar de las casi treinta mil desapariciones registradas en México constituyen desapariciones “forzadas”. Los y las activistas deben cuestionarse si sus prácticas no ayudan a legitimar prácticas de dominación que minimizan la experiencia de sufrimiento ocasionada por prácticas de poder y dominación como las necropolíticas. Es decir, el abogado debe forzar la norma que regula la desaparición forzada para incluir a las víctimas de Endriagos.

Para concluir, una advertencia es necesaria: mientras las autoridades de delimitación del discurso de dh (jueces, abogados, cortes, legisladores, organizaciones de la sociedad civil, etc.) no reconozcan nuevos objetos y formas de sujeción de relaciones de poder contemporáneas como los de la necropolítica, el dispositivo de dh seguirá jugando un rol estratégico en las relaciones de dominación.

Fuentes

Archibold, R.C.

2013 “Unabated Violence Poses Challenge to Mexico’s New Anticrime Program”, The New York Times, en <http://www.nytimes.com/2013/02/19/world/americas/mexico-anticrime-plan-challenged-by-unabated-violence.html?pagewanted=all&_r=0>, consultada el 13 de abril de 2015.

Benavides, L. y S. Patargo

2012 “México ante la crisis humanitaria de los desplazados internos”, Foreign Affairs Latinoamérica 12, no. 4 (octubre-diciembre): 77-88.

Bowden, C.

2011 Murder City. Ciudad Juárez and the Global Economy’s New Killing Fields. Nueva York: Nation Books.

Bowden, C. y M. Molloy

2011 El Sicario. The Autobigraphy of a Mexican Assassin. Nueva York: Nation Books.

Bruin, R.H.

2002 “Working Party on Non-State Agents of Persecution: 2002 Report”. International Association of Refugee Law Judges (iarlj).

Cabot, Anna Jessica

2012 abogada del Centro de Defensa del Inmigrante de Las Américas (entrevista). El Paso, Texas, 25 de junio.

Castro, E.

2004 El vocabulario de Michel Foucault. Un recorrido alfabético por sus temas, conceptos y autores. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes, 398.

Chinkin, C.

1999 “A Critique of the public/Private Dimension”, European Journal of International Law 10, no. 1: 387-395.

Displacement Monitoring Centre & Norwegian Refugee Council

2011 “México”, Oslo, <http://www.internal-displacement.org/publications/global-overview-2010-americas-mexico.pdf>, consultada el 13 de abril de 2015.

Douzinas, C.

2007 Human Rights and Empire: The Political Philosophy of Cosmopolitanism. Londres: Routledge-Cavendish.

Dzubow, J.

2012 “Confusion over Mexican Asylum Seeker Statistics”, The Asylumist, en <www.asylumist.com, http://www.asylumist.com/2012/03/08/confusion-over-mexican-asylum-seeker-statistics/>, consultada el 13 de abril de 2015.

Estévez, A.

2012 “La violencia en México como crisis de derechos humanos: las dinámicas violatorias de un conflicto inédito”, Contemporánea 2, no. 1: 21-44.

Executive Committee of the United Nations High Commissioner for Refugees

2005 “Conclusion on the Provision on International Protection Including Through Complementary Forms of Protection no. 103 (LVI)-2005”. Ginebra: unhcr, en <http://www.unhcr.org/43576e292.html>, consultada el 30 de marzo de 2012.

Flores Pérez, C.A.

2012 “La lógica del botín: de la cooptación del estado y el Estado ‘fallido’”, Arenas. Revista Sinaloense de Ciencias Sociales 13, no. 1: 11-44.

Foucault, M.

2006a Defender la sociedad. México: fce.

2006b Seguridad, territorio, población. México: fce.

2004 The Birth of Biopolitics. Nueva York: Picador-Palgrave Macmillan.

Gal, S.

2005 “Language Ideologies Compared: Metaphors of Public/Private”, Journal of Linguistic Anthropology 15, no. 1: 23-37.

García, S.

2011 “Asylum for Former Mexican Police Officers persecuted by the Narcos”, Boston College Third World Law Journal 31, no. 2: 245-267.

Grillo, I.

2012 El Narco. Inside Mexico’s Criminal Insurgency. Londres: Bloomsbury Press.

Gržinić, M.

2010 “From Biopolitics to Necropolitics and the Institution of Contemporary Art”, Pavilion. Journal for Poliics and Culture, no. 14: 9-93.

Hernández, A.

2010 Los señores del narco. México: Grijalbo Mondadori.

Laclau, E.

1996 Emancipation(s). Londres: Verso.

1990 New Reflections on the Revolution of Our Time. Londres: Verso.

Lemke, T.

2010 “‘The Birth of Bio-politics’: Michel Foucault’s Lecture at the Collège de France on Neo-liberal Governmentality”. Economy and Society 30, no. 2: 190-207.

Mbembe, A.

2011 Necropolítica. Barcelona: Melusina.

Odysseos, L.

2009 “From State to (Self)Government: Human Rights, Liberal Ontogenesis and Violence in the Era of Neoliberal Governmentality”, Potsdam, Alemania, en <http://www.louizaodysseos.org.uk>, <http://www.louizaodysseos.org.uk/resources/Odysseos+Liberal+Ontogenesis.pdf>, <http://www.academia.edu/3077843/From_State_to_Self_Government_Human_Rights_Liberal_Ontogenesis_and_Violence_in_the_Era_of_Neoliberal_Governmentality>, consultada el 20 de mayo de 2013.

Osorno, D.E.

2012 La guerra de los Zetas. Viaje por la frontera de la necropolítica. México: Grijalbo.

Owens, P.

2008 “Distinctions, Distinctions: ‘Public’ and ‘Private’ Force?”, International Affairs 84, no. 5: 977-990.

Panizza, F.

2002 “Discurso e instituciones en la reforma de la administración pública uruguaya”, Revista Uruguaya de Ciencia Política, no. 13: 59-93.

Pickering, S.

2005 “Crimes of the State: the Persecution and Protection of Refugees”, Critical Criminology 13, no. 2 (enero): 141-163.

Proceso

2013 “Son 27 mil 523 los desaparecidos: Segob”, Redacción, en <http://www.proceso.com.mx/?p=334236>, consultada el 13 de abril de 2015.

Rottman, A., C.J. Fariss y S.C. Poe

2009 “The Path to Asylum in the us and the Determinants for Who Gets in and Why”, International Migraton Review 43, no. 1: 3-34.

Sinay, S.

2006 La masculinidad tóxica. Buenos Aires: Editorial B.

Stratfor’s Mexico Security Memos

http://www.stratfor.com/, consultada el 13 de abril de 2015.

Transactional Records Access Clearinghouse

2012a Immigration Court Backlog Tool. Pending Cases and Length of Wait in Immigration Courts. Syracuse, Transactional Records Access Clearinghouse, en <http://trac.syr.edu/phptools/immigration/court_backlog/>, consultada el 13 de abril de 2015.

2012b Judge Thomas C. Roepke. FY 2006-2011, El Paso Immigration Court. Syracuse, en <http://trac.syr.edu/immigration/reports/judgereports/00054ELP/index.html>, consultada el 13 de abril de 2015.

2012c Judge William L. Abbott. FY 2005-2011, El Paso Immigration Court. Syracuse, en <http://trac.syr.edu/immigration/reports/judge2010/00051ELP/index.html>, consultada el 13 de abril de 2015.

United Nations

1985 “Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment”. Ginebra: Office of the United Nations High Commissioner on Human Rights, en <http://www2.ohchr.org/english/law/cat.htm>, consultada el 13 de abril de 2015.

Valencia, S.

2010 Capitalismo gore. Barcelona: Melusina.

Zúñiga M., J.A.

2012 “En 2011 se perpetraron 27 mil 199 homicidios en México: inegi”, La Jornada, en <http://www.jornada.unam.mx/2012/08/21/politica/003n1pol>, consultada el 13 de abril de 2015.

Fuentes complementarias

Badiou, A.

2007 Justicia, filosofía y literatura. Buenos Aires: Homo sapiens.

Costa, F.

2008 “El dispositivo fitness en la modernidad biológica. Democracia estética, just-in-time, crímenes de fealdad y contagio”, memoria académica, Universidad Nacional de La Plata, en <http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.647/ev.647.pdf>, consultada el 13 de abril de 2015.

Caravana de Madres Centroamericanas, un ejemplo de las nuevas luchas migrantes

Amarela Varela Huerta[*]

Este artículo aborda el movimiento social de la Caravana de Madres Centroamericanas que buscan a sus hijos migrantes desaparecidos en el tránsito por México hacia Estados Unidos y cómo utilizan ellas el discurso y las prácticas de los derechos humanos (dh) para conseguir sus demandas. Éste es un trabajo que piensa los límites y potencialidades de los dh cuando los manejan actores con una subjetividad jurídica acorazada por las leyes internas sobre la extranjería.

En el texto se reflexiona sobre la agencia política de las madres caravaneras como un ejercicio de radicalización de las luchas por los derechos de los migrantes, ejercicio que permite reflexionar los puntos de quiebre y los intersticios donde se juntan y potencian los discursos sobre dh de las personas migrantes, con la realidad que enfrentan las madres y familiares de los migrantes, irregularizados por las leyes migratorias en la región.

El trabajo está divido en tres apartados, comenzando por una breve introducción al fenómeno social de la migración en México; después aborda concretamente las motivaciones para el éxodo y el tránsito de los centroamericanos por este país, además, se caracterizan las formas específicas que reviste el llamado régimen global de fronteras en el centro y norte del continente americano; en un tercer apartado se caracteriza a fondo la Caravana de Madres Centroamericanas, como un ejemplo de las resistencias políticas que el fenómeno migratorio genera. Finalmente, en los dos últimos apartados, se aborda una discusión teórica basada en la reflexión de las madres activistas sobre los límites y potencialidades de los dh como repertorio de discursos y prácticas performativas para la defensa efectiva de los migrantes en tránsito por México.

A manera de introducción

Está ampliamente documentado por informes de organismos de dh, estatales o no gubernamentales, además de numerosos trabajos periodísticos, que los migrantes centroamericanos en tránsito por México y sus familias en países de origen o destino sufren desapariciones, secuestros, asesinatos y extorsiones diversas ante el silencio, la omisión, la complicidad o la inoperancia de las instituciones mexicanas responsables de garantizar los dh elementales. Esto se debe, en parte, a la relación intrínseca entre securitización hemisférica y la externalización de fronteras (vigente desde 2001 hasta nuestros días) en el sistema migratorio estadunidense.

No obstante, lo poco documentado son las estrategias de organización de estos migrantes y sus familias para sobrevivir a la barbarie, para resistir y defenderse de las instituciones que los extranjerizan permanentemente (Benhabib, 2005) y de las consecuencias que ello tiene en su tránsito hacia Estados Unidos.

Por ello, en este capítulo se atienden no sólo las condiciones de las que se sostiene la violencia que padecen en su tránsito los migrantes centroamericanos por México, los mecanismos y discursos institucionales que supeditan a la seguridad nacional y hemisférica los derechos de las personas migrantes, sino que también se pone énfasis en analizar las estrategias de lucha de los familiares de esos sujetos en tránsito, en concreto de sus madres, para demandar el derecho a la aparición con vida de los migrantes y el respeto a sus dh.

En concreto, se analiza el caso de la Caravana de Madres Centroamericanas “Liberando la Esperanza”, quienes están en la eterna búsqueda de sus hijos e hijas migrantes, perdidos en el tránsito por México, que desde hace doce años[1] recorren anualmente las principales rutas migratorias de este país, al tiempo que interpelan a las autoridades locales, regionales y nacionales para reclamar la puesta en práctica de una política integral para la defensa de la vida y los derechos de los migrantes centroamericanos.

Se trata de un estudio de caso, construido a partir de la reconstrucción de esta experiencia organizativa, comprendida como una más de las “luchas migrantes” que se oponen al “régimen global de fronteras”, la cual extranjeriza permanentemente a quienes se atreven a desafiar las leyes migratorias para ejercer su derecho a circular y permanecer ahí donde puede sobrevivirse (Varela, 2008).

Esta reconstrucción histórica se basa en el trabajo de campo realizado durante la undécima edición de la Caravana, en 2011, en la que se realizaron catorce entrevistas en profundidad (de corte semiestructurado) a madres hondureñas miembros de la caravana, miembros de organizaciones de apoyo a la logística de ésta, dirigentes del movimiento por los derechos de los migrantes en México, colectivos y organizaciones de vecinos que fueron recibiéndonos en los diferentes puntos en los que la caravana hizo escala. En esta reconstrucción histórica también se recuperan las declaraciones de funcionarios nacionales, estatales y municipales en las audiencias entre ellos y las madres durante la caravana, así como las coberturas periodísticas de la caravana.

La caravana, caracterizada en profundidad en uno de los apartados de este texto, surge y está conformada desde hace doce años por mujeres, madres, esposas, hermanas, abuelas, hijas de migrantes de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala, que han migrado desde esos países hacia Estados Unidos por vía terrestre, atravesando el territorio mexicano. Mujeres pobres, campesinas en su mayoría, de origen rural, “cristianas de base”, trabajadoras del circuito de los cuidados (limpieza, cuidadoras) o de maquiladoras en la región. La gran mayoría de ellas sin una militancia previa en organizaciones sociales o civiles, pero con experiencia organizativa de carácter religioso, algunas de comunidades originarias, otras afrodescendientes y sobre todo mestizas.

Estas caravaneras participan, muchas veces, en este esfuerzo de manera “semiclandestina”, pues no mantienen una identidad activista en su vida cotidiana, en buen número de casos sus familiares y amigos en las comunidades que habitan se enteran de su militancia en la caravana por los reportes periodísticos (sobre todo televisivos) de canales transnacionales como Telemundo o cnn; es decir, no son las militantes o activistas típicas de organizaciones civiles o de dh que se autorrepresentan como profesionales de los dh; la heterorrepresentación de la que gozan es más como víctimas (madres de migrantes extraviados) que como agentes (caravaneras que realizan la búsqueda). A pesar de ello, estas madres, al ser parte de un movimiento de víctimas de violaciones a los dh, deben ser comprendidas como activistas.[2]

Por ello, en este trabajo se hace un ejercicio de reconstrucción de esta identidad política colectiva y, una vez situada la experiencia de la Caravana de Madres, al final de este escrito se abordan las reflexiones en torno a las percepciones y los usos sociales que estas activistas otorgan al discurso de los dh de los migrantes, consideraciones recuperadas en el marco de una entrevista colectiva (en lo sucesivo citada como Varela, 2012) que un grupo de madres de esta caravana me concedieron durante su última visita a México, en noviembre de 2012.

El tránsito de los migrantes centroamericanos por la frontera vertical: México

Para comprender la resistencia que las mujeres centroamericanas, organizadas en la Caravana de Madres, ejercen contra la violencia que padecen sus hijos e hijas por parte de las instituciones y la sociedad mexicanas, se aborda brevemente un contexto sobre las causas del tránsito por México de estos migrantes.

Entre 2007 y 2012, el territorio mexicano ha devorado setenta mil historias vitales hasta volver a sus protagonistas inencontrables. Según los cálculos de organizaciones civiles, se calcula que en ese periodo desaparecieron en México setenta mil migrantes, un cálculo difundido en el informe “Situación de las personas migrantes no localizadas y restos no identificados en México”, presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh) en una audiencia promovida por organizaciones civiles y eclesiásticas de México y Centroamérica, en marzo de 2012, con la que se proponen alternativas efectivas que consigan, por lo menos, establecer cifras estadísticas oficiales sobre el número de migrantes (mexicanos y extranjeros) que han desaparecido en el tránsito por México, intentando llegar a Estados Unidos.[3]

De lo anterior se desprende la certeza de que, además de las miles de desapariciones, los gobiernos de la región son corresponsables de la violación al derecho a la verdad y la justicia que padecen los familiares de estos migrantes. Por ello la Caravana de Madres, protagonista de este estudio, lleva doce años atravesando la región demandando el cumplimento de los derechos ya enunciados.

Pero, incluso antes que conocer las causas que hacen posible la extrema vulnerabilidad que enfrentan las vidas de los transmigrantes en México, considero pertinente comprender, desde los territorios de origen de esos transmigrantes, las condiciones que los obligan al éxodo migratorio.

Así, para comprender las causas de las migraciones intra y suprarregionales de centroamericanos en la actualidad, retomo el trabajo de Abelardo Morales, quien establece que el sistema de las migraciones transnacionales en Centroamérica debe comprenderse como producto de la posguerra en la región, de ésta, los países que la conforman emergieron como una subregión más dependiente de la economía y la política estadunidense, fenómeno que a su vez desbordó las relaciones históricas interestatales, para convertirse en interculturales e interraciales, relaciones que atraviesan desde la “alta política” hasta la vida cotidiana de los centroamericanos: “Las migraciones han cambiado la estructura, pero también el contenido del sistema de las relaciones con Estados Unidos, además de las formas de la vida social cotidiana” (Morales, 2011: 54).

Para el sociólogo costarricense, el sistema de la migración centroamericana evidencia nítidamente las nuevas contradicciones en la estructura social de la posguerra en la región. Porque a las condiciones de acumulación por despojo o desposesión (Harvey, 2004), ya estructurales en Centroamérica, se suma ahora la extracción de una plusvalía adicional al trabajo, la “sobreplusvalía”, la que deviene de la obtención de una renta al salario transnacionalizado por la vía de las remesas.

Para enunciar qué genera el éxodo masivo de la población de esa región hacia el norte del continente, es evidente que la migración en Centroamérica es producto de las condiciones sociales de precarización de todos los ámbitos de la vida (trabajo, derechos sociales, políticos, económicos, culturales, liberalización de la violencia) que hoy padecen los centroamericanos.

Pero cabe acotar que del trabajo de Morales (2011) inferimos que los movimientos de personas en dicha región son una constante histórica, siendo sobre todo intrarregionales (entre países centroamericanos), y durante las guerras y posguerras de esos países los flujos de personas se han ampliado, bien en calidad de refugio o como migración económica hacia el norte del continente (México y, sobre todo, Estados Unidos).

Quienes se van son las y los exiliados del neoliberalismo, huyendo de la violencia social e institucional, así como del endeudamiento que dejan las políticas para “fomentar el progreso y el desarrollo de los países pobres” (Galindo, 2007).

En un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal) sobre las migraciones en Centroamérica, publicado en 2006,[4] se establece que, a principios de la década del dos mil, se estimaba un total de 2 310 000 migrantes, que representan un 7.14 por ciento del total de la población en la región, siendo el destino principal Estados Unidos y España (hasta antes de la gran crisis del ladrillo de ese país europeo, en la década actual). En todo caso, la mayoría de los centroamericanos que inician la aventura migratoria se dirigen a Estados Unidos y atravesarán las fronteras/retenes de los países centroamericanos y la frontera vertical que es México. En la primera década del siglo veintiuno, según cifras de la Organización Internacional para las Migraciones (oim) (Cohen citado en García y Tarrío, 2008), los centroamericanos que consiguieron llegar vivos a Estados Unidos fueron cinco millones, una cifra que condensa las oleadas migratorias de las guerras y posguerras que ha padecido esta región.

Las motivaciones para el éxodo de estos millones de personas son diversas. Para Morales (2011) y García y Tarrío (2008), la decisión de migrar obedece sobre todo a razones económicas, pues Centroamérica es una de las regiones más precarizadas en el mapa global, situación que se agudiza progresivamente con la firma de los tratados de libre comercio entre Estados Unidos y Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Honduras, a destiempo desde 1995 y hasta la fecha, siendo en 2007 cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica (cafta, por sus siglas en inglés). A quienes se desplazan por este motivo, proponemos considerarlos como exiliados económicos.

Otras perspectivas afirman que el éxodo masivo se produce también como consecuencia de motivos ambientales, lo mismo por catástrofes generadas por el neoextractivismo en la región, o por desastres naturales (terremotos y huracanes) en los países de la región. A quienes se desplazan por estas condiciones, los consideramos exiliados ambientales.

No obstante, los centroamericanos que migran, se han ido de sus países de origen también en buena medida por motivos políticos, huyendo del autoritarismo de regímenes que violentaron a sus pueblos, primero con el argumento de “combatir el comunismo” y ahora con golpes de Estado en favor de “democracias liberales”. Por la corrupción que los regímenes de posguerra heredaron y de los que se sostienen. A quienes comienzan el éxodo por estos motivos, proponemos llamarlos exiliados políticos. Pero, de manera cada vez más manifiesta, documentada y evidente, quienes emprenden el éxodo migratorio son sujetos que huyen de la liberalización de la violencia y el terror:

Honduras y El Salvador se convirtieron recientemente en los países más violentos del mundo, con tasas de homicidios de 81 y 66 personas por cada cien mil habitantes. En el corredor centroamericano operan novecientas pandillas con setenta mil miembros, según un informe de una agencia de la Organización de las Naciones Unidas (onu) (Ruiz Parra, 2012: 3).

Así pues —y ésta es una de las hipótesis que va cobrando fuerza entre periodistas y sociocientíficos—, la violencia y la guerra fueron los principales motivos del éxodo, y hoy siguen siéndolo de forma cada vez más aguda. Un argumento que refuerzan las entrevistas realizadas entre las madres centroamericanas de la caravana protagonistas de este trabajo.

Para las madres activistas hay dos motivaciones principales entre los hijos que se fueron. Entre quienes accedieron a contar su historia y la de los familiares que buscan, hay una coincidencia: todas vivieron violencia sexual por parte de algún familiar o vecino, en su mayoría de los esposos, al tiempo que todas las y los hoy mujeres y hombres desaparecidos, huyeron de las políticas de neoliberalización del campo centroamericano, que los volvió aún más empobrecidos que sus padres, algunos de los cuales lucharon en los movimientos de liberación nacional, buena parte de ellos, campesinos y campesinas que hoy fungen como abuelas o tías criadoras de los hijos que estos desaparecidos dejaron “encargados”.

Las violencias de género, doméstica y sexual, son las primeras y más nombradas de las motivaciones. Violencia de Estado, por empobrecimiento estructural, en segundo lugar. A quienes huyen de esta violencia, proponemos considerarlos como exiliados y exiliadas del terror. Así pues, exiliados por el neoliberalismo, por motivos ambientales, políticos o bien exiliados del terror, los centroamericanos huyen hacia el norte del continente para defender su derecho a la vida y a vivirla con dignidad. No obstante, las motivaciones para el éxodo hasta ahora enunciadas, no alcanzan reconocimiento por los Estados de tránsito o receptores como válidos para el otorgamiento de visas y estatutos de refugio, al contrario, quienes inician el tránsito de supervivencia son considerados “irregulares” (indocumentados o ilegales, según la legislación interna) y potenciales criminales que infringen las normas de circulación y permanencia de Estados nacionales.

Cabe señalar que las categorías de exilio o motivaciones para el éxodo forzado de estos migrantes nombradas aquí y categorizadas en términos de “exilio del neoliberalismo” o “del terror” no tiene una apuesta normativa o sociojurídica, más bien buscan ampliar las narrativas académicas para pensar con densidad las migraciones humanas contemporáneas; si bien representa una apuesta el hecho de que al cambiar las narrativas académicas, los intérpretes colaboramos con la ampliación de ideales normativos vigentes, por ejemplo, sobre los repertorios que los discursos de dh reconocen como “motivaciones creíbles para el otorgamiento de asilo”, puesto que la pobreza y el terror son fenómenos evidentemente políticos, y por ello pueden y deben caber en la casuística argumentada por peticionarios de asilo, pero, advertimos que este texto y sus argumentos de corte sociocientífico no pretenden una discusión normativa o jurídica sobre el tema.

Hasta aquí los motivos del éxodo de los millones de centroamericanos que dan cuerpo al sistema migratorio de esa región. Abordemos ahora la dimensión del tránsito migratorio por un territorio al que García y Tarrío (2008) llaman “país retén” y Anguiano (2011) propone considerar como “frontera vertical”, ambas categorizaciones aluden a México como país frontera para franquear, que los migrantes han de atravesar para llegar a Estados Unidos.

En concreto, pongamos atención a la línea fronteriza del sur de México, conformada por 1139 kilómetros, con cuarenta y ocho puntos de internación aérea, marítima y terrestre, los principales puntos por los que los migrantes entran a este país retén son Ciudad Hidalgo, Talismán, Unión Juárez, Mazapa de Madero, Ciudad Cuauhtémoc, Carmen Xhan, Frontera Corozal y El Ceibo.[5]

Una frontera por la que, según estimaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México (cndh), cada año atraviesan unos cuatrocientos mil migrantes de las más diversas nacionalidades, destacándose los latinoamericanos, más concretamente, ciudadanos en tránsito hacia Estados Unidos de nacionalidad guatemalteca, salvadoreña, hondureña y nicaragüense, que configuran el 95 por ciento del total que tanto el Instituto Nacional de Migración (inm), como la Secretaría de Gobernación (Segob) en México reportan en sus informes de 2010.

Dicha frontera es vigilada —a partir de principios del siglo xxi— bajo la perspectiva de que la gestión de las migraciones es un asunto de seguridad nacional, desde que Estados Unidos, después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, convirtiera la movilidad humana que se emprende (sin “papeles”) en una amenaza que debe ser gestionada policialmente.

Para comprender cómo es que México se convirtió en país retén, revisemos grosso modo la construcción contractual —basados en el trabajo de reconstrucción de García y Tarrío (2008) y Villafuerte (2011)—, de lo que más adelante caracterizamos como “externalización de la frontera norte de Estados Unidos”.

En términos cronológicos, en 2001, el gobierno de México puso en marcha el “Plan Sur”, un proyecto de seguridad nacional para controlar flujos de “personas, drogas y armas”, un plan que se sustenta en la retórica del derecho a la documentación de migrantes, la defensa de los dh y la modernización de los cuerpos administrativos y policiacos responsables de esas tareas (el inm, la Segob, la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, además de los funcionarios de los gobiernos estatales en la frontera sur).

En 2002, se firmó la Alianza para la Frontera México-Estados Unidos, cuyo plan de acción incluía veintidós puntos para reforzar la seguridad en el área. En 2004, se firmó el Plan de Acción para la Seguridad Fronteriza entre Estados Unidos y México, que prevé el mejoramiento tecnológico para facilitar repatriaciones y fortalecer los mecanismos entre funcionarios de ambos países.

En 2003, el Plan Sur se sustituyó por el proyecto “Fortalecimiento de las Delegaciones Regionales de la Frontera Sur”, del que surgió el Grupo Beta,[6] que se encargaría de “brindar apoyo a los migrantes”, y que en realidad es una especie de fuerza especial para gestionar de manera más eficiente las deportaciones de centroamericanos. De este proyecto también se desprenden acciones en las estaciones migratorias en esa frontera, pero, sobre todo, se proyectan acuerdos bilaterales con Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador para “repatriaciones ordenadas y seguras, protección consultar y asuntos de seguridad” (inm, 2005, citado en García Aguilar, 2011: 92), es decir, una vez acatada y apropiada la política de seguridad hemisférica estadunidense, México se encarga de supeditar a sus vecinos centroamericanos a la suscripción de dicha doctrina.

En 2005, se firmó la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (aspan) como proceso trilateral permanente que persigue instrumentar estrategias comunes de seguridad fronteriza y bioprotección. También en 2005 entraron en vigor el Programa Bilateral para Perseguir a los Traficantes de Migrantes —Operation against Smugglers (and Traffickers) Initiative on Security, oasiss— y la Iniciativa de Fronteras Seguras, que pretendía llevar a un nuevo nivel la prioridad de combatir la migración ilegal. Más agentes, mejor capacidad de detección y expulsión e inspecciones en centros laborales (con datos de Artola, 2005).

El año de 2005 resulta crucial para la nueva lógica de gestión de flujos humanos en México, ya que se pone en marcha el Sistema Integral de Operación Migratoria (siom), sistema que informatizó el monitoreo de las fronteras mexicanas, aún no se sabe específicamente con qué fines, puesto que cuando los activistas de dh reclaman al gobierno mexicano estrategias de “gestión de la catástrofe”, éste se declara incapaz de proyectar con certezas las dimensiones del tránsito de personas y las de quienes desaparecieron o han muerto a causa de todas esas medidas.

Pero en 2005, el inm también se integró al Sistema de Seguridad Nacional, decisión que concentra a su vez las bases de datos y sistemas de información del inm a la Red Nacional de Información proyectada en la Ley de Seguridad Nacional (García Aguilar, 2011). Una vez más, dicha concentración ha servido para el abordaje del fenómeno migratorio como un tema de seguridad nacional, pero no ha redundado en la generación de fuentes certeras de información sobre los setenta mil migrantes desaparecidos en México.[7]

Como parte del Sistema de Seguridad Nacional, el inm recibió en 2009 el 20 por ciento de los recursos que Estados Unidos otorgó a México, con el nombre de Iniciativa Mérida, con un propósito muy concreto: sellar la frontera con Guatemala.

Todo ello con el impulso de la Organización de Estados Americanos (oea), que se apropia el ideal normativo estadunidense de construir una estrategia de seguridad hemisférica, y a la que se le suma el Grupo de Alto Nivel para la Seguridad Fronteriza entre México, Guatemala y Belice (Gansef), además del Plan Binacional Guatemala, estrategias que, como todos los dispositivos ya señalados, pretenden “una alianza marco para impulsar mecanismos de control fronterizo y de freno a los flujos de la transmigración irregular”.

Todos estos tratados son interpretados por algunos expertos en dicha frontera como el desplazamiento de la “bunquerización”[8] de la frontera sur de Estados Unidos, hacia lo que se considera la “tercera frontera”: la frontera sur de México. Fenómeno que explica por qué, por ejemplo, mientras en 2005 el número de migrantes detenidos en Estados Unidos fue de aproximadamente cincuenta mil personas, en México se retuvieron ese mismo año un aproximado de doscientas cuarenta mil personas, en su mayoría centroamericanos (García y Tarrío, 2008).

Desde mi perspectiva, este fenómeno obedece a lo que la criminología crítica ha llamado “política de externalización de fronteras”, que tiene como una de sus principales consecuencias que vuelve más largos y peligrosos los trayectos o tránsitos migratorios de quienes son considerados “ilegales” por las leyes de extranjería, en palabras de Cristina Fernández, que piensa el fenómeno para las fronteras Europa-África:

De esta forma, la frontera actúa en el propio país de origen, desde el mismo momento en que una persona decide emprender una experiencia migratoria. Se trata de un mecanismo preventivo que varía sustancialmente en función de cada individuo, en la medida en que, más que defender la soberanía de los Estados, pretende definir la identidad y discriminar entre migrantes “deseables” e “indeseables” […]. La externalización también se da mediante la transmisión a terceros países de la responsabilidad del control y la gestión de los migrantes (Fernández, 2008: 6).

Así, como sucede con otras fronteras en el mundo, la externalización de fronteras con base en lo securitario no frena el éxodo masivo de quienes huyen del neoliberalismo, sino que amplía y complejiza el éxodo de los transmigrantes, pero de ninguna manera lo detiene. En México, esta externalización de fronteras se ha traducido en el desplazamiento de las rutas migratorias tradicionales, intensificándose el tránsito por trayectos donde la guerra entre los cárteles de la droga y el gobierno mexicano está en su apogeo (como la llamada Ruta del Golfo, que comienza en Tabasco, frontera con Guatemala, pasando por Veracruz y difuminándose en el resto de las rutas hacia el norte en el centro del país), viéndose así los centroamericanos en medio de otra guerra.

La bunquerización de la tercera frontera o externalización de fronteras, ambos son conceptos que determinan una de las hipótesis centrales de quienes piensan seriamente las fronteras al sur de México, lo mismo en Chiapas que en Tabasco, cuando plantean que la actual política migratoria y los instrumentos jurídicos para su gestión están anclados en la doctrina de seguridad hemisférica (combate a las amenazas y a la seguridad nacional), lo cual deja sin efecto o limita extremadamente la exigibilidad de los dh de los migrantes:

Es esta subsunción del sistema de justicia penal la que atraviesa a la migración irregular, pues al colocarla en la agenda de seguridad nacional somete a ésta y a las personas transmigrantes a decisiones gubernamentales de “excepción”, decisiones que por su propia naturaleza invalidan, sin incurrir en ninguna violación, al mandato del derecho internacional de respeto de los derechos humanos de los migrantes (García Aguilar, 2011: 93).

O como bien señalan las organizaciones de protección a los dh de los migrantes sobre la reformulación de las leyes migratorias recientemente reformadas en México:

No obstante, aunque [en la nueva Ley de Migración aprobada en 2012] se propone la promoción y protección de los derechos humanos de las personas migrantes, a lo largo de su texto se anula esta intención porque subordina este objetivo a la preservación de la soberanía y seguridad nacionales, lo que mantiene el enfoque criminalizador de la migración (Arias y Carmona, 2012. Las cursivas son mías).

Así, la lógica de gestión de las migraciones vigente en México, sustentada en la externalización de fronteras instituidas por convenios de “seguridad nacional” entre México y Estados Unidos es el contexto concreto del territorio por el que transitan los migrantes centroamericanos en su camino a la economía estadunidense, donde esperan mejorar su calidad de vida, escapar del terror o ejercer una ciudadanía plena. En un marco contextual más amplio, no hay que olvidar que estos transmigrantes recorren este país convertido en frontera vertical, en el que se cuentan entre cuarenta y cinco mil y sesenta mil muertos por una guerra contra el “crimen organizado”.[9]

Tratados como delincuentes que infringieron las leyes de entrada a territorio mexicano, estos migrantes son objeto de doble vulneración: pierden subjetividad jurídica (su condición de ciudadano nacional de tercer país en tránsito) y son considerados amenazas para la seguridad nacional; además de que padecen la violencia de una población con frágiles vínculos societales que ven en los centroamericanos en tránsito sujetos aún más débiles que ellos mismos y, por lo tanto, agredibles, secuestrables, desechables.

Las consecuencias de esta producción legal de ilegalidad subjetiva (De Genova, 2003), el catalogar a los migrantes en tránsito por México como “irregulares” que vulneran las leyes de acceso a territorio nacional es, desde nuestra perspectiva, una de las principales explicaciones para los diez mil secuestros anuales en su contra[10] y las setenta mil desapariciones.

La Caravana de Madres Centroamericanas, o donde el guión de la securitización de las fronteras no contemplaba diálogos...

Éste es el contexto en el que, desde hace doce años, un grupo de mujeres practica un ejercicio concreto de desobediencia a las fronteras. Vienen a nuestras morgues, a nuestras cárceles, a nuestras plazas, a nuestras iglesias, a nuestros medios de información, a nuestras instituciones, preguntando si alguno de esos cuerpos sin identificación, presos sin historia, mujeres atrapadas en el circuito de los cuidados que el capitalismo ilegaliza, pero del que se soporta, son sus hijos, o sus nietas, o sus madres. Son las madres centroamericanas caravaneras, protagonistas de este trabajo y de un movimiento social de nuevo tipo.

Considerar la agencia de maternar la búsqueda de sus hijos en territorio minado por las leyes que los categorizan como potenciales riesgos para la seguridad nacional es, para este trabajo, un ejercicio fundamental que parte de considerar la acción política de estas madres como un ejercicio de desobediencia del régimen global de fronteras en general, y en particular a la externalización de la frontera estadunidense a la región mesoamericana (México y Centroamérica).

Para la reconstrucción histórica de este ejercicio de acción política, partimos de las voces recuperadas durante el trabajo de campo ya descrito al principio de este trabajo. Y recurrimos al andamiaje teórico propuesto por el Grupo de Estudios Subalternos, una colectividad de historiadores hindúes que, desde los años ochenta, impulsa un análisis anclado en los contextos sociohistóricos de los fenómenos actuales.[11] Más allá de los metadebates que esta escuela de pensamiento desató para los intelectuales interesados en desbordar los márgenes del pensamiento eurocéntrico, en este trabajo recurrimos a sus coordenadas teóricas para retomar el desafío de dar cuenta de las formas de acción política (o agencia) de los sujetos “subalternizados” (Rodríguez, 1998).

Los historiadores de esta escuela proponen ampliar la imaginación teórica para comprender la acción política de los sujetos subalternos desde lo cotidiano y desde lógicas no manifiestamente ideológicas, sino como respuestas de diversos matices a ejercicios de dominación, resistencias que, de forma latente, representan, puestas en otra perspectiva histórica, la emancipación cotidiana de los pueblos a estructuras de dominación.

Desde esta perspectiva, comprender la agencia de los sujetos subalternos como acción política emancipatoria, si bien no nombrada por quienes la ejercen como un proyecto ideológico concreto, aplica para el estudio de casos como el que se presenta a continuación, pues las acciones de las madres centroamericanas, al maternar la búsqueda de sus hijos, así como la estructuración de sus discursos, más de corte religioso y afectivo que apegados a la retórica de los dh o desobediencias explícitas, representan un pozo performativo y argumentativo para desafiar el régimen securitario de externalización de fronteras.

La antropóloga argentina Elizabeth Maier, en un trabajo para caracterizar los movimientos de madres de detenidos/desaparecidos en América Latina (1998) establece que los colectivos de madres en Argentina, Guatemala, México o El Salvador, irrumpieron en los espacios públicos de países en Estados de excepción declarados o velados, bajo la identidad política del ser madres. Desafiando con ello la construcción del discurso patriarcal que confiere a la maternidad el lugar de la crianza, pero no la defensa, protección y provisión de los hijos:

“Así, los comités de madres de desaparecidos son espacios de participación femenina que, en representación de los contenidos tradicionales de la figura materna latinoamericana, transgreden a estos mismos contenidos. En una primera instancia, porque resignifican el empleo del espacio social, que a razón de las tareas genéricas en sociedades específicas, demuestra una utilización diferencial entre hombres y mujeres de la geografía social” (Sabaté, Rodríguez y Díaz, 1995: 181, cits. en Maier, 1998: 6). Cuando maternan en la vía pública, en los recintos políticos, en los campos militares y en las oficinas de los organismos intergubernamentales, las madres de los desaparecidos, sin percatarse, encarnan la tesis feminista más trascendental de “lo personal es político” (Maier, 1998: 6).

Así, maternando en la vía pública, las madres latinoamericanas agrietaron los discursos instituidos de los regímenes que produjeron a sus hijos como delincuentes o terroristas, igual que las madres centroamericanas demandan que sus hijos no sean tratados como criminales, que se oponen a las leyes migratorias sustentadas en las extranjerías de los nortes, basadas en la perversa asociación de la migración de personas con la defensa de la seguridad nacional.

Pero, además, con este maternar la búsqueda, las centroamericanas siguen insistiendo en la figura política del desaparecido: no muerto, pero tampoco presente, vivo en la memoria de sus colectividades. De ahí que en la décima edición de la caravana en 2014, la consigna central fue “Vivos emigraron, vivos los queremos”.

Estableciendo un paralelismo con las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, proponemos, que la Caravana de Madres Centroamericanas ha de ser comprendida como el reflejo preciso de la violación sistemática de los dh de los migrantes centroamericanos, como los “daños colaterales” de las políticas de gestión migratoria que México, como país de tránsito, y Estados Unidos y Canadá como territorios destino, han signado desde 1994 en el marco de la liberalización del mercado y la securitización que criminaliza la movilidad humana. También, como las “locas de Plaza de Mayo”, las madres centroamericanas buscaron poner en común el horror de la perdida para elaborar un duelo en ausencia, pero compartido en colectivo.

Estas madres, sujetas políticas subalternas, indias y mestizas pobres, centroamericanas sin filiaciones políticas previas y sin una batería discursiva propia de los defensores de dh de los migrantes, han abierto brecha para agujerear la hegemonía de la gobernanza de las migraciones que produjo a sus hijos como “sin papeles” y los convirtió en carne de cañón, ya para la compleja red de la trata de personas, ya para la industria de la migración ilegal.

Entrevistadas entre las interminables horas en las que recorrimos en un autobús la ruta del Golfo de México por la que los migrantes, las drogas, los zetas, los betas, los agentes de migración, las policías estatales y nacionales, el ejército, los recursos naturales y los imaginarios colectivos transitan del sur neoliberalizado al norte en plena crisis del capitalismo global, una buena parte de las treinta y tres madres de la Caravana de Madres Hondureñas en busca de sus hijas migrantes desaparecidas, nos contaron sus vidas y las ausencias que las hicieron sumarse en un “nosotros” que, insisto, debemos sumar a la lista de las laureadas organizaciones de madres de detenidos/desaparecidos en nuestro continente.

La Caravana “Busco tus huellas con la esperanza de encontrarte”, que transitó por las rutas del terror en México entre octubre y noviembre de 2011, es una iniciativa de largo aliento y que va por ciclos, organizada por el Movimiento Migrante Mesoamericano, la Asociación de Migrantes y Familiares (Red Comifah) y la Pastoral de la Movilidad Humana y, sobre todo, el Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Progreso (Cofamipre), estas tres últimas de Honduras. Si bien en las últimas ediciones de esta caravana formaban parte orgánica de la misma colectivos e instituciones eclesiásticas de Nicaragua, Guatemala y El Salvador.

En su octava edición, la caravana contó con la participación de un grupo de mujeres salvadoreñas, una nicaragüense, una madre salvadoreña ya ciudadanizada como estadunidense y la presencia de una de las hijas recuperadas por la anterior caravana de madres, en su mayoría las viajeras en ese autobús venían del campo hondureño. Habían transitado por tierra los mismos caminos que sus hijos, hijas, hermanas, nietos y nietas, recorrieron buscando escapar de la violencia de Estado y la violencia de género.

Las hijas, hermanas o madres que hoy andan buscando las mujeres de esta caravana desaparecieron algunas recientemente, otras desde hace ya casi tres décadas, todas se fueron con “polleros(as)”, “coyotes(as)” que les prometieron trabajo y “papeles”, a cambio de sumas diferenciadas de dinero que pueden alcanzar hasta los seis mil dólares, según reportes de prensa regional y nacional. Los y las hijas de estas mujeres emprendieron camino con mujeres y hombres jóvenes de sus comunidades hasta “Chiapas” (Tapachula por lo general). Después de Chiapas, su rastro se pierde. No hay registros oficiales eficientes que permitan cruzar los datos de las morgues, los hospitales, los centros de detención migratoria del inm, las cárceles o los registros de seguro social de empresas contratantes.

La Caravana de Madres (hoy) Centroamericanas comenzó como una iniciativa de un colectivo de radioescuchas: Radio Progreso,[12] la estación comunitaria de la Iglesia hondureña en esa localidad, abrió un espacio para que dos radialistas deportados de Estados Unidos realizaran un programa dominical a micrófono abierto. La idea inicial era más afectiva que organizativa. Se trataba de replicar lo escuchado en las radios californianas. Un espacio para que las familias transnacionales se comunicaran sus nostalgias. A través de llamadas telefónicas en vivo entre alguien en Progreso, Honduras, y un migrante hondureño en algún punto de Estados Unidos. La radio, de programación mayoritariamente cristiana, gozaba de alta popularidad entre las familias del pueblo por programar en sus barras música ranchera.

Una de las madres, doña Emeteria Martínez, fundadora de este esfuerzo, que encontró a su hija Ada diecisiete años después de desaparecida, apenas en la caravana de 2010, fue al programa y pidió contar su historia. Todos en el pueblo sabían que su hija estaba en el norte. Pocos sabían que su madre la buscaba con desesperación hasta entonces. Después de la narración contada en directo, en la que doña Emeteria suplicaba al micrófono “hija, si me oyes comunícate conmigo”, otras madres vinieron el domingo siguiente. De pronto, el programa de conexión telefónica, se convirtió en una asamblea radializada de muchas madres que buscaban a muchos hijos e hijas.

De la cabina transitaron a organización civil y hoy conforman la Red de Familiares de Migrantes Desaparecidos en Honduras. La iniciativa ha sido replicada por la Pastoral Social de Nicaragua y El Salvador, y en estos tres países hay hoy colectivos de madres organizadas. La caravana a México es una de las varias estrategias que despliegan para demandar ya no sólo la aparición de los hijos perdidos en la frontera vertical. Las demandas se han extendido. Estas asociaciones de familiares de migrantes configuran un actor central en el entramado de organizaciones civiles y sociales por los dh en Centroamérica, y son un ejemplo más de los movimientos sociales protagonizados por víctimas que, al nombrarse como tal, se agencian. Por ello, por ejemplo, las madres participan lo mismo denunciando las condiciones infrahumanas de encarcelamiento en las cárceles hondureñas, que oponiéndose a la violencia de Estado que se desplegó después del golpe militar en Honduras.

En materia de derechos de los migrantes, las organizaciones de familiares participan de la invención, desde mi perspectiva, de un discurso que se opone al tráfico de personas, de mujeres y niños, para decirlo más concretamente, desde un repertorio que no produce a éstos como “víctimas” y que va conformando el sedimento argumentativo que tanto hemos buscado quienes, desde la academia o el feminismo militante, nos oponemos a la construcción de la migración femenina en clave “trafiquista”.

Además de conversaciones en plazas, atrios, anuncios pagados en periódicos locales, cartas a funcionarios, informes desoladores, anualmente publicados por las pastorales centroamericanas, las mujeres, madres, hermanas o parejas de quienes están desaparecidos, usaron redes virtuales y convencionales como el hi5, el Facebook, la televisión, la radio, los medios. Construyendo acción colectiva desde la apuesta central que dice: “no me quisiera morir sin ver a mi hija”.

Los objetivos centrales de esta red de organizaciones, que cuando vienen a esta frontera vertical se autonombran como “Caravana de Madres”, hoy

Reiteramos que nuestro objetivo es denunciar de forma pública y pacífica las continuas agresiones que nuestros familiares han padecido en México; dar testimonio del trato inhumano y criminal que el Estado mexicano obsequia a los migrantes en tránsito y exigir que la complicidad, la impunidad y la participación directa de funcionarios y servidores públicos en actos de secuestro y desaparición forzada sean erradicados mediante acciones concretas.

La violencia exacerbada, la pasividad de los Estados por iniciar procesos de investigación o ejercer acciones de búsqueda concreta de las personas desaparecidas en México, la colusión, connivencia y participación de funcionarios y servidores públicos con el crimen organizado, la impunidad, el silencio de algunos sectores de la sociedad, nos afectan a todos y todas por igual y deben terminar ya (cmc, 2011).

Para conseguir estos objetivos, las madres centroamericanas y los defensores de dh que las acompañan utilizan todo tipo de estrategias; entre éstas “caminar preguntando” desde que salen en autobuses alquilados con recursos pastorales y autogenerados durante todo el año. Caminan por las rutas que transitaron sus hijos. Paran en estaciones migratorias, recorren las vías del tren de la muerte, entran en las cárceles mexicanas, buscan en los prostíbulos y centros de baile por donde “abundan las morenas”, buscan en hospitales y en las morgues los cuerpos que llorar, aunque su corazón apuesta por encontrar vivos a sus afectos, como doña Rosario Ibarra y sus compañeras del comité Eureka reclamaban desde 1970 en México, ellas dicen: “Vivas se fueron, vivas las queremos”: “Desde la primera vez que vine ando preguntando, a los muchachos aquí en las vías, fuimos a la morgue, hablamos con los de derechos humanos. Vamos a preguntar a todo el mundo, hasta dar con ella, seguro que aparece” (Dilma Pilar, madre hondureña caravanera).

Pero además de su caminar preguntando, sostienen desde hace tres años (es anual la visita) entrevistas con funcionarios de alto nivel, responsables del inm, la Secretaría de Gobernación, comisiones legislativas federales o estatales en materia de migración o seguridad nacional, organizaciones estatales o federal de dh. A todas y en todas, la demanda es la misma: establecer, mejorar, operar con eficiencia mecanismos institucionales de búsqueda, rastreo y seguimiento del paradero de los migrantes.

Si bien ha habido transformaciones importantes desde que, en 2010, los cuerpos de setenta y dos migrantes aparecieran masacrados en un rancho de San Fernando, Tamaulipas.[13] Durante la década del dos mil las caravanas no sólo no recibieron atención mediática significativa por parte de las empresas periodísticas mexicanas, sino que incluso las autoridades nacionales les negaban la visa de tránsito por razones humanitarias y tuvieron que limitar sus trayectos en varias de las ediciones de la caravana. Hoy, tanto los medios como el gobierno mexicano han concedido atención parcial a sus visitas: “Los gobiernos locales sólo nos ayudaron con temas de seguridad, pero no hubo ningún compromiso verdadero, ningún gobernador de los estados por los que pasamos tuvo ese interés por escuchar a las madres” (declaraciones del activista Rubén Figueroa, miembro del Movimiento Migrante Mesoamericano [mmm], El Universal, 2012).

Por ello —y esto hay que enfatizarlo—, no ha sido la acción institucional la que ha ayudado a recuperar a sesenta y nueve migrantes salvadoreños y hondureños desaparecidos, saldo de “hijos e hijas recuperadas” por las últimas caravanas de madres, desde 2011 a la fecha, gracias al trabajo que activistas por los derechos de los migrantes en México hacen como parte del seguimiento de la caravana.[14]

Entre las madres caravaneras, compartieron todas las entrevistadas, el duelo impedido se corporeiza en problemas de salud de toda índole, padecen crisis por depresión, ansiedad, hipertensión, diabetes, artritis, problemas digestivos, todos los cuales se manifestaron luego de visitar una cárcel, una estación migratoria, de recibir “pistas” de los migrantes que encontraban en las vías por las que transita el tren (o “la bestia”, como se le llama a los ferrocarriles que atraviesan México), en el que los migrantes centroamericanos se “montan” para agilizar su tránsito.

Desde nuestra perspectiva, las acciones de este nuevo actor político colectivo, las madres caravaneras, devela un ejercicio profundamente político al rastrear las huellas de la desobediencia a las normas de entrada y permanencia en un territorio extranjero, al desobedecer las fronteras que esos exiliados del neoliberalismo practicaron. Un tipo de acción política en la que sirve poner atención porque estas madres, al agenciarse como caravaneras, salen de la casa que expulsó a las hijas, del espacio doméstico en el que las golpearon, las violaron, las explotaron. Y al convertirse en activistas por los dh de los migrantes, van desnaturalizando la violencia de género que las produce como culpables y fugitivas. Y al compartir los motivos del éxodo de sus hijas, las hoy abuelas criadoras, al responsabilizar a las crisis políticas, económicas y sociales, y también a los maridos, los vecinos, los patrones, los padres, de la fuga desesperada de las hoy hijas perdidas, inscriben en la historia de los nietos, en la de su comunidad y la suya propia, ejercicios concretos de desnormalizacion de esa violencia patriarcal.

Pero también —y ésta es una de las principales revelaciones que podemos comprender—, la agencia de estas mujeres que maternan la búsqueda de sus desaparecidos, no estaba contemplada en la ingeniería de control racista y securitario de las fronteras. Ninguno de los acuerdos de externalización de fronteras contempló el agenciamiento político de estas madres, por tanto, no hay protocolos para actuar o responder a sus demandas, para detener su andar por nuestra barbarizada sociedad.

Si bien nos tardamos una década en reconocerlas como actor político fundamental, en comprender su acción colectiva como una potente desobediencia concreta al régimen global de fronteras, hoy, ellas y su caminar preguntando nos enseñan estrategias para desnormalizar la violencia de Estado y del mercado. Por ello, estas dos dimensiones nos ofrecen un espejo sobre prácticas y estrategias radicales de defensa de los dh de los migrantes, más allá del repertorio de discursos manifiestamente políticos o ideológicos, instrumentos jurídicos o protocolos que defienden a los migrantes.

Los discursos de los derechos humanos y las luchas de los migrantes, puntos de quiebre

Si postulamos antes que al maternar la búsqueda las madres caravaneras radicalizan los márgenes performativos y discursivos de los dh, decidimos preguntar en una entrevista colectiva a las protagonistas de este fenómeno ¿qué percepción tienen de los discursos de los dh y qué uso social hacen de éstos las madres organizadas para la defensa del derecho a la verdad y la justicia en su búsqueda por la aparición de sus familiares migrantes?

Así pues, concluimos este texto abordando el alcance y los límites que el discurso hegemónico de los dh tiene para las prácticas emancipatorias de las luchas de migrantes, en concreto, la percepción que las madres caravaneras tienen de dicho repertorio discursivo y el uso social que hacen de éste para su actuar cotidiano. Esto es, confrontar la exigibilidad de los dh reconocidos en tratados y leyes nacionales e internacionales, con la búsqueda de las madres caravaneras. Si bien es importante acotar que esta aproximación y su problematización se basa en un análisis de carácter sociointerpretativo, desde la perspectiva de las prácticas sociales y culturales vigentes alrededor del fenómeno en cuestión, y no desde la perspectiva de la literatura sobre la dimensión legal o incluso sociojurídica de los derechos humanos.

Los tratados a los que nos referimos cuando hablamos de discurso de los dh “hegemónicos” son los reconocidos por las instituciones supranacionales de la modernidad, es decir, los que suscriben el paradigma liberal de la soberanía nacional Estadocéntrica para implementar en leyes internas los valores universales que ya se han instituido universalmente (Douzinas, 2000), en lo general para todo ser humano: la Declaración Universal de los Derechos del Hombre (1948) y el Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (que de cumplirse garantizarían el “derecho a quedarse” de quienes migran); la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (de 1984), el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, aprobado en 1988 (García, 2011).

Y en particular los tratados internacionales que amparan los derechos específicos de los migrantes y sus familias son la Convención Internacional sobre la Protección de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familias de 1990 (que protege a los migrantes documentados por los Estados y se pronuncia por la gestión “ordenada de las migraciones” y que, por lo tanto, es usado como argumento para la gestión global de las migraciones y en contra de los migrantes que desobedecen las leyes de extranjería), así como la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus dos protocolos complementarios, el Protocolo para Prevenir, Suprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, y el de Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire del año 2000 (Bustamante, 2002; García, 2011).

Estos protocolos los utilizan las organizaciones de migrantes y las instituciones que buscan garantizar la defensa de sus derechos, en el sentido que Ariadna Estévez (2012) establece cuando habla de un escenario en que los “derechos humanos de la movilidad humana” sean instituidos en los imaginarios hegemónicos de los dh; sin embargo, los instrumentos legales también los instrumentalizan los gobiernos y las instituciones supranacionales para victimizar o criminalizar a quienes recurren a las redes de coyotes o son atrapados por la industria del tráfico de personas, luego de ser ilegalizados por las leyes de extranjería de los países de tránsito o destino, siendo este último uso instrumental de los protocolos los que actualmente dominan el espectro de no exigibilidad de los mismos para los migrantes y ponen en duda las posibilidades emancipatorias del repertorio discursivo de los dh liberales.

Así pues, los protocolos o tratados son herramientas de doble filo, porque dichos tratados específicos son usados por organizaciones civiles defensoras de los migrantes, pero también han servido a los gobiernos y las agencias internacionales para configurar lo que llamamos el “gobierno global de las migraciones”, que básicamente consiste en el ideal normativo (nunca logrado) de “bracerizar”[15] las migraciones contemporáneas a escala global, es decir, la apuesta manifiesta de la oim y de la Comisión Mundial para las Migraciones de la onu (apenas como ejemplos) de construir esquemas de gobernanza global en los que sea posible una migración ordenada, temporal y estrictamente instrumental, según las necesidades del capitalismo.

Así, los discursos hegemónicos de los dh, liberales y asimilados a una tanatopolítica antes que al reificado cosmopolitismo jurídico, hacen de los instrumentos y protocolos de dh un discurso limitado y finito, y sus consecuentes prácticas instituidas por organismos supranacionales los convierte en una herramienta más para la gobernanza en tiempos del capitalismo tardío. Tema que Costas Douzinas (2007) ha abordado ya en profundidad y para el que sería necesario otro capítulo completo para discutir las prácticas emancipatorias, alteritarias o transmodernas de las caravaneras protagonistas de este estudio.

Instrumentalizados o no por los gobiernos y los empresarios, los instrumentos de defensa y promoción de los derechos de los migrantes se ven limitados en la práctica por el nacional Estadocentrismo moderno del que habla Seyla Benhabib (2005), que despoja de la categoría de ciudadanía a todos los otros (migrantes con papeles o sin éstos) y los condena a la extranjerización permanente.

No conviene detenerse en esta tesis, harto explorada no sólo en materia de derechos de los migrantes, sino en general de los dh. Apenas nombrarla, y es que los Estados firmantes de los tratados en cuestión[16] tienen el derecho a establecer soberanamente las normas para circular y permanecer en su territorio, y todo ello limita el alcance de los tratados internacionales.

Pero el límite central que la literatura académica reconoce entre la batería de instrumentos internacionales que protegen y promueven los derechos de los migrantes está en la tensión estructural, ya mencionada, entre los dh y las políticas de securitización o seguridad nacional (García, 2011; García y Tarrío, 2008). En concreto, las leyes y tratados internacionales o domésticos (leyes de extranjería, migración y asilo) sobre protección de los derechos de los migrantes en México quedan supeditados a garantizar la seguridad hemisférica, por ello, en la práctica, la mayoría de las medidas de protección para los migrantes enunciadas en dichos instrumentos legales carecen de vigencia, condición que limita la exigibilidad de esos derechos.

Más compleja es la exigibilidad de la protección a los dh que estos instrumentos amparan si consideramos la actual condición de corrupción presente en las instituciones específicas para operar las leyes y programas migratorios (léase inm y los órganos de impartición de justicia y procuración de la seguridad pública en México).

Así pues, identificamos como límites del discurso de los dh de los migrantes la corrupción y la tensión estructural entre los instrumentos de las garantías individuales y colectivas y las políticas de seguridad nacional, tensión que se condensa en un racismo institucional traducido en leyes que extranjerizan permanentemente a los centroamericanos, concibiéndolos como sujetos peligrosos cuando atraviesan el territorio mexicano en condición de “sin papeles”; o bien, catalogados como amenaza a la seguridad nacional, o como víctimas de redes de tráfico de personas, en ninguno de los casos como agentes o sujetos políticos en situación de tránsito con plenos derechos. En palabras de las caravaneras entrevistadas:

Los derechos humanos están, pero debido a las caravanas que se han hecho, se mira muy claro que no están respetando los derechos humanos especialmente los de los migrantes, porque “ellos” [los representantes de las instituciones gubernamentales] en las ruedas de prensa dicen “sí les vamos a apoyar, si les vamos a dar respuesta”, pero a la hora de la hora estas madres siguen buscando esa respuesta […]. Pero, en este país, por el hecho de ser indocumentado, no tienes derecho a nada, es más, te tratan todos como maleante (Varela, 2012).

Los dh los protagonistas de la migración los perciben como un discurso que —pronunciado por las instituciones que deben garantizar su cumplimiento— son un discurso hueco, vacío, pero sobre todo contradictorio: “Los gobernantes, que dicen que nos apoyan, que prometen hablar con las autoridades para que no se [vuelvan] a violentar los derechos humanos de nuestros hijos, pero derecho a qué, ¿a que los maten, a que los violen, a que los secuestren? Si esos son los derechos humanos, entonces la verdad que estamos amolados” (Varela, 2012).

Los familiares organizados de los migrantes desaparecidos en su tránsito por México, no sólo manifiestan una abierta desconfianza por los discursos instituidos en materia de dh, que ellas llaman “los derechos humanos de los de arriba”, sino que oponen a esos discursos el relato de la violencia que se inscribe en los cuerpos y las historias de sus hijos e hijas, de ellas mismas, por tanto, como espejo: “De qué sirve que hablemos de los derechos humanos, estamos hablando de los de “arriba”, pero hablemos también de los que están dirigiendo los derechos humanos, porque no los están cumpliendo, nos están viendo como que no somos personas, como que no valemos nada. Y nuestros hijos cuando pasan por acá [México] viven puro peligro, de esa gente que defiende sus derechos” (Varela, 2012).

A esta violencia estructural que padecen los migrantes en territorio mexicano, se suma el racismo social o la xenofobia en un territorio donde, además, se vive un proceso de “liberalización de la violencia” (Santos, 2003), luego de la guerra entre cárteles de la industria de las drogas y el gobierno mexicano, que dejó una población nacional con frágiles vínculos societales, escasa confianza en unas instituciones de impartición de justicia, en donde “se vale todo”, porque nada es sancionado con apego a la ley.

Y es que, a la condición inherente de los sociedades modernas, comunidades nacionales imaginadas[17] en las que el otro es visto “desde arriba” o institucionalmente como amenaza a la seguridad nacional, como víctima de tráfico de personas, como criminal que transgredió las leyes de entrada al país, y “desde abajo”, desde los “ciudadanos nacionales”, el otro se percibe como competencia y como figura que encarna el peligro y la amenaza, en todos los casos el otro no es sujeto político ni jurídico y sobre él se ciernen los abusos y violaciones a los derechos humanos.

Pero, además, en situaciones bélicas, como ya cabe señalar e incluir a México, aparecen las agresiones a los derechos de los migrantes por parte de la industria de la muerte. Tal y como ha sido documentado en algunos trabajos periodísticos:

Los relatos de los sobrevivientes de secuestro rebasan los límites de la imaginación. A los transmigrantes se les convierte en objetos de entretenimiento sádico […], centroamericanos que son obligados a pelear hasta la muerte con marros o a matarse a tiros; hijos adolescentes que son forzados a sostener relaciones sexuales con sus madres; hombres despedazados a machetazos cuyos restos se cocinan para sus propios compañeros o se arrojan a fosas de cocodrilos; mujeres embarazadas apaleadas hasta el aborto, cuyos fetos se arrojan a los secuestrados; violaciones multitudinarias; hacinamientos de centenares de personas que se prolongan por meses; hombres sometidos que son arrollados por tractores. En sólo dos años se han descubierto mil quinientos cadáveres de migrantes. “No hay otro país en el mundo donde ocurran más muertes de migrantes internacionales que en el nuestro”, escribió el investigador Jorge Bustamante en Reforma el 28 de marzo (Ruiz Parra, 2012: 4).

Estos hechos, específicamente la masacre de San Fernando, Tamaulipas, indignan periódicamente a la opinión pública en los mass media de México, dicha masacre volvió visible una realidad, repetida en el último decenio hasta el cansancio, y convirtió en noticia las fosas comunes de migrantes en todo el país.[18]

No obstante, la violencia de la que son objetos los centroamericanos en México, se diluye entre los otros relatos de la barbarie contemporánea en las páginas de sucesos violentos, naturalizándose de manera peligrosa. Como señalan García y Tarrío:

Sin embargo, los riesgos mayores derivan de que esta violencia crece día con día, lo que está llevando a la normalización y a la legitimación de estos hechos por parte de la población local, erosionándose los lazos de amistad y solidaridad que habían caracterizado las relaciones entre los pobladores del sur de México y del área de Centroamérica, particularmente de Guatemala (García y Tarrío, 2008: 137).

Y que, a su vez, va construyendo un imaginario —entre las sociedades centroamericanas— de “los mexicanos” como corresponsables de dicha barbarie:

Tienen que respetarnos [los mexicanos] tienen que respetar nuestros derechos como humanos… [en la caravana, las madres han constatado que] todos los migrantes de la casa del Padre Pantoja [albergue de Saltillo] llegan maltratados y golpeados por los mismos mexicanos, y ellos que son mexicanos que tal nosotros centroamericanos, por eso digo yo que las palabras se las lleva el viento (Varela, 2012).

Revertir el imaginario colectivo sobre los migrantes centroamericanos como otros peligrosos y, por tanto, otros a los que se puede violentar, debe ser un tema prioritario entre las instituciones gubernamentales. Revertir el imaginario sobre “México país retén”, territorio de terror y sociedad hostil que hoy se consolida en los países del continente, especialmente en Centroamérica; ello implica otro debate urgente y necesario desde la academia y los movimientos sociales. El costo de haber adoptado sin reservas el paradigma de la seguridad hemisférica y supeditar a éste los dh de todos los otros en México está aún por visibilizarse.

Conclusión: los intersticios de los discursos de derechos humanos y de las luchas migrantes

A pesar de este panorama hostil actual y a futuro, los dh para los migrantes y sus familiares organizados siguen siendo un discurso útil y casi la única herramienta de la que disponen para la interlocución con los gobiernos involucrados en resolver las demandas concretas de las organizaciones. No obstante, desde la perspectiva de las madres organizadas, los dh “de arriba y de abajo” requieren del papel de las organizaciones civiles para su radicalización:

En el tema de los derechos humanos, creo que nosotros somos parte de ellos. En el tema de defender y reclamar en dónde están nuestros hijos, nosotras somos parte de [la lucha por los] derechos humanos […]; tenemos que reclamar como madres, como personas, como ciudadanos, tenemos el derecho y ellos [los funcionarios de las instituciones] tienen el deber de darnos una respuesta, entonces sí somos defensoras de derechos humanos, pero no en el ámbito que ellos trabajan (Varela, 2012).

Cuando se refieren al “ellos”, las madres imaginan los espacios y los actores involucrados en el entramado institucional para la defensa y promoción de los dh, un espacio/raigambre en el que convergen lo mismo tecnócratas y activistas que confían en la efectividad del discurso de los dh. Resulta interesante y revelador cómo, a los ojos de estas madres organizadas, los actores de dicha raigambre son subjetividades carentes de compromiso. Es decir, los dh como discurso los perciben las madres caravaneras como la retórica con la que el Estado y sus instituciones encubren la ineficacia para dar con el paradero de sus hijos desparecidos.

No obstante, y a pesar de esta asociación entre los discursos vacuos de funcionarios ineficientes y el repertorio performativo de los dh, en el relato de las madres hay un agenciamiento como defensoras de otros dh, más allá de las instituciones de las que los han oído nombrar: “Nosotras mismas nos convertimos en defensoras de los derechos humanos por la necesidad de saber de nuestros desaparecidos […] y de exigir justicia” (Varela, 2012).

Así, si bien consideran el discurso de los dh como formas de encubrir la impunidad que prevalece cuando, en lo que al ejercicio de justicia para migrantes se refiere, las madres consideran importante apropiarse de esos discursos de dh, aunque ello conlleve riesgos para estas defensoras, porque, como explican, a las violaciones sistemáticas de dh que sufren sus familiares migrantes, a la vulnerabilidad que los esclaviza en la industria de la muerte, se suman los peligros para quienes se convierten en activistas por los derechos de los migrantes:

A quienes defienden los derechos humanos los matan, los desaparecen. Están los ejemplos de los curas, Solalinde [del albergue en Ixtepec, Oaxaca] y fray Tomás [del albergue en Tenosique, Tabasco], que han sido amenazados y secuestrados por defender los derechos humanos, y en parte nosotros nos hemos convertido en una piedra en el zapato que los estamos incomodando […], y si te amenazan a ti, a tu familia, te quedas callada por el miedo y ahí tú misma estás que no defiendes tus derechos. Pero se va rompiendo bien a la mala, bien a la buena, como con la caravana (Varela, 2012).

Desde nuestra perspectiva, la tensión estructural entre los dh y las políticas de securitización o seguridad nacional que permean el fenómeno aquí estudiado, parecen tener una grieta no imaginada por discursos académicos, doctrinas de militantes de los dh o políticas públicas: hablamos de las resistencias en clave femenina y materna que agrietan el gobierno global de las migraciones.

En un proceso de mutuo reconocimiento, las madres caravaneras se agencian como “otro tipo” de defensoras de dh, apropiándose del repertorio argumentativo que los dh como campo semántico abren para su lucha.

Si bien del análisis de las reflexiones y las prácticas de las caravaneras destaca la ausencia de una estrategia para “enredarse” transnacional y transversalmente con organizaciones y colectivos que regional o continentalmente trabajan por la visibilización y consecución de demandas de la misma índole que las de estas madres.

A pesar de esta aparente desconexión del movimiento de madres, quienes trabajan en la radicalización de ese repertorio desde las organizaciones sociales y la academia, han de reconocer que maternar la búsqueda de los hijos desaparecidos de estas centroamericanas es el resquicio para desbordar los márgenes aún nacional Estadocéntricos y securitarios, de los actuales dh, todavía atrapados en el liberalismo del capitalismo global.

A su vez, las madres organizadas en esta caravana subsanan la desconfianza que les producen los discursos y prácticas hegemónicas de los dh, si bien con límites inherentes a su liberalismo y nacional Estadocentrismo, actualmente ese repertorio discursivo y performativo es eficiente para agrupar las demandas de estas mujeres. Porque, gracias a los argumentos heredados de los dh, el acto de maternar la defensa de los derechos de los migrantes amplía poco a poco los márgenes de acción para discursos alternos que, desde los dh, combatan el triunfo retórico de criminalizar las migraciones puesto que, recordemos, lo nuevo en la modernidad son las fronteras y los regímenes globales de gobernanza de la movilidad humana, y no las migraciones de personas, constitutivas de la experiencia humana en todo momento histórico.

Finalmente, uno de los hallazgos más relevantes que este trabajo nos permitió descubrir es que al poner atención en las prácticas políticas de este tipo de movimientos sociales, se ofrecen elementos para radicalizar las apuestas y las prácticas de quienes suscriben el ideal normativo de que con los dh se consiguen la democracia y la justicia en la actualidad. Maternar la búsqueda de hijos desaparecidos, y hacerlo en territorios minados por múltiples violencias es, pues, una práctica concreta de luchas por los dh radical, que devuelve a ese discurso instituido su potencia emancipatoria.

Fuentes

Anguiano, María E. y Ana M. López Sala

2011 Migraciones y fronteras. Nuevos contornos para la movilidad internacional. Barcelona: Icaria.

Arias, Karina y Nancy Carmona

2012 Evolución y retos del marco normativo migratorio en México: una perspectiva histórica. México: Sin Fronteras.

Artola, Juan

2005 “Debate actual sobre migración y seguridad”, Migración y Desarrollo 5 (segundo semestre), en <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=66000507>, consultada en mayo de 2013.

Azaola, Elena

2012 “La violencia de hoy, las violencias de siempre”, Desacatos, no. 40 (septiembre-diciembre), en <http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1405-92742012000300002&script=sci_arttext>, consultada en junio de 2014.

Benhabib, Seyla

2005 Los derechos de los otros: extranjeros, residentes y ciudadanos. Barcelona: Gedisa.

Bhabha, Homi K.

2002 El lugar de la cultura, trad. de César Aira. Buenos Aires: Manantial, en <https://archive.org/stream/bhabha-homi-el-lugar-de-la-cultura# page/n1/mode/2up>, consultada en marzo de 2014.

Bustamante, Jorge

2002 Migración internacional y derechos humanos. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam.

Caravana de Madres Centroaméricanas (cmc)

2011 Informe de trabajo. En línea. Movimiento Migrante Mesoamericano <http://movimientomigrantemesoamericano.org/>, consultada el 15 de junio de 2015.

Chakrabarty, Dipesh

2009 “Una pequeña historia de los estudios subalternos”, en Pablo Sandoval L., ed., Repensando la subalternidad. Miradas críticas desde/sobre América Latina. América Problema, 26. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 25-52.

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (cndh)

2011 Informe especial sobre secuestro de inmigrantes en México. México: cndh.

Cruz Monroy, Dafne Isis y Ana Elena Barrios Juárez Badillo

2009 Sur inicio de un camino. Una mirada global de los derechos humanos en la frontera sur de México en su triple condición de origen-retorno, tránsito y destino de trabajadoras y trabajadores migrantes. México: Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo, A.C. (alop)/Enlace, Comunicación y Capacitación, A.C. (noviembre).

Douzinas, Costas

2007 Human Rigths and Empire. The Political Philosophy of Cosmopolitanism. Nueva York: Routledge-Cavendish.

2000 The End of Human Rights: Critical Legal Thought at the Turn of the Century. Oxford: Hart.

El Mundo

2012 “Unos 10 mil muertos están sin identificar en México”, 13 de marzo.

El Universal

2012 “Concluye Caravana de Madres Centroamericanas en México”, 3 de noviembre, en <http://www.eluniversal.com.mx/notas/880696.html>, consultada en abril de 2014.

Estévez, Ariadna

2012 Human Rights, Migration, and Social Conflict: Toward a Decolonized Global Justice. Nueva York: Palgrave Macmillan.

Fernández, Cristina

2008 “Introducción”, en Cristina Fernández Bessa y Mikel Mazkiaran, coords., Frontera sur. Nuevas políticas de gestión y externalización del control de la inmigración en Europa. Bunquerización de las fronteras exteriores y reguero de muertes. Barcelona: Virus.

Galindo, María

2007 “Exiliadas del neoliberalismo”, en <http://www.mujerescreando.org/pag/articulos/2007/ponenicasexiliadas.htm>, consultada en mayo de 2013.

García Aguilar, María del Carmen

2011 “Violencia y ética. A propósito de la inmigración irregular y los derechos humanos en la frontera sur de México”, en Daniel Villafuerte Solís y María del Carmen García Aguilar, coords., Migración, seguridad, violencia y derechos humanos. Lecturas desde el sur. México: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach)/buap/Promep/Miguel Ángel Porrúa.

García Aguilar, María del Carmen y María Tarrío García

2008 “Migración irregular centroamericana. Las tensiones entre derechos humanos, ley y justicia”, en Daniel Villafuerte Solís y María del Carmen García Aguilar, coords., Migraciones en el sur de México y Centroamérica. Tuxtla Gutiérrez: Unicach/Cámara de Diputados, lx Legislatura/Miguel Ángel Porrúa, 123-167.

Génova, Nicholas de

2003 “La producción legal de la ‘ilegalidad’ migrante mexicana”, Estudios Migratorios Latinoamericanos 17, no. 52: 519-554.

Harvey, David

2004 El nuevo imperialismo. Acumulación por desposesión. Madrid: Akal.

Human Rights Watch (hrw)

2012 Ni seguridad ni derechos. Informe 2011. México: hrw (noviembre).

La Jornada

2012 “México no investiga cuando desaparecen migrantes, denuncian ong ante la cidh”, 24 de marzo, en <http://www.jornada.unam.mx/2012/03/24/politica/018n1pol>, consultada en marzo de 2014.

Maier, Elizabeth

1998 “Las madres de desaparecidos: ¿un nuevo mito materno en América Latina?”. Chicago: ponencia presentada en la reunión de la Latin American Studies Association, Universidad Autónoma Metropolitana, Colegio de la Frontera Norte, en <http://www.worldcat.org/title/madres-de-los-desaparecidos-un-nue-vo-mito-materno-en-america-latina/oclc/656995260?refer er=di&ht=edition>, consultada en noviembre de 2012.

Morales Gamboa, Abelardo

2011 “Migraciones, regionalismo y ciudadanía en Centroamérica”, en Daniel Villafuerte Solís y María del Carmen García Aguilar, coords., Migración, seguridad, violencia y derechos humanos. Lecturas desde el sur. México: Unicach/buap/Promep/Miguel Ángel Porrúa.

Nuestra Aparente Rendición

2012 “México: 5 años de guerra, 60 mil muertos”, 12 de enero, en <http://nuestraaparenterendicion.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=866:méxico-5-años-de-guerra-60-mil-muertos&Itemid=36>, consultada en marzo de 2013.

Rodríguez, Ileana

1998 “Hegemonía y dominio: subalternidad, un significado flotante”, en Santiago Castro-Gómez y Eduardo Mendieta, eds., Teorías sin disciplina (latinoamericanismo, poscolonialidad y globalización en debate). México: Miguel Ángel Porrúa.

Ruiz Parra, Emiliano

2012 “Padre Pantoja: amar a Dios en tierra de Zetas”, Revista Gatopardo (mayo), en <http://www.gatopardo.com/reportajesgp.php?R=140&pagina=4>, consultada en marzo de 2013.

Santos, Boaventura de Sousa

2003 “Poderá o direito ser emancipatório?”, Revista Crítica de Ciências Sociais, no. 65: 3-76.

Sin Fronteras

2012 “Comunicado de prensa”, 23 de marzo de 2012, en <http://www.sinfronteras.org.mx/attachments/article/1485/informe_institucional2012.pdf>, consultada en marzo de 2013.

Varela Huerta, Amarela

2012 Entrevista colectiva de la autora a las madres de la cmc. México (noviembre).

2008 “Migrant Struggles for the Right to Have Rights: Three Examples of Social Movements Powered by Immigrants in New York, Paris and Barcelona”, Transfer. European Review of Labour and Research 14, no. 4: 677-694.

Villafuerte Solís, Daniel y María del Carmen García Aguilar, coords.

2011 Migración, seguridad, violencia y derechos humanos. Lecturas desde el sur. México: Unicach/buap/Promep/Miguel Ángel Porrúa.

2008 Migraciones en el sur de México y Centroamérica: Unicach/Miguel Angel Porrúa/Camara de Diputados. México

Fuentes complementarias

Amnistía Internacional (ai)

2010 Víctimas invisibles. Migrantes en movimiento en México. Madrid: ai.

Caravana de Madres Centroamericanas (cmc)

2011 “Declaración final de la Caravana de Madres Centroamericanas”, 13 de noviembre, Cuadernos Feministas [blog], en <http://cuadernosfem.blogspot.com/2011/11/declaracion-final-de-la-caravana-de.html>, consultada en mayo de 2013.

Chabat, Jorge

2010 La Iniciativa Mérida y la relación México-Estados Unidos: en busca de la confianza perdida. México: cide.

Estévez, Ariadna

2010 “Los derechos humanos en la sociología política”, en Ariadna Estévez y Daniel Vázquez, coords., Los derechos humanos en las ciencias sociales: una perspectiva multidisciplinaria. México: cisan, unam/Flacso México, 135-165.

Guha, Ranajit

1999 “La muerte de Chandra”, Historia y Grafía, no. 12 (enero-junio): 49-86.

Mezzadra, Sandro

2005 Derecho de fuga: migraciones, ciudadanía y globalización. Madrid: Traficantes de Sueños.

Morales Gamboa, Abelardo

2007 La diáspora de la posguerra. Regionalismo de los migrantes y dinámicas territoriales en América Central. San José: Flacso Costa Rica.

Varela Huerta, Amarela

2009 “Residency Documents for All! Notes to Understand the Movement of Migrants in Barcelona”, Refuge: Canada’s Periodical on Refugees 26, no. 2: 121-132.

2007 “¿Papeles?, ¡para todos! Diez años de movimiento de migrantes ‘sin papeles’ en Barcelona”, en L. Suárez L., R. Macías y A. Moreno, comps., Los sin papeles y la extensión de la ciudadanía. Madrid: Traficantes de Sueños, 215-236.

Ambivalencia de los derechos humanos: movilización y desmovilización social

Mariana Celorio[*]

Los derechos humanos[1] (dh) son objeto de disputa entre las élites políticas y económicas de los Estados nacionales y los movimientos sociales que, por un lado, construyen reivindicaciones frente a situaciones económicas, políticas y ambientales generadas por gobiernos, capitales y crimen organizado y, por otra parte, llevan a cabo la acción colectiva frente a reclamos[2] que individuos y colectividades consideran pertinentes y oportunos respecto a su vida y a su patrimonio. Esta disputa se da en contextos de violencia estatal y no estatal, y se encuentra lejos de resolverse debido al antagonismo de intereses que existe entre actores en el capitalismo globalizado. Tiene dos dimensiones complejas: 1) las pugnas que se generan entre actores en el marco de la institucionalización de los dh donde se dirimen luchas políticas y sociales por el derecho a tener y defender derechos, y por el derecho a construir otros nuevos y a ampliar la protección que ofrecen a nuevos perfiles de población; 2) la formación de actores sociales emergentes y la construcción de redes de organizaciones civiles que luchan contra las fuerzas del aparato estatal, del capital y del crimen organizado, para defender su vida, su integridad, su seguridad, sus ideas y su patrimonio.

Así, mientras que los dh dan vida, sentido y refugio a los movimientos sociales, a grupos emergentes y a defensores que se movilizan a título personal de cara a situaciones individuales, los dh también confieren a actores políticos y económicos capacidades de desmovilización social que operan como formas intangibles de dominación dentro de espacios de legitimación estatal. Si bien, el discurso y las normatividades sobre dh son repertorios indispensables con los que cuentan los actores sociales para reivindicar sus causas, su protección y defensa ocurre dentro de profundas contradicciones sistémicas e inherentes al capitalismo contemporáneo, donde la violencia estatal que producen los gobiernos neoliberales y la violencia no estatal por parte de la empresa nacional y multinacional, el capital financiero y el crimen organizado se encuentran en franca oposición a las exigencias sociales y a las aspiraciones que los mismos dh suponen. Estas contradicciones se intensifican frente a la idea de que el Estado contemporáneo no se puede operar sólo mediante la coacción; los gobiernos necesitan consenso y legitimidad; la clase política requiere mantener la promesa occidental de libertad, igualdad y justicia que ofrecen los sistemas democráticos y que promueven bajo la bandera de los dh como “valores inalienables”. Esta promesa abre al movimiento social canales de expresión, participación y negociación política, dentro de los cuales los dh son mecanismos que materializan la defensa de causas individuales y colectivas; sin embargo, al tiempo de gobernar con lógicas de violencia institucionalizada y permitir al capital ejercer diversas formas de violencia, los gobiernos suscriben y ratifican normatividades nacionales e internacionales en materia de dh y financian organismos estatales de dh; esta contradicción implica una doble moral en materia de derechos humanos.

En este sentido, para las élites, la plataforma de dh se debe mover dentro de los límites donde puedan mantener condiciones de gobernabilidad y legitimidad, y en función de preservar, ajustar y expandir la producción y la acumulación que exige la empresa nacional y multinacional. Para los movimientos sociales, en contraste, los dh son repertorios para la acción colectiva y, por tanto, amenazas para la estabilidad y el orden en tanto se operan como plataformas para reivindicaciones sociopolíticas, económicas, ambientales y culturales, entre otras.

Ahora bien, para profundizar en la comprensión de los dh en relación con los procesos de acción colectiva a los que conllevan y/o que implican, propongo analizarlos desde un enfoque ambivalente, es decir, una perspectiva que observa la coexistencia de dos situaciones opuestas, pero no dicotómicas, es decir, excluyentes una de otra: 1) los dh como ejes de movilización social y 2) como ejes de desmovilización social;[3] esta perspectiva contribuye también a analizar cómo las élites políticas administran las contradicciones que suponen suscribir dh y violarlos, reconocer la participación social y deslegitimarla, facilitar la acción colectiva y constreñirla, enarbolar la libertad de expresión y censurarla, apoyar y/o reconocer organizaciones autónomas[4] de dh y perseguirlos o simplemente ignorarlos. También resulta útil para comprender cómo estas élites políticas administran la oposición de los movimientos sociales frente a las consecuencias diversas del capitalismo contemporáneo.

La hipótesis de trabajo que desarrollo en este artículo discurre en torno a los dh como instrumentos de desmovilización social, es decir, como recursos de los sectores dominantes para debilitar al movimiento social; este enfoque no cancela que los dh sean al mismo tiempo herramientas de movilización social para la producción de discurso, para la construcción de afinidades e identidades y ejes de articulación y cohesión social.[5]

Parte de la argumentación que se construye a lo largo del texto se fundamenta en la diferencia que supone en términos de acción colectiva los dh producidos “desde arriba” y los dh “luchados y construidos” desde abajo a partir de lo “diferente” a lo cultural y legalmente aceptado, desde lo opuesto a la universalización.

Los derechos se van conformando a través de las luchas sociales, las cuales a su vez, muestran la interpretación de lo que las propias personas consideran que con justicia se merecen. Implican una aproximación a las necesidades, los derechos y las prioridades marcadas por las experiencias concretas de los actores particulares involucrados en las luchas en cuestión y que se benefician directamente de ella (Nyamu-Musembi, 2002).

Para comprender por qué los gobiernos son incompatibles con la protección de los dh que enarbola la democracia del Estado moderno, el Estado nacional de competencia (enc) (Hirsch, 2001) es una categoría de la economía política que explica la nueva fase de penetración de los gobiernos en la vida individual y social de las personas en los Estados nacionales y la protección del modelo contemporáneo de acumulación capitalista.

Durante la posguerra fría, en Estados benefactores (Estados Unidos y Europa Occidental) y en Estados desarrollistas (América Latina), los gobiernos regulaban el mercado y mediaban hacia la seguridad social y la inversión pública. Ahora, los gobiernos locales se ajustan a una política global basada en la seguridad como forma de gobierno, desregulan el mercado y regulan a la población, desmantelan identidades colectivas y privilegian identidades individuales, socavan la solidaridad, sobredimensionan sus facultades policiacas y militares para proteger, en términos generales, las condiciones de acumulación del capital y la gobernabilidad y al mismo tiempo enarbolan derechos humanos.

El Estado ha perdido como consecuencia del proceso de globalización una parte esencial de su instrumental intervencionista, y el “asegurar una posición”, es decir, la creación de condiciones óptimas de revalorización para el capital internacional en la competencia interestatal, se ha convertido en la máxima política principal. Ello significa el retroceso de las seguridades sociales, el forzamiento del proceso de disociación social (Hirsch, 1996: 67).

El fondo sustancial de la defensa de los dh de cara al enc consiste en que cada vez más se (re)producen condiciones de desigualdad, vulnerabilidad, exclusión, precarización y violencia que exigen, en términos de justicia, equidad, inclusión, felicidad y, en última instancia, en cuanto a sobrevivencia de personas, comunidades y pueblos, que actores sociales reivindiquen los dh; sin embargo, las élites conciben como amenaza los movimientos sociales en torno a estas exigencias. El freno al movimiento de dh obedece a que no se ajusta a los esquemas de rentabilidad económica y política necesarios para el modelo; de ahí que, en muchos casos, líderes y activistas de dh se transformen en víctimas de violaciones a sus dh y que éstos sean tan frágiles que necesiten defensores que los defiendan.

Por otro lado, debido a la corrupción, la impunidad, a la precarización de la calidad de vida, el desempleo y subempleo y, de cara a las condiciones de arrobamiento de la sociedad de consumo, proliferan bandas delincuenciales y se afirma el crimen organizado que, si bien en un primer momento sus miembros fueron “víctimas” de violaciones a sus dh en ámbitos públicos y privados, después encontraron en la ilegalidad y en el ejercicio de la violencia maneras viables para sobrevivir a su aturdimiento y resolver su precariedad económica y su labilidad en términos de filiación, identidad y pertenencia. Con una visión de corto plazo se constituyen como actores sociales perversos que inciden en la desmovilización de la lucha por los derechos humanos.

Ahora bien, esta desmovilización en materia de dh, en ámbitos locales y globales, tiene lugar en función de las organizaciones de dh, así como en relación con su institucionalización y universalización. Sin embargo, antes de analizarlas, es necesario delimitar algunas precisiones importantes sobre la desmovilización social contemporánea, a fin de comprenderla apropiadamente.

La desmovilización social

La desmovilización social[6] es un conjunto de estrategias que implementan las élites dominantes de los Estados nacionales en alianza con las élites dominantes globales para disminuir las capacidades de acción y reivindicación de los movimientos sociales y limitar la organización social con fines de acción colectiva de la población en general; al hablar en términos de dominación, se expresa la búsqueda de lograr, hasta donde sea posible, una obediencia voluntaria, y cuando ésta no se obtiene como se espera, se activan mecanismos para una obediencia forzosa. Esta desmovilización apunta a ambos tipos de obediencia, en tanto los dueños del poder no tienen una capacidad innata; su dominio no es una condición garantizada a largo plazo; sus procesos no son mecánicos ni absolutos. Por el contrario, frente a la dominación existen sectores sociales que buscan mejorar sus condiciones de vida o impedir que éstas cambien.

La dominación, siempre, se confronta con una potencia del acto colectivo; de ahí que requiera de mecanismos permanentes para actualizar sus relaciones: “Toda empresa de dominio mantiene una administración continua de la obediencia de quienes se encuentran en posición de subordinación respecto de quienes ostentan el ejercicio del poder político” (Weber, 2005: 1058).

En torno a la dominación existen dos capacidades para ejercer el poder: el poder sobre, entendido como la capacidad de dominar, y el poder de, la capacidad de resistir (Tilly, 1984). El primero produce al mismo tiempo conformidad y obediencia e inconformidad y resistencia; ambas son perecederas con dinámicas propias, lo que significa que la obediencia y la resistencia tienen ciclos de vida determinados, sean cortos o largos, son finitos. De ahí que las técnicas del poder sobre se actualizan de acuerdo con los procesos sociales, los requerimientos particulares y coyunturales que registren las élites para perpetuarse en sus posiciones y orientar el comportamiento social. Sin embargo, identificar los efectos de conformidad e inconformidad que produce la dominación no es suficiente para comprender a fondo los movimientos sociales; se requiere dar un paso más que explique los mecanismos a través de los cuales se consigue esta conformidad frente a la inequidad y la obediencia ante la adversidad; que explique cómo se administra el conflicto y se despolitizan las causas de derechos humanos.

Así, la reproducción de los procesos de dominación se puede aprehender a partir de una pregunta muy sencilla, aunque sus respuestas son muy complejas: ¿por qué si la dominación va en contra de los intereses de los grupos dominados éstos la consienten, la reproducen y pueden llegar a defenderla hasta un punto tal que se polaricen sectores sociales?

La desmovilización social es una categoría analítica sustantiva para encontrar algunas respuestas que, si bien la categoría de sumisión ayuda a responder los motivos de la conformidad, la desmovilización explica cómo se logra. En las interacciones dominación-subordinación existen razones que les dan significado ante las personas para que éstas vivan implicadas en sistemas que las vulneran sin resistencia, sea por la incubación histórica del miedo y la represión, por la falta de una alternativa ideológica, la mitificación de valores capitalistas, la fragmentación del tejido social, los riesgos y sinsentidos de la solidaridad, el desconocimiento de la cultura del otro y la negación de diferentes “verdades”. “La fuerza y la inercia mantienen a los subordinados en su lugar, en tanto la resistencia y la rebelión son tan costosas que muchos de los subordinados carecen de los significados suficientes para emanciparse y, cuando los encuentran se rebelan oponiendo resistencias a la obediencia” (Tilly, 1991: 594 —traducción propia—).

La desmovilización busca incidir tanto en la esfera íntima como en la esfera social de las personas, esto es, en los ámbitos privados y públicos para que no se inconformen respecto a un agravio, sea propio o ajeno y si lo hacen, no cuenten con las condiciones suficientes para tener éxito, como ocurre en gran medida con los defensores emergentes de dh. Parte de la desmovilización social contribuye al convencimiento de los dominados de la legitimidad de su dominación; con ello, se neutraliza la amenaza de su condición de dominación y se mantiene una subordinación “natural” que permita reproducir con “cierta facilidad” las condiciones de producción, acumulación y consumo, de inclusión y exclusión social, y donde se administra la desigualdad y la participación social. Otra parte de la desmovilización consiste en el ejercicio del poder coercitivo para mantener el orden y frenar a la población movilizada.[7]

Entre los propósitos de la desmovilización social se encuentran evitar la politización de la sociedad y la construcción de una sociedad crítica con capacidades organizativas con fines de acción colectiva y acotar lo más posible al movimiento social: debilitarlo, fragmentarlo, polarizarlo y si es posible recuperarlo, quitarle peligrosidad y hacerlo funcional al poder político y al poder económico (Marcuse, 1968). Tiene dos dimensiones: por un lado, las élites basan sus acciones y decisiones en una racionalidad consciente y, en segundo término, factores estructurales de analfabetismo, pobreza y desigualdad, y factores culturales como racismo, clasismo, regionalismos y xenofobia son aprovechados por los operadores políticos para socavar patrimonios, poblaciones e identidades.

Es importante mencionar que la desmovilización social no implica la cancelación del movimiento social en tanto acción social concreta y aspiración colectiva; significa debilitarlo, hacerlo inestable, acotarlo y neutralizarlo aunque, como todo organismo colectivo, mantiene potencialidades de reorganización, reconstrucción y movilización. Por otro lado, respecto a su operación, la desmovilización tiene tres pares de propiedades particulares: preventiva y reactiva; tangible e intangible, y coyuntural y permanente. Las tres se operan en combinación.

Cuadro 1. Propiedades, propósitos y objetos de la desmovilización social

Propiedades

Requerimiento

Propósitos

¿A quién va dirigido?

Permanente

Mantenimiento.

Disciplinar al individuo.

Limitar la acción colectiva.

Despolitizar la cosa pública.

Fragmentar el tejido social.

Administrar la participación.

Neutralizar la inconformidad.

Disminuir la resistencia.

Legitimar la racionalidad biopolítica.

Sociedad en su conjunto.

Movimientos sociales

Organizaciones civiles

de DH.

Coyuntural

Crisis.

Restaurar el orden.

Polarizar sectores sociales.

Neutralizar la acción colectiva.

Deslegitimar la causa social y al movimiento social.

Movimientos sociales.

Organizaciones civiles.

Defensores de dh.

Grupos emergentes.

Preventiva

Anticipación de

crisis o amenazas.

Impedir de la acción colectiva.

Despolitizar a la sociedad.

Sociedad en su conjunto.

Movimientos sociales.

Reactiva

Respuesta a

crisis o amenazas.

Restaurar el orden.

Disciplinar al individuo.

Neutralizar a la población politizada.

Movimientos sociales.

Organizaciones civiles.

Defensores de DH.

Grupos emergentes.

Tangible

Recordar la fuerza

del aparato estatal.

Expresar su accionar.

Dar un mensaje.

Disuadir a defensores de DH y activistas.

Cancelar la acción colectiva.

Disciplinar al individuo.

Movimientos sociales.

Organizaciones civiles.

Defensores de DH.

Grupos emergentes.

Intangible

Ocultar / hacer invisible el accionar.

Se permea vía las instituciones y la cultura.

Normalizar la desigualdad social y reproducir las relaciones de dominación.

Legitimar la dominación.

Sociedad en su conjunto.

Fuente: Elaboración propia.

Por último, si uno de los dos sentidos de la desmovilización social significa evitar la construcción de una sociedad crítica y reproducir una sociedad masificada orientada al consumo, y el otro sentido se refiere a debilitar al movimiento social, ¿cuál sería el tipo ideal de una sociedad movilizada? Una sociedad crítica, politizada, con la fuerza suficiente que da la conformación de un tejido social unificado, estable y sólido; con experiencia en la construcción del conflicto y gestión de la transformación social. Una sociedad en la cual, el poder político y económico no la percibiera como antagónica, sino como entidad con legitimidad para la defensa de lo propio y lo ajeno, solidaridad y empatía; una sociedad movilizada ideal incluye el control social de sus medios de comunicación, la libertad de expresión en tanto derecho a informar y a informarse, y capacidad de fijación de agenda. Es también una sociedad que no pasa de largo frente a la injusticia, cuya capacidad de organización y resistencia es mayor a su capacidad de obediencia; donde la politización de la vida cotidiana es un quehacer colectivo; con mecanismos que garanticen la interlocución.

Dualidad de los derechos humanos en materia de acción colectiva

Como ya se mencionó, los dh contienen una condición ambivalente. Por un lado, son herramientas de movilización social a las que recurren los actores sociales para construir identidades, discursos, solidaridad, redes de defensa y acción colectiva y, por otro lado, son instrumentos de desmovilización social que operan sectores dominantes a partir de su institucionalización. Si bien ésta es la única manera de contar con una plataforma consensuada y legítima para defender los dh, es un basamento complejo e intangible que también dificulta la acción colectiva, y es ahí donde radica su más profunda contradicción, entendida ésta como una paradoja (Stammers, 2005).

Los dh, en términos de movilización social, se explican en tanto son a) el marco ético normativo que dota de discurso a los movimientos sociales aunque, en ocasiones, este discurso puede llegar a ser insuficiente para la transformación social y la acción colectiva;[8] b) una aspiración individual y colectiva que aglutina valores y creencias y, a su vez, produce expectativas de igualdad y felicidad;[9] c) un mecanismo de cohesión social;[10] d) un instrumento de denuncia y defensa;[11] e) dispositivos de inclusión de lo “otro;”[12] f) praxis política de abajo hacia arriba,[13] y g) repertorio de ampliación de reclamos.

En contraste, los dh en su dimensión de desmovilización social, se explican a partir de su institucionalización en tanto que: a) construcción cupular de los dh; b) administración gubernamental de los dh; c) judicialización de los dh y el vaciamiento de sus significados sociopolíticos, y d) despolitización de las causas de dh. Las categorías desmovilización-movilización se pueden acoplar a la clasificación de Baxi respecto al abordaje teórico de dh: primero, la concepción moderna basada en la doctrina liberal (desmovilización), y segundo, la concepción contemporánea (movilización) definida por los movimientos sociales.

Baxi (2002, cit. por Estévez en Estévez y Vázquez, coords., 2010)

explica que es la versión contemporánea, y no la moderna, del discurso de derechos humanos la que tiene potencial emancipador, porque se pueden convertir en una “práctica insurrecta” misma que él define así: “A través de una variedad de luchas y movimientos en todo el mundo, los derechos humanos se convierten en un campo de transformación política que desorienta, desestabiliza y a veces ayuda a destruir concentraciones de poder político, social, económico y tecnológico profundamente injustas” (Estévez: 2010: 147).

Ahora bien, la estrategia de desmovilización social del movimiento por los dh tiene tres vertientes:

a)en función de abstracciones filosóficas y la institucionalización de los dh;

b)en relación con las organizaciones y sectores del movimiento;

c)en relación con la sociedad respecto a los dh y al movimiento de dh.

Desmovilización social hacia los derechos humanos

En función de abstracciones filosóficas y la institucionalización de los dh, en un sentido, ésta opera como un mecanismo que sustrae potencialidades a la movilización; limita, y en parte, debilita al movimiento social, y en el otro, le confiere marcos de movilización. “El problema con la abstracción metafísica [de los dh] radica en su intento de construir interpretaciones atemporales y universales que son completamente independientes del contexto social y por lo tanto de las luchas (específicas) de los movimientos sociales” (Stammers, 2005: 58). Institucionalizar significa el paso de un discurso emancipatorio a la creación de un aparato jurídico, de un sistema burocrático; significa transformar los reclamos sociales en leyes que al tiempo de incluir, también excluyen; implica concebirlos y administrarlos desde una política gubernamental y un enfoque de universalización que, lejos de proteger a las personas, legitima las relaciones de dominación.

Con la institucionalización de los dh, las élites se apropian de sus contenidos y de sus significados, y la lucha de los movimientos sociales por recuperarlos e incidir en su definición se dificulta profundamente. Las élites establecen quiénes pueden defenderlos y quiénes los violan; reproducen un sistema internacional que operan mediante enormes sistemas normativos y organizaciones no gubernamentales (ong) que integran una industria global de dh con agendas definidas “desde arriba” y que, en última instancia, puede llegar a cosificarlos y diluir su componente de distribución de equidad.[14] Estas organizaciones emiten recomendaciones para los gobiernos nacionales en relación con las violaciones sin contar con mecanismos de sanción, de reparación del daño ni formas concretas que eviten su repetición, lo que salvaguarda la impunidad para actores estatales y no estatales y mantiene condiciones para ejercer la violencia contra poblaciones.[15]

La institucionalización de los dh los despolitiza, les sustrae su vocación de promover la participación, los reduce a garantías constitucionales, lo que niega la posibilidad de gestión y coloca a la Constitución como garante de “la justicia y la verdad” por encima de la legitimidad de los reclamos sociales; legitima la legalidad de negar derechos a amplias poblaciones humanas, define los canales de defensa, los objetos de reivindicación y regula las relaciones de dominación: en su la realidad empírica, se puede contrastar el ejercicio gubernamental de una doble moral que, por un lado, suscribe el sistema internacional-nacional de dh, y por otro, los viola directamente y crea condiciones que los vulneran.

Un Estado que adopta los tratados internacionales, se puede proclamar como un estado de Derechos Humanos, convirtiendo a éstos en una estrategia para legitimarse. Los derechos humanos se concibieron como una herramienta contra el despotismo del poder y la arrogancia de la riqueza. Su cooptación por gobiernos significa que han perdido gran parte de su fuerza crítica, su objetivo inicial y el papel se ha invertido (Douzinas, 2007: 35).

La judicialización de los derechos humanos desmoviliza su construcción y defensa

En este punto, cabe insistir en que la judicialización de los dh se analiza desde el enfoque dual[16] antes mencionado. Por un lado, es incuestionable que los sistemas de leyes y el litigio estratégico[17] ofrecen a la sociedad civil mecanismos concretos para la denuncia de violaciones y la documentación, investigación, defensa y protección de dh. Sin embargo, la judicialización frena la potencia transformadora de los movimientos sociales, reduce la interpretación de los dh a normas y leyes, los despoja de una cualidad fundamental: todo ser humano tiene derecho de construir sus propios reclamos y espirales de aspiraciones y de expectativas que van más allá del imperio dogmático e instrumental de la ley.

La judicialización se basa en percibir al sistema jurídico como un sistema completo y coherente de normas positivas que deben ser aplicadas. Es una exacerbada confianza (en las leyes) que conlleva a una percepción equivocada que ve, de manera acrítica, a los sistemas legales como sistemas legítimos, “como si las leyes no pudieran estar equivocadas o tener una estrecha relación con poderes privados o producir el empobrecimiento y la exclusión de amplios sectores de la población[18] (Gutiérrez, 2010: 9).

La judicialización de los dh tiene cinco niveles:

1)Al decretar (imponer) leyes desde arriba y no construirlas desde abajo, la clase política crea condiciones para legitimar aquello que estas leyes protegen e incluye y legaliza la exclusión: quitan a la sociedad civil su vocación política para la producción de leyes.

2)Se lleva a los tribunales asuntos de interés público que se deberían resolver en escenarios políticos y no judiciales, situación que coloca en vulnerabilidad y desventaja a activistas, defensores de dh y a defensores de los defensores de dh.

3)La defensa de dh desde la judicialización produce enormes legajos jurídicos ilegibles para los defensores emergentes y consumo de tiempo: los tiempos de los tribunales no son los de los movimientos sociales, que se erosionan entre los plazos legales, la reclusión de presos políticos, el desgaste natural, etcétera.

4)La judicialización privilegia la ley antes que la necesidad o aspiración colectiva.[19]

5)A través de la judicialización, la disciplina del derecho y los abogados se apropian de los dh; se ostentan como dueños de su patrimonio, de su conceptualización y los defienden a partir de enfoques dogmáticos que les sustraen el carácter sociocultural y humano; los reducen a leyes, a constructos artificiales que no necesariamente responden a los derechos que se disputan en las luchas sociales.

Por último, al trasladar del ámbito político al jurídico la creación y defensa de los dh, éstos se despolitizan. Es decir, su defensa debería correr en dos pistas paralelas, sin privilegiar una u otra, en tanto que al final de la negociación se construyen leyes. Llevar a los dh al ámbito jurídico los despolitiza y mantiene una visión acrítica de los mismos. Ello es debido a que las leyes no se cuestionan, se respetan; de lo contrario, hay castigos. La politización de los dh, en cambio, implica, por un lado, la politización de la causa de dh y de su defensa, tanto en términos de respeto como de promoción de derechos emergentes; y, por otro, implica debate, intercambio, participación y negociación. Esto no quiere decir que no existan casos en los cuales la misma judicialización haya impulsado la politización, aunque hay que tener cuidado para tener en cuenta que la politización de una causa o un agravio no significa su colocación en la agenda pública y la agenda mediática; éstas son sólo recursos a través de los cuales se puede visibilizar y analizar el conflicto.

En suma, siguiendo a Douzinas y Baxi, el ordenamiento jurídico tiene un componente de dominación. Para el caso de los dh, verlos solamente como leyes los despoja de discurso y de su libertad para la praxis. Los movimientos que defienden causas de dh que están penalizadas por las leyes, como es el caso de la migración internacional, las policías comunitarias, los grupos de autodefensa o la interrupción del embarazo, entre otros, se movilizan en espacios restringidos, tanto en términos simbólicos como culturales y territoriales. Es decir, reivindicar causas penalizadas desmoviliza a sus actores y facilita la criminalización del movimiento y su más cruenta deslegitimación, con lo cual la sociedad toma distancia del movimiento y, en consecuencia, a éste se le dificulta la construcción de marcos afines y de solidaridades.

En relación con las organizaciones y sectores del movimiento de dh, su desmovilización se analiza a la luz de la falta de interlocución entre actores, del despojo de los dh en términos de despolitización, desgaste y violación, y en términos también de deslegitimación de las causa y de los agravios. Ésta es una desmovilización de tipo permanente, intangible y preventiva, aunque existe también una condición de despolitización de los defensores emergentes que, antes de realizar tareas de defensoría de dh han sido objeto, como la sociedad en su conjunto, de la estrategia integral de desmovilización.

Por otro lado, el movimiento enfrenta tendencias a la militarización de la seguridad pública, acción que corresponde a una desmovilización de tipo reactiva, coyuntural y tangible; la construcción de cercos informativos y la criminalización del movimiento social corresponde a una desmovilización intangible, coyuntural y reactiva, mientras que la represión, la corrupción y la impunidad forman parte de la violencia estatal contra el movimiento, y ésta obedece a una desmovilización coyuntural, reactiva y tangible. “La coacción es un recurso permanente contra el movimiento que se opera mediante la acción directa de la fuerza del aparato estatal, la impunidad para actores estatales y no estatales y la violación se aprovechan como mensajes para otros tiempos, líderes y espacios” (s.a., 2010). La represión directa de la acción colectiva va más allá de la obediencia voluntaria de los dominados, busca una obediencia obligatoria e inmediata que luego encuentra salidas con la instrumentación de acciones y discursos de legitimación de la ilegalidad e ilegitimidad.

La impunidad en México es una realidad que se agudiza con la creciente militarización del país. El mensaje que envían las autoridades al no investigar ni castigar las violaciones de derechos humanos es que quien las cometa no sufrirá ninguna consecuencia. En cambio las personas y organizaciones sociales que defienden derechos humanos y exigen que los abusos no queden impunes, muchas veces son castigados injustamente. La falta de mecanismos que limiten la intervención arbitraria de los diversos poderes, gubernamentales o no, perpetua la impunidad (Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, 2011).

Asimismo, el terrorismo de Estado debilita la acción colectiva, fragmenta el tejido social, siembra el terror dentro de las comunidades, evita la construcción de solidaridades hacia el interior y exterior de la comunidad afectada, debilita a líderes y activistas sociales y puede hasta llegar a crear organizaciones clandestinas, mercenarios y grupos paramilitares. Produce un latente o manifiesto estado de inseguridad y miedo por medio de acciones como asesinato, persecución, encarcelamiento de presos políticos, tortura, genocidio, desapariciones forzadas, desplazamientos poblacionales y la tortura como método de investigación, confesión e intimidación de defensores de dh; se desestima la legitimidad del movimiento, se recurre a la corporación policiaca para el control social. Las políticas públicas en materia de seguridad son parciales, punitivas y remediables; no atienden el origen del delito ni lo previenen, encuentran soluciones en el castigo.

La seguridad pública es vista, en parte, como medio de control de personas, grupos, comunidades y poblaciones que son evaluadas por los operadores políticos como agentes perturbadores del orden público y no como personas con derechos y demandas legítimas.

Respecto a los defensores de dh, institucionales, informales y emergentes, su fragilidad corresponde a un tipo de desmovilización tangible, reactiva, y coyuntural. Los gobiernos atentan contra el defensor de dh, lo convierten en víctima de violaciones de los derechos que reivindica; por ello, estos defensores movilizan su acción colectiva de manera precaria frente al vacío producido por la despolitización e institucionalización, y enfrentan dificultades para a) construir capital social y reducir la actitudes adversas, b) colocar en la agenda nacional y mediática a los dh; c) posicionar en la agenda gubernamental la seguridad humana frente a la seguridad nacional y d) sacar a los dh de la judicialización persistente como mecanismo principal de defensa.

“El defensor de derechos humanos es toda persona que de cualquier forma promueva la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidas; el criterio identificador sobre quien es defensor es la actividad que desarrolla y no otras cualidades” (cidh, 2011). Esta definición institucional sobre quién es un defensor de dh es aceptada entre la militancia de dh en México; sin embargo, encierra mecanismos de desmovilización en tanto habla de los defensores judicializados y no de los defensores emanados de las luchas sociales. Importa si perciben o no un salario, la posición que ocupan en la industria global de dh y si son o no expertos en el litigio estratégico. Los defensores de dh que pertenecen a organismos internacionales cuentan con mecanismos de protección, pues el Estado no puede atentar contra quienes trabajan dentro del sistema de dh, no así los defensores emergentes y no institucionalizados, sin experiencia, en su mayoría con escasos recursos económicos, educativos, informacionales y tecnológicos; no pertenecen a las redes nacionales e internacionales de defensa.

Mientras la relación entre antagónicos no se convierta en un riesgo específico para el orden vigente, los defensores se pueden movilizar; si se rompe el equilibrio según las élites, el defensor queda expuesto y requiere ser defendido, y es ésta una contradicción de fondo de la movilización global de dh y de manera particular en México. Si el reclamo implica que las élites políticas o económicas se movilicen para desmovilizar al defensor de dh, la estrategia se extenderá contra él o ella, de ahí que la habilidad para obtener presión internacional es crucial, pero no siempre factible y suficiente.

Es importante acotar que los defensores de dh espontáneos y no institucionalizados (a quienes Daniel Vázquez y Nacori López llaman “defensores emergentes”, en su artículo de este mismo libro), son personas dedicadas a otras actividades alejadas de los dh, de los tribunales y de los medios de comunicación y, al verse inmersos en dinámicas de violencia estatal y no estatal, tuvieron que desarrollar habilidades para protegerse, en muchos casos, sin lograrlo. Estos defensores transformaron su quehacer cotidiano en tareas de autodefensa, investigación, documentación y denuncia. La fragilidad de los defensores tiene por lo menos seis causas: a) la fuerza del aparato estatal y del capital, b) la despolitización de la sociedad donde se movilizan y de las causas de dh, c) la propia despolitización, d) la precariedad de las condiciones de vida, e) la falta de acceso a medios de comunicación y f) la fragmentación del tejido social.

Por otro lado, los gobiernos sustraen de los dh al movimiento de dh: mientras organizaciones del movimiento reivindican reclamos específicos, los gobiernos evitan incluir estos reclamos como parte de los repertorios de dh; sus discursos son en torno a la legalidad e ilegalidad de sus estrategias, sin mencionar sus causas. Cuando llegan a hacerlo, muchas veces las trivializan y las descontextualizan para deslegitimarlas. A través de un análisis de contenido de determinadas políticas públicas y de declaraciones periodísticas de funcionarios públicos, percibí que en sus discursos gubernamentales usan con demasiada facilidad a los dh, los catalogan dentro de acciones mínimas de convivencia social, lo que produce en el público ambigüedad a la hora de concebirlos; esta retórica persistente los vacía de sentido, de capacidad de articulación y de construcción de acción colectiva.

Los gobiernos desconocen al movimiento social como interlocutor[20] y lo mantienen en la invisibilidad, descontextualizan sus causas y lo criminalizan; aunado a esto, el movimiento se enfrenta a una diversidad de cercos informativos que corresponden también a una desmovilización permanente, preventiva/reactiva e intangible. Consiste en la imposibilidad que tienen los defensores de dh para colocar información en medios masivos de comunicación en la misma proporción de tiempos, horarios, espacios e índices de redundancia para difundir sus causas. El cerco informativo[21] también se refiere a la capacidad de las élites de producir y diseminar una versión unilateral del conflicto para orientar a la opinión pública. Entendidos a la luz de la desmovilización social, los cercos informativos evitan la politización del conflicto, restringen la libertad de expresión de activistas sociales, construyen enemigos y héroes públicos. Esto se opera mediante dos procesos: a) la censura política y comercial y b) la fijación de agenda. Respecto a la primera, se evita la difusión de “algo”, se busca que la población no sepa lo que sucede y que el movimiento social no pueda dar a conocer lo que le sucede; con ello, se fortalecen las élites del poder frente al movimiento al hacer vigente su propia versión. Respecto a la fijación de agenda, definida como la capacidad de establecer los temas del día, decir a la población en qué pensar, y más aún, darle elementos a partir de los cuales pensar la realidad, se distrae a la sociedad del conflicto; ésta desconoce el conflicto real y sus dimensiones, se despolitiza el conflicto y se debilita al movimiento.

Por otra parte, se encuentra la criminalización de la causa social y del defensor, la cual pertenece a la desmovilización social reactiva, coyuntural e intangible. En cuanto a la criminalización, encuentro tres tendencias de criminalizar la acción colectiva y por lo general ocurren simultáneamente: una, a partir del cuerpo de leyes que regulan los hechos sociales, entre los cuales se construyen causas y movimientos; dos, como un recurso de los operadores del poder político, locales y nacionales, de judicialización de la política; tres, la fabricación de pruebas e invención de hechos delictivos para reprimir a los activistas, útil también para deslegitimar la causa que defienden y desarticular el tejido social.

En términos jurídicos y mediáticos se destacan los “delitos” cometidos e inventados, y en términos políticos se desestima la causa que gestiona la acción colectiva. Al criminalizar se logra deslegitimar la causa, el movimiento y construir enemigos públicos, con lo cual se buscan culpables y se despolitizan las causas sociales. Se canaliza la inconformidad social de sectores convencidos de lo perjudicial del movimiento hacia personajes concretos y se protegen los intereses de las élites en el poder y/o de la clase política. Con la deslegitimación de sus líderes se puede justificar su coacción pública.

La criminalización del movimiento social orienta las percepciones que tienen diversos sectores sociales sobre sus organizaciones. Desde una visión del poder político se construye una imagen ilícita e ilegítima del movimiento con intención de producir animadversión por parte de la población, lo cual dificulta su expansión y cuestiona su legitimidad. El hecho de criminalizar contiene un mensaje intimidatorio que siembra el miedo entre la militancia y la población, lo cual provoca que ésta no se solidarice con la causa de derechos humanos dirimida. Durante estos procesos de criminalización, se confunde a las personas entre causas, acciones y estrategias del movimiento social y todo tiene un tratamiento homogéneo. Al quitar importancia al movimiento social o a la calidad moral y política de sus líderes se le quita valor, y con ello, se promueve la indiferencia, la descalificación y actitudes adversas; se construye opinión pública y se reduce el riesgo de que el movimiento encuentre eco entre la población; se facilita la legitimización de la represión.

Actores sociales adversos al movimiento de derechos humanos

Respecto a la desmovilización en relación con la sociedad y el movimiento, no sólo empresas nacionales y multinacionales, capitales financieros, partidos políticos, sectores gubernamentales y cuerpos policiacos y militares inciden en la desmovilización tanto en ámbitos locales como globales. Existen grupos, comunidades, congregaciones religiosas y movimientos sociales que, siendo ideológicamente afines a grupos de interés y a élites políticas y económicas, embisten al movimiento de dh:

1)Organizaciones que a través de la educación, los medios de comunicación y de las iglesias contrapesan el discurso de derechos humanos con uno opuesto.[22]

2)Grupos y organizaciones que atacan a personas que desprecian por su color de piel, religión, orientación sexual y ciudadanía, así como a sus defensores.[23]

3)Grupos de choque, acciones parapoliciales, para desalentar la defensa de causas de dh.

4)Medios de comunicación que construyen cercos informativos, censuras políticas y comerciales y fijación de agenda, y líderes de opinión que orientan criterios, emiten juicios de valor y crean antipatías.

5)El crimen organizado, que ejerce violencia contra la población y ataca a quienes se oponen a sus negocios.[24]

La sociedad mexicana puede representarse como una sociedad relativamente homogénea, tradicional y conservadora, clasista y racista (Conapred, 2012), que lleva a amplios sectores a la indiferencia frente a lo otro, al desprecio y en casos extremos a la intolerancia, a la xenofobia y a la homofobia, todo lo cual no necesariamente implica la construcción de movimientos sociales para combatir a personas con estos perfiles, pero sí produce acciones y reacciones coyunturales para evitar que se acceda a nuevos derechos.

En general, el movimiento de dh tiene tres propósitos que lo colocan en posición antagónica frente a las élites del poder político y económico y frente a la sociedad donde se afirma: el primero reivindica, desde el ámbito jurídico, derechos vigentes que deberían estar garantizados; el segundo propósito consiste en la reafirmación del derecho a tener derechos, y de ahí la sinuosa expansión de derechos de causas ya reivindicadas (feminismos) y la construcción de nuevos derechos; y el tercero es la movilización contra gobierno y capital en defensa de recursos naturales, patrimonio cultural, religioso, ambiental y la conquista de espacios simbólicos, de reconocimiento de nuevas identidades y territorios geopolíticos que ponen en riesgo a poblaciones diversas. En la medida en que se mantienen aisladas las causas quep producen las reivindicaciones de dh, se despolitiza a la población respecto a éstas.

Los dh pierden valor social cuando son manejados “desde arriba” y al insistir en su esencialismo universalizante que, lejos de incluir, excluye. La pérdida de confianza en las instituciones y la operación gubernamental de Estados de derecho discrecionales, como en América Latina, provoca que las personas pierdan confianza en la viabilidad de la defensa de dh y, más aún, su defensa genera miedo.

En términos generales, más allá de sectores politizados y movimientos sociales constituidos, la sociedad mexicana es una sociedad fragmentada, despolitizada, anómica y desordenada, características que contribuyen a la desmovilización social y facilitan la corrupción, la impunidad y la violación de los dh; obstaculizan la articulación social, la solidaridad para los defensores, la construcción de nuevos reclamos o derechos emergentes y coloca en situación de fragilidad a defensores y activistas de dh. Así, el movimiento de dh se afirma frente a un proceso de disolvencia social, entendida como

La conjunción de una creciente masificación y pauperización de lo social, así como una política permanente para el desmantelamiento de vínculos, tradiciones y patrimonios colectivos y culturales; producto de los cambios generados por el modelo neoliberal y la globalización del capitalismo. El refugio en la vida privada por parte de los sectores integrados al consumo y a la “modernización” convencidos ideológicamente […] de un potencial de riesgo de los movimientos sociales (Zermeño, 2001: 12).

Recluirse en el refugio privado se puede comprender como una estrategia de adaptación de una sociedad que prefiere evitar situaciones de riesgo y continuar con inercias paliativas, temporales e individuales antes que enfrentar conflictos; aceptan la autoridad del gobierno, la legitimidad de las leyes y viven en espacios donde está normalizada la violación de los dh. Con la disolvencia social se debilita la capacidad del movimiento para generar consensos, se administra la participación social y se despolitizan los motivos que originan las causas de dh, y se mantienen firmes prejuicios dicotómicos de afirmación-negación, aceptación-rechazo y superioridad-inferioridad. La indiferencia generalizada y la reproducción de la discriminación social, aunadas a la cosificación y criminalización de la pobreza, a la despolitización de la cosa pública y la censura política y comercial hacen de amplísimos sectores sociales, entidades antagónicas al movimiento de dh; antagónicas por acción y omisión.

Por otro lado, un movimiento social requiere de la construcción de marcos (framing) hacia el interior de la sociedad en la cual se encuentra para negociar el conflicto con mayores posibilidades de éxito. La construcción de marcos busca: a) reducir actitudes o creencias adversas de sectores antagónicos y ajenos; b) crear actitudes favorables para despertar la solidaridad, reclutar militancia, legitimar su activismo, construir capital político y social; c) fortalecer el sistema de creencias de aquellos sectores afines al movimiento, y d) colocar en la agenda pública la legitimidad de las causas y de los líderes. Sin embargo, la construcción de marcos no sólo es útil al movimiento de derechos humanos, sino también recurren a ella las élites del poder político y económico, grupos intermedios, organizaciones religiosas y políticas, movimientos y milicias antagónicas a los dh; de ahí que se movilizan con sus propias fuerzas y con capacidades que les comparten las élites políticas y económicas para desmovilizar al movimiento. En esta construcción de marcos, el movimiento antagónico moviliza recursos con más capacidad. Encuentra en la violencia no estatal, simbólica y física, un recurso significativo, mientras que la construcción de marcos para el movimiento de dh es más complicada, tanto por la institucionalización como por su despolitización.

El movimiento de dh, si bien fragmentado, logra afirmarse, definirse y movilizarse a pesar de los procesos de desmovilización instrumentados por actores sociales antagónicos y frente a una política gubernamental de administración de la participación social que lo socava. En tanto que se da una polarización entre activistas y defensores y hay urgencia por obtener recursos financieros, se da una movilización precaria tanto en términos de seguridad como de recursos económicos, humanos, informacionales, tecnológicos, etcétera.

A través de la operación de organismos supranacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, de fundaciones de corporaciones multinacionales como Kellogg’s, Ford, WalMart, etc.; del financiamiento institucional de los gobiernos de Estados Unidos, de la Unión Europea y de América Latina, las ong forman parte estratégica de los mecanismos de dominación social que reducen sus agendas a la ayuda técnica, financiera y asistencial y evitan la crítica y la politización de las comunidades donde se insertan; realizan su programa de trabajo bajo esquemas “apolíticos”, que públicamente usan como emblema de neutralidad que las protege; su agenda es de ayuda y no de corresponsabilidad; contribuyen a despolitizar a las comunidades-sociedades en la medida en que son organizaciones que trabajan en sus causas y no desde una toma de posición política con respecto al ejercicio de la cosa pública y de la conciencia de la equidad.

A principios de los ochenta, los gobiernos europeos, estadounidenses y el Banco Mundial aumentaron el financiamiento a las ong. Existe una relación directa entre el desarrollo de los movimientos que desafiaban el modelo neoliberal y el esfuerzo por subvertirlos mediante la creación de formas alternas de acción social. […] Conforme los regímenes neoliberales devastaban a las comunidades al inundar al país con importaciones baratas y la abolición de legislaciones laborales, creando una masa cada vez más grande de trabajadores mal pagados y desempleados. Las ong recibieron financiamientos para proyectos de autoayuda, educación popular, capacitación para el trabajo, etc. […] y han minado las luchas contrarias al sistema (Petras, 2000: 7-8).

Las ong generan competencia entre comunidades por recursos escasos, crean distinciones desleales y rivalidades, socavan la solidaridad de género, raza y clase. Enuncian a “los excluidos”, “los sin poder”, “la extrema pobreza”, “la discriminación racial” y “de género”, sin ir más allá de los síntomas superficiales del sistema social que produce estas condiciones. Crean un mundo participativo con apariencia de solidaridad y una acción social que encubre una conformidad conservadora con la estructura de poder nacional e internacional; directamente afectan al movimiento de dh.

Conclusiones

Durante esta argumentación fundamenté que los dh son ejes de movilización social y de desmovilización social; subrayé que ambos coexisten y, más aún, que la desmovilización social se opera en marcos de movilización social, sea que ésta se encuentre en potencia o en acto; es decir, las estrategias de desmovilización que se analizaron en el marco de la institucionalización de los dh, más que asumir a la desmovilización como negación de la movilización, se conciben como un proceso que la debilita en diferentes niveles y grados. En el caso de la judicialización, el cuestionar la legitimidad de las leyes no significa que la variante de orden jurídico como mecanismo exitoso de movilización quede cancelado; significa que las leyes obedecen a intereses políticos y económicos que pueden llegar a contraponerse con causas de dh; que la judicialización requiere de defensas especializadas y de uso de lapsos largos de tiempo, que por un lado exigen al movimiento movilizar recursos de personal especializado con el que difícilmente cuentan y, por otro, que las élites apuestan al tiempo como mecanismo de desgaste, y en estos ciclos de ataque-defensa de dh lo que se consume es la vida de activistas y defensores que, si bien al transcurrir el tiempo, pueden salir libres, esto no significa que no fueron desmovilizados, como Mandela, quien estuvo preso durante veintisiete años, es decir, desmovilizado en el sentido de que perdió potencia y márgenes de maniobra, aunque el movimiento antiapartheid en el que participaba mantuvo su movilización frente a estrategias de desmovilizadores.

Se concluye que la vía jurídica no puede ser abandonada en la movilización por la defensa de dh, pero en términos analíticos, es importante dimensionar su vertiente desmovilizadora. Asimismo, si bien en casos extremos de amenaza al orden, desmovilizar podría implicar la cancelación definitiva de la acción colectiva, en cuyo caso propongo hablar en términos de inmovilización social con un sentido de parálisis, de suerte que todos los niveles y gradaciones de desmovilización social se dan en marcos de movilización. Inmovilizar, entonces, no es una característica del Estado democrático contemporáneo.

Ver a los dh como producto de las luchas sociales, como construcciones desde abajo,[25] permite ir más allá de los límites de los parámetros normativos e interpretarlos como diques al sistema, al orden. Permite también analizar la universalización de los dh como mecanismo de desmovilización.

En suma, en este artículo se analizó a los dh a la luz de la desmovilización social. Para ello, primero se ubicó la disputa entre actores antagónicos irreconciliables; segundo, se explicó el enfoque analítico sobre desmovilización social; tercero, se analizó el sentido ambivalente de los dh en tanto herramienta de movilización e instrumento de desmovilización. Respecto a esto último, se reflexionó sobre los mecanismos identificados en torno a la desmovilización del movimiento de dh; esta distinción es analítica en virtud de que ambas convergen en términos empíricos de manera cotidiana en los mecanismos de dominación y en las luchas de emancipación y resistencia.

Por último, el movimiento de dh está constituido por una compleja sociedad civil nacional e internacional institucionalizada suscrita al sistema global de dh, es decir, una práctica cotidiana que abre interrogantes en torno a preguntarnos en qué medida las entidades gubernamentales y los organismos internacionales de dh socavan lo que podríamos llamar un incipiente movimiento alternativo de dh que, si bien fragmentado, debilitado y estigmatizado, se afirma frente a marcos de violencia y frente a la disolvencia social a partir de importantes organizaciones civiles independientes y defensores de dh que, a pesar de que se movilizan con mucha dificultad, han logrado constituirse en organizaciones civiles de emancipación y resistencia.

Fuentes

Ansolabehere, Karina

2010 “Los derechos humanos en los estudios sociojurídicos”, en Ariadna Estévez y Daniel Vázquez, coords., Los derechos humanos en las ciencias sociales: una perspectiva multidisciplinaria. México: cisan, unam/Flacso México.

Barrera Hernández, A.

2013 “La detención de Campos confirma el plan para desactivar a la crac: Tlachinollan”, El sur de Guerrero año 22, V época (2 de diciembre), en <http://suracapulco.mx/archivos/122122>, consultada en enero de 2015.

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.

2011 “La violación sistemática de derechos humanos como política de Estado”, informe. México: Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh)

2011 Segundo informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en Las Américas 2011, documentos oficiales oea, oea/Ser.L, en <https://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/defensores2011.pdf>, consultada el 12 de junio de 2013.

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred)

2012 “Reporte sobre la discriminación en México”. México: Conapred.

Douzinas, Costas

2007 Human Rights and Empire: The Political Philosophy of Cosmopolitanism. Abingdon, Reino Unido: Routledge Cavendish.

Estévez, Ariadna y Daniel Vázquez, coords.

2010 Los derechos humanos en las ciencias sociales: una perspectiva multidisciplinaria. México: cisan, unam/Flacso México.

Gutiérrez Rivas, Rodrigo

2010 “Prólogo”, en Ariadna Estévez y Daniel Vázquez, coords., Los derechos humanos en las ciencias sociales: una perspectiva multidisciplinaria. México: cisan, unam/Flacso México, 7-10.

Hirsch, Joachim

2001 El Estado nacional de competencia: Estado, democracia y politica en el capitaslimo global. México: Universidad Autonóma Metropolitana, Xochimilco (uam-x).

1996 Globalización, capital y Estado. México: uam-x.

Marcuse, Herbert

1968 El hombre unidimensional. Buenos Aires: Joaquín Mortiz.

Nyamu-Musembi, Celestine

2002 “Towards an Actor-oriented Perspective on Human Rights”, ids Working Paper no. 169 (octubre).

Petras, James

2000 Tres textos de James Petras sobre las ong. “El postmarxismo rampante: una crítica a los intelectuales y a las ong”; “Las dos caras de las ong”. LaHaine.org, en <http://www.lahaine.org/b2-img13/petras_ongs.pdf>, 1-12, consultada el 10 de enero de 2014.

s.a.

2010 Entrevista presencial realizada a defensor de derechos humanos de migrantes (anónimo), en Oaxaca, Oaxaca, 29 de octubre.

Sjoberg, Gideon, Elizabeth A. Gill y Norma Williams

2001 “A Sociology of Human Rights”, Social Problems 48, no. 1 (febrero): 11-47.

Stammers, Neil

2005 “La aparición de los derechos humanos en el norte: hacia una revaloración histórica”, en Naila Kabeer, ed., Ciudadanía incluyente: significados y expresiones. México: Programa Universitario de Estudios de Género (pueg), unam, 57-74.

Tilly, Charles

1991 “Domination. Resistence. Compliance... Discourse”, Sociological Forum 6, no. 3: 593-602.

1984 Grandes estructuras, procesos amplios y comparaciones enormes. Madrid: Russell Sage Foundation/Alianza Editorial.

Weber, Max

2005 Economía y sociedad [1922], 16ª reimp. en esp. México: fce.

Zermeño, Sergio

2001 La sociedad derrotada, el desorden mexicano del fin del siglo xx, 3ª ed. México: Siglo xxi/Instituto de Investigaciones Sociales, unam.

Fuentes complementarias

Mendelsohn, O. y U. Baxi

1994 The Rights of Subordinated Peoples. Oxford: Oxford University Press.

Notas

Introducción

[1]Para profundizar en el desarrollo de los dh en las ciencias sociales, es útil el libro de Estévez y Vázquez (2010).

[2]En el seminario “Democracia y dh”, que se desarrolla en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) México (con varios de sus miembros que pertenecen también al seminario de donde emana este libro), justamente hemos discutido en los últimos dos años la relación entre la violencia y los dh. Para más información se puede consultar la página <dydh.flacso.edu.mx>.

[3]Una excelente síntesis de estas discusiones se encuentra en Hincapié (en prensa).

Contribución a una teoría crítica de los derechos humanos

[*]Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (fcpys), unam; investigador en el Centro Nacional de Derechos Humanos (Cenadeh), Comisión Nacional de los Derechos Humanos (cndh).

[1]A la manera clásica de la crítica en el discurso marxista, la crítica de la economía política (en tanto que teoría de vanguardia, expresión de “la clase ascendente”, la burguesía), así como de las aportaciones sociohistóricas de avanzada en la cultura teórica de su tiempo, el “socialismo utópico” y la filosofía alemana (sus versiones “dialécticas”). Véanse Korsch (1981) y Habermas (1976).

[2]Ésos serían hipotéticamente los contenidos o notas de los dh, entendidos de manera experimental en tanto que concepto.

[3]La denominada primera generación de la Escuela de Frankfurt: Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse, Erich Fromm, entre otros y, un tanto excéntricamente, Walter Benjamin.

[4]Aquí se asume la lectura de que la noción weberiana de la legitimidad reducida a la legalidad es insuficiente y requiere de complementación; legitimaciones referidas a la eficacia de las acciones y a temáticas de legitimidad sustancial como los conceptos de justicia, bien común, desarrollo humano, etcétera.

[5]Para un desarrollo más extenso de esta idea véase Arias, 2012a: 33-34.

[6]“se entenderá por víctima a toda persona que haya sufrido daños individual y colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de dh o una violación grave del derecho internacional humanitario” (onu, 2005).

[7]Arias (2012b) revisa algunas de las premisas para la construcción de un concepto crítico de víctima.

[8]Se haría necesario para el argumento la pertinencia de la distinción entre lo político y la política; no es aquí el momento (ni hay el espacio) para tal desarrollo. En ese sentido, véanse Lefort (2004) y Mouffe (1999).

[9]Resulta indispensable el estudio del modo de materialización de los procesos de exclusión, investigados ejemplarmente por Foucault, y del proceso de la desigualación, modélicamente analizado por Marx. Para una presentación sintética de esos procesos en contexto de dh, véase Arias (2008).

Derechos humanos y movilización social...

[*]Academia de Derecho de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (uacm). Miembro del Colectivo de Estudios Críticos en Derecho Radar, <jorgepelaez78@gmail.com>.

[1]Lo cual se acentúa a partir de las reformas estructurales aprobadas en 2014, particularmente con la reforma energética.

[2]Resulta oportuno aclarar que esta agrupación no pretende ser definitiva, ni mucho menos la única posible. Se trata de una propuesta de clasificación general que consideramos útil a los efectos del presente artículo y que se construyó a partir de las propuestas de Tarrés (1992) y Della Porta y Diani (1999).

[3]Aquí reúno las perspectivas que Della Porta y Diani estudian por separado. Aunque se trata de énfasis diferenciados, ambas perspectivas comparten la idea de poner el acento en la movilización social como proceso, descuidando los elementos identitarios, subjetivos y estructurales. Por esta razón la tratamos de manera conjunta.

[4]Es importante no confundir la definición de recursos que aquí se hace a partir de Tilly con la realizada por Tarrow (2004). En su texto El poder en movimiento, Tarrow define los recursos como aquellos elementos que permiten convertir la acción colectiva en movimientos sociales sostenidos; están conformados, entonces, por el repertorio de acción colectiva, los marcos de dicha acción y las estructuras de movilización (2004: 133). Como se puede apreciar, el concepto de Tarrow es más amplio, pues incluye dentro de los recursos a las estructuras de movilización que Tilly menciona de manera separada. En el presente texto se escoge la perspectiva de Tilly por ser más abarcadora y porque sirve para estudiar cualquier tipo de acción colectiva y no sólo la que generan los movimientos sociales (a la que remite el texto de Tarrow).

[5]Es importante aclarar que el concepto ha sido acuñado por la academia anglosajona. Al traducir del inglés socio-legal mobilization, pasó al español como movilización sociolegal; ello, no obstante que, en nuestra lengua y tradición en el campo del derecho, acostumbramos llamar a todo lo relacionado con este campo como el mundo de lo “jurídico” y no de lo “legal”. Esta aclaración es importante porque consideramos más atinado llamar a estos procesos de “movilización sociojurídica”. Ahora bien, teniendo en cuenta que la denominación “movilización sociolegal” ya ha tenido difusión en los ámbitos académicos especializados, preferimos mantenerla en el presente artículo, con objeto de no generar confusiones o falsas diferenciaciones.

[6]Se toman estos modelos epistemológicos de la agrupación que hace John W. Creswell (2009: 5-11).

[7]Aquí, McCann se refiere a lo que Tarrow denomina estructuras de movilización. Creo importante señalar que, si bien éstas pueden constituirse en una condición de posibilidad, también pueden ser recreadas, fortalecidas o verse debilitadas a lo largo del proceso de movilización social.

Los derechos humanos como repertorio de contienda en Colombia

[*]Candidato a doctor de Investigación en Ciencias Sociales por la Flacso México, <jairo.lopez@flacso.edu.mx>.

[1]Véase el texto de Jorge Peláez contenido en este mismo volumen, donde se aborda la discusión sobre los derechos humanos y los movimientos sociales.

[2]De allí que la movilización social en defensa de los derechos humanos experimente una tendencia hacia su institucionalización y legalización, lo que se ve reflejado en el crecimiento acelerado de ong nacionales e internacionales desde los años ochenta.

[3]Por ejemplo, el estatus consultivo que pueden adquirir las ong ante la onu hace parte de las estructuras de oportunidad internacional que la movilización social puede aprovechar para fortalecer sus reclamos.

[4]Precisamente esta dimensión del conflicto es la que se encuentra descuidada en los enfoques de la movilización de los derechos humanos en dos sentidos: a) al querer concentrarse en la manera en que funciona el sistema de derechos, descuidan las dimensiones social y política que atraviesa la disputa entre los actores; b) al concentrarse en cómo los activistas o defensores se enmarcan en factores exógenos, descuidan la dinámica de contienda propia que genera la movilización y las respuestas de los gobiernos, principalmente las trayectorias de los actores y las posiciones e intereses en juego.

[5]Decía la embajadora de Colombia en Canadá, Fanny Kertzman, uno de los principales países que financia proyectos de derechos humanos y construcción de paz: “Vamos a adelantarnos y a tomar la ofensiva en la información sobre derechos humanos y vamos a frenar la arbitrariedad e injusticia de muchas ong. No es razonable que en el último año a la embajada de Canadá hayan llegado cinco mil quejas por supuestas violaciones de los derechos humanos, y que de ellas sólo veinte sean contra la guerrilla […] nos cansamos de tener que llevarles el paso a las ong, de tener que bailar su ritmo. Ahora serán ellas las que tengan que cogernos el paso a nosotros” (El Tiempo, 2002).

[6]Según los informes de la Fiscalía General de la Nación, desde el Departamento Administrativo de Seguridad Nacional se persiguió, desde 2004, a las ong (El Espectador, 2009a), además de que se creó el cuerpo G-3, que tenía como función perseguir a opositores, magistrados, periodistas y líderes de derechos humanos. De la misma manera, se detectó la Operación Lince para perseguir a las ong. Para la Fiscalía, lo que se presentó desde 2004 hasta el final del gobierno fue una “guerra política”, que consistía en seguir y anticiparse a los movimientos de las ong, políticos y periodistas de izquierda que “ponían en riesgo las políticas oficiales”, y contemplaban “amenazas, atentados con explosivos, robos y hasta difusión de chismes por Internet” (El Tiempo, 2010).

[7]El artículo 93 de la Constitución consagra que los derechos y deberes de la Carta se interpretarán en conformidad a los tratados internacionales de derechos humanos firmados y ratificados por el país. Dentro de las convenciones de las que se hace parte Colombia se encuentran las más importantes en materia de derechos humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (desc), la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Protocolo Adicional a la Convención Americana en Materia de desc; los tres primeros bajo observación del Sistema Internacional, y los dos restantes bajo observación del Sistema Interamericano.

[8]Entre las firmas y ratificaciones por parte del Estado colombiano se encuentran, igualmente, los referidos al derecho a la vida, la integridad y seguridad personales; los derechos de la mujer; los derechos del niño; la discriminación y derechos de los pueblos indígenas, los refugiados y desplazados; los referidos al asilo y los migrantes, además de los convenios laborales propios de la oit.

[9]Como el Cinep, el Instituto Popular de Capacitación (ipc), la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos), la Organización Femenina Popular (ofp), el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos (cpddh), el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (cajar), la Comisión Colombiana de Juristas (ccj), entre otras.

[10]Estos ataques se extendieron también hacia la labor desarrollada por Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas.

[11]“El documento de Propuesta de Paz de las [Autodefensas Unidas de Colombia] auc no deja ninguna sensación de desmovilización sino de continuidad de su accionar en otra forma más integrada con las políticas del gobierno nacional, que implican continuar el control territorial en unidad de acción con la fuerza pública, e incluso volver a actuar con armas en la mano si la insurgencia vuelve a tener influjo en una zona, y participar directivamente en los proyectos sociales que afecten a las zonas bajo su dominio (hoy día casi todo el país). Al mismo tiempo anuncian que no van a entregar sus armas más importantes y que no pagarán un solo día de cárcel. Inquietan a toda la sociedad colombiana y a la comunidad internacional todas las propuestas conocidas de ‘alternatividad penal’ que editan versiones adornadas de impunidad. Algunos se preguntan si el proceso no está atrapado en un callejón sin salida al cerrarse cada vez más las vías de diálogo y negociación con la insurgencia, pues todo lleva a tensionar más el conflicto y a volver más ‘circulares’ los múltiples círculos viciosos de la guerra” (Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política, Cinep y Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, 2003: 10).

[12]Además de la tendencia del gobierno de minimizar la situación de violación de derechos en el país, pues tras el informe de la Alta Comisionada sobre Derechos Humanos de la onu, correspondiente al 2008, el vicepresidente recordó que el gobierno “había recibido cuatro Relatores Especiales, pero que ¡esto no es Sudán!” (El Espectador, 2009b).

[13]Es un examen anual realizado a un país diferente cada vez. Para ver el cambio y las diferencias funcionales entre el nuevo cdhnu y el que existía antes (véase Nader, 2007).

[14]En su último apartado señalaban: “Entre el 1° de julio de 2002 y el 30 de junio de 2008, han ocurrido al menos 3018 violaciones a la vida, libertad e integridad contra trabajadoras y trabajadores sindicalizados, de las cuales 480 corresponden al asesinato de sindicalistas (392 hombres y 88 mujeres). Otras violaciones dejaron 62 atentados contra líderes sindicales y 31 casos de desaparición forzada. Por lo menos 1716 sindicalistas han recibido amenazas de muerte por su actividad sindical y 246 han tenido que desplazarse forzadamente. La impunidad frente a estos crímenes es muy grave a pesar de la creación, por compromisos con la oit, de una subunidad de la Fiscalía para investigar estos casos y el nombramiento de tres jueces adicionales para asumir su conocimiento. Respecto de los 2674 homicidios registrados en los últimos 22 años, sólo se han producido 105 sentencias referidas a 86 víctimas, es decir un nivel de impunidad del 96.8 por ciento. Al ritmo de unas 40 sentencias anuales, la justicia se tomaría más de 60 años para superar la impunidad, bajo el supuesto de que no ocurran más asesinatos a partir de hoy, y se mantengan los mecanismos judiciales especiales arriba mencionados” (cceeu, pcdhesc, Alianza y apscp, 2008: 9).

[15]La inclusión del tema sindical se dio después de un trabajo de cabildeo (lobby) en el que la ens y la cceeu visitaron diecisiete países y presentaron los puntos que consideraban graves para el sindicalismo en Colombia. Ésta fue la primera vez que el tema del sindicalismo entraba en las discusiones del Sistema Internacional de Derechos Humanos en Colombia; hasta esta ocasión se había concentrado en la oit.

[16]La efectividad de esta estrategia del gobierno es relativa, pero cabe señalar que desde el 2007 la ens dejó de recibir apoyo económico de la Unión Europea para sus proyectos concernientes al mantenimiento de la base de datos de derechos humanos. Ante esta situación, la ens y las demás ong realizaron una acción coordinada en la que convergieron dos intereses y especializaciones: dado que una ong como la ccj estaba realizando un trabajo de documentación y presión jurídica sobre los casos de impunidad, y la ens estaba remarcando las cifras y los casos de violencia, desde el 2007 hasta hoy realizan los informes de derechos humanos de los sindicalistas de manera regularizada.

[17]Como testigos a la audiencia sobre la situación laboral en Colombia fueron invitados María McFarland, de Human Rights Watch; José Nirio Sánchez, un exjuez penal del circuito especializado en caso de sindicalistas; Jesica Hoyos, hija de un sindicalista asesinado, como parte del tema de la impunidad; y Luciano Sanín, director general de la ens, como conocedor de los temas laborales.

Violaciones a los derechos humanos...

[*]Centro de Investigación y Docencia Económicas (cide), Región Centro, División de Estudios Internacionales, <alejandro.anaya@cide.edu>.

[1]Para un acercamiento crítico a la noción de víctima, véase el artículo de Alán Arias Marín en este mismo volumen.

[2]Respecto al tipo de actores que suelen participar en el activismo transnacional de derechos humanos, véase Anaya Muñoz (2012: 26-31).

[3]Esto no significa, necesariamente, que la presencia del ejército ha causado el incremento en la tasa de asesinatos. Puede ser, más bien, que las fuerzas de seguridad fueron, en su momento, enviadas a los estados y ciudades en que se había disparado la violencia.

[4]Según un reporte reciente de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (United Nations Office on Drugs and Crime, unodc), el sector más afectado por el aumento en las tasas de asesinatos relacionados con el crimen organizado son los adultos jóvenes, ya que son presumiblemente más propensos a participar en actividades violentas y a la posesión de drogas y armas (unodc, 2011: 12).

[5]Este dato fue incluido en una comunicación presentada por un grupo de activistas al fiscal de la Corte Penal Internacional, mediante la cual se solicitaba a ésta investigar la situación en México (SinEmbargo, 2011).

[6]Estas búsquedas fueron hechas usando el motor “Power Search” de Lexis Nexis Academic.

[7]Véase el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (adoptado el 16 de diciembre de 1996; entró en vigor el 23 de marzo de 1976) y el artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos (adoptada el 22 de noviembre de 1969; entró en vigor el 18 de julio de 1978). Véase también la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1. Serrano y Vázquez (2013: 58-81) desarrollan la noción de la “obligación de proteger”, que de alguna manera complementa a la obligación de garantizar.

[8]Algunos actores políticos, periodistas y sectores del público en general sospecharon en su momento que el gobierno de Felipe Calderón era más tolerante con el poderoso cártel de Sinaloa, pues se mostró más decidido en su persecución contra otros cárteles, como los temidos Zetas. El gobierno, por supuesto, negó la veracidad de este tipo de argumentos (Beltrán, 2010; Booth, 2011; Herrera Beltrán, 2010).

[9]De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde), más de siete millones de mexicanos jóvenes ni estudian ni trabajan (Avilés, 2011).

[10]Para un acercamiento a la actuación en este sentido de la representación en México de la oacnudh, véase el artículo de Karina Ansolabehere en este mismo volumen.

La respuesta a la violencia...

[*]Flacso México, <kansola@flacso.edu.mx>.

[1]La noción de reputación internacional hace referencia a la imagen de un país en la comunidad internacional. En este caso, la reputación a la que se hace referencia es la que corresponde a la actuación del Estado en materia de derechos humanos.

[2]De Naciones Unidas, Interamericano, Europeo, etcétera.

[3]Uno de los hallazgos más importantes muestra que hay un cambio en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas (hoy Comité de Derechos Humanos): este tipo de organizaciones, en sus acciones de avergonzamiento y punición hacia los Estados, presentan un comportamiento más cercano al prescrito por la teoría liberal de las relaciones internacionales, es decir, que la reputación del Estado importa al momento de recibir un señalamiento, a la par que la perspectiva constructivista señala la existencia de un proceso de socialización y adopción graduales de las normas internacionales de derechos humanos en la medida en que los Estados que menos señalamientos reciben son los que presentan un menor nivel de violaciones a estos derechos participan en misiones de paz, signan tratados, etc. (Lebovic y Voeten, 2006).

[4]Al respecto, una referencia imprescindible es la denominada “teoría del espiral”, que modela la relación entre la intensidad de la presión internacional y la respuesta estatal a ésta desarrollada por Risse, Ropp y Sikkink (1999) la cual, a pesar de haber sido criticada y complejizada, no deja de tener un potencial explicativo importante.

[5]Además, esta relación tiene nuevos desafíos conceptuales vinculados con las nuevas formas de la guerra (Newman, 2004). Muchas de las violaciones a los derechos humanos que atestiguamos en situaciones críticas tienen lugar en conflictos extraterritoriales, donde no participa exactamente un Estado, y se dan a través de redes de organización transnacionales que funcionan por proximidad a donde muchas de las violaciones de derechos humanos son perpetradas por particulares, y donde se justifican asesinatos extrajudiciales “por el bien del mundo”. Asociado a esta situación está el problema de la capacidad de los Estados para enfrentar todo ello y para proteger a la población. La preocupación por los Estados fallidos puede enmarcarse en este campo de reflexión (Bates, 2008).

[6]El análisis de contenido fue cualitativo (es decir, orientado a la identificación de temáticas y soluciones recurrentes), y orientado a sistematizar el contenido manifiesto de los textos analizados (Schreier, 2013). Para ello, se construyó una matriz de datos en la que se volcó la información obtenida a partir de las categorías siguientes: año, tema, subtema, población víctima de violaciones de derechos humanos, declaración del comunicado, responsables del comunicado y acciones propuestas.

Sentencias de la coidh...

[*]Instituto Mora, México, <sdutrenit@institutomora.edu.mx>. La autora ha trabajado en textos anteriores, registrados en la bibliografía final, la relación entre demandas por violaciones de los derechos humanos y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (coidh). En estas páginas incursiona en otra mirada del binomio: la interrelación entre denuncias, sentencias, actores, respuestas y alcance de la obligación de cumplir con el derecho a la verdad individualizado y colectivo. Para este texto se contó con el apoyo de Elena Jaloma, becaria del Instituto Mora y pasante de la Licenciatura en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam), quien colaboró en la recopilación y sistematización de la información. Asimismo, se recibieron sugerentes comentarios de Ana Buriano y Martín Puchet. Se agradecen especialmente dichas colaboraciones y se hace explícita la responsabilidad de la autora sobre el contenido.

[1]coidh, Caso Trujillo Oroza, Reparaciones, sentencia del 27 de octubre de 2002, ser. C, núm. 92, párrafos 114 y 115, en Méndez, 2007: 8.

[2]Esta práctica ha dado lugar a la aparición de la figura de la “desaparición forzada que desde el derecho interamericano repercutió en el derecho humanitario internacional.

[3]La cidh fue creada en 1959, en Washington, D.C. y la coidh se estableció en 1979, en San José de Costa Rica. Entre las fuentes básicas además de las mencionadas, se encuentran el Pacto de San José de 1969, el cual adquirió vigencia a partir de 1978 y resultó ratificado por 25 países en 1997; la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en 1985, en Cartagena de Indias, Colombia y la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, 1994, en Pará, Brasil (oea, s. f.).

[4]Entre los años treinta y cuarenta, se ejecutaron dos golpes de Estado denominados en la historiografía como el “golpe malo” y el “golpe bueno”. En ningún caso recibieron apoyo militar.

[5]La apertura de los archivos oficiales (de los servicios de inteligencia y de las cancillerías), así como los gubernamentales de Estados Unidos, posibilitan observar la violencia ejercida en aquellos años. Por supuesto en los informes de las distintas comisiones de investigación oficiales o de organismos no gubernamentales como la Comisión para La Paz, las comisiones legislativas y las investigaciones ordenadas por la Presidencia de la República para Uruguay, así también el informe de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (femospp) para México, registra violaciones de los derechos humanos cometidas en la época aludida.

[6]Para caracterizarlo se tomó parte del título del autor.

[7]Asimismo la autora indica que en la primera etapa de las ong, el trabajo estuvo dirigido a atender, documentar y denunciar las situaciones de violaciones cometidas por regímenes militares. El propósito era presionar a los regímenes responsables de los delitos. Con el tiempo los objetivos y el cambio de contextos, el énfasis se puso en otros asuntos (Sikkink, 1996: 155-156).

[8]A partir de la revisión de documentación del gobierno de eu, Aguayo sostiene que durante la administración de Carter se reconocía la violación de dh en México, aunque “consideraban que hubiera sido ‘poco inteligente y contraproducente’ para Estados Unidos criticar públicamente a México por las violaciones a los derechos humanos”. Tal prudencia se justificaba en virtud de que el “gobierno mexicano (apoyaba) iniciativas de derechos humanos (estadounidenses) en los foros internacionales…”. Su investigación se basa en la documentación del National Security Council: “Presidential Review Memorandum NSC-41: Review of U.S. Policies Toward Mexico”, Washington, D.C., noviembre 21 de 1978 (Aguayo, 1995: 358 y 362).

[9]“las organizaciones que se crearon en México durante los setenta no utilizaban el término ‘derechos humanos’ en su nombre. Una explicación a esto último podría ser que por aquellos años, los derechos humanos se asociaban a la política exterior de Estados Unidos (James Carter fue presidente entre 1976 y 1980 e intentó armar la política exterior de su país con base en la defensa de los derechos humanos)” (Aguayo, 1995: 360). La advertencia que Aguayo realiza para México se replica en otras experiencias de la región vinculando los avatares político-ideológicos de América Latina e internacional.

[10]En ese contexto se ratifican varios tratados internacionales y se presenta el Programa Nacional de Promoción y Fortalecimiento de los dh. Por ejemplo, en 2000 se firmó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y un memorando de intención para el Acuerdo de Cooperación Técnica con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, además de refrendar la aceptación de la jurisdicción de la cidh. Apoyado en Maza (2008: 39-42).

[11]“El censo levantado por los familiares de las víctimas, en 1980, documenta la desaparición de 348 personas, 220 secuestradas hasta 1974, 80 entre 1975 y 1976 y el resto entre 1977 y 1978” (Cárdenas y Hoyo, 1982: 113). Véase también Afadem (2000).

[12]“Rosendo Radilla Pacheco estuvo involucrado en diversas actividades en la vida política y en obras sociales en Atoyac de Álvarez, Guerrero, en particular, en la organización de caficultores y campesinos de la zona. Así, el señor Rosendo Radilla Pacheco formó parte de la Unidad Agraria de la Sierra Cafetalera de Atoyac de Álvarez. Entre el 1 de junio de 1955 y el 31 de agosto de 1956 fue presidente del Consejo Municipal de Atoyac de Álvarez. En septiembre de 1956 desarrolló gestiones como presidente municipal. De 1956 a 1960 fue secretario general del Comité Regional Campesino (crc). En 1961 fue presidente de la sociedad de padres de familia del Patronato Pro Escuela Federal Modesto Alarcón. En 1965 participó en la fundación de la Liga Agraria del Sur Emiliano Zapata […] El señor Rosendo Radilla Pacheco componía ‘corridos’, expresión musical popular mexicana en la cual se relatan versos acompañados por la guitarra. Los corridos compuestos por el señor Rosendo Radilla Pacheco relatan diversos hechos sucedidos en Atoyac de Álvarez y las luchas campesinas y sociales de la época” (coidh, cidh, oea, 2011: 34-35).

[13]En ese predio es donde se han llevado a cabo las excavaciones. Las cuales estuvieron a cargo de técnicos de la Procuraduría General de la República y, en algunos casos, se desempeñaron como coadyuvantes de la pgr o de los familiares, especialistas nacionales o internacionales. Sin embargo, ninguna de las diligencias ha dado resultado (Méndez y Baliñas, 2011: 14).

[14]La coordinación represiva hizo posible el trasiego de detenidos de un país a otro, la desaparición de los detenidos, el robo y cambio de identidad de menores además de acciones de inteligencia que traspasaron las fronteras regionales y continentales.

[15]“Sin ser datos definitivos, hasta el momento, las investigaciones realizadas en Uruguay permiten determinar un universo de personas de nacionalidad uruguaya o argentina, detenidas y/o desaparecidas tanto en territorio nacional como en otros seis países de la región…” (Rico, 2009: 147).

[16]Muy tardíamente respecto de la transición y gracias a los esfuerzos oficiales del Estado uruguayo por esclarecer el pasado delictivo a partir de 2005, hoy se tiene una mayor convicción de que un número significativo de las desapariciones que se creía habían ocurrido en Argentina, tuvieron lugar en su territorio.

[17]Se tiene conocimiento de distintos vuelos en los que se trasladaron a prisioneros uruguayos detenidos en Automotores Orletti, Buenos Aires (Uruguay, 2007: vol. 2, 224).

[18]A estas demandas que ocasionaron sentencias no le siguieron en ninguno de los países, como se ha mencionado, otras que de manera exitosa también alcanzaran el ámbito de la coidh. Lo dicho no niega que ante las persistentes trabas legales en ambos espacios nacionales pudieran presentarse en el mediano plazo otras. Si esto sucediera, quizá tomen cierto aprendizaje de las primeras y emblemáticas demandas.

[19]Se trata de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, que entró en vigor en 1978 y a la que México se adhirió en 1981, y de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, de junio 1994, la cual firmó en 2002. Asimismo, México desestimó la Carta de la oea como posible fundamento de competencia de la coidh en el caso Radilla.

[20]“Artículo 1º. Se restablece el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985, comprendidos en el artículo 1º de la Ley Nº 15.848, del 22 de diciembre de 1986.

Artículo 2º. No se computará plazo alguno, procesal, de prescripción o de caducidad, en el período comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 y la vigencia de esta ley, para los delitos a que refiere el artículo 1º de esta ley.

Artículo 3º. Declárase que, los delitos a que refieren los artículos anteriores, son crímenes de lesa humanidad de conformidad con los tratados internacionales de los que la República es parte.

Artículo 4º. Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación por el Poder Ejecutivo” (Cámara de Representantes en Montevideo, 2011).

[21]Los expresidentes Julio Ma. Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle y Jorge Batlle no aceptaron la invitación a la ceremonia.

[22]Uruguay es Estado Parte en la cadh desde el 19 de abril de 1985, cuando también reconoció la competencia contenciosa de la coidh. Véase Resolución..., coidh, cidh, oea, 2013: 4.

Construcción de defensores y estrategias de seguridad...

[*]Flacso México, <lvazquez@flacso.edu.mx>.

[**]Egresada de la maestría en Ciencias Sociales, Flacso México, <olga.lopez@flacso.edu.mx>.

[1]Si bien estamos conscientes de que la violencia criminal no es la única forma de violencia existente, en ella nos vamos a enfocar puesto que es la que se ha incrementado en los últimos años en México y específicamente en Ciudad Juárez, y la que mayor relación ha tenido con los dh por los actos violatorios cometidos por las fuerzas federales y por el crimen organizado.

[2]Reflejado en el aumento en la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes: robos, delitos sexuales, lesiones y otros delitos (que no son especificados por el inegi).

[3]Que incluían desde tratos crueles, inhumanos y degradantes, prestar indebidamente el servicio público, detención arbitraria, intimidación, emplear arbitrariamente la fuerza pública, imputar indebidamente hechos, desaparición forzada, hasta tortura.

[4]Se aprobó en diciembre de 1998 en la Asamblea General de Naciones Unidas con el nombre de “Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos” (Long, 2007).

[5]Los nombres establecidos en la tipología que estamos construyendo (por convicción/emergentes) no tienen fines valorativos. No es que los defensores emergentes no tengan o adquieran una fuerte convicción de justicia por la violación a los dh, sin duda la tienen. El objetivo de estas dos categorías sólo pretende diferenciar los procesos de iniciación en la defensa de los dh.

[6]El objetivo de esta tipología no es emitir un juicio valorativo con respecto al tipo de trabajo que los defensores de dh realizan. Simplemente se trata de generar una clasificación a partir de la forma en que ejercen la defensa de los dh.

[7]Se puede leer esta expertise como un conocimiento técnico para articularse en torno a las instituciones formales gubernamentales e internacionales de defensa de los dh, lo que Gerardo Pisarello (2007) identifica como los mecanismos institucionales cuasipolíticos, cuasijurisdiccionales y jurisdiccionales de exigibilidad de los dh.

[8]Para una mayor referencia en torno a los distintos mecanismos de exigibilidad de los dh es útil Vázquez, 2011.

[9]Basados sobre todo en observaciones obtenidas a partir del estudio de las ong adheridas a la causa de los feminicidios (Pérez-Gil y Ravelo, coords., 2004, y Ravelo y Domínguez, 2006; Zavaleta et al., 2007; Martín et al., 2008).

[10]Para los defensores entrevistados hay una tenue diferencia entre ser defensor de dh, activista o luchador social; de hecho, algunos usan estos últimos términos como sinónimos de defensor de dh, salvo aquellos defensores formales que se presentan en toda ocasión como tales. Para mayor profundidad véase el apartado “Motivos: ¿por qué y para qué ser defensor de los derechos humanos?”.

[11]Preocupación que los defensores entrevistados resaltan. Se muestran preocupados de que, en caso de que los asesinaran, su muerte fuera relacionada con ajustes de cuentas como los del narcotráfico y que eso desprestigiara tanto la lucha que llevan a cabo, como para que su muerte quedara en el olvido.

[12]En el caso de uno de los entrevistados con estas medidas de seguridad, nos informó que le fueron otorgadas, en parte, por la solidaridad, apoyo y presión de organizaciones internacionales como ai, quien insta de manera urgente al Estado mexicano a garantizar la seguridad de dicho defensor, mientras que en otro de los casos, le dan protección o seguridad consistente en una escolta de siete elementos de la Policía Federal por su carácter de defensor público de derechos humanos, y propiamente no son medidas cautelares.

[13]Un buen modelo para este tipo de análisis lo presentan Christian Davenport y David Armstrong (2004), donde se observa que, si bien en las transiciones a la democracia no necesariamente se observa un mayor respeto a los derechos civiles, hay cierto umbral en donde esta relación se vuelve significativa. Algo parecido podría observarse en el caso de la violencia estatal, identificar el umbral donde la violencia es efectivamente intimidatoria o “desorganizante”.

Violencia, necropolítica y biopolítica...

[*]cisan, unam, <aestevez@unam.mx>. La investigación de campo realizada para este artículo —que es a su vez parte de la investigación más amplia “Derechos humanos y biopolítica: el caso de los solicitantes de asilo en Estados Unidos y Canadá”— fue posible gracias al apoyo de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales (amei) a través de su Fondo de Investigación 2012. A ellos mi gratitud.

[1]El expresidente Felipe Calderón terminó su mandato en diciembre de 2012. Apenas comenzó el suyo el nuevo presidente, Enrique Peña Nieto, dejó claro que iba a tener una estrategia similar contra el tráfico de drogas. Asimismo, entre diciembre de 2012 y los primeros meses de 2013, la violencia se mantuvo en los mismos niveles. A pesar de que estas tendencias indican que es probable que la violencia del narcotráfico continúe con la nueva administración presidencial, el artículo solamente abordará la violencia durante el sexenio calderonista. Véase Archibold (2013).

[2]El lector interesado puede obtener un panorama más amplio de los detalles descriptivos de la guerra contra el narcotráfico en la prensa nacional, y en los Stratfor’s Mexico Security Memos. Para una descripción de las violaciones a los dh como consecuencia de la estrategia contra el narco, véase Estévez (2012: 21-44).

[3]Se ha tomado El Paso como caso de estudio porque la mayoría de las solicitudes de asilo en esta localidad están relacionadas con los problemas tratados aquí debido a la proximidad con Ciudad Juárez.

[4]Es evidente que la discusión sobre la biopolítica, y sobre todo sus complejas conexiones con el desarrollo del capitalismo a través de la implantación del liberalismo y sus dispositivos, es sumamente amplia y sofisticada, y rebasa los objetivos de este artículo. El lector interesado en la biopolítica puede acudir a fuentes más extensas y específicas, tales como Castro (2004: 398), Foucault (2004; 2006a; 2006b) y Lemke (2010: 190-207).

[5]Valencia retoma el término gore de un género cinematográfico centrado en la violencia extrema para describir la etapa actual del capitalismo en el tercer mundo, donde la sangre, los cadáveres, los cuerpos mutilados y las vidas cautivas son herramientas en la reproducción del capital. Según Valencia, esta economía simultáneamente destruye órganos y produce un capital cuya reproducción se basa en la especulación de los cuerpos como mercancías, y la violencia como una inversión. Caracteriza las dimensiones política, cultural, económica y de poder del capitalismo gore en términos del narco-Estado, el hiperconsumismo, el narcotráfico y la necropolítica. Si bien, a nivel empírico todas las dimensiones analíticas del capitalismo gore operan en conjunto, para los propósitos analíticos de este artículo es suficiente con revisar dos de ellas: la necropolítica y una nueva subjetividad derivada del hiperconsumo y la violencia, que a su vez es la que ejecuta la necropolítica: el sujeto Endriago (que se describirán en detalle más adelante en el cuerpo del texto). El narco-Estado y el narcotráfico es suficiente con describirlos brevemente: sobre el primero, junto con Hardt y Negri, Valencia afirma que los Estados no han desaparecido en la globalización sino que juegan el rol de garante de los mercados neoliberales mediante el uso de la seguridad y la vigilancia fronteriza. Los Estados-nación se han convertido en mercados-nación que operan en una red cuyo fin es la protección del capital. El mercado-nación más grande y exitoso del mundo es Estados Unidos, quien difunde su cultura de consumo a través de los medios de comunicación y la publicidad y crea deseos consumistas en todas partes, incluso en lugares donde esos deseos son ilegales. La identidad del sujeto en el mercado-nación está determinada por el consumo. El mercado-nación impone como parámetro de la identidad sociocultural el uso y consumo de marcas y logotipos, lo cual exige un alto nivel de consumo. Este hiperconsumo proporciona, a cambio, un statu quo que es la fuente de la identidad de mercado. Sin embargo, en el caso de México no existe un mercado-nación sino una narco-nación, porque son los cárteles de la droga en vez de las empresas legales los que controlan el Estado; estos cárteles incorporan la violencia y las leyes del mercado en su lógica de poder.

Sobre el narcotráfico, existe una relación muy estrecha entre las drogas y la producción de capital debido no sólo a la globalización del hiperconsumo, sino también a la violencia económica, que es clave en el surgimiento y la expansión del tráfico de drogas como empresa transnacional y como una herramienta de negocios. Como este tipo de empresa, las drogas son una mercancía de alto valor en la sociedad hiperconsumista, porque funciona como un mecanismo de autocontrol y se han convertido en una mercancía que satisface diferentes subjetividades: los depresivos toman Prozac, los hombres que desean aumentar su masculinidad o su virilidad toman testosterona o Viagra, las mujeres que quieren controlar su fertilidad toman la píldora, etc. Su producción va de la mano con la investigación científica, la producción de capital y los mercados. La división entre drogas legales e ilegales —las de prescripción y las recreativas— tiene el objetivo de controlar, disciplinar y normalizar los cuerpos. La prohibición no sólo trae beneficios a las mafias sino también a las industrias de la guerra y de las armas de Estados Unidos debido a la retórica de la guerra contra las drogas. Hay, pues, un doble discurso en la política estatal que permite a los gobiernos vincular los mercados legales (armas) y los ilegales (drogas), lo cual crea un complejo nexo entre drogas, industria militar e hiperconsumo.

[6]No es objetivo de este artículo demostrar la relación entre la delincuencia organizada y el Estado mexicano. Este problema ha sido abordado de forma descriptiva sobre todo en trabajos periodísticos que señalan la existencia —sistemática pero desigual y a diferentes grados en los diversos niveles de gobierno— de estos vínculos. Véanse, por ejemplo: Bowden (2011), Bowden y Molloy (2011), Grillo (2012), Hernández (2010: 496). El vínculo ha sido estudiado también, a nivel empírico-analítico con metodologías más positivistas que la usada aquí, en trabajos académicos como el de Flores Pérez (2012: 11-44). Aquí, el autor explica que:

en el caso mexicano, un aspecto crucial para comprender la falla de aspectos clave del Estado ha sido la captura de circuitos y áreas institucionales por intereses delictivos, auspiciados con frecuencia por los propios servidores públicos encargados de velar por el interés colectivo. La implantación de estos intereses en las instituciones ha obstruido sus funciones y generado graves desviaciones respecto a lo que en principio se espera de ellas. Este proceso de captura del Estado es visto a partir del concepto de “reconfiguración cooptada del Estado” […] en el que un grupo de actores públicos y no públicos, con intereses compartidos de índole ilícita, se valen de diversas estrategias para utilizar en su favor los recursos del Estado, determinando u obstaculizando el diseño y funcionamiento institucional (Flores Pérez, 2012: 12-13).

El argumento de este artículo refiere a esta literatura y a los testimonios de viva voz y de documentos legales donde hay referencias a la imposibilidad de determinar con claridad estos vínculos.

[7]Entre 2010 y 2011, cerca de setecientas mil personas tuvieron que abandonar sus hogares como consecuencia de la violencia en todo el país, y el 2 por ciento de la población mexicana (más de 1600 000 personas) ha sido desplazado forzadamente por la violencia criminal. Tan sólo en el Valle de Juárez, doscientas treinta mil personas han tenido que abandonar sus hogares. Unos ciento sesenta mil se han desplazado internamente en el país, y el resto ha huido a Estados Unidos, especialmente a Texas, muchos de ellos pidiendo asilo (Benavides y Patargo, 2012; Displacement Monitoring Centre & Norwegian Refugee Council, 2011).

[8]Según el Transactional Records Access Clearinghouse (trac), en 2012 más de un tercio de los casos de asilo atrasados en las cortes migratorias de Estados Unidos eran de mexicanos (113 829 de 305 556), seguidos por chinos, hondureños, salvadoreños y guatemaltecos. A excepción de los tribunales de Guam, en 2012 cada estado de la Unión Americana tenía solicitudes de asilo de mexicanos. Un 60 por ciento de los casos se localiza en cuatro estados: California, Texas, Illinois y Arizona. En contraste, las tasas de aceptación son sorprendentemente bajas, casi inexistentes: en 2010 sólo en 143 de los 2320 casos se concedió el asilo afirmativo (un 6.2 por ciento). De 2008 a 2010 los casos afirmativos disminuyeron: 176 en 2008; 191 en 2009; y 143 en 2010. En 2010, sólo en 49 de los 3231 casos se concedió el asilo (el 1.5 por ciento). En cuanto al asilo defensivo, de 2008 a 2010 el número de casos exitosos disminuyó también: 72 en 2008, 62 en 2009, y 49 en 2010. El 85 por ciento del total de las solicitudes de asilo presentadas entre 2008 y 2010 han sido rechazadas (Dzubow, 2012; Transactional Records Access Clearinghouse, 2012a, 2012b, 2012c).

[9]El miedo bien fundado de persecución no está necesariamente determinado por el discurso de dh, aunque hay algunos asuntos extralegales involucrados. Por ejemplo, el resultado de la entrevista de miedo creíble del solicitante depende enteramente de la percepción prejuiciada del juez. Esta prerrogativa es otorgada en la Real id Act, de 1996, que según Anna Jessica Cabot, abogada del Centro de Defensa del Inmigrante de Las Américas, en El Paso, Texas, da al juez “la decisión de credibilidad negativa, con la cual puede decidir que los solicitantes de asilo no son creíbles basada en cualquier inconsistencia en su historia, incluso inconsistencias que no influyen directamente en la solicitud de asilo (el color de la casa, la hora del día en la que pasó algo, etc.). Esta clase de presupuesto subjetivo es suficiente para que el juez justifique desestimar los testimonios de los solicitantes de asilo”. Cabot asegura que estas inconsistencias son frecuentes en el caso de solicitantes de asilo mexicanos dado que “no han visto abogados, y muchos huyen a la frontera —de hecho corren a la frontera; tenemos clientes que han recibido disparos y son llevados inmediatamente al hospital cuando cruzan la frontera, los limpian, drogan con analgésicos, y los mandan de vuelta a la frontera para su entrevista, bajo el efecto de los analgésicos, horas después de haber sido heridos, y si no dicen cosas que sean medianamente consistentes con las cosas que dirán en el futuro, su testimonio se desestima”. Cabot insiste en que ésta es una determinante decisiva en la negación de asilo porque “si tienes un juez con la noción preconcebida de que los mexicanos no deberían tener asilo, y con el poder de decidir que el solicitante no es creíble simplemente por esas cosas pequeñas, es increíblemente fácil para el juez decir que tu testimonio no es creíble”.

[10]La investigadora tuvo acceso a los archivos legales de los casos. Los detalles descritos aquí son precisos en relación con los testimonios de las declaraciones juradas y lo establecido en la solicitud de asilo (formato I-589). Sin embargo, los nombres han sido omitidos para proteger sus identidades.

[11]Esto abre preguntas de investigación interesantes respecto del papel de las organizaciones de dh mexicanas en el contexto de la guerra contra el narco: ¿están siendo utilizadas para legitimar políticas que violan los derechos humanos?, ¿las ong de dh son utilizadas por el aparato de dominación biopolítica?

[12]Miss Bala es el título de una película mexicana que trata de una mujer que es privada de su libertad por agentes de la policía vinculados a una banda criminal luego de que atestiguara una masacre en un bar en el que laboraba. La llamo Miss Bala por el parecido de la historia con su caso y su petición explícita de no revelar su identidad.

[13]Según el un Asylum Handbook, la persecución puede ser perpetrada por el Estado o puede tener lugar debido a la incapacidad del estado de controlar a actores privados. Hay dos interpretaciones de persecución perpetrada por agentes privados que el Estado no controla por falta de voluntad o incapacidad. La primera es la visión protectora, la cual se extiende para contemplar casos como esos. La segunda es la visión de rendición de cuentas, la cual establece que sólo la que realiza el Estado es la que puede considerarse como persecución (Bruin, 2002; García, 2011: 245-267; Pickering, 2005: 141-163).

[14]El testimonio es parte de un documento legal escrito originalmente en inglés. La traducción es de la autora de este texto.

[15]Se consultó su archivo legal y extractos de sus declaraciones, pero se omite el nombre para su protección y la de la investigadora, lo mismo en el caso de Miss Bala.

Caravana de Madres Centroamericanas...

[*]Academia de Comunicación y Cultura, Universidad Autónoma de la Ciudad de México (uacm), <janikamarela@yahoo.es>.

[1]El nombre Caravana de Madres Centroamericanas “Liberando la Esperanza” se comenzó a usar a partir del segundo año de recorrido.

[2]Sobre este fenómeno social emergente, en otros artículos de este volumen se discute a profundidad.

[3]En dicho informe se explica que algunas de las razones por las cuales no existe una cifra oficial de los migrantes muertos y desaparecidos derivan de la ineficacia de los criterios con los que las autoridades gubernamentales recaban información, lo que provoca que hoy no existan bases de datos confiables en las que se concentre esta información, puesto que ninguna de las bases de datos existentes están elaboradas para buscar a las personas desaparecidas. La audiencia la promovieron las siguientes organizaciones: Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (Cofamide), Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Progreso, Honduras (Cofamipro), Casa del Migrante de Saltillo (Frontera con Justicia, A.C., y Humanidad Sin Fronteras, A.C.), Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes (vm), Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Fundación para la Justicia), Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (fuundec/m), y el Equipo Argentino de Antropología Forense (eaaf). Entre las propuestas específicas que estas organizaciones presentaron al gobierno mexicano, se incluyó la conformación de: “1. Comisión multidisciplinaria de expertos forenses independientes internacionales, para que auxilien al gobierno mexicano en los procesos de identificación y entrega de restos no identificados, relacionados con la masacre de setenta y dos migrantes y los ciento noventa y tres restos localizados en cuarenta y siete fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas. Esta comisión trabajaría en los casos donde las familias lo soliciten o tengan alguna duda sobre una identificación vinculada a dichos casos. 2. La creación de un mecanismo nacional y otro regional, con participación de la sociedad civil en su dirección, que facilite el intercambio de información sobre restos no identificados y personas desaparecidas” (Sin Fronteras, 2012).

[4]Último dato disponible para una de las principales regiones expulsoras de migrantes. Tal y como Villafuerte y García (2011; 2008) señalan, los análisis cualitativos y cuantitativos de la dimensión real del fenómeno migratorio en Centroamérica son dispersos y en muchas ocasiones la temporalidad para obtener datos debidamente sustentados es alarmante. Este informe de la cepal de 2006, recuperado de García y Tarrío (2008), es el más actualizado del que se dispone para dimensionar en cifras los movimientos migratorios en la región.

[5]La línea fronteriza al sur de México atraviesa cuatro entidades federativas, por su orden de extensión: Chiapas, con 658.5 kilómetros de frontera, que comparte con Guatemala (el 58 por ciento de la línea fronteriza); Quintana Roo, con 24.7 kilómetros fronterizos con Guatemala y 176 kilómetros con Belice (el 17.7 por ciento de la línea fronteriza); Campeche, con 166.8 kilómetros fronterizos con Guatemala (el 14.7 por ciento de la línea fronteriza); Tabasco, con 112 kilómetros de frontera con Guatemala (un 9.9 por ciento de la línea fronteriza). La línea fronteriza abarca veintiún municipios pertenecientes a las cuatro entidades federativas ya señaladas, de los cuales dieciséis pertenecen a Chiapas, dos a Campeche, dos a Tabasco y uno a Quintana Roo (Cruz y Barrios, 2009).

[6]Se establecieron cuatro grupos Beta de la frontera sur. Desde entonces, los migrantes reportan la extorsión y violaciones sistemáticas de sus derechos humanos a cargo de los cuarenta y cinco agentes que conforman este cuerpo policial. Si bien existen evidencias sobre la conformación de ese grupo desde 1991.

[7]Mientras en octubre de 2012 las organizaciones convocantes a la Audiencia de la cidh, con la que empezamos este relato, propusieron mecanismos para establecer bases de datos certeras, el gobierno mexicano se declaró “incapaz” de proveer una estrategia en la materia. Al mismo tiempo, en enero de 2013, la administración del presidente priista Enrique Peña Nieto nombró como titular del Instituto Nacional de Migración a Ardelio Vargas Fosado, exdirector de investigación y seguridad en el servicio secreto mexicano (2000-2005), y excomisionado de la policía federal (2006-2007), responsable de las acciones represivas contra los pobladores de Atenco y en contra de la appo en Oaxaca en 2006, y quien reafirmó el discurso de que la migración es un problema de seguridad nacional.

[8]La bunquerización se refiere a la aplicación de leyes marciales y dispositivos militares implementados en la frontera de México-Estados Unidos desde 2001 a la fecha.

[9]La estimación del número de muertos por cinco años de guerra “contra el narcotráfico” por parte de la organización Human Rights Watch (2012) establece en cuarenta y cinco mil la cifra de muertos en México por la estrategia del gobierno actual, mientras que el colectivo Nuestra Aparente Rendición (2012), conformado por intelectuales y periodistas que desde 2010 mantiene un observatorio para “contar nuestros muertos”, propone la existencia de sesenta mil muertos, calculado con base en informes periodísticos y gubernamentales no articulados previamente. Desde la academia, Elena Azaola (2012) establece un cálculo aproximado de cincuenta y dos mil muertes desde 2006 al 2011.

[10]La cndh mexicana documentó un promedio de diez mil secuestros anuales en la ruta de los migrantes centroamericanos rumbo a Estados Unidos, según publicó en su informe de febrero de 2011.

[11]Esta escuela desbordó las aproximaciones economicistas y estructuralistas aprendidas de la tradición de la historiografía obrerista, bien anclado en el paradigma del materialismo histórico, para incorporar a la discusión sobre cómo escribir la historia de los pueblos y las “naciones” que se liberaban del colonialismo nuevas estrategias analíticas, nuevas lógicas de pensamiento que pusieron en duda el eurocentrismo como relato universal y la modernidad liberal como pilar del pensamiento científico (Chakrabarty, 2009).

[12]La estación de radio puede escucharse en línea desde <http://radioprogresohn.net/> (consultada en abril de 2013).

[13]Al respecto, hay un trabajo de primera aproximación a la catástrofe, el altar virtual 72migrantes.com (trabajo que puede consultarse en <http://72migrantes.com/inicio2.php>). Según un reporte periodístico de marzo de 2012, después de la masacre de Tamaulipas, en la que los cuerpos de setenta y dos emigrantes fueron hallados en una fosa común, el 23 de marzo, organizaciones de derechos humanos presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en las que documentan la aparición de otros 193 cadáveres en otras cuarenta y siete fosas clandestinas halladas en territorio mexicano (El Mundo, 2012).

[14]Por ejemplo, la labor del equipo del albergue “La 72”, en Tenosique, Tabasco, quienes en conjunto con activistas del mmm han conseguido seguir la pista y localizar a tres hijos desaparecidos en 2011 y 2012 (reportes disponibles en <http://www.movimientomigrantemesoamericano.org/>, consultada en marzo de 2013).

[15]Durante el programa de reclutamiento de trabajadores temporales “Bracero”, de 1942 a 1964, casi cinco millones de mexicanos entraron a laborar en los campos agrícolas de Estados Unidos. Hoy en día los que sobreviven siguen luchando para que el gobierno mexicano y el estadunidense reconozcan sus derechos como trabajadores retirados. El tema central es que este programa los consideró mano de obra explotable, pero de ninguna manera candidatos a quedarse en Estados Unidos, con los derechos laborales que un ciudadano estadunidense tiene garantizados. Ésta es la clave de la apuesta por la migración temporal, los migrantes trabajan, generan riqueza y ningún gobierno, ni el expulsor ni el receptor, se hacen cargo de los derechos laborales que debieran garantizar a trabajadores nacionales.

[16]La mayoría de los suscriptores de estos instrumentos legales son los países expulsores, mientras que los receptores han opuesto una resistencia poco a poco vencida a suscribir dichos tratados.

[17]Homi K. Bhabha señala que “En la producción de la nación como narración hay una escisión entre la temporalidad continuista, acumulativa de lo pedagógico, y la estrategia repetitiva, recursiva, de lo performativo. Es mediante este proceso de escisión que la ambivalencia conceptual de la sociedad moderna se vuelve el sitio para escribir la nación” (Bhabha, 2002: 182).

[18]En México, según un equipo de antropólogos forenses argentinos, se tienen registro de más de trescientas fosas comunes en general, y por lo menos treinta y nueve específicas donde han sido hallados cuerpos de centroamericanos (La Jornada, 2012).

Ambivalencia de los derechos humanos...

[*]Doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la unam, <celoriom@hotmail.com>.

[1]En su concepción, construcción y defensa.

[2]Sjoberg, Gill y Williams (2001: 11-47) entienden los derechos humanos como reclamos sobre relaciones de poder organizadas. Esto lo comenta Ansolabehere (2010).

[3]Propuesta original que ve a los dh como recursos dentro de una compleja estrategia de Desmovilización Social que implementan las élites dominantes de los Estados nacionales en alianza con las élites dominantes globales para disminuir las capacidades de acción y reivindicación de los movimientos sociales y limitar las capacidades de organización social con fines de acción colectiva de la población.

[4]Organizaciones independientes de la sociedad civil que en algún momento reciben fondos de fundaciones, de gobiernos y de empresas.

[5]Nota metodológica: analizar los dh desde una perspectiva de desmovilización social no niega sus capacidades de movilización y de transformación, además de que avanza en su conceptualización teórica y en su problematización empírica y ofrece una visión integral de interacciones de procesos complejos: movilización-desmovilización.

[6]Desmovilizar es un concepto de la jerga militar que significa dar licencia a las tropas movilizadas; desmovilizar aquí significa disminuir las capacidades de movilización, tanto de la sociedad como del movimiento social.

[7]A simple vista podría parecer que se ejerce con mayor amplitud en regímenes totalitarios que en sistemas democráticos, pero no es así; con los matices pertinentes, se ejerce en ambos. La diferencia es que, en los sistemas democráticos, se buscan mecanismos de legitimidad como los andamiajes legales, los discursos mediáticos, la construcción de enemigos públicos, la criminalización del movimiento social y el vaciamiento del contenido humano de los dh.

[8]Como en el caso de las policías comunitarias y, más recientemente, las autodefensas en México.

[9]Movimiento lgbt+t+a (lésbico, gay, bisexual, transexual + transgénero + asexual).

[10]El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

[11]El movimiento global en general por los dh.

[12]El movimiento globalifóbico, los feminismos.

[13]El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (ezln).

[14]Si no el único, el ejemplo más emblemático es el fundamentalismo islámico en oposición al fundamentalismo del capitalismo. La estigmatización del primero no permite catalogar a occidente como autor de guerras preventivas y justas.

[15]La guerra de Irak, de los Balcanes, más de cuatro décadas de embargo económico contra Cuba, la vigilancia electrónica, la Ley Patriota, etcétera.

[16]Dualidad como característica de un proceso que, al mismo tiempo, moviliza y desmoviliza.

[17]Es una herramienta que han utilizado víctimas, organizaciones de la sociedad civil, así como ciertos órganos del Estado —como ministerios públicos y defensorías del pueblo— para la protección de los dh por medio del uso de los sistemas judiciales y mecanismos internacionales de protección en la región durante los últimos treinta años.

[18]La autorización legal de megaproyectos de extracción, de generación de energías renovables, de construcción de complejos turísticos puede generar el desplazamiento forzoso de poblaciones enteras, que pierden fuerza de movilización porque legalmente las empresas mineras, energéticas y hoteleras tienen derecho de instalarse.

[19]Como la organización de policías comunitarias en estados como Guerrero, Oaxaca y Michoacán, integradas por civiles que buscan protegerse de la violencia y extorsión de Los Caballeros Templarios y La Mano con Ojos, así como de las mismas acciones, además de la corrupción, de funcionarios públicos, agentes de las corporaciones policiacas, locales y estatales y de los militares. Estas policías son ejemplo de ello en virtud de que la clase política mexicana los percibe como colectividades que violan la ley y no como objetos de violación de sus dh y sujetos de defensa de éstos. “Existe una intención deliberada para acabar con el trabajo realizado por los pueblos de La Montaña y para colocar a los integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias como personas que violan derechos humanos” (Barrera, 2013).

[20]La interlocución es el interés o vocación política entre dos partes para dialogar; es decir, para fijar una relación yo-tú o nosotros y ellos que permita construir una relación de respeto y validación del otro y de lo Otro, de lo que le pasa y necesita; significa también sentar las condiciones y criterios para construir formas compartidas de comprender la misma realidad y convivir en ella. En el diálogo nadie debería tener un intrínseco derecho a la razón, aunque la relación, como sucede entre gobiernos y movimientos sociales, no sea entre iguales. De fondo, el movimiento de dh en México no ha podido establecer una relación con los gobiernos para poner en común objetos de interés. En esta falta de interlocución, es la autoridad gubernamental la que no escucha al movimiento, lo ignora o lo embiste, orienta a la opinión pública.

[21]Se pueden establecer dos tipos de cercos informativos: 1) lo que las élites dicen sobre el movimiento y 2) lo que las élites no dicen sobre el movimiento. Cuando los medios de comunicación abordan el tema, se reduce a denuncias acríticas de los hechos, publican descripciones superficiales y descontextualizadas y cuando dan voz a defensores de dh, por lo general, éstos son emblemáticos o institucionalizados. Si bien, existen hechos sociales de coyuntura que escalaron de nivel y por su dimensión no pueden seguir ocultos, o debido a la intervención de organismos internacionales o al interés de sectores estudiantiles, académicos y artísticos que se vuelcan sobre el tema, se puede quebrantar este cerco informativo; sin embargo, es coyuntural y temporal.

[22]Legionarios de Cristo, Pro Vida, Democracia Social Cristiana, etcétera.

[23]Skinheads, Minutemen, Border Patrol, Ku Klux Klan, neonazismos, etcétera.

[24]El caso más reciente, el asesinato del sacerdote de Ciudad Altamirano, Gregorio López Gorostieta, quien acusó al cártel Guerreros Unidos por el asesinato de los cuarenta y tres estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero.

[25]No sólo implica lo popular, sino todo aquello que no es dominante en la esfera pública y privada.

Créditos

Primera edición en formato electrónico: junio de 2016

Primera edición en formato impreso: julio de 2015

D.R. © 2015, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede México,

Carretera al Ajusco 377, Héroes de Padierna, Tlalpan, 14200 Ciudad de México

www.flacso.edu.mx, public@flacso.edu.mx

D.R. © 2015, Universidad Nacional Autónoma de México

Centro de Investigaciones sobre América del Norte

Torre II de Humanidades, pisos 9 y 10, Ciudad Universitaria,

Copilco, Coyoacán, 04510 Ciudad de México

www.cisan.unam.mx

E-ISBN 978-607-8517-10-7 (Flacso México)

E-ISBN 978-607-02-9142-5 (CISAN-UNAM)

DOI 10.18504/9275709-2015

Catalogación en la fuente

Derechos humanos y transformación política en contextos de violencia / Ariadna Estévez

y Daniel Vázquez (coordinadores). -- México : FLACSO México : UNAM, CISAN, 2015.
1 recurso digital (364 páginas) : e-Pub, ilustraciones, gráficas ; 3.6 MB

E-ISBN 978-607-8517-10-7 (Flacso México)

E-ISBN 978-607-02-9142-5 (CISAN-UNAM)

1. Derechos Humanos -- México 2. Derechos Humanos -- Aspectos Políticos -- México 3. Violencia -- Aspectos Sociales --
México 4. Cambio Social -- México 5. Libros Digitales -- México I. Estévez, Ariadna, coordinadora II. Vázquez, Daniel (Luis Daniel Vázquez Valencia), coordinador.

SCDD 323.0972

Producción

Coordinación editorial: Gisela González Guerra
Cuidado de edición: Julio Roldán
Realización del ePub: Flavia Bonasso
Asistencia editorial: Sonia Zenteno Calderón

Este libro fue sometido a un proceso de dictaminación por académicos externos de acuerdo con las normas establecidas por el Consejo Editorial de la Flacso México y del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Queda prohibida la reproducción parcial o total, directa o indirecta del contenido de la presente obra, sin contar previamente con la autorización por escrito de los editores, en términos de la Ley Federal del Derecho de Autor y, en su caso, de los tratados internacionales aplicables.

Esta publicación también se encuentra disponible en formato impreso en <www.flacso.edu.mx> y en el circuito de librerías de México.

Hecho en México. Made in Mexico.